El miércoles 1 de octubre, la secretaria de Educación Linda McMahon y la Casa Blanca enviaron una carta a nueve universidades de Estados Unidos exigiendo que cumplan con las directrices educativas impuestas por la administración Trump.

Las nueve universidades señaladas incluyen Brown University, University of Pennsylvania, Dartmouth College, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Vanderbilt University, University of Arizona, University of Southern California, University of Virginia y University of Texas at Austin.

Este es el más reciente ataque de la administración Trump contra la educación superior, en una versión estadounidense de la política nazi de Gleichschaltung, es decir, la sincronización de la cultura, la educación y otros aspectos bajo control estatal como instrumento de propaganda.

La carta, titulada “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”, estipula que las universidades deben promover los “intereses y prioridades nacionales del gobierno de EE.UU.”. Además, el pacto deja claro que las universidades que se nieguen a cumplir con estas exigencias perderán todo el financiamiento federal, mientras que aquellas que accedan deberán cumplir estrictamente con las condiciones impuestas.

Algunas de las exigencias incluyen prohibir que los docentes hablen sobre temas políticos y sociales; prohibir que mujeres trans participen en deportes femeninos; reducir el costo de matrícula para estudiantes de programas de “ciencias duras” que sirvan a la investigación militar; y participar en programas financieros para “prevenir que los servicios universitarios sean utilizados para el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas”.

Como parte de una ofensiva contra quienes protestan contra el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, el pacto exige que las universidades prohíban cualquier “incitación a la violencia, incluidos llamados al asesinato o al genocidio o apoyo a entidades que el gobierno de EE.UU. haya designado como organizaciones terroristas”.

La implicación es que las universidades deben reprimir violentamente toda oposición a la oligarquía corporativa y financiera. Por lo tanto, la administración Trump autoriza a las universidades a “[utilizar] la fuerza legal si es necesario para prevenir estas violaciones y [permitir] sanciones rápidas, severas y consistentes contra quienes las cometan”.

Buscando convertir a las universidades en brazos cooperantes del aparato de vigilancia estatal, el pacto también exige que “las universidades compartan toda la información conocida sobre estudiantes extranjeros” con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Esta sección de la carta, titulada “enredos extranjeros”, ocupa más espacio que cualquier otra, con un total de dos páginas completas. Afirma que permitir una significativa población de estudiantes extranjeros implica el riesgo de “saturar el campus con valores nocivos como el antisemitismo y otros valores antiestadounidenses, creando graves riesgos para la seguridad nacional”. Esta parte del pacto exige que los estudiantes que se encuentran en EE.UU. bajo una visa no representen más del 15 por ciento de la población estudiantil de pregrado.

Además, se exige a las universidades que “reduzcan los costos administrativos en la medida de lo razonablemente posible y simplifiquen o eliminen los programas académicos que no sirvan a los estudiantes”. El propósito final de esta exigencia es el despido de miles de trabajadores universitarios para ahorrar dinero y eliminar cursos considerados “innecesarios” o que no promuevan “valores estadounidenses y occidentales”.

Una sección del pacto exige, de forma hipócrita, un “dinámico mercado de ideas en el campus”, que en realidad significa favorecer la proliferación de ideas de extrema derecha en las universidades. Para ello, plantea la “abrogación de unidades institucionales que deliberadamente castigan, desprecian o incluso incitan a la violencia contra las ideas conservadoras”.

Aunque el pacto fue inicialmente enviado a nueve universidades, la administración Trump ha dejado en claro que busca que estas directrices se implementen en todas las universidades y colegios del país. La estratega principal de políticas de la Casa Blanca, May Mailman, fue citada por el New York Times diciendo que “esperamos que todas las universidades puedan tener una conversación con nosotros”.

Desde el envío del pacto, solo dos de las nueve universidades han tomado una decisión al respecto. Apenas un día después de recibida la carta, el presidente de la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Texas, Kevin Eltife, dijo al Texas Tribune que la Universidad de Texas en Austin se sentía honrada de haber sido elegida por la administración Trump para participar en el pacto educativo. Eltife añadió que “esperamos con entusiasmo colaborar con funcionarios universitarios y revisar el pacto de inmediato”.

Hasta ahora, solo el MIT ha rechazado públicamente el pacto. En una carta abierta enviada a la secretaria de Educación Linda McMahon el viernes 10 de octubre, la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, declaró que no se adherirán al pacto. Sin embargo, Kornbluth pidió que ella y McMahon reconozcan sus “prioridades compartidas en cuanto a la educación superior estadounidense” y que el MIT ya cumple o supera muchas de las exigencias del pacto.

Las reacciones del profesorado y el estudiantado en las universidades señaladas han sido explosivas. En la Universidad de Virginia, la facultad votó un 97 por ciento a favor de una resolución en contra del pacto. Una petición en la Universidad de Pensilvania dirigida al presidente James Jameson ha sido firmada por más de 1.600 estudiantes, docentes y trabajadores.

Una petición firmada por más de 500 profesores y trabajadores en Dartmouth declaró que “cuando el Estado exige que una universidad cierre departamentos y programas que no se ajustan a su ideología política, dicta qué tipo de investigación deben llevar a cabo sus docentes e insiste en que los estándares de conocimiento establecidos por décadas de investigación científica y humanística sean reemplazados por definiciones falsas y políticamente motivadas… entonces ya no tendremos una universidad”.

El capítulo de la Asociación Americana de Profesores Universitarios de Vanderbilt publicó una declaración afirmando que “no podemos pedir sinceramente a nuestros estudiantes que ‘se atrevan a crecer’ en el ambiente de miedo y desconfianza que este pacto impondría a nuestra comunidad”.

Desde que asumió el poder, la administración Trump ha atacado a universidades como Harvard, Columbia, Universidad de California, Los Ángeles y George Mason, entre otras, amenazándolas con recortes en el financiamiento o peores consecuencias si no se alinean con los dictados del gobierno.

Solo un día antes del envío del pacto, Trump y el “secretario de Guerra” Pete Hegseth reunieron a cientos de generales y almirantes para elaborar planes dirigidos a instaurar una dictadura presidencial y desplegar al ejército en ciudades estadounidenses para eliminar la oposición política. Desde entonces, Trump ha utilizado el cierre del gobierno para ordenar la ocupación militar de Portland, Oregón y Chicago, Illinois, previendo más ocupaciones militares. La administración Trump se prepara para invocar la Ley de Insurrección e impulsar la liquidación sistemática y física de organizaciones de izquierda.

El esfuerzo por establecer una dictadura presidencial ha sido recibido con total indiferencia por los medios de comunicación y el establishment político. El Partido Demócrata y las distintas organizaciones pseudoizquierdistas que orbitan a su alrededor han guardado completo silencio ante el avance dictatorial y los ataques a la educación. Lo que temen no es la ofensiva de la clase dominante hacia una dictadura, sino el ascenso de un movimiento independiente de la clase trabajadora que amenaza con minar los cimientos del dominio capitalista.

La clase trabajadora es la fuerza revolucionaria decisiva en la sociedad, portadora de un inmenso poder económico, político y social. Por lo tanto, la juventud y los estudiantes deben volcarse hacia la clase trabajadora y conectar sus luchas con ella.

La lucha contra la dictadura y los ataques a los derechos democráticos requiere de la movilización independiente de la clase trabajadora sobre la base de un programa socialista. El Partido Socialista por la Igualdad y su sección juvenil, Juventud y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social, hacen un llamado a la formación de comités de base en cada lugar de trabajo, escuela y barrio como nuevas organizaciones de lucha contra la guerra, el genocidio, la dictadura, el fascismo y la contrarrevolución social.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de octubre de 2025)