El anuncio del gobernador de California, Gavin Newsom, el lunes pasado de que movilizará a la Guardia Nacional del estado para asistir a los bancos de alimentos ha sido presentado por los medios como una respuesta compasiva y pragmática ante las crecientes consecuencias del cierre del gobierno federal.

Según Newsom, el despliegue es necesario para enfrentar una situación “urgente” provocada por la interrupción de los programas federales de asistencia, especialmente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que proporciona beneficios alimentarios a aproximadamente 5,5 millones de californianos. “Esto es serio, esto es urgente, y requiere acción inmediata”, declaró Newsom, prometiendo 80 millones de dólares del presupuesto estatal para suplementar las operaciones de los bancos de alimentos y compensar los pagos federales retrasados.

Lo que Newsom califica como una “medida extraordinaria” no es más que una acusación demoledora contra la sociedad capitalista. Los trabajadores que generan la riqueza de la sociedad no pueden acceder a una nutrición básica, mientras el Estado moviliza tropas para distribuir raciones alimenticias como si se tratara de una zona de guerra. El cierre federal en sí, un acto deliberado de sabotaje económico llevado a cabo por un Congreso ultraderechista y una Casa Blanca sumida en una guerra interna de facciones, no es más que el detonante inmediato de una crisis gestada durante décadas.

California, presentada a menudo como un faro del progresismo, es en realidad un estado de desigualdades abismales. Mientras los multimillonarios de Silicon Valley acumulan fortunas que alcanzan cientos de miles de millones, 5 millones de residentes dependen de cupones de alimentos y cientos de miles viven sin hogar. En este contexto, el despliegue “humanitario” de la Guardia Nacional por parte de Newsom es una maniobra política destinada a ocultar el fracaso del capitalismo bajo la bandera de la compasión.

Newsom se cuidó en presentar el despliegue como una operación puramente humanitaria, subrayando que se limitaría al apoyo logístico en la distribución de alimentos, y que “esto no es una acción policial”. Contrarrestó su medida con el llamado del expresidente Donald Trump a desplegar tropas de la Guardia Nacional en San Francisco bajo el pretexto de combatir el crimen. “El fracaso de Trump no es abstracto: está literalmente quitándole la comida a la gente”, declaró Newsom, posicionando a su administración como la alternativa responsable frente a la brutalidad e incompetencia de Trump.

Estas “misiones humanitarias” no son algo nuevo. Durante décadas, el imperialismo estadounidense ha disfrazado su agresión militar en el extranjero con el lenguaje de la ayuda y la protección, desde Irak y Yugoslavia hasta Afganistán, Sudán, Somalia y Yemen, dejando a su paso sociedades devastadas. La misma farsa ideológica ahora se aplica en el plano interno: bajo el pretexto de ayudar a los pobres, el Estado acostumbra al público a ver a los soldados como salvadores, mientras la distribución de alimentos se convierte en una operación de propaganda para legitimar la militarización.

El gobernador destacó que la participación de la Guardia Nacional de California no es algo sin precedentes: durante la pandemia de COVID-19, los soldados también fueron movilizados para distribuir alimentos y suministros médicos. Sin embargo, el actual llamado marca un salto cualitativo en la tendencia a utilizar al ejército como sustituto de una infraestructura civil en colapso, dentro del contexto del impulso de Trump hacia una dictadura militar.

El problema de fondo no es simplemente que millones de personas necesiten asistencia alimentaria, sino que exista hambre a tal escala en el estado más rico del país más rico del planeta. Incluso en “tiempos normales”, los bancos de alimentos están saturados. El cierre del gobierno, que ha interrumpido o retrasado la financiación de programas vitales, desde SNAP hasta WIC (Mujeres, Infantes y Niños), ha transformado la pobreza crónica en emergencia aguda.

El despliegue actual de la Guardia Nacional con fines “humanitarios” constituye un precedente peligroso. Estas fuerzas, una vez movilizadas, pueden ser rápidamente reorientadas hacia la represión. Los soldados que hoy distribuyen alimentos pueden ser utilizados mañana para sofocar manifestaciones por hambre, despidos o beneficios impagados.

Este peligro no es teórico: ya se ha desplegado a miembros de la Guardia Nacional contra manifestantes en Minnesota tras el asesinato de George Floyd, en el Capitolio de EE. UU., y a lo largo de la frontera sur. Estatutos federales como la Ley de Insurrección otorgan amplios poderes a los presidentes para federalizar unidades de la Guardia. Ya se están sentando las bases para el uso abierto del ejército contra la clase trabajadora a escala nacional.

La profundización de la crisis política en Washington ha llevado las relaciones entre las autoridades estatales y federales al punto de ruptura. El cierre gubernamental, que ya entra en su cuarta semana, no es simplemente un reflejo de disfuncionalidad, sino de una clase dominante en caos, atemorizada por la creciente oposición de la clase trabajadora y consumida por luchas internas. Trump, cuya administración organizó recientemente una temeraria demostración de militarismo en Camp Pendleton que casi provocó bajas civiles, trabaja abiertamente para establecer una dictadura personalista basada en las fuerzas armadas y la policía.

Trump ya ha intentado tomar el control directo de la Guardia Nacional de California. El pasado junio, el juez federal Charles R. Breyer dictaminó que su intento de arrebatarle el mando a Newsom era ilegal e inconstitucional. Sin embargo, Trump continúa presionando para expandir la autoridad presidencial sobre las fuerzas militares estatales, preparando el marco legal y político para futuras intervenciones bajo el pretexto de la “seguridad nacional” o el “desorden interno”.

Newsom y otros funcionarios demócratas se presentan como defensores de la democracia, pero su oposición a Trump se ubica completamente dentro del marco de defensa del orden capitalista. El enfrentamiento entre autoridades estatales y federales recuerda las tensiones de la época de la Guerra Civil, pero no hay en ellos ninguna base progresista: ambos bandos representan los mismos intereses oligárquicos.

El uso de la Guardia Nacional para distribuir alimentos pone al desnudo la bancarrota moral y política del capitalismo estadounidense. Una sociedad que requiere de soldados para alimentar a su población es una sociedad en avanzado estado de descomposición.

Tras décadas de enriquecer a la aristocracia financiera, la clase dominante se enfrenta a una población cada vez más incapaz de sobrevivir dentro del sistema existente.

La crisis no es un fallo temporal de financiación o administración, sino un producto del propio sistema capitalista, que subordina todas las necesidades humanas al beneficio privado. El mismo Estado que afirma no poder alimentar a los hambrientos gasta billones en guerras y respalda a un puñado de multimillonarios tecnológicos cuya riqueza supera con creces los escasos 80 millones de dólares asignados para ayuda alimentaria.

Ni los demócratas ni los republicanos ofrecen una solución. Ambos defienden el sistema de lucro y los privilegios de la oligarquía. La clase trabajadora debe rechazar este falso humanitarismo y construir sus propias organizaciones independientes, comités de base que tomen el control democrático de la producción y la distribución. La alimentación, la vivienda, la salud y la educación son derechos sociales que deben garantizarse, no racionarse mediante el aparato militar.

Los recursos para erradicar el hambre existen, pero están monopolizados por una élite parasitaria. Un programa socialista expropiaría su riqueza, pondría las principales industrias y bancos bajo propiedad pública y reorganizaría la economía para satisfacer las necesidades sociales, no los beneficios empresariales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de octubre de 2025)