La histórica huelga del jueves emprendida por 110.000 trabajadores del sector público en toda Nueva Zelanda revela la oposición masiva que existe dentro de la clase trabajadora contra el despiadado ataque del gobierno liderado por el Partido Nacional contra los servicios públicos y su fomento del militarismo y la guerra imperialista.
Las huelgas simultáneas de enfermeros, médicos, otros trabajadores de la salud pública y docentes constituirán la mayor jornada de acción industrial que haya tenido lugar en el país desde 1979. Participa un 3,5 por ciento de la población trabajadora del país y más de uno de cada cinco trabajadores del sector público.
Cuentan con el respaldo de la enorme mayoría de la población: una encuesta realizada por Talbot Mills Research encontró que el 65 por ciento de las personas apoya la huelga, mientras que solo el 25 por ciento se opone. Esto refleja la profunda hostilidad e indignación ante el desmantelamiento de la sanidad pública, la educación y otros servicios vitales por parte de gobiernos sucesivos tanto del Partido Laborista como del Partido Nacional.
El motivo inmediato de esta huelga es el intento del gobierno liderado por el Partido Nacional de reducir significativamente los salarios de educadores y trabajadores de la salud. Los participantes han rechazado ofertas salariales de apenas un 2 por ciento anual o incluso menos—lo que representa un recorte importante en condiciones en las que la inflación anual es del 3 por ciento, el costo de la comida ha aumentado un 4,6 por ciento y el de la electricidad más de un 11 por ciento.
Los trabajadores también están en huelga para protestar contra la escasez drástica de personal en los hospitales públicos y la falta de recursos en las escuelas—condiciones que ponen en riesgo la salud de miles de personas y socavan el derecho de los niños a una educación de calidad.
La cuestión candente que enfrentan los trabajadores es: ¿cuál es el camino a seguir en la lucha contra el gobierno? Aunque la huelga del jueves será una poderosa muestra de fuerza potencial por parte de los trabajadores, una sola jornada de paro no logrará detener la creciente ofensiva contra derechos sociales fundamentales.
El gobierno ha dejado claro que está decidido a seguir adelante con el programa exigido por las grandes empresas y los bancos, que consiste en hacer que los trabajadores paguen por la recesión mediante recortes masivos en el sector público y reducciones salariales. El objetivo es aumentar las ganancias empresariales y redirigir los fondos públicos hacia el ejército para equiparlo y prepararlo de cara a participar en las guerras imperialistas encabezadas por Estados Unidos.
Este es el programa de los gobiernos en todos los países, lo que está provocando un resurgimiento global de protestas y huelgas. Hace solo unos días, 7 millones de personas se movilizaron en todo Estados Unidos contra el complot del régimen de Trump para imponer una dictadura fascista que condenaría a los trabajadores a la pobreza, aplastaría la oposición política y lanzaría guerras contra China y Rusia con el objetivo de redistribuir el mundo entero.
El gobierno de Nueva Zelanda—con el pleno respaldo del Partido Laborista—refuerza su alianza con el imperialismo estadounidense y reprime la creciente oposición contra la guerra y el genocidio perpetrado por Estados Unidos e Israel en Gaza.
Los trabajadores quieren luchar contra esta agenda. El principal obstáculo que enfrentan son las burocracias sindicales, que buscan limitar la huelga al máximo, desmoralizar y dividir a los trabajadores y preparar el camino para una traición.
Los dirigentes de todos los sindicatos—la Asociación de Profesores de Secundaria (PPTA), el sindicato docente NZEI, la Organización de Enfermeros de Nueva Zelanda (NZNO), la Asociación de Especialistas Médicos Asalariados (ASMS) y la Asociación de Servicios Públicos (PSA)—le han dicho al gobierno que están dispuestos a aceptar una oferta salarial que se limite al índice oficial de inflación. Esto equivale a una congelación efectiva de salarios, que no aborda el vertiginoso aumento del costo de vida ni la crisis de personal en escuelas y hospitales.
No se ha programado ninguna otra huelga conjunta. La perspectiva de los sindicatos es utilizar la acción del jueves como una válvula de escape, para luego regresar inmediatamente a las negociaciones con el Estado a puerta cerrada, sector por sector, y evitar cualquier campaña industrial sostenida contra el gobierno.
Los trabajadores deben sacar conclusiones políticas fundamentales tras décadas de amargas experiencias con los sindicatos, que hace tiempo dejaron de ser organizaciones obreras y se transformaron en agentes de las grandes empresas y del Estado.
El (GSI; en inglés, Socialist Equality Group) llama a construir nuevas organizaciones: comités de base, democráticamente controlados por los trabajadores mismos e independientes y opuestos a la burocracia sindical y a los partidos capitalistas, incluido el Partido Laborista, los Verdes y Te Pāti Māori.
Estos comités deben debatir y formular demandas que respondan a las necesidades urgentes de los trabajadores—no lo que el gobierno y los sindicatos consideran “asequible” o “realista”.
El GSI propone que los trabajadores exijan un aumento inmediato de salarios de al menos un 30 por ciento para recuperar los años de recortes.
Los comités de base también deben luchar para superar las divisiones impuestas por los sindicatos y ampliar las luchas del personal sanitario y escolar conectándose con trabajadores del transporte, procesamiento de carne, silvicultura, manufactura y todo el sector público, que enfrentan ataques similares a sus derechos fundamentales.
Los trabajadores deben dirigir su lucha no solo contra el gobierno liderado por el Partido Nacional, sino también contra el Partido Laborista y sus aliados—los Verdes, Te Pāti Māori y sus partidarios pseudoizquierdistas—que son directamente responsables de las crisis en la sanidad y la educación públicas.
El Partido Laborista ha hecho tibias declaraciones en apoyo de la huelga del sector público, con su líder Chris Hipkins criticando las ofertas salariales por debajo de la inflación. Pero los docentes, enfermeros y médicos ya emprendieron repetidas huelgas durante el gobierno laborista entre 2017 y 2023, en oposición a sus políticas de austeridad. Una y otra vez, el Partido Laborista trabajó junto con la NZNO, la PPTA, la NZEI y otros sindicatos para imponer acuerdos podridos que mantenían los salarios estancados e ignoraban las demandas por niveles seguros de personal.
El gobierno dirigido por Jacinda Ardern—que también incluyó a los Verdes y, en su primer mandato, al derechista NZ First—le dijo a los trabajadores que “no había dinero” para abordar la crisis en las escuelas y hospitales, incluso mientras explotaba la pandemia de COVID-19 para repartir decenas de miles de millones de dólares en concesiones fiscales y rescates empresariales, y comprometía miles de millones para el ejército.
El gobierno de Ardern presidió un aumento del sinhogarismo y de la pobreza infantil, y una crisis sanitaria pública que incluyó miles de muertes provocadas por su decisión criminal en 2022—respaldada y aplicada por los sindicatos—de eliminar todas las medidas de salud pública que evitaban la propagación del COVID-19.
En oposición al Partido Laborista y los sindicatos, el GSI po hace un llamado a los trabajadores a vincular su lucha contra la austeridad con la lucha contra la guerra imperialista.
La ministra de Defensa Judith Collins, en un ataque histérico y provocador el 19 de octubre, denunció la huelga del jueves por supuestamente centrarse en la cuestión de Palestina. En realidad, los sindicatos en Nueva Zelanda e internacionalmente se han rehusado a convocar cualquier huelga contra el genocidio en Gaza; durante dos años han facilitado el envío ininterrumpido de armas y otros suministros a la maquinaria de guerra israelí.
La PSA, el sindicato más grande del país, se ha unido al Partido Laborista en su apoyo a la decisión del gobierno de duplicar el gasto militar. Fleur Fitzsimons, funcionaria de la PSA, ha criticado al gobierno desde la derecha por no hacer lo suficiente para “construir una fuerza de defensa moderna y preparada para el combate” para confrontar a China.
Diversos grupos pseudoizquierdistas de clase media, especialmente la Organización Socialista Internacional (ISO, por sus siglas en inglés), intentan encubrir el historial de traiciones de los sindicatos y su promoción del militarismo. En un artículo del 1 de octubre, la ISO promovió la ilusión de que las huelgas lideradas por los sindicatos pueden “romper el poder del gobierno… [y] forzar cambios mucho más allá de lo que la oposición laborista estaría dispuesta a ofrecer.”
La ISO, que hace campaña en elecciones por el Partido Laborista, los Verdes y Te Pāti Māori, y que mantiene vínculos estrechos con la burocracia sindical, perpetra un fraude deliberado. Estos grupos son hostiles a la movilización de la clase trabajadora en una lucha revolucionaria por el socialismo. Su objetivo es asegurar una existencia más cómoda para la capa privilegiada de la clase media que representan.
Contra todos estos defensores del capitalismo, el Grupo por la Igualdad Socialista hace un llamado a los trabajadores, organizados en comités de base, a luchar por un programa abiertamente socialista e internacionalista, incluyendo las siguientes demandas:
Miles de millones para los servicios públicos, financiados mediante la expropiación de los superricos
Los trabajadores deben rechazar la mentira de que no hay dinero para programas sociales y empleos. Los decenas de miles de millones de dólares controlados por la élite empresarial y financiera deben ser expropiados para financiar la expansión masiva de escuelas, hospitales, viviendas y otra infraestructura vital, y para eliminar la pobreza y la desigualdad.
¡Ni un centavo para la guerra! ¡Fin al genocidio en Gaza!
El dinero desperdiciado en el gasto militar debe ser redirigido para cubrir las necesidades urgentes de la población trabajadora. Los trabajadores deben movilizarse para detener el genocidio israelí-estadounidense en Gaza, incluyendo huelgas en puertos y otras acciones para cortar el suministro de recursos y financiación al régimen israelí. Deben exigir el fin de la alianza con el imperialismo estadounidense y la retirada de las tropas neozelandesas de Oriente Medio, donde colaboran con el bombardeo de Yemen, y de Reino Unido, donde entrenan a reclutas ucranianos para la guerra de la OTAN contra Rusia.
Los trabajadores deben oponerse a la propaganda de guerra antichina promovida por los medios de comunicación y los partidos capitalistas, y actuar para frenar los preparativos insensatos para participar en una guerra nuclear contra China.
Por el internacionalismo y la defensa de los inmigrantes
La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, una iniciativa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, la corriente trotskista mundial, ofrece los medios para que los trabajadores en Nueva Zelanda unan sus luchas con las de otros países como Australia, Estados Unidos y más allá. Esta es la única manera de combatir a la oligarquía gobernante y sus planes criminales de guerra y dictadura.
Los trabajadores deben oponerse a todos los intentos de dividir a la clase trabajadora según la nacionalidad o la raza. Los comités de base deben defender a los trabajadores inmigrantes, quienes están siendo chivos expiatorios de la desigualdad social y el desempleo por parte del gobierno, los partidos de oposición y los sindicatos. Se debe permitir que los inmigrantes y refugiados vivan, estudien y trabajen en Nueva Zelanda con plenos derechos de ciudadanía.
Por el socialismo mundial: construir el Grupo Socialista por la Igualdad
Los gobiernos de todo el mundo están empeñados en una contrarrevolución social: están sumiendo al mundo en la barbarie y la guerra, y destruyendo todas las conquistas logradas por los trabajadores a lo largo de más de un siglo de lucha.
Los partidos, sindicatos y grupos pseudoizquierdistas que dicen que el sistema capitalista puede reformarse en beneficio de los trabajadores mienten. Debe ser abolido y la sociedad reorganizada sobre bases socialistas. La riqueza y los recursos creados por la clase trabajadora deben ser sacados de las manos de los multimillonarios y puestos bajo propiedad pública, bajo control democrático de los trabajadores, para que se utilicen para satisfacer las necesidades humanas.
La tarea inmediata que enfrentan los trabajadores es construir la dirección revolucionaria necesaria para luchar por la unificación de la clase obrera internacional sobre la base de un programa socialista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2025)