Hasta 110.000 trabajadores del sector público participaron ayer en la llamada “mega huelga” en Nueva Zelanda, incluyendo alrededor de 60.000 docentes, más de 30.000 enfermeros, 5.000 médicos y unos 20.000 trabajadores del sector salud. Además, aproximadamente 2.000 bomberos realizaron una huelga nacional de una hora el 17 de octubre.

Con cerca del 3,5 por ciento de la población activa participando, la huelga del jueves fue la más grande del país desde 1979.

Esta histórica huelga se enmarca en una oleada internacional de luchas de la clase trabajadora. Pocos días antes, 7 millones de personas participaron en las manifestaciones Si n Reyes en EE.UU., las protestas más grandes en la historia del país, contra la ofensiva del gobierno de Trump para imponer una dictadura fascista.

En Francia, cientos de miles han protestado contra los amplios recortes sociales, y en Italia millones se han sumado a huelgas en oposición al genocidio estadounidense-israelí en Gaza y a las políticas fascistoides del gobierno de Meloni.

En Nueva Zelanda, los trabajadores también están siendo empujados a la lucha contra los brutales recortes a los servicios públicos por parte del gobierno de derecha liderado por el Partido Nacional, que pretende duplicar el gasto militar y desviar más fondos hacia los súper ricos.

El gobierno está decidido a reducir los salarios en todo el sector público, en un contexto de aumento vertiginoso del costo de vida. Los trabajadores de la salud, docentes y bomberos han rechazado las ofertas de aumentos salariales que van desde el 1 por ciento hasta apenas poco más del 2 por ciento anual, muy por debajo de la tasa de inflación anual del 3 por ciento y del aumento del 4,6 por ciento de los precios de los alimentos.

En Auckland, la ciudad más grande del país, unas 20.000 personas se congregaron en Aotea Square y marcharon por Queen Street, muchas de ellas con pancartas hechas a mano. Reporteros del WSWS hablaron con varios participantes, incluidos docentes, trabajadores sociales y otros trabajadores sanitarios, que resaltaron el grado extremo de disfuncionalidad en hospitales públicos y escuelas sin suficiente personal, agravado por el aumento de la pobreza, la falta de vivienda y el incremento de los precios de alimentos y otros productos básicos. Denunciaron al gobierno por enfocarse únicamente en enriquecer aún más a los que están en la cima de la sociedad.

Diez mil personas también protestaron en la cercana ciudad de Hamilton y miles más se unieron a actos en Whangarei, Tauranga, Napier, Rotorua, Gisborne, New Plymouth, Palmerston North y Whanganui, además de en los pueblos más pequeños de Kaitaia, Taupo, Te Kuiti, Thames, Tokoroa, Turangi, Whakatāne y Wairoa.

Los trabajadores en huelga fueron acompañados por muchos simpatizantes, incluyendo estudiantes de escuelas y universidades, trabajadores jubilados y otros sectores. Una encuesta mostró que el 65 por ciento del país apoyó la huelga y solo el 25 por ciento se manifestó en contra. Trabajadores en todos los sectores productivos enfrentan ataques a sus salarios y condiciones laborales, al mismo tiempo que sufren directamente la crisis de la salud y educación públicas.

La burocracia sindical convocó las medidas conjuntas de huelga con gran reticencia, buscando descomprimir la situación y mantener el control sobre los trabajadores. Para limitar el impacto de la huelga, la Asociación de Médicos Asalariados (ASMS) y la Organización de Enfermeros de Nueva Zelanda (NZNO) solo permitieron que los médicos y enfermeros suspendieran sus labores durante 4 horas.

Las concentraciones previstas frente al parlamento en Wellington y en toda la Isla Sur fueron canceladas debido a tormentas severas. Sin embargo, los sindicatos se negaron a reprogramarlas o a organizar actos alternativos en espacios cerrados.

El gobierno atacó vilmente a los trabajadores en huelga. La ministra del Servicio Público, Judith Collins, declaró que la huelga era “cruel para las personas que tenían cirugías o consultas vitales programadas” y “perturbadora para los estudiantes de último año que están por enfrentar exámenes”.

De hecho, lo que ha llevado a salas de emergencias desbordadas e inseguras y a decenas de miles de personas sin acceso oportuno a tratamientos médicos ha sido la drástica insuficiencia de fondos para servicios públicos esenciales, impuesta por gobiernos sucesivos del Partido Laborista y del Partido Nacional. En las escuelas públicas del país, la escasez de alrededor de 1.250 docentes ha provocado aulas superpobladas y cargas intolerables tanto para el personal como para los estudiantes.

Collins atacó anteriormente a la Asociación de Docentes de Secundaria (PPTA) por mencionar preocupaciones sobre la situación en Palestina durante una reunión con la ministra de Educación, Erica Stanford. El primer ministro Christopher Luxon calificó de “locura” que se hablara de Palestina en el contexto del conflicto con los docentes.

El editorial del New Zealand Herald respaldó estas declaraciones, afirmando falsamente que docentes y enfermeros están “bien remunerados” y que era “difícil ver la relevancia” de Palestina.

En realidad, a pesar de la oposición masiva en Nueva Zelanda al genocidio estadounidense-israelí en Gaza, los sindicatos no han convocado ni una sola acción industrial contra el respaldo del gobierno al imperialismo estadounidense y al régimen sionista en Israel.

Los burócratas sindicales que se dirigieron a la concentración en Auckland no mencionaron el genocidio. Tampoco denunciaron la hipocresía de Collins y Luxon por proclamar que el gobierno no puede financiar los servicios públicos, mientras destina 13.000 millones de dólares a las fuerzas armadas durante cuatro años, en preparación para un conflicto liderado por EE.UU. contra China. Esto se debe a que los sindicatos, al igual que el opositor Partido Laborista, apoyan el rearme militarista.

Los discursos de los líderes sindicales se destacaron por la falta de demandas concretas. Se leyó una “resolución” con formulaciones vagas, respaldada por los distintos sindicatos, que “instaba” al gobierno a financiar los servicios públicos “en un nivel necesario para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades” y a acordar convenios colectivos “en términos justos y razonables, incluyendo mejoras en las condiciones”.

Esto no compromete a los sindicatos en lo absoluto. ¿Qué nivel de financiamiento es necesario y qué significa “términos justos y razonables”?

La resolución llamaba a una “solidaridad continua entre trabajadores del sector público y otros trabajadores para alcanzar estos objetivos”, incluyendo más “actividades industriales”. El presidente del Consejo de Sindicatos, Richard Wagstaff, le dijo a la multitud: “Esta huelga de hoy es para establecer un límite y decir ‘basta’”.

Sin embargo, no hay previstas más huelgas conjuntas. Por el contrario, los sindicatos volverán a negociaciones tras bastidores con el gobierno, con el objetivo de llegar a un acuerdo de capitulación.

La NZNO, la PPTA y otros sindicatos han indicado que aceptarían un aumento salarial de apenas el 3 por ciento, igual a la tasa de inflación, lo que de hecho representa una reducción del poder adquisitivo frente al costo real de vida. La única preocupación de los bien remunerados burócratas que dirigen estas organizaciones procapitalistas es cómo convencer a sus afiliados de aceptar semejante acuerdo como el único “razonable”.

Un orador del sindicato de docentes de primaria (NZEI) dijo en la concentración de Auckland: “Este gobierno mejor que nos escuche, porque también hay elecciones el próximo año”.

La afirmación de que los trabajadores podrán resolver sus problemas urgentes votando por un gobierno liderado por el Partido Laborista es una mentira. El gobierno laborista de Jacinda Ardern, entre 2017 y 2023, impuso una brutal austeridad en el sector público que dejó sin recursos los servicios de salud y educación. Su presupuesto de 2023, por ejemplo, aumentó el gasto en salud en apenas un 5,4 por ciento, muy por debajo de la inflación (entonces del 7,7 por ciento) y claramente insuficiente para cubrir las necesidades de una población creciente y envejecida.

Cuando docentes, médicos y enfermeros intentaron luchar mediante huelgas en 2018, 2019 y 2021, los sindicatos aislaron sistemáticamente estas luchas y ratificaron acuerdos de capitulación que mantuvieron congelados los salarios y empeoraron las condiciones en escuelas y hospitales.

El Grupo Socialista por la Igualdad (Socialist Equality Group; SEG) intervino en la concentración de Auckland, conversando con muchos de los asistentes y distribuyendo cientos de copias de su declaración en la que llama a los trabajadores a adoptar una perspectiva socialista para luchar contra los recortes salariales, la austeridad y la guerra.

La declaración explica la necesidad de una lucha política contra todo el establishment político, incluyendo al Partido Laborista y sus aliados —los Verdes, el Partido Maorí Te Pāti y las organizaciones pseudoizquierdistas— todos los cuales representan los intereses del gran capital y de la clase media acomodada, y no tienen diferencias reales con la agenda del gobierno liderado por el Partido Nacional.

El documento llama a los trabajadores a construir nuevas organizaciones —comités de base controlados por los propios trabajadores— independientes de todos los partidos capitalistas y de los aparatos sindicales, cuya función consiste en imponer los diktats de las corporaciones y del gobierno. Estos comités deben fundar un poderoso movimiento de masas vinculando a trabajadores de todos los sectores de la industria y coordinando internacionalmente, incluso con trabajadores en Australia.

Contrario a la desinformación divisionista difundida por dirigentes sindicales neozelandeses, los docentes, enfermeros y otros trabajadores en Australia no están bien pagados y enfrentan los mismos ataques que sus homólogos en Nueva Zelanda.

La ofensiva proempresarial en todos los países solo puede ser detenida mediante un movimiento internacional de la clase obrera basado en demandas socialistas, incluyendo la expropiación de las grandes fortunas y corporaciones, la defensa de los trabajadores inmigrantes y el fin a todo financiamiento para la guerra.

El SEG llama a los trabajadores y jóvenes a participar de un seminario público en línea el 9 de noviembre a las 16:00 horas, para debatir estos temas urgentes y cómo avanzar en la lucha contra los recortes salariales, la austeridad y la guerra. Regístrese aquí para asistir.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de octubre de 2025)