El lunes 8 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció formalmente el inicio de la “Operación Midway Blitz”, con la ciudad de Chicago como objetivo.

El DHS declaró que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegarían por toda la ciudad y suburbios, apuntando a centros de trabajo, vecindarios y terminales de transporte en lo que describieron como una campaña contra “extranjeros ilegales criminales”. En realidad, como ya se ha visto en California, Washington D.C., Georgia e Iowa, los secuestros están dirigidos abrumadoramente contra trabajadores y residentes de larga data.

El comunicado oficial del DHS dejó en claro el carácter fascista de la operación, repitiendo la habitual letanía de mentiras de Trump al describir a los inmigrantes como criminales que deben ser privados de todo derecho democrático:

Durante años, el gobernador Pritzker y sus colegas políticos de santuarios liberaron a miembros de la pandilla Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago—poniendo en riesgo vidas estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para los criminales.

El anuncio se produjo después de que Trump atacara la ciudad durante el fin de semana en redes sociales. Tras emitir una orden ejecutiva el viernes para renombrar al Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, al día siguiente Trump compartió una imagen generada por inteligencia artificial representándolo como el teniente coronel Bill Kilgore de la película Apocalypse Now, con el título cambiado a “Chipocalypse Now” y la frase: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”.

Hasta el momento de redactar este artículo, no hay evidencia de que se haya desplegado la Guardia Nacional en la ciudad. El lunes, Trump volvió a amenazar con enviar tropas, declarando: “Nos encantaría entrar a Chicago y poner orden”.

En una declaración emitida el lunes, la ciudad de Evanston, ubicada al norte de Chicago y sede de la Universidad Northwestern, reveló que fue “informada de la alta probabilidad de que agentes federales de inmigración estén presentes en nuestra comunidad en los próximos días”.

Ese mismo lunes, Trump amplificó la retórica del Gran Reemplazo en su cuenta de redes sociales. En una publicación compartida, difundió una imagen con el texto: “La migración masiva es un arma de destrucción masiva”. La cuenta original, @iamyesyouareno, es un conocido perfil neonazi en X. Elon Musk, el fascista dueño de la plataforma, interactúa regularmente con dicha cuenta y la promueve activamente.

Ese mismo día, la Corte Suprema emitió un fallo de 6–3 a través de su “docket en la sombra”. La decisión otorgó al gobierno de Trump su petición de emergencia en el caso Noem v. Perdomo, dejando sin efecto una orden judicial temporal del 11 de julio que prohibía al ICE usar criterios como origen étnico, idioma, lugar de trabajo o tipo de empleo como justificación para detener personas e investigar su estatus migratorio.

Los operadores de Trump en la Corte Suprema ni siquiera se molestaron en ofrecer una justificación. Brett Kavanaugh redactó una opinión concurrente, no respaldada por ningún otro juez, que parece más un comunicado de prensa de Trump que un análisis legal.

La opinión de Kavanaugh, del tipo “Muéstreme sus papeles, por favor”, ofrece una visión fantasiosa de las operaciones del ICE:

El Gobierno a veces realiza detenciones investigativas breves para verificar el estatus migratorio de personas que se reúnen en lugares donde se contrata para trabajos diarios; que trabajan o aparentan trabajar en sectores como la construcción, jardinería, agricultura o lavado de autos, que frecuentemente no requieren documentación y, por lo tanto, son atractivos para inmigrantes ilegales; y que no hablan mucho o nada de inglés. Si los oficiales descubren que el individuo es ciudadano estadounidense o reside legalmente en Estados Unidos, lo liberan de inmediato. Si el individuo está ilegalmente en el país, los oficiales pueden arrestarlo e iniciar el proceso de deportación.

En la práctica, la Corte autoriza a la administración Trump a violar la Cuarta Enmienda—que protege contra registros e incautaciones arbitrarias—sin emitir una opinión escrita, hasta que el caso recorra las cortes de apelación y eventualmente llegue a la Corte Suprema. Durante este periodo, que podría durar años, agentes del ICE y la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) tienen luz verde para detener, interrogar y encarcelar personas sobre la mera base de su “apariencia” latina, uso del español (u otro idioma), o presencia en lugares determinados de trabajo.

La cantidad de personas afectadas es asombrosa. Solo en el condado de Los Ángeles, donde se originó el caso, casi la mitad de la población de 10.000.000 se identifica como hispana o latina y más del 37 por ciento habla un idioma distinto al inglés en casa. Decenas de miles trabajan en empleos identificados como blanco por ICE—incluyendo construcción, jardinería, agricultura, centros de reciclaje, corralones de remolque, lavado de carros. Otros han sido arrestados mientras buscaban empleo o se transportaban en medios públicos—en Home Depots, paradas de autobús e incluso en iglesias, escuelas y parques.

Estas no son “operaciones selectivas” dirigidas a individuos específicos con evidencia de violaciones migratorias, sino redadas masivas sin prueba alguna ni “causa probable” que las justifique. Pandillas itinerantes de agentes enmascarados y fuertemente armados ejecutan acciones para aterrorizar a la clase trabajadora. Enteros sectores del proletariado—tanto inmigrantes como nativos—quedan bajo sospecha, privados de sus derechos constitucionales básicos contra detenciones arbitrarias, y sujetos a secuestro por parte de agentes armados del Estado.

La disidencia de la jueza Sonia Sotomayor delineó con nitidez las implicaciones distópicas:

El Gobierno, y ahora también la concurrencia, prácticamente ha declarado que todos los latinos, sean ciudadanos estadounidenses o no, que trabajen en empleos mal pagos pueden ser detenidos en cualquier momento, arrancados de su trabajo y mantenidos en custodia hasta que demuestren de forma satisfactoria su estatus legal ante los agentes.

Y continúa:

Los agentes migratorios no están realizando “paradas breves para interrogatorio”. Están deteniendo personas con armas de fuego, violencia física y detenciones en almacenes… Los ciudadanos estadounidenses también están siendo arrestados, sacados de sus trabajos e impedidos de trabajar para mantenerse ellos y a sus familias.

Sotomayor concluyó:

Innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido sujetadas, tiradas al suelo y esposadas solo por su apariencia, acento y por ganarse la vida con trabajo manual. Hoy, la Corte somete innecesariamente a innumerables más a estas mismas indignidades.

Como evidenció el juicio en la corte inferior, individuos han sido amenazados con armas, empujados contra paredes o al suelo y atados con bridas antes incluso de ser interrogados. Trump niega que quienes son detenidos tengan derecho al debido proceso para impugnar su deportación y reclama un poder sin límites para encarcelarlos en Estados Unidos o en el extranjero.

En lugar de movilizarse contra las redadas y el fallo de la Corte Suprema, los dirigentes demócratas respondieron con garantías de que la policía municipal puede encargarse de la “seguridad pública”. En un artículo de opinión en el New York Times publicado el lunes, el alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, instó a Trump a no enviar la Guardia Nacional mientras presumía de su “policía eficaz y respetuosa de la ley”, incluyendo unidades contra robos, concentración de recursos “en los 35 sectores más violentos” y una oficina de detectives reestructurada.

Mientras Trump amenaza con una ocupación militar e inunda las ciudades con matones del ICE, los demócratas responden con una promesa de mantener el “orden” mediante la expansión policial.

Los acontecimientos del 8 de septiembre dejan en claro que los derechos democráticos no pueden ser defendidos por ninguna institución capitalista, incluyendo los tribunales y el Partido Demócrata. A medida que el criminal fascista en la Casa Blanca consolida métodos dictatoriales, con el respaldo de su Corte Suprema corrupta y seleccionada a dedo, los demócratas colaboran al preservar y legitimar el mismo aparato represivo bajo el lema de una “policía creíble”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de septiembre de 2025)