El miércoles, el cirujano general de Florida, el Dr. Joseph Ladapo, anunció que el gobierno estatal trabajará para eliminar todos los requisitos de vacunación para niñas y niños en edad escolar, obligando a millones de padres a enviar a sus hijos a instituciones educativas junto a compañeros cada vez más no vacunados, y reabriendo la puerta a enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola y la poliomielitis, que habían sido mantenidas bajo control por décadas.

Ladapo, graduado de Harvard convertido en cruzado contra las vacunas, apareció junto al gobernador republicano Ron DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa. El lugar elegido, una escuela secundaria cristiana privada, subraya el carácter profundamente reaccionario de la nueva política, que suprime la ciencia en favor del oscurantismo religioso y el prejuicio político.

La agenda DeSantis-Ladapo alinea a Florida con la campaña “Hacer a América saludable otra vez” del secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., que es en realidad una guerra contra la ciencia y la salud pública que amenaza con causar estragos mediante hospitalizaciones infantiles prevenibles y muertes evitables.

En lugar de hablar como médico o científico, Ladapo sonó como un predicador o un vendedor de remedios milagrosos. Sobre los mandatos escolares de vacunación declaró: “Cada uno de ellos es incorrecto y rezuma desprecio y esclavitud. ¿Quién soy yo para decirte qué debe ponerse tu hijo en su cuerpo? No tengo ese derecho. Tu cuerpo es un regalo de Dios”.

Esto no es simplemente palabrería religiosa, es la “gran mentira” del fascismo estadounidense. Los funcionarios de salud pública no son “amos de esclavos”. Han jurado proteger vidas, prevenir enfermedades y reducir discapacidades. Las vacunas y los antibióticos siguen siendo algunas de las herramientas científicas más poderosas de la medicina. El registro histórico es innegable: las vacunas infantiles sistemáticas previenen la muerte de 4 millones de personas cada año a nivel mundial. Un estudio reciente publicado en The Lancet estimó que en los últimos 50 años las vacunas han salvado 154 millones de vidas.

Según un informe de 2024 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., “entre las niñas y los niños nacidos entre 1994 y 2023, las vacunas infantiles sistemáticas han prevenido aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y 1.129.000 muertes, generando ahorros directos por 540.000 millones de dólares y un ahorro social total de 2,7 billones de dólares”.

Por esta razón, organismos expertos como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) y prácticamente toda organización médica relevante consideran la vacunación como uno de los mayores logros de la medicina. Desde su punto de vista, desmantelar estos requerimientos no promueve la “libertad”, sino que socava décadas de avances en la protección de niñas y niños contra enfermedades mortales.

Tal vez lo más indignante sea el abierto desprecio de Ladapo por las vidas de los habitantes de Florida, disfrazado de eslóganes vacíos. Atención médica que salva vidas sería “esclavitud”. Ni el “Gran Hermano” de Orwell lo habría dicho mejor. Esta caracterización de las vacunas como mera “elección personal” o parte de una supuesta “libertad médica” surge directamente del discurso anticomunista y del dogma de “libre mercado”.

Margaret Thatcher alguna vez declaró que la sociedad no existe. Desafortunadamente, los virus y las bacterias no funcionan de acuerdo con ese principio. Afectan mortalmente a organismo tras organismo, a menos que la sociedad—la humanidad—actúe en base a la ciencia médica para combatirlos.

Uno de los objetivos políticos centrales de la campaña fascista contra la vacunación es desviar el enojo público por las múltiples crisis sociales lejos de Wall Street y Washington, y dirigirlo hacia los científicos y funcionarios de salud pública. Esta retórica alimenta la reacción que se ha acentuado en el contexto de la pandemia de COVID-19, una crisis que sigue marcando la vida de millones en EE.UU. y el resto del mundo.

Ladapo ya dejó claro que algunos mandatos podrían ser eliminados sin votación en la legislatura estatal. Se trata de aquellos requisitos establecidos por normas del departamento de salud, y no por ley estatal. Según afirmó, alrededor de “media docena” de vacunas entrarían en esta categoría, y con tono tajante declaró: “Esas ya se van”.

Ladapo y DeSantis no especificaron qué vacunas serán eliminadas de inmediato. Pero de acuerdo con las propias pautas del estado de Florida, las vacunas contra la varicela (varicela), la hepatitis B, Hib y neumococo están regidas por normas del departamento de salud y no por estatuto estatal, colocándolas entre las primeras candidatas a eliminación.

DeSantis agregó que Ladapo trabajará con los legisladores cuando la legislatura estatal se reúna nuevamente en enero de 2026 para impulsar un paquete más amplio. Dicho paquete se enfocará en eliminar los estatutos que exigen explícitamente que las y los estudiantes de K-12 estén inmunizados contra poliomielitis, difteria, sarampión, paperas, rubéola, tos ferina y tétanos para poder asistir a clase (con las excepciones médicas o religiosas ya contempladas). Para eliminar estas exigencias será necesario reescribir la ley estatal, aprobando proyectos de ley en ambas cámaras y consiguiendo la firma del gobernador, lo cual está prácticamente garantizado.

Más allá de la eliminación de las leyes de inmunización escolar, se espera que el “paquete de libertad médica” de DeSantis y Ladapo avance aún más, consolidando las prohibiciones contra los mandatos de vacunas y mascarillas por COVID-19, y ampliándolas. Expertos en salud advierten que probablemente también prohíba a las escuelas o gobiernos locales imponer nuevos mandatos de vacunación en el futuro sin la aprobación legislativa, atando las manos de futuras autoridades de salud pública.

No sorprende que la conferencia de prensa generara reacciones inmediatas de rechazo por parte de expertos en medicina y líderes del sector sanitario. El Dr. Michael Osterholm calificó el anuncio como “temerario”, y advirtió: “Todo padre de un niño que muera o sea hospitalizado por una enfermedad prevenible sabrá exactamente por qué”.

La doctora Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), expresó su “preocupación de que el anuncio de hoy… pondrá a niñas y niños de las escuelas públicas de Florida en mayor riesgo de enfermar”. Recordó al público que cuando todos los estudiantes de una institución están vacunados, las enfermedades tienen dificultades para propagarse, manteniendo abiertas las aulas y sanas a las y los niños. La sección de Florida de la AAP, junto a otros grupos de médicos que por años se han opuesto a iniciativas para debilitar las normas de vacunación, advirtió que esta decisión podría deshacer décadas de arduo progreso en cuanto a salud infantil.

El anuncio de hoy en Florida forma parte de un colapso social más amplio: la brutal erosión de las normas democráticas en Estados Unidos. El violento ataque contra la sede de los CDC en Atlanta no fue un estallido espontáneo. Fue el resultado directo de un clima de desconfianza, alimentado por discursos politizados y propaganda antivacunas. El 8 de agosto de 2025, un hombre armado de ultraderecha, radicalizado por la propaganda fascista contra la vacuna del COVID, asesinó a un agente de policía antes de quitarse la vida.

Cientos de trabajadoras y trabajadores de salud del HHS respondieron con una carta contundente dirigida a Kennedy. Advirtieron que el ataque ocurrió en un contexto de “creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, impulsada por una retórica politizada que ha convertido a profesionales de la salud pública en objetivos de demonización—y ahora de violencia”. Acusaron a Kennedy de ser “cómplice en el desmantelamiento de la infraestructura de salud pública de Estados Unidos y de poner en riesgo la salud del país al difundir repetidamente información médica falsa”.

En lugar de abordar las raíces de la crisis, Robert F. Kennedy Jr. intensificó su purga de las agencias de salud pública, lo que equivale a un “golpe contra la ciencia”. Menos de un mes después del ataque a los CDC, Kennedy forzó la salida de la directora de los CDC, Susan Monarez, una científica de carrera. Monarez fue amenazada con el despido tras oponerse a sus planes de suprimir vacunas esenciales y negarse a “respaldar directrices no científicas e imprudentes”. Sus abogados afirmaron que ella “eligió proteger al público en lugar de servir a una agenda política”. Su destitución provocó una ola de renuncias entre altos funcionarios, incluidas la médica jefa de los CDC y las directoras del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias y del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas.

La purga se ha extendido más allá de los CDC, señalando una ofensiva más amplia para silenciar la disidencia en todas las agencias federales de salud. El Dr. Paul Offit, científico de vacunas ampliamente respetado, coinventor de la vacuna contra el rotavirus y uno de los críticos más directos de Kennedy, fue eliminado de forma abrupta del comité asesor de vacunas de la FDA. Tras ocho años de servicio y con una oferta de prórroga por dos años, el HHS le informó sin explicación que “sus servicios ya no eran necesarios”.

Expertos como el Dr. Peter Hotez ven esta medida como parte de la estrategia de Kennedy para “remover a quienes están calificados y son expertos en vacunas, y reemplazarlos con ideólogos sin preparación o promotores de seudociencia”. El propio Offit había exigido la renuncia de Kennedy luego de que este afirmara falsamente que la vacuna contra el sarampión causa ceguera y sordera. Su despido demuestra que el objetivo de Kennedy no son solo las instituciones, sino los científicos que se rehúsan a repetir su propaganda.

La salud pública no gira en torno a individuos aislados; se trata de la salud de toda la sociedad. Una sociedad funcional no puede reducirse al capricho de los oligarcas financieros ni caer en la ilusión de una independencia total; se trata de un organismo colectivo que solo puede sobrevivir mediante la cooperación. La salud pública científica siempre ha reconocido esta verdad: que las vacunas, el agua potable y la acción colectiva nos protegen a todos. Ese marco está hoy bajo ataque, junto con el principio mismo de que la sociedad debe actuar colectivamente para defender la vida. En esto consiste un aspecto fundamental de la lucha de clases que comienza a salir cada vez más claramente a la superficie.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de septiembre de 2025)