En los días posteriores a la manifestación de aproximadamente 7 millones de personas en todo el país contra los ataques a los derechos democráticos y la amenaza de dictadura por parte del gobierno de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó nuevas redadas y operaciones de secuestro a gran escala en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Wilder, Idaho.
Utilizando tácticas agresivas y peligrosas —incluyendo barridos indiscriminados y la implementación de fuerza estilo militar contra comunidades inmigrantes— las más recientes acciones del ICE forman parte de la escalada del gobierno de Trump en arrestos, detenciones y deportaciones masivas. Estas medidas están siendo combinadas con el despliegue de la Guardia Nacional para reprimir la oposición popular al asalto contra los inmigrantes.
El martes, decenas de agentes federales del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias policiales descendieron sobre Canal Street en el barrio chino de Manhattan. Según ABC7 New York, al menos nueve personas fueron arrestadas durante la redada, que tenía como objetivo a vendedores ambulantes acusados de comerciar mercancía falsificada.
Testigos describieron el ambiente caótico cuando agentes federales enmascarados “empujaron, arrastraron y detuvieron” a inmigrantes, en su mayoría de África Occidental, que venden bolsos y relojes a turistas. Los hombres arrestados eran de Senegal, Guinea, Malí y Mauritania. Como parte del procedimiento ya estándar, el DHS alegó que los hombres tenían antecedentes por cargos como robo, allanamiento, violencia doméstica y agresión a oficiales de seguridad.
Sin embargo, no se presentó prueba alguna sobre tales “cargos” y, en cualquier caso, el trato recibido por estos hombres por parte de los oficiales del DHS representa una violación de derechos constitucionales básicos. Jason Jackson, un técnico de ascensores que trabaja cerca del lugar, declaró a reporteros de ABC7: “Definitivamente creo que esto fue planeado a partir de videos en redes sociales. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo y de repente quieren ponerle fin”.
El DHS defendió la operación, alegando que fue una “acción impulsada por inteligencia enfocada en actividades criminales”. El director interino del ICE, Todd Lyons, declaró en Fox News que los arrestos “aumentarán en toda la ciudad de Nueva York” porque “hay muchos ilegales criminales”.
Los transeúntes que presenciaron a los agentes empujando a vendedores desarmados vieron poco de la supuesta “operación basada en inteligencia”. Manifestantes chocaron con los agentes federales, lo que llevó a cinco arrestos adicionales bajo cargos como agresión a la autoridad y obstrucción.
Videos compartidos en internet muestran a oficiales derribando personas al suelo mientras los vendedores intentaban huir desesperadamente. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que abriría un portal público para que los ciudadanos suban videos del incidente, prometiendo investigar “interrogatorios, detenciones o intimidaciones ilegales” por parte de ICE.
El mismo martes en Los Ángeles, agentes del ICE dispararon e hirieron a dos personas, incluyendo a uno de sus propios agentes federales, en lo que el DHS calificó como una “parada selectiva de tránsito por razones de seguridad”. Según Democracy Now! y USA Today, el objetivo de la redada era Carlitos Ricardo Parias, un inmigrante mexicano y personalidad de las redes sociales que con frecuencia grababa operaciones del ICE. Fue alcanzado por las balas, una de las cuales rebotó y lesionó a un alguacil federal estadounidense.
La fallida redada, realizada en el centro de Los Ángeles, desató la indignación de manifestantes y residentes. Las agencias federales luego afirmaron que las heridas del alguacil no ponían en riesgo su vida.
La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, intentó desviar responsabilidades alegando que el “incidente resultó de la resistencia de individuos envalentonados por políticos de ciudades santuario”. Esta narrativa está en línea con las declaraciones del presidente Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes han denunciado la negativa del público a cooperar con las fuerzas federales de inmigración.
Según informó Yahoo News el martes, en otro incidente en Chicago, el representante estatal de Illinois, Hoan Huynh —un demócrata y candidato al Congreso de origen vietnamita— fue rodeado por agentes armados de la Patrulla Fronteriza (CBP) tras intentar observar una actividad sospechada del ICE en el vecindario de Albany Park.
Huynh relató que seis agentes bloquearon su vehículo y que uno de ellos le apuntó directamente con un arma y amenazó con romper la ventana del pasajero. El DHS intentó justificar el enfrentamiento, alegando que Huynh había intentado “interrumpir la operación”. Este declaró que la intimidación fue un acto de “acoso federal violento dirigido a silenciar la supervisión pública”.
El 19 de octubre, ICE llevó a cabo una redada al amanecer en Wilder, Idaho. Según Boise State Public Radio y el Idaho Capital Sun, 105 personas indocumentadas fueron arrestadas durante lo que el DHS describió como una “operación conjunta” destinada a desmantelar una “empresa ilegal de carreras de caballos y apuestas”.
Testigos afirman que los agentes llegaron con “estilo militar”, usando drones y helicópteros, atando a menores con precintos plásticos y disparando balas de goma contra los detenidos.
Leo Morales, director ejecutivo de la ACLU de Idaho, condenó la brutalidad, afirmando: “El gobierno vino con toda su fuerza, estilo militar, helicópteros, drones, arrestaron y esposaron a todos, incluidos niños. Ninguna persona, ningún habitante de Idaho, ningún estadounidense debería aceptar que el gobierno haga esto a su propia gente”.
McLaughlin del DHS sostuvo que la operación fue legal y necesaria “para desmantelar redes criminales”. Curiosamente, el FBI canceló una conferencia de prensa anteriormente programada tras la indignación pública y se rehusó a divulgar más detalles.
En una serie de declaraciones, funcionarios de ICE y el DHS han defendido estas operaciones inconstitucionales. McLaughlin declaró tras las redadas en Idaho y Los Ángeles que las fuerzas federales “continúan desmantelando redes criminales dentro del territorio estadounidense” bajo la dirección de Trump y Noem.
Grupos defensores de los derechos de los migrantes han denunciado la última escalada. Activistas de No Kings Chicago han organizado vigilias diarias frente a los centros de procesamiento del ICE y emitieron un comunicado que dice: “Estas redadas son actos de terror. Las familias desaparecen de la noche a la mañana. El gobierno trata a nuestros vecindarios como si fueran territorios ocupados”.
A medida que las protestas han crecido en todo el país tras las redadas, el gobierno de Trump ha invocado poderes excepcionales para reprimir la oposición. Esta semana recibió autorización judicial para desplegar a la Guardia Nacional de Oregón en Portland, donde las protestas anti‑ICE se han intensificado.
En una decisión dividida de 2 a 1 emitida el 19 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la afirmación de Trump sobre “amenazas contra personal y propiedad federal” en Portland constituía una base legítima para invocar poderes de emergencia, incluso si exageró los hechos. El tribunal coincidió con el Departamento de Justicia en que el despliegue era necesario “para restaurar el orden frente a elementos anarquistas que interfieren con operaciones federales”.
El despliegue de la Guardia marca la primera vez desde comienzos de 2024 que se autoriza legalmente el uso de personal militar en una ciudad estadounidense para confrontar protestas relacionadas con inmigración. Autoridades locales en Oregón condenaron la decisión, advirtiendo que esta “militariza el espacio civil”. Informes no confirmados oficialmente indican despliegues similares en Chicago y Los Ángeles, donde las manifestaciones han aumentado frente a centros de detención del ICE.
En redes sociales, manifestantes han documentado la presencia de vehículos blindados y tropas en uniforme de camuflaje junto a líneas policiales. Activistas señalan que la coordinación entre el ICE y la Guardia Nacional fue evidente en enfrentamientos recientes frente al centro de detención de Broadview, cerca de Chicago, donde testigos reportaron el uso de granadas aturdidoras y “tácticas de control de multitudes estilo militar”.
Las recientes redadas del ICE han coincidido con una intensificación del despliegue de la Guardia Nacional en varios estados, bajo el pretexto de “operaciones de estabilidad doméstica”, cada vez más respaldadas por fallos judiciales.
La militarización interna y la represión están siendo ejecutadas en paralelo con las políticas de guerra del gobierno estadounidense en el extranjero. Las movilizaciones militares en curso del presidente Trump en Medio Oriente, Asia y el Caribe contra los enemigos del imperialismo estadounidense van acompañadas de despliegues internos que presentan a los disidentes como enemigos internos.
La combinación de redadas indiscriminadas e inconstitucionales del ICE contra inmigrantes junto con tácticas militares contra manifestantes es clave en la implementación de un régimen dictatorial durante el segundo mandato de Trump.
Las redadas recientes y la movilización de la Guardia Nacional forman parte de la implementación de medidas de estado policial, como parte de la ofensiva política coordinada de Trump para aterrorizar a los trabajadores inmigrantes y normalizar la represión masiva. La brutalidad en Canal Street, el gas lacrimógeno en Chicago, los disparos en Los Ángeles y el asalto estilo militar en Idaho forman parte de una estrategia unificada para criminalizar la pobreza y la disidencia.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las operaciones continuarán “mientras las jurisdicciones locales sigan sin cooperar”, prometiendo una campaña indefinida incluso cuando los demócratas han recibido con beneplácito a las agencias federales o han intentado, sin éxito, bloquearlas en los tribunales.
En las protestas “Sin Reyes” del sábado, mientras las masas dejaron en claro su oposición a la agenda dictatorial de Trump, los demócratas en la tribuna se centraron en la necesidad de que Trump y los republicanos cooperen con ellos en un enfoque bipartidista, evitando cuidadosamente cualquier discusión sobre el peligro inminente de una dictadura fascista o qué debe hacerse para detenerla. Esto se debe a que el Partido Demócrata es un partido capitalista subordinado a los mismos intereses corporativos y financieros que respaldan el autoritarismo de Trump.
Para derrotar la amenaza fascista y defender los derechos democráticos, los trabajadores y jóvenes en todo Estados Unidos deben romper con el Partido Demócrata y construir comités de base en las fábricas, barrios y escuelas como parte de un movimiento socialista de masas para derrocar al gobierno de Trump.
(Artículo originalmente publicado en inglés el 23 de octubre de 2025)