La represión desatada contra una movilización masiva contra el recién instaurado gobierno de José Jerí en Perú se saldó con una persona muerta a manos de la policía, otra en coma y más de 100 heridos (incluidos 11 periodistas). Jerí, un abogado de 38 años elegido congresista por el partido Somos Perú, ascendió a la presidencia por sucesión constitucional tras ejercer como presidente del Congreso. Reemplazó a la entonces presidenta Dina Boluarte, quien fue destituida la noche del 10 de octubre. Es el octavo presidente peruano en menos de una década.

El trágico saldo de la manifestación del 15 de octubre guarda un sombrío parecido con la muerte de 49 civiles que se movilizaron para protestar contra el golpe parlamentario que derrocó al presidente nacionalista pseudoizquierdista Pedro Castillo, y que llevó al poder a su vicepresidenta, Boluarte. Entonces, como ahora, la represión no se trataba de defender el orden y la paz social, sino de enviar un mensaje al imperialismo y a las multinacionales que operan en el país: el nuevo gobierno defenderá el capitalismo y garantizará las ganancias obtenidas de la explotación de los trabajadores peruanos.

La reacción del recién llegado presidente Jerí ante el derramamiento de sangre en las calles de Lima fue solidarizarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) y declarar el estado de emergencia en Lima y la vecina ciudad portuaria del Callao. Presentado como una medida contra la delincuencia, el decreto tiene un claro objetivo: reprimir la oposición popular. Éste suspende los derechos democráticos fundamentales y coloca a ambas ciudades bajo el control de la PNP y las Fuerzas Armadas.

La protesta se produjo en medio de una escalada de huelgas y movilizaciones que comenzó el mes pasado —incluyendo una huelga de transporte, la huelga médica de 60.000 trabajadores de la salud y las protestas de la 'Generación Z'— contra el odiado gobierno de Boluarte y la infame alianza de partidos de extrema derecha que dominan el Congreso y en práctica establecieron la agenda política que Boluarte impuso durante los últimos dos años. Ahora esperan claramente que Jerí obedezca fielmente o será destituido de forma exprés, al igual que con Boluarte.

La congresista de extrema derecha Patricia Chirinos, una de las figuras más odiadas del país, declaró a un periodista ecuatoriano hace un año: 'Podemos limitar algunas cosas de su comportamiento (de Boluarte) y sus decisiones. (...) Estamos como congreso de la república para irla corrigiendo (...) y como nosotros tenemos el mecanismo de la vacancia (destitución) ella podría salir de un momento a otro'.

Chirinos, con su cinismo y descaro característicos, dejó claro que es prácticamente irrelevante quién sea elegido o seleccionado presidente; los partidos de extrema derecha atrincherados en el Congreso establecerán las políticas que dominarán el país.

La destitución de Boluarte, lejos de representar una concesión a la abrumadora hostilidad que la convirtió en la presidenta menos popular de la historia peruana, fue impulsada en gran medida por las maniobras de diferentes facciones de derecha en preparación para las elecciones de dentro de cinco meses.

La movilización del 15 de octubre fue convocada principalmente por colectivos juveniles que intentaban emular las protestas de la 'Generación Z' que han derrocado gobiernos en otras partes del mundo. Los sindicatos del transporte, que habían realizado bloqueos y huelgas en los últimos meses para exigir al gobierno que abordara la ola de extorsión y violencia que sufren, decidieron en su mayoría abstenerse de la movilización.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) manifestó su apoyo y participación, afirmando que el ascenso de Jerí “solo representa un cambio de fichas” y criticó su voto a favor de leyes que debilitan el sistema judicial y favorecen al crimen organizado. Sin embargo, la CGTP y otras confederaciones sindicales se han opuesto durante décadas a cualquier intento de afrontar el deterioro de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores —la verdadera razón del aumento de la delincuencia y la violencia— mediante la movilización de la clase trabajadora y la unión de sus luchas.

La tasa de afiliación sindical en Perú es una de las más bajas de la región, con una cifra general de apenas el 8 % de los trabajadores asalariados y alrededor del 5 % en el sector privado formal. Para la llamada “Generación Z”, las grandes luchas sindicales y la afiliación masiva a estos dejaron de existir años antes de su nacimiento.

El 15 de octubre, manifestantes marcharon por la tarde por las principales avenidas del centro de Lima que conducen a la Avenida Abancay, donde se encuentra el Congreso. Al caer la noche, la policía comenzó su ataque con gases lacrimógenos y perdigones dirigidos al cuerpo. La aparente justificación fue el intento de un grupo de manifestantes de quemar y arrojar la efigie de un violín gigante —símbolo que hace referencia a las acusaciones de violación sexual contra Jerí— al Congreso.

La represión policial y el uso abierto de armas de fuego fueron ampliamente documentados en redes sociales. Alrededor de las 11 p. m., se informó que un grupo de manifestantes descubrieron a un policía encubierto y le persiguieron. Este tropezó y, en presa del pánico, disparó con su arma y mató a Eduardo Ruiz, rapero de 32 años del distrito de San Martín de Porras. Otro manifestante, Luis Reyes, recibió un impacto en la cabeza con una bomba lacrimógena, que le destruyó parte del cerebro y obligó a los médicos a inducirle un coma.

Inicialmente, la Policía Nacional, el gobierno y sus aliados mediáticos declararon que no había policías encubiertos en la protesta y que Ruiz fue atacado por otro manifestante. Estas mentiras se desmoronaron cuando se supo que las cámaras de un estacionamiento habían captado el incidente. El policía fue identificado como el suboficial Luis Magallanes, quien fue hospitalizado porque, tras el tiroteo, fue perseguido y golpeado por los manifestantes.

En un claro acto de encubrimiento, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró que las autoridades utilizarán la Ley 32130, que otorga mayores facultades a los agentes de policía en las investigaciones, para manejar el caso.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2025)