Gabriel Boric, presidente de Chile, emitió la siguiente declaración la semana pasada sobre la desaparición de Julia Chuñil, líder indígena mapuche y activista ambiental de 72 años:

No puedo dejar de mencionar la preocupación y la implicación del gobierno en la desaparición de Julia Chuñil. Menciono esto porque cuando una persona desaparece, el Estado no es neutral ni pasivo. Hace tiempo que solicitamos a la PDI (Policía de Investigaciones) que actúe, que disponga de todos los recursos para este fin y que se prosigan todas las líneas de investigación. Solicitamos respetuosamente al Ministerio Público, como organismo autónomo, que actúe con urgencia en este asunto.

La declaración del presidente es una mentira de principio a fin, y además obscenamente cínica. Julia Chuñil no desapareció hace una o dos semanas. Sus hijos adultos denunciaron la desaparición de su madre el 8 de noviembre de 2024, en una propiedad que ella había ocupado como parte de una lucha histórica del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales. Es decir, desapareció hace más de 11 meses.

Sus hijos, Pablo, Jeannette, Javier y Andalien, desde el principio señalaron a Juan Carlos Morstadt Anwandter. Una figura burguesa del sector forestal y agroindustrial, había amenazado y pagado a terceros durante años para que cometieran actos contra Chuñil en un intento de expulsarla de una importante parcela de tierra que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)—un organismo estatal supuestamente creado para beneficiar a la población indígena—entregó a Morsadt sin recibir un solo centavo a cambio.

De hecho, sus hijos informaron desde el inicio de su desaparición que Julia Chuñil les había advertido: 'Si algo me pasa, ya saben quién lo hizo'.

Desde el principio, los fiscales regionales no se reunieron con la familia de la desaparecida ni les brindaron asistencia. Ni siquiera tomaron declaración a los testigos sin la presencia de los abogados de la familia. Las conclusiones del caso, desde la desaparición de Chuñil hasta el día de hoy, se han mantenido confidenciales, o al menos se han ocultado a la familia y sus abogados.

Morstadt, interrogado en enero, invocó su derecho a guardar silencio. Este procedimiento de los fiscales regionales se realizó para aparentar que estaban llevando a cabo una investigación seria. Su teléfono nunca fue confiscado para confirmar o desmentir la acusación de la familia Chuñil, ni se ordenó una investigación forense oportuna. Su domicilio nunca fue allanado. Por el contrario, el hijo adulto de la desaparecida, Pablo San Martín Chuñil, informó que Morstadt, de alguna manera, sabía cuándo una de las casas de los hijos adultos de Chuñil estaba a punto de ser allanada y estuvo presente cuando ocurrió.

La abogada de Morstadt, Carole Monroy, declaró recientemente: 'Mi cliente fue investigado inicialmente como acusado y luego se convirtió en testigo'.

La familia Chuñil, por otro lado, fue desde el principio presentada por el Estado como los criminales responsables de la desaparición de su propia madre. En 'pruebas' filtradas al periódico corporativo de derecha La Tercera y a Meganoticias, la cadena de derecha propiedad del conglomerado Bethia, se encontraron unos pantalones en la casa de la hija adulta, Jeannette Troncoso Chuñil, que aparentemente tenían una mancha de sangre que coincidía con el ADN de Julia Chuñil. El periódico informó con detalles impactantes y sensacionalistas cómo el día del allanamiento, el 30 de enero, la casa de Jeannette fue allanada por un contingente masivo del Grupo de Operaciones Especiales, la unidad táctica de alto riesgo de Carabineros, la notoria fuerza policial militarizada de Chile.

Estas 'pruebas' resultaron ser un conjunto de mentiras. A mediados de junio, Interferencia informó que la historia de la prenda manchada de sangre, según la cual la policía “utilizó para allanar la casa de Jeannette… era falsa. Los informes periciales y genéticos indican que no había rastros de sangre ni ADN de Julia Chuñil”. Sobre este tema, la prensa corporativa y los medios de comunicación guardaron un silencio sepulcral.

Ese mismo 30 de enero, Jeannette fue “interrogada” de forma que constituyó tortura, algo con lo que el aparato estatal chileno tiene amplia experiencia.

Mariela Santana y Karina Riquelme, las principales abogadas de la familia Chuñil, presentaron una denuncia contra José Arriagada, jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, y la fiscal regional titular, Tatiana Esquivel, por apremios ilegítimos y solicitaron un recurso de amparo por el atroz acto de interrogar a Jeannette dentro de un vehículo policial durante tres horas, presionándola para que confesara la desaparición de su madre.

El escrito explicaba que, en un momento del interrogatorio, Jeannette fue conducida al lugar donde desapareció su madre. Allí, Arriagada, en presencia de Esquivel, supuestamente le dijo a Jeannette: 'Tú eres la responsable. Di la verdad, que tu marido fue quien le hizo algo a tu madre', mientras afirmaba tener pruebas en su contra.

El escrito alegaba que Arriagada 'hizo gestos intimidatorios, poniendo la mano sobre su arma y sacándola parcialmente de la funda, lo que hizo creer a Jeanette que la estaba apuntando'.

Para comprender realmente la importancia de estos actos repugnantes y enfermizos en el contexto de Chile, miles de trabajadores, jóvenes, activistas, campesinos y mapuches fueron obligados a desaparecer de la faz de la tierra mediante estos mismos métodos durante la junta militar de Pinochet. Estos métodos, aunque con mucha menos frecuencia, han continuado bajo el régimen civil. Personas mapuches, en entornos rurales aislados y alejados de la mirada pública, han sido desaparecidas o incluso ejecutadas a quemarropa por Carabineros. Camilo Catrillanca, de 24 años, asesinado en 2018, y Pablo Marchant, de 29 años, asesinado en 2021, son solo dos nombres que me vienen a la mente.

El 26 de junio, cuatro meses después del primero de no menos de seis allanamientos a las viviendas de la familia Chuñil, la Corte Suprema confirmó una sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Valdivia que rechazaba las denuncias y denegaba el recurso de habeas corpus. La Corte dictaminó que 'no existe amenaza actual ni futura al derecho a la libertad personal ni a la seguridad individual de las personas protegidas'.

Una revelación macabra y el estado entra en control de daños

El 30 de septiembre, los abogados de la familia Chuñil, en presencia de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, ofrecieron una conferencia de prensa en la que revelaron que Morstadt, en una conversación telefónica interceptada, le había admitido a su padre que Julia Chuñil había sido víctima de una quemadura.

Los abogados explicaron que este documento apareció en la plataforma digital del Ministerio Público y luego desapareció junto con todos los archivos y el historial del caso de Chuñil. No pudieron acceder a los procedimientos legales del caso ni solicitar reuniones con el Ministerio Público.

Santana aclaró: “No es que no tengamos acceso al caso, es que el caso ha sido eliminado del sistema. Tampoco tenemos acreditación en él, no podemos acceder a él, y los correos electrónicos (enviados al Ministerio Público) no han sido respondidos”.

Añadió: “Envié aproximadamente cinco correos electrónicos con copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la Nación”.

Al principio, Ángel Valencia, el fiscal general derechista designado por Boric como una vía de acercamiento al Congreso controlado por la derecha, simplemente minimizó las implicaciones de la declaración de Morstadt y cuestionó su veracidad. Al mismo tiempo, afirmó que se investigaría cómo se filtró.

“No puedo confirmar ni negar la existencia de dicha información… La Fiscalía de Los Ríos también abrió una investigación sobre una aparente filtración de información que debió mantenerse confidencial en el tribunal, la cual, insisto, incluso de ser cierta, sería muy parcial e incluso me atrevería a decir que también estaría muy sesgada en cuanto al contenido de la investigación en curso, que es un asunto grave, sobre todo porque aún no hemos encontrado el cuerpo de la señora Chuñil. En consecuencia, tampoco podemos deducir qué le sucedió”.

Con su arrogante y despectiva declaración, inadvertidamente dejó escapar que Julia Chuñil, quien hasta ese momento estaba clasificada como 'desaparecida', estaba muerta. No dijo cómo lo supo. Hasta entonces, aparentemente, el Estado no buscaba un cuerpo; buscaba a una persona viva.

En ese momento, el Estado entró en una fase de control de daños. Los ministros del gobierno de Boric, la portavoz del gobierno, Camila Vallejo —una figura predilecta de la pseudoizquierda internacional—, junto con los partidarios del gobierno en el Congreso, expresaron con tristeza su horror por las revelaciones y la necesidad de que prevaleciera el 'estado de derecho'.

Fue en este contexto que Boric pronunció su grotesco discurso hace dos días sobre “la preocupación e implicación del gobierno en la desaparición de Julia Chuñil”.

El gobierno de Chile tiene responsabilidad política, si no material, por la muerte de la líder mapuche.

Próximamente se publicará un artículo más extenso que detalla con precisión el papel desempeñado por los diversos apéndices del Estado en este horrendo caso. Sin embargo, el World Socialist Web Site debe registrar esta acusación contra el pseudoizquierdista Gabriel Boric —como jefe del Estado chileno— y sus cómplices del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, que conforman su gobierno.

Lo que ha desatado el régimen de Boric contra Julia Chuñil y su familia forma parte de una guerra contra el pueblo mapuche, uno de los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad chilena, en nombre de los intereses mineros, forestales y terratenientes.

Casi desde el momento en que Boric asumió el poder, declaró el estado de emergencia en las regiones del Biobío y la Araucanía —históricamente territorio mapuche—, imponiendo prácticamente la ley marcial con todo lo que ello conlleva. Boric también empleó contra los líderes mapuche y la comunidad indígena en general la autoritaria Ley de Usurpación y la Ley de Seguridad del Estado, a la vez que reformó la Ley Antiterrorista del general Augusto Pinochet para usarla contra los mapuches como lo hizo el dictador.

No se equivoquen. Esta guerra es un ensayo general para toda la clase trabajadora.

Los trabajadores y la juventud deben salir en defensa de la familia Chuñil y del pueblo mapuche. La máxima de Marx de que «el trabajo de piel blanca no puede emanciparse donde el trabajo de piel negra está marcado» se aplica plenamente en este caso.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de octubre de 2025)