Un tribunal de apelaciones estadounidense ratificó una decisión tomada en mayo por la Corte Internacional de Comercio según la cual los llamados aranceles recíprocos impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump son inconstitucionales. Sin embargo, los aranceles permanecerán en vigor ya que el tribunal decidió no aplicar el fallo hasta al menos el 14 de octubre, con el fin de dar tiempo al gobierno para presentar una apelación ante la Corte Suprema.
Los aranceles, que se aplican a países en lugar de productos específicos y oscilan entre el 10 y el 50 por ciento, fueron impuestos al amparo de la Ley de Facultades Económicas Internacionales en Caso de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977.
Trump afirmó que la IEEPA le otorgaba la facultad para actuar, ya que los déficits comerciales de Estados Unidos habían creado una “emergencia nacional”.
En una decisión de 7 contra 4, el tribunal determinó que Trump había excedido su autoridad. Señaló que la IEEPA “confiere una autoridad significativa al presidente para emprender una serie de acciones ante una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, gravámenes o similares, ni el poder de imponer impuestos”.
Agregó que cuando el Congreso ha otorgado al presidente la facultad de imponer aranceles, lo ha hecho de manera explícita, y destacó que en ninguna parte de la legislación aparece la palabra “arancel”, ni sinónimos como “impuesto” o “gravamen”.
La decisión mayoritaria afirmó: “Existen numerosos estatutos que sí delegan al presidente el poder de imponer aranceles; en cada uno de estos casos hemos identificado que el Congreso ha utilizado términos claros y precisos para delegar dicho poder”.
La opinión disidente, redactada por el juez Richard Taranto, sostuvo que el Congreso había despejado el camino para las medidas de Trump: “La IEEPA encarna una concesión consciente del Congreso de autoridad de emergencia en este ámbito de relaciones exteriores, que se extiende mucho más allá de las autoridades disponibles bajo leyes no emergenciales”.
En otra parte significativa de su disenso, escribió: “No conocemos ninguna base persuasiva que sugiera que el Congreso quiso negar al presidente el uso del instrumento arancelario para abordar las amenazas contempladas por la IEEPA”.
La administración de Trump examina cuidadosamente esta opinión disidente mientras se prepara para una audiencia ante la Corte Suprema, que podría celebrarse en varios meses.
Hablando ayer en Fox News, Peter Navarro, asesor principal de la Casa Blanca en comercio y manufactura, y uno de los más fervientes defensores de los aranceles, especialmente contra China, dijo que la disensión “presenta una hoja de ruta muy clara sobre cómo la Corte Suprema puede fallar a nuestro favor”.
Aunque ratificó la decisión de la Corte Internacional de Comercio, el tribunal de apelaciones dejó abierta una vía para esquivar efectivamente el fallo. Indicó que el tribunal de primera instancia, que había emitido la decisión inicial, debía revisar su fallo de bloquear los aranceles para todos los afectados, en lugar de limitarlo a las partes que presentaron el caso.
Como lo ha hecho en cada caso en su contra, Trump arremetió contra el fallo, declarando que todos los aranceles seguían en vigor.
En una de las expresiones más claras de su impulso por establecer una dictadura personalista, se identificó, al estilo de Luis XIV de Francia, con el mismo Estado, afirmando: “Hoy un tribunal de apelaciones Altamente Partidista dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero saben que al final, Estados Unidos ganará”.
El fallo no fue partidista, ya que incluía jueces nombrados por administraciones demócratas y republicanas en ambos bandos de la decisión dividida.
Trump ahora apuesta a que la Corte Suprema, integrada por sus partidarios, falle a su favor y exhortó a sus jueces a “ayudar” a mantener los aranceles en vigor.
Una de las líneas argumentales del gobierno ya fue anticipada en una publicación en redes sociales de Trump.
“Si se permite que este fallo se mantenga, destruiría literalmente a Estados Unidos”.
Este mensaje siguió la línea del argumento presentado por la administración ante el tribunal de apelaciones, que advirtió sobre “consecuencias catastróficas” si se revocaban los aranceles.
“Nuestro país no podría devolver los billones de dólares que otros países ya se han comprometido a pagar, lo que podría llevar a la ruina financiera. El presidente cree que una disolución forzada de los acuerdos podría desembocar en un resultado similar al de 1929”.
La afirmación es falsa por dos razones. Primero, países como Japón y Corea del Sur han accedido verbalmente a realizar inversiones por miles de millones de dólares en EE.UU. como parte de los “acuerdos” impuestos para reducir la tasa arancelaria recíproca. Pero no existen contratos firmados ni compromisos formales de inversión.
Segundo, los ingresos obtenidos hasta ahora no provienen de “países extranjeros”, como asegura Trump, sino de importadores y empresas estadounidenses, que los están trasladando a los consumidores en forma de precios más altos.
Sin embargo, a pesar de las falsedades, las advertencias sobre crisis al estilo de los años treinta sí reflejan una conciencia dentro del gobierno sobre una crisis que se está gestando en los cimientos de la economía estadounidense, la cual intenta resolver a expensas del resto del mundo y de la clase trabajadora nacional.
La importancia de la guerra arancelaria para los objetivos internacionales del régimen de Trump quedó subrayada en las presentaciones ante el tribunal de apelaciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, mientras se finalizaba el fallo. Ambos instaron a que cualquier revocación de los aranceles se suspendiera hasta que el caso llegara a la Corte Suprema.
Bessent afirmó que declarar ilegales los aranceles causaría una “vergüenza diplomática peligrosa”.
“La suspensión de la efectividad de los aranceles expondría a Estados Unidos al riesgo de represalias por parte de otros países, basándose en la percepción de que Estados Unidos carece de la capacidad de responder rápidamente a tales represalias”.
Lutnick dijo que los aranceles habían llevado a potencias extranjeras a la mesa de negociación “de una manera que ningún otro presidente estuvo siquiera cerca de lograr” y que un fallo adverso “enviaría la señal al mundo de que Estados Unidos carece de la determinación para defender su propia seguridad económica y nacional”.
Cualquiera que sea el resultado final de las cuestiones legales que rodean a los aranceles recíprocos y de cualquier decisión de la Corte Suprema, la guerra arancelaria continuará e incluso se intensificará.
Una de las vías a través de las cuales seguirá avanzando es mediante la imposición de aranceles a productos específicos, en lugar de contra países, usando la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que sí otorga al presidente poderes amplios.
Ya se han impuesto aranceles sobre automóviles, aluminio y acero. Se están planificando nuevos gravámenes sobre semiconductores, camiones pesados, productos farmacéuticos, aviones comerciales y sus piezas, así como minerales críticos. El fallo del tribunal de apelaciones fue un revés para el régimen de Trump, pero la guerra arancelaria se intensificará.
(Artículo originalmente publicado en inglés el 31 de agosto de 2025)