La presidenta del Comité Laboral de la Asamblea Legislativa, Liz Ortega (demócrata de San Leandro), anunció recientemente un proyecto de ley que busca aumentar las acciones penales contra empleadores cuando los trabajadores mueren o sufren lesiones graves en el trabajo.

El anuncio del proyecto llega a menos de tres meses de que el trabajador de 19 años, Brayan Neftali Otoniel Canu Joj, muriera mientras limpiaba una picadora industrial de carne en la planta de alimentos congelados Tina’s Burritos en Vernon, California.

La legislación es celebrada por los demócratas, la burocracia sindical y sus aliados en los medios como un audaz paso hacia la “rendición de cuentas”. En realidad, no es nada de eso. Se trata de una maniobra cínica destinada a encubrir el papel central del Partido Demócrata en la creación de las condiciones responsables de la ola de muertes y lesiones laborales en todo California.

El anuncio de Ortega se produjo tras una devastadora auditoría estatal publicada en julio que reveló fallas sistémicas dentro de Cal/OSHA, la agencia estatal supuestamente encargada de proteger a los trabajadores. Los hallazgos fueron alarmantes:

• El 82 por ciento de las investigaciones se procesaron por correo, sin inspecciones presenciales.

• Más de 8.300 empleadores recibieron reducciones de multas que promediaron un 56 por ciento, incluso en casos que involucraban muertes y lesiones incapacitantes.

• Solo el 1,7 por ciento de los casos graves fueron remitidos para enjuiciamiento penal.

En un caso notorio, en Alco Scrap Metal, donde tres trabajadores han muerto en apenas tres años, la empresa pagó apenas 18.000 dólares en multas: una suma tan insignificante que apenas afecta sus costes operativos.

Ortega, quien es miembro del Comité de Auditoría Legislativa Conjunta que aprobó la investigación, reprendió a los funcionarios de la agencia durante una audiencia: “¿Cuándo toman la decisión de remitir casos para acciones penales?” Presentó el proyecto de ley como una corrección necesaria ante la falta de rendición de cuentas de Cal/OSHA, amenazando con examinar presupuestos y promover legislación que asegure que los empleadores “rindan cuentas”.

Pero esta campaña de “rendición de cuentas” es una farsa. Ortega y los demócratas esperan que los trabajadores crean que unos pequeños ajustes legislativos y un puñado de juicios simbólicos terminarán con la plaga de muertes laborales. Nada está más alejado de la verdad.

El estado catastrófico de la seguridad en los centros de trabajo en California es el resultado de un programa deliberado llevado adelante por sucesivas administraciones demócratas, desde Jerry Brown hasta Gavin Newsom, que han desmantelado protecciones y convertido a las agencias reguladoras en instrumentos del poder corporativo.

La plantilla mínima de Cal/OSHA, sus procedimientos anticuados, la falta de poder para hacer cumplir las leyes y los recursos completamente insuficientes no son accidentes. Los presupuestos han sido recortados año tras año mientras las multas a empleadores se han reducido sistemáticamente, dejando a las corporaciones libres para tratar las muertes laborales evitables como simples costes operativos.

La propuesta de Ortega no surge de una oposición genuina a este sistema, sino de su papel como una de sus principales facilitadoras. Como la primera latina en servir como secretaria ejecutiva-tesorera del Consejo Laboral de Alameda y directora política de larga data del sindicato AFSCME Local 3299, Ortega está profundamente inserta en la burocracia sindical, una estructura que ha protegido de manera constante las ganancias corporativas a costa de la vida de los trabajadores.

La Federación Laboral de California y otros órganos sindicales que respaldan el proyecto de Ortega son igualmente cómplices del reguero de muertes. Durante décadas, los sindicatos han subordinado la seguridad de los trabajadores a mantener sus cómodas relaciones con la administración y los reguladores estatales.

El caso de Ronald Adams Sr., un trabajador de Stellantis asesinado en el trabajo en Dundee, Michigan, es un ejemplo notorio. La burocracia del sindicato United Auto Workers (UAW) había administrado conjuntamente los comités de seguridad con la gerencia y el MIOSHA de Michigan. En lugar de investigar de forma independiente las condiciones peligrosas, el UAW colaboró en encubrir las responsabilidades corporativas, suprimiendo los testimonios de los trabajadores y, en última instancia, asegurando que todo siguiera igual.

Esta traición no es un incidente aislado. Desde plantas automotrices hasta instalaciones de procesamiento de alimentos, los sindicatos actúan como garantes de la “paz laboral”, bloqueando deliberadamente las huelgas y previniendo cualquier resistencia organizada ante condiciones de trabajo mortales.

La propuesta legislativa de Ortega forma parte de una estrategia más amplia del Partido Demócrata y los sindicatos para desviar la creciente ira de los trabajadores hacia canales seguros y controlados por el Estado.

Incluso si se aprueba el proyecto—y eso está lejos de estar asegurado—no será más que un gesto simbólico sin efectos reales. La Cámara de Comercio de California, uno de los grupos de presión corporativa más poderosos del estado, luchará con uñas y dientes para debilitar cualquier reforma significativa, asegurando que el producto final esté lleno de lagunas legales.

Pero incluso en su forma más estricta, la legislación no aborda la raíz del problema. Las leyes actuales ya permiten el enjuiciamiento penal de empleadores por muertes y lesiones graves, pero hacen que sea virtualmente imposible llevarlos a cabo.

En California, como en la mayoría de los estados, los fiscales deben demostrar que la conducta del empleador fue “voluntaria” o “agravada”, es decir, que la empresa ignoró consciente y deliberadamente peligros conocidos. Con un Cal/OSHA que depende de investigaciones por correo y una vigilancia crónicamente infrafinanciada, la evidencia para cumplir ese estándar rara vez existe.

Incluso en los raros casos donde hay procesos judiciales, se diseñan para proteger los intereses corporativos. El caso de 2020 de California Ranch Foods, donde dos trabajadores murieron por asfixia tras la exposición a gas nitrógeno, es ilustrativo. La empresa se declaró culpable—pero solo de dos delitos menores, lo cual resultó en una multa que permitió que el negocio siguiera sin cambios.

Algunos estados, como Washington, permiten a los fiscales acusar a las corporaciones directamente de delitos como homicidio involuntario en segundo grado, imponiendo multas elevadas, libertad condicional y órdenes de cumplimiento de seguridad. Pero en la práctica, los directores ejecutivos y ejecutivos de alto rango casi nunca enfrentan penas de prisión. En cambio, se encuentran chivos expiatorios entre los gerentes medios o los responsables de seguridad, mientras que las ganancias y operaciones de las empresas siguen intactas.

En Nueva York, donde los fiscales han aplicado los estatutos penales con más agresividad contra empleadores, los casos siguen siendo excepciones en un sistema que está fundamentalmente diseñado para proteger a Wall Street de responsabilidad alguna.

La situación en California no es diferente. Aumentar las remisiones penales, como propone Ortega, no resolverá el problema. Los fiscales de distrito carecen crónicamente de recursos y a menudo no tienen conocimientos en derecho de seguridad laboral, una realidad diseñada a propósito. El mismo aparato estatal que regula a las corporaciones no tiene ningún interés en dotar a los fiscales de herramientas para desafiar la impunidad corporativa.

Las penas penales más severas, en caso de aplicarse, sin duda serán usadas de forma selectiva, apuntando a empresas pequeñas y contratistas marginados, mientras que las corporaciones más grandes—los Amazon, Tesla y Disney de California—seguirán gozando de inmunidad.

La auditoría de Cal/OSHA ha expuesto un sistema en crisis terminal. La agencia es incapaz de proteger a los trabajadores porque fue diseñada para servir a las corporaciones que regula y está criminalmente infrafinanciada. El proyecto de ley propuesto por Ortega no puede cambiar eso.

Estas multas insignificantes y gestos legislativos performativos no evitarán futuras muertes laborales porque esta crisis es el resultado inevitable de un sistema económico en el que la vida de los trabajadores se sacrifica cada vez más por la ganancia.

Los trabajadores enfrentan una realidad urgente: las organizaciones y políticos que dicen representarlos los han traicionado. Los demócratas defienden los intereses corporativos con la misma ferocidad que los republicanos, y el aparato sindical funciona como socio de la administración y del Estado.

Esta traición exige una respuesta decisiva. Los trabajadores deben enfrentar la gravedad de esta crisis y tomar el asunto en sus propias manos. Eso significa construir organizaciones independientes, democráticas y dirigidas por los propios trabajadores—comités de base en cada lugar de trabajo, unidos a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

Estos comités, como en el caso de la investigación lanzada tras la muerte de Ronald Adams Sr., deben investigar condiciones inseguras, denunciar crímenes corporativos y organizar acciones colectivas al margen del control del Partido Demócrata, los republicanos y la burocracia sindical. La defensa de la vida y la seguridad requiere una lucha internacional contra un sistema que antepone la ganancia privada a las necesidades humanas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2025)