Mientras los políticos y los medios de comunicación del mundo celebraban el retorno de los 20 rehenes israelíes vivos, que estuvieron cautivos durante dos años en Gaza, y los cuerpos de algunos rehenes fallecidos, en su mayoría guardaron silencio sobre el regreso de los palestinos.

Los 1.726 detenidos que regresaron a Gaza aparecieron demacrados, con hematomas y cicatrices por ataduras apretadas, vestidos con uniformes grises de prisión, con el cabello afeitado y barbas crecidas, y sus rostros reflejaban el sufrimiento que habían soportado. Muchos fueron llevados directamente al hospital.

Sus relatos ofrecen un panorama escalofriante del maltrato que sufrieron: privación de comida, agua y sueño; negación de medicamentos y tratamientos; acceso al baño apenas una vez al día; esposamiento en posiciones dolorosas; asfixia; agresiones sexuales; palizas; abusos y torturas que, en algunos casos, dejaron lesiones permanentes e incluso ceguera. La tortura verbal, física y psicológica, así como la humillación, fueron prácticas rutinarias.

Shadi Abu Sidwa, periodista de 30 años, declaró a la revista digital +972 que dos semanas después de su arresto, las autoridades carcelarias le informaron que su esposa y sus tres hijos habían sido asesinados por el ejército israelí en Gaza, solo para descubrir que su familia estaba viva y a salvo cuando fue liberado unos 18 meses después, en el Hospital Al-Amal en Khan Younis, donde se había refugiado.

Raja Daghmeh, de 30 años, arrestado en enero de 2024, afirmó que él y otros prisioneros fueron sometidos a tortura constante: “Esperábamos morir en cualquier momento debido a la tortura.” Un interrogador le amenazó diciendo que, si no abandonaba Gaza con su esposa e hijo y se exiliaba, sería perseguido y asesinado.

Cabe imaginar la indignación que habría provocado si Rusia u otro oponente de las potencias imperialistas cometiera estas atrocidades contra sus prisioneros. Entretanto, las amenazas de Israel de reanudar una guerra total, alegando que Hamás no puede devolver los cuerpos de todos los rehenes fallecidos en una zona arrasada por los bombardeos, han sido difundidas hasta el cansancio y, en general, con simpatía mediática.

Según el acuerdo de alto el fuego, Israel prometió —a cambio de los 20 rehenes vivos y los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que permanecían en Gaza— liberar a cerca de 2.000 prisioneros y detenidos palestinos: 88 fueron liberados en Cisjordania, 154 deportados a Egipto y los 1.726 restantes devueltos a Gaza. La mayoría había sido capturada tras el inicio de la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino y mantenida sin juicio ni cargos. De los 1.968 liberados, 250 cumplían cadenas perpetuas por acusaciones relacionadas con actividades militantes.

Unas 9.100 personas palestinas permanecen en cárceles israelíes, donde enfrentan hambre, aislamiento y tortura. De ellas, aproximadamente 3.500 están detenidas sin cargos ni juicio bajo detención administrativa, que puede ser renovada indefinidamente por un tribunal militar con base en un “expediente secreto” al que ni los detenidos ni sus abogados tienen acceso. En julio pasado, otras 2.850 personas estaban detenidas indefinidamente sin siquiera una orden de detención administrativa, bajo la muy criticada Ley de Combatientes Ilegales. Muchas han pasado meses tras las rejas.

Entre los prisioneros condenados bajo cargos explícitos, estos suelen relacionarse con pertenecer a organizaciones políticas o sindicatos, participar en protestas, o lanzar piedras. Desde el inicio del genocidio, la condena más común ha sido por “incitación”, que abarca desde publicaciones en redes sociales hasta discursos en actos públicos e incluso izar banderas de facciones políticas palestinas.

Durante décadas, Israel ha encarcelado a palestinos —alrededor de un millón en total desde la guerra árabe-israelí de 1967— provenientes de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Casi todas las familias palestinas en los territorios ocupados han tenido un familiar encarcelado por Israel por resistir una ocupación ilegal mantenida mediante una represión brutal.

Marwan Barghouti, dirigente de Fatah y considerado posible sucesor del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de 89 años, debía haber sido incluido entre los liberados. Pero el primer ministro Benjamín Netanyahu lo retiró del acuerdo de alto el fuego. Encarcelado desde 2002, Barghouti ha permanecido largos periodos en aislamiento y, desde el inicio de la guerra, sus condiciones de detención han empeorado drásticamente.

En agosto pasado, el fascista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, amenazó a Barghouti en su celda diciendo: “Quienes se metan con el pueblo de Israel, quienes asesinen a nuestros niños, quienes asesinen a nuestras mujeres, los eliminaremos.” El mes pasado, ocho guardias israelíes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente durante un traslado carcelario.

Condiciones atroces en las cárceles israelíes: una política deliberada

Los testimonios de los prisioneros liberados confirman los informes publicados el año pasado por el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos y B’Tselem sobre las condiciones inhumanas en las cárceles israelíes, así como las revelaciones del canal israelí Canal 14, que mostró a un oficial penitenciario describiendo el trato abusivo. Imágenes de abusos y torturas han sido ampliamente difundidas en redes sociales en fotos y videos grabados por soldados israelíes. Los medios internacionales han mostrado imágenes de detenidos en ropa interior, atados y vendados, arrastrados sobre grava, pisoteados y pateados en la cabeza y los genitales.

Esto forma parte de una estrategia más amplia para aterrorizar al pueblo palestino y demostrar la inutilidad de la resistencia. Las ya atroces condiciones carcelarias se han deteriorado aún más desde que Ben-Gvir, líder del partido ultranacionalista Poder Judío, se convirtió en ministro de Seguridad Nacional —con control sobre la policía y el Servicio Penitenciario Israelí (IPS)— en diciembre de 2022. Declaró entonces: “Uno de los objetivos más importantes que me he propuesto es empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles y reducir sus derechos al mínimo que exige la ley.”

Ben-Gvir redujo el tiempo de ducha y cerró las panaderías administradas por los prisioneros en las cárceles de Ketziot y Nafha. Las condiciones eran tan malas que en agosto de 2023, más de 1.000 prisioneros —una quinta parte de los palestinos encarcelados en ese momento— iniciaron una huelga de hambre en protesta. La respuesta de Ben-Gvir fue reducir drásticamente las visitas familiares.

Al inicio de la guerra, había 5.200 palestinos en cárceles israelíes, cifra que ascendió a más de 10.000 cuando trabajadores y pacientes gazatíes que permanecían legalmente en Israel el 7 de octubre fueron arrestados. Según organizaciones de derechos humanos, en los primeros 15 meses de la guerra Israel arrestó al menos a 12.100 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, incluyendo más de 440 mujeres y 795 niños. Dentro de Israel, entre 2.700 y 4.000 ciudadanos palestinos han sido arrestados, detenidos o interrogados.

Entre los detenidos se encuentran al menos 250 trabajadores sanitarios arrestados en hospitales y clínicas, incluyendo al jefe de ortopedia del Hospital al-Shifa, detenido mientras trabajaba en el Hospital al-Awda y torturado hasta la muerte el año pasado; y al doctor Hossam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, que también fue torturado. Según el acuerdo de alto el fuego, apenas 55 médicos y enfermeros debían ser liberados, y no todos los casos han sido confirmados.

Desde el inicio de la guerra, bajo órdenes de Ben-Gvir, el IPS redujo el acceso al agua y la electricidad, y disminuyó la alimentación a un “menú mínimo”, lo que equivale a una política de inanición. Las fuerzas de seguridad fueron desatadas, agrediendo a los prisioneros, confiscando sus pertenencias, trasladando a algunos al aislamiento y hacinando a otros en celdas diseñadas para la mitad del número actual.

El IPS prohibió las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y de familiares, e hizo casi imposible las llamadas telefónicas con sus allegados y el acceso a abogados.

Al menos 135 cuerpos palestinos muestran signos de tortura y ejecución

Israel ha devuelto alrededor de 195 de los 1.500 cuerpos de palestinos retenidos en Gaza en la base de Sde Teiman. Al menos 135 de los cuerpos estaban vendados de los ojos y atados, lo que sugiere que fueron torturados y luego ejecutados.

La Knéset, el parlamento israelí, estableció Sde Teiman como prisión para “combatientes ilegales” inmediatamente después del estallido de la guerra en Gaza, para encarcelar a miembros de Hamás, incluyendo participantes en el ataque del 7 de octubre. Es conocida como el Guantánamo israelí.

Según médicos en Khan Younis, los exámenes oficiales y las observaciones de campo “indican claramente que Israel llevó a cabo actos de asesinato, ejecuciones sumarias y tortura sistemática contra muchos palestinos”. Había “claras señales de disparos directos a quemarropa y cuerpos aplastados por orugas de tanques israelíes”.

Cincuenta y cuatro de los cuerpos devueltos hasta ahora estaban tan mutilados que no pudieron ser identificados y debieron ser enterrados en una fosa común en Deir El-Balah, en Gaza.

Las potencias imperialistas han hecho la vista gorda ante la tortura y los abusos de Israel contra el pueblo palestino, siendo el gobierno de Trump incapaz siquiera de pedir la liberación de Mohammed Ibrahim, un adolescente de 16 años, ciudadano estadounidense, que ha perdido una cuarta parte de su peso corporal desde febrero. Todas las potencias respaldan a Israel, mientras atacan los derechos democráticos y la libertad de expresión para reprimir la oposición a sus políticas tanto internas como exteriores.

Que los regímenes árabes, junto con Abbas y el Comité Central de Fatah, hayan permanecido en silencio ante los abusos y torturas israelíes contra los prisioneros, es prueba de su perfidia y su colaboración con Israel en la represión del pueblo palestino.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 22 de octubre de 2025)