El jueves, un gran jurado federal en Maryland acusó formalmente a John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump durante 18 meses de su primer mandato, con 18 cargos por el mal manejo de información de defensa nacional. Bolton fue procesado el viernes y se declaró no culpable de todos los cargos.

De ser condenado, Bolton podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión por cada cargo.

Trump exigió públicamente la acusación de Bolton como parte de una campaña del Departamento de Justicia para enjuiciar y encarcelar a opositores suyos dentro del aparato estatal y del establecimiento político. Bolton es la tercera figura de este tipo acusada en las últimas tres semanas, tras el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Estas acusaciones representan un paso significativo en el impulso de Trump hacia el establecimiento de una dictadura presidencial. Con el respaldo de la oligarquía corporativa, busca consolidar un régimen personalista para enfrentar y aplastar la resistencia de la clase obrera mediante un ataque violento e inédito contra los derechos democráticos y sociales.

El principal asesor de Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, ha calificado al Partido Demócrata como una “organización extremista interna”, y funcionarios de la administración han equiparado la oposición popular con el “terrorismo antifa”.

Por orden de Trump, fiscales federales han abierto investigaciones contra otros objetivos, incluyendo al exdirector de la CIA John Brennan, al exdirector del FBI Christopher Wray, a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y al senador demócrata Adam Schiff. El miércoles, Trump señaló a otras personas que, a su juicio, deberían ser procesadas, entre ellas Jack Smith, el exfiscal especial que lo acusó en dos ocasiones.

En respuesta a la acusación contra Bolton el jueves, la fiscal general Pam Bondi declaró: “Cualquiera que abuse de su posición de poder y ponga en peligro nuestra seguridad nacional deberá rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”. Esta afirmación es doblemente cínica si se considera que Trump fue acusado hace dos años bajo la misma ley, la Ley de Espionaje de 1917, utilizada ahora contra Bolton.

Las autoridades federales encontraron 13.000 documentos del gobierno en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, más de 300 de los cuales estaban clasificados. Cuando Trump se negó a entregar todos los documentos clasificados, el FBI realizó un allanamiento autorizado por un tribunal y halló 102 documentos clasificados adicionales. Una jueza afín a Trump desestimó el caso.

Bolton, un belicista de extrema derecha, es conocido como uno de los “arquitectos” de la invasión de Irak en 2003. Ha ocupado altos cargos en los departamentos de Estado y Justicia, y fue embajador de EE.UU. ante la ONU, así como asesor de seguridad nacional. Durante su tiempo como asesor, de abril de 2018 a septiembre de 2019, chocó con Trump en cuestiones relacionadas con Afganistán, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, promoviendo en general una línea aún más militarista y agresiva que la del propio presidente.

Desde su destitución, Bolton y Trump se han convertido en enemigos acérrimos. Bolton ha dicho que Trump es “inapto para el cargo”. La Casa Blanca intentó bloquear la publicación en 2020 de sus memorias reveladoras sobre su paso por la administración Trump, tituladas The Room Where It Happened (“La habitación donde ocurrió”). Allí, Bolton calificó a Trump de “errático” y de “líder asombrosamente ignorante”. Trump pidió su procesamiento, alegando que publicó información clasificada.

En agosto pasado, el FBI realizó registros altamente publicitados en la casa de Bolton en Bethesda, Maryland, y en su oficina en el centro de Washington D.C. Los agentes confiscaron computadoras, teléfonos y muchos documentos.

Es necesario ubicar la acusación contra Bolton dentro del contexto político más amplio del ataque cada vez más agresivo de Trump contra los derechos democráticos y su impulso hacia una dictadura. La acusación ocurre apenas dos días antes de manifestaciones masivas contra Trump en todo Estados Unidos bajo el lema “No Kings” (“No a los reyes”). El Partido Republicano ha denunciado las protestas como el “Día del Odio a América”, calificándolas de conspiración de terroristas antifa pro-Hamas. Los demócratas, como de costumbre, han guardado virtualmente silencio sobre las protestas, negándose a defenderlas o movilizar apoyo. Esto incluye a los llamados progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

El gobernador de Texas Greg Abbott, aliado de Trump y también fascista, anunció el jueves en las redes sociales que había ordenado al Departamento de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional que “reforzaran la presencia de fuerzas en Austin ante la protesta vinculada a antifa”, y añadió que Texas no toleraría el caos.

En Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin ordenó que la Guardia Nacional estuviera en estado de alerta durante las protestas del sábado en todo el estado.

En Chicago, la administración Trump está ignorando órdenes judiciales y desatando a los matones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo ataques violentos contra manifestantes pacíficos que buscan defender a inmigrantes frente a redadas y deportaciones masivas. Estos ataques, que incluyen agresiones a periodistas y observadores, el uso de gases lacrimógenos, pelotas de pimienta y granadas aturdidoras, están calculados para provocar enfrentamientos que sirvan de pretexto para invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría a Trump desplegar tropas en ciudades de todo el país.

También el jueves, fiscales federales hicieron públicas acusaciones por terrorismo contra dos hombres acusados de atacar un centro de detención de inmigrantes en las afueras de Dallas el 4 de julio, alegando que eran parte de una “célula” fuertemente armada vinculada a antifa. La acusación contra Cameron Arnold y Zachary Evetts representa la primera vez que se presentan cargos por terrorismo contra personas supuestamente asociadas con antifa.

Este es un paso clave en la implementación de la orden ejecutiva firmada por Trump el mes pasado que designa a antifa —acrónimo de antifascista, que ni siquiera es una organización— como una “organización terrorista doméstica”. Esto anuncia una represión inconstitucional contra todos aquellos que se oponen a las políticas fascistas de la administración Trump.

La acusación contra Arnold y Evetts describe a antifa como una “empresa militante compuesta por redes de individuos y pequeños grupos, que en su mayoría adhieren a una ideología anarquista revolucionaria o marxista autónoma”.

El artículo del New York Times señala la importancia de fondo del uso del término “empresa”. Citando a Thomas E. Brzozowski, exasesor en terrorismo doméstico en la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, el Times escribe: “Las investigaciones sobre empresas permiten a las autoridades federales examinar en profundidad la estructura, las finanzas, la membresía y los objetivos de grupos u organizaciones señalados como objetivo”.

Brzozowski afirma: “Eso es lo que ocurre cuando se abre una investigación tan amplia sobre lo que en esencia es una idea”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de octubre de 2025)