El 7 de octubre un edificio que se estaba rehabilitando en el centro de Madrid para convertirlo en un hotel de lujo se venía abajo sepultando y matando a cuatro de los trabajadores que realizaban la obra.

Los fallecidos eran la jefa de obra, la española Laura Rodríguez y tres trabajadores emigrantes: Moussa Dembelé (de Malí), Jorge Velazquez (de Ecuador) y Diallo Mamadún Alpha (de Guinea). Trabajadores como estos son los que pone en su objetivo el partido fascista Vox, a los que propone expulsar de España si no se integran, o a quienes el gobierno PSOE-Podemos consideró ante la OTAN en 2022 como una amenaza híbrida contra la que despliega al ejército en las fronteras africanas.

La realidad es que en España forman el sector más débil y desprotegida de la clase obrera que constituye la carne de cañón que los empresarios explotan en sus negocios.

Se habían tenido muchas advertencias previas de que el edificio podría convertirse en una trampa mortal. Recibió una inspección técnica desfavorable con fecha del 8 de marzo de 2022, relativa al “estado general de fachadas, exteriores y medianeras”, así como a la “conservación de cubiertas y azoteas”. A pesar de esto el ayuntamiento de Madrid gobernado por el derechista Partido Popular había dado la licencia para realizar las obras.

Ese permiso tampoco fue una coincidencia. El edificio había sido adquirido por el fondo saudí RSR Singular Assets Europe SOCIMI para ser convertido en un hotel de lujo con 122 habitaciones. Era el primero de los 18 alojamientos de lujo que el fondo planeaba construir en Madrid entre 2026 y 2028. La riqueza y el lujo de los millonarios se pagaban con la vida de los trabajadores.

Es una situación que sucede no solo de Madrid, el boom del turismo en España trae en paralelo un crecimiento en la construcción de viviendas turísticas y hoteles, 775 previsto hasta 2028. A esto se une el crecimiento de la construcción de vivienda residencial, un 7,5% más que el año pasado en lo que va del actual, aprovechando la subida de precios derivada tanto del turismo como de la especulación de rentistas y fondos de inversión.

Esto está llevando a que para acabar las obras en el menor plazo posible se incrementen los ritmos de trabajo y se trabajen más horas para explotar más a los trabajadores mientras que se eliminan medidas de seguridad para ahorrar tiempos y costes. El resultado es que 103 obreros de la construcción han muerto entre enero y julio, un crecimiento del 26% sobre el año pasado.

Los sindicatos reconocen esta ola de muertes mientras se hacen a un lado y observan cómo se desarrolla. Según Pilar Ituero, secretaria de Salud Laboral de UGT, sindicato alineado con el PSOE, “Nuestra impresión es que suele haber un comportamiento paralelo entre la productividad de la construcción y la siniestralidad. Cuanto más se trabaja, más aumentan los ritmos que imponen a los empleados, más crecen las muertes”.

Daniel Barragán, de CC OO, sindicato próximo a los socios de gobierno Podemos y Sumar, afirma igualmente que: “Acelerar los ritmos, como se está pidiendo en muchas empresas, provoca muertes. Eso siempre va en detrimento de la seguridad.”

La carnicería laboral no solo sucede en el sector de la construcción, en 2024 murieron 796 trabajadores y se produjeron 628.300 accidentes laborales con lesiones de los que 5.596 fueron graves. Hasta agosto de este año van ya 489 trabajadores muertos. Estas cifras son en realidad mucho mayores al no recoger las muertes no inmediatas producidas posteriormente al accidente de trabajo.

Pero la matanza no termina aquí, en 2024 se registraron en España 26.803 enfermedades profesionales (derivadas del trabajo). Una cifra que se supone muy inferior a la real al ser gestionadas por las Mutuas, empresas privadas de sanidad que colaboran con el sistema público de salud, que buscan reducir bajas y ahorrar dinero a las empresas. En 2024 sólo se diagnosticaron 106 casos de cáncer laboral en España. Sin embargo, se estiman en más de 16.000 nuevos casos anuales y más de 6.000 muertes por este motivo.

Enfermedades incurables como la silicosis que se consideraban erradicadas han resurgido en los últimos años. Desde 2007 5.900 trabajadores han contraído esta dolencia con 520 casos en 2024. La causa de este rebrote está en la manipulación de aglomerados de cuarzo sobre todo para fabricar encimeras de cocina. Ante esta terrible realidad ni el gobierno PSOE-Podemos, ni el actual PSOE-Sumar han prohibido estos aglomerados ni hecho nada para paliar esta dolencia. Los sindicatos tampoco han ejercido ninguna medida de presión en defensa de estos trabajadores y en la realidad de ningún otro.

Tras las muertes en Madrid, se vieron obligados a ofrecer algún tipo de respuesta y convocaron una concentración frente a la sede de la patronal. Este tipo de reuniones están diseñadas para que solo asistan delegados sindicales, las capas medias de la burocracia sindical, asegurando el menor impacto público posible.

En respuesta al número de muertos del año pasado, los sindicatos no convocaron ninguna huelga o movilización para exigir el fin de la explotación extrema de los trabajadores, y mucho menos cuestionar el modelo capitalista que en última instancia causa estas muertes. Su única respuesta fue plantear peticiones al gobierno PSOE-Sumar y a las empresas para mejorar la vigilancia de los riesgos en el trabajo, peticiones que ya se ha demostrado no sirven para nada.

El PSOE y su aliado pseudoizquierdista Sumar no quieren hacer nada. Su ministra de trabajo es Yolanda Díez, antigua estalinista y líder de Sumar que ya tuvo ese cargo durante el gobierno PSOE-Podemos y es también vicepresidenta segunda. Tras conocerse los datos de muertes en 2024 Díaz cínicamente dijo “Aprovecho para señalar a todos los agentes sociales, a los empresarios y a los trabajadores y trabajadoras, que toda la prevención posible es la que evita estos resultados de los que estamos hablando hoy”.  

Díaz no critica la brutal explotación que soportan los trabajadores ni la presión para que se acelere. Durante los últimos 20 meses, su ministerio y los sindicatos han estado negociando con los empleadores una nueva ley de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, incluso si finalmente se aprobara una ley de este tipo, el Ministerio de Trabajo carece de los inspectores necesarios para hacerla cumplir.

Esta forma de asesinato social que son las muertes en el lugar de trabajo ocurre en todo el mundo, como lo demuestra la muerte de 16 trabajadores en una planta de municiones en Tennessee. Es un mal endémico del capitalismo que ni los empresarios ni sus gobiernos resolverán, solo los propi.os trabajadores pueden hacerlo.

Como señaló el WSWS en respuesta a la masacre de Tennessee, es necesario que “Comités de base de seguridad, organizados de manera independiente por los propios trabajadores, deben tomar control de la seguridad en los lugares de trabajo, exigir total transparencia en las investigaciones y enlazarse con otras secciones de trabajadores en distintas industrias y estados para construir una red unificada de comités de base capaz de imponer control democrático sobre las condiciones laborales y priorizar la vida de todos los trabajadores por encima de las ganancias”

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2025)