La administración de Trump ha comenzado a emitir notificaciones de reducción de personal (RIF) a empleados federales, marcando una escalada decisiva en su uso del cierre gubernamental para imponer recortes estructurales en los servicios públicos y asumir el control personal del aparato estatal. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, declaró en X: “Han comenzado los RIF”, y un vocero de la OMB confirmó que los despidos serían “sustanciales”.

Más de 4.000 trabajadores están afectados por los despidos iniciales. Según una demanda presentada el viernes en respuesta a una querella presentada por sindicatos federales, estos incluyen:

• Departamento de Comercio: 315 trabajadores
• Departamento de Educación: 466 trabajadores
• Departamento de Energía: 187 trabajadores
• Departamento de Salud y Servicios Humanos: “entre 1.100 y 1.200” trabajadores
• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano: 442 trabajadores
• Departamento de Seguridad Nacional: 176 trabajadores
• Departamento del Tesoro: 1.446 trabajadores

Además, la Oficina de Administración de Personal (OPM) anunció el jueves que en 2026 los empleados civiles no encargados del cumplimiento de la ley verán por segundo año consecutivo un aumento de dos dígitos en las primas del seguro de salud. El gobierno también propone un aumento salarial del 1 por ciento para la misma categoría de empleados.

Estos despidos masivos demuestran que el objetivo del intento de golpe de Estado de Trump es. la clase trabajadora. Mientras esto ocurre, ha desplegado tropas de la Guardia Nacional para ocupar Chicago y Portland y apoyar operaciones del ICE. La Casa Blanca está en conversaciones muy avanzadas para invocar la Ley de Insurrección, lo que equivaldría a abolir el gobierno civil en las zonas donde se aplique.

Jueces federales han bloqueado temporalmente los despliegues; la Casa Blanca ha respondido amenazando con ignorar los fallos y considera arrestar a alcaldes de ciudades bajo ocupación. Stephen Miller, el arquitecto fascista de los ataques pseudolegales de Trump a la Constitución, declaró en una entrevista con CNN que el presidente tenía “autoridad plenaria” para ocupar ciudades estadounidenses militarmente. La invocación del “principio del Führer” por parte de Miller busca colocar a Trump por encima de cualquier límite constitucional.

En estas condiciones, los trabajadores federales y el conjunto de la clase obrera enfrentan un asalto sin precedentes contra el empleo, las condiciones laborales y los derechos democráticos —uno que sólo puede enfrentarse mediante la movilización masiva de la clase trabajadora para detener la destrucción de los servicios sociales y bloquear el avance hacia la dictadura.

Estos despidos van más allá del protocolo habitual durante un cierre gubernamental, en el cual los empleados federales son licenciados temporalmente con la expectativa de volver a sus puestos una vez que se restablezca el financiamiento. Al inicio del cierre, Trump publicó en redes sociales que recortaría las llamadas “Agencias Demócratas”, es decir, Medicaid, Seguridad Social y otros programas de bienestar de los que dependen decenas de millones de estadounidenses de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, se amenazó a los trabajadores federales que protestaran o se negaran a trabajar. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que los controladores aéreos que se reportaran enfermos repetidamente podrían ser despedidos. Los retrasos en vuelos ya se han disparado; algunos aeropuertos reportan escasez de personal de hasta el 50 por ciento en ciertas instalaciones durante el cierre.

El propio Trump ha sugerido negarse a pagar salarios atrasados a ciertos empleados federales obligados a trabajar sin cobrar durante el cierre, afirmando que “hay algunas personas que realmente no merecen ser atendidas” y que a esas se les “atenderá de otra manera”. Estas frases ominosas no sólo indican despidos, sino posiblemente algo peor.

Bajo el “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, una entidad extralegal liderada por el multimillonario neonazi Elon Musk, Trump ya ha eliminado 300.000 puestos del sector público en lo que va del año, alrededor del 13 por ciento del total. Se espera que los despidos durante el cierre sean menores en número, no más de 16.000 según el Washington Post .

Pero aún si esta cifra resulta ser precisa (lo cual no hay razón para asumir), las implicaciones van mucho más allá de lo numérico, porque la administración Trump está utilizando el cierre como cobertura para usurpar el control presupuestario del Congreso. Además, se utilizará para recortar o dejar inoperantes programas sociales vitales.

El papel de Vought, uno de los coautores del programa “Proyecto 2025” de The Heritage Foundation, deja esto claro. Este documento ultraderechista declara como su objetivo la destrucción de lo que llaman “el Estado Administrativo” y se basa en la teoría del “ejecutivo unitario”, que otorga autoridad presidencial ilimitada sobre el poder ejecutivo. Estas teorías pseudo-legales autoritarias sustentan el despliegue militar de Trump en ciudades estadounidenses.

Ante esta crisis, el aparato sindical virtualmente no ha hecho nada para oponerse a las acciones ilegales del gobierno, y en cambio intenta adormecer a los trabajadores frente al peligro. La federación AFL-CIO respondió al anuncio tuiteando: “Los sindicatos de Estados Unidos los veremos en la corte”.

Esto es absurdo, dado que Trump, quien deliberadamente busca derrocar la Constitución, no está actuando dentro de ningún marco legal. De hecho, las reducciones de personal comenzaron el viernes aun cuando un juez federal está considerando la solicitud de los sindicatos para suspenderlas con una orden judicial temporal.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés) ha alentado a sus miembros a realizar manifestaciones aisladas pidiendo al Congreso que “haga su trabajo y financie al gobierno”. Esto no sólo desvía la atención de la cuestión fundamental del fascismo, sino que equivale en la práctica a exigir que los demócratas lleguen a un acuerdo que le dé a Trump casi todo lo que quiere en nombre del “bipartidismo”, algo que ya están deseosos de hacer.

AFGE emitió una declaración diciendo que “es hora de que el Congreso deje el teatro político y ponga fin a este cierre”, citando al presidente del Local 1237, Aaron McGlothin, quien dijo: “Aquí tienen parte de culpa ambos partidos. Tienen que unirse y encontrar un punto en común”.

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, Randy Erwin, fue más allá, llamando al Congreso a “hacer su condenada labor, y aprobar un presupuesto que va a requerir algo de compromiso”. Durante un seminario web para miembros de NFFE realizado el viernes, la dirigencia sindical repitió las mismas frases gastadas de siempre.

Las propuestas de los demócratas para restaurar parcialmente los recortes a Medicaid son enteramente simbólicas, destinadas a contener el desarrollo de un movimiento contra Trump que podría salirse de su control. Al final del día, los demócratas están satisfechos con los recortes de Trump mientras sigan librando la guerra en Ucrania.

Mientras tanto, los sindicatos aconsejan a los trabajadores no hacer nada. La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA) emitió un comunicado negando cualquier apoyo a campañas de ausentismo por enfermedad mientras aeropuertos cerraban temporalmente por falta de personal, instando a sus miembros a “evitar cualquier acción que pueda perjudicar su imagen, la del sindicato o la de la profesión”. El presidente de NATCA, Nick Daniels, describió el cierre como una “distracción” que debe resolverse para que los controladores puedan “enfocarse completamente en su trabajo vital”.

NATCA tiene su origen como sindicato rompehuelgas creado después que la administración de Reagan destruyera el anterior sindicato PATCO al despedir a 11.000 controladores aéreos en huelga en 1981. La negativa de la AFL-CIO a convocar una huelga general para defender a PATCO fue un episodio importante en la transformación del aparato sindical de burócratas conservadores procapitalistas en agentes abiertos de la patronal y del Estado.

Los burócratas no pueden tener permitido inmovilizar a la clase obrera. El golpe de Trump no puede ser detenido con demandas judiciales o llamadas telefónicas. Sólo puede ser detenido mediante la acción independiente de la clase trabajadora. Tal movilización debe construirse de manera totalmente independiente de los demócratas y del aparato sindical, los cuales se niegan a luchar o incluso defienden cada vez más partes de la agenda de Trump.

Se deben formar comités de base, controlados por los propios trabajadores, en cada lugar de trabajo. Los trabajadores federales y contratistas deben unirse en una lucha común para exigir: detener todos los despidos, suspender y revertir todos los recortes a los servicios sociales, defender los derechos democráticos y detener el golpe de Trump. Sólo con este programa podrán los trabajadores federales y toda la clase obrera luchar para defender los servicios sociales y bloquear el camino hacia el fascismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2025)