Siete meses después del comienzo del segundo mandato presidencial del presidente fascista Donald Trump, continúa intensificándose el asalto masivo contra los inmigrantes.

La ciudad costera de San Diego, California, con su estatus como uno de los principales centros militares urbanos del país y su cercanía a la frontera con México, ha sido un objetivo destacado en la campaña de deportación a nivel nacional del gobierno de Trump.

Desde principios de año, la ciudad ha sido escenario de múltiples redadas militarizadas que han provocado indignación generalizada en una comunidad donde más de una cuarta parte —344.000 de una población total de 1.386.932— son residentes nacidos en el extranjero.

Para llevar a cabo esta campaña de deportación masiva, el gobierno está usando no solo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino todas las fuerzas armadas del Estado capitalista, incluyendo varias agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración para el Control de Drogas (DEA), junto con la Guardia Nacional de California y el FBI.

Durante el último mes, las redadas han aumentado exponencialmente su carácter violento y criminal. La policía de deportación está bajo una intensa presión de los funcionarios del gobierno de Trump para cumplir con cuotas diarias de arresto. El gobierno ha abandonado toda pretensión de enfocarse en elementos “criminales” o “terroristas”, atacando ahora áreas donde se congregan trabajadores, estudiantes, padres de familia y residentes, como lugares de trabajo y escuelas.

El 7 de agosto, una madre fue arrestada en una descarada demostración de fuerza en el South Bay, durante la entrega matutina de su hijo cerca de la escuela primaria de Chula Vista. Kyungjin Yu, una inmigrante surcoreana sin antecedentes penales, fue separada de sus hijos cuando agentes de ICE la sacaron de su vehículo y la arrestaron por el “delito civil” de haber excedido la duración de su visa.

Kyungjin es una de al menos 30 personas detenidas por ICE en Chula Vista hasta ahora. Es parte del creciente número de residentes capturados por agentes en zonas anteriormente consideradas “fuera de los límites”, como hospitales y templos religiosos.

A fines de julio, agentes federales enmascarados detuvieron a varios trabajadores en un Home Depot en Encinitas, lo que provocó la ira de la comunidad. En un video que se volvió viral, una residente local, que prefirió permanecer en el anonimato, enfrentó con furia a los agentes de la Gestapo migratoria. La mujer declaró a NBC 7 que ella y otros residentes confrontaron a los agentes debido a su preocupación por el hecho de que estaban arrestando trabajadores, afirmando, “cuando hombres armados y encapuchados, sin identificarse, están parados en el estacionamiento de nuestros centros comerciales locales, esto no es una forma legal ni ética de aplicar la ley”.

El 8 de julio, Barbara Stone, ciudadana estadounidense de 71 años, fue lesionada cuando fue esposada y detenida por ocho horas por agentes enmascarados de ICE en el Palacio de Inmigración de San Diego. Fue detenida por supuestamente empujar a un agente de ICE mientras documentaba los arrestos en el juzgado.

El 12 de junio, dos agentes enmascarados de ICE detuvieron y esposaron a un traductor afgano sin antecedentes penales que tiene un caso de asilo activo y había prestado servicio con el ejército estadounidense. Fue arrestado mientras esperaba una audiencia migratoria rutinaria en el Palacio de Inmigración de San Diego.

La política de realizar arrestos en juzgados se implementó a fines de mayo, como un intento de acelerar el cumplimiento de la cuota de 3.000 arrestos diarios exigida por el asesor fascista de Trump, Stephen Miller. En consonancia con esta política, el 22 de mayo unos 20 agentes de ICE invadieron un juzgado de inmigración en San Diego y arrestaron al menos a ocho personas, según KPBS.

La confrontación más explosiva hasta ahora entre los residentes de San Diego y los matones de migración ocurrió el 30 de mayo, cuando agentes fuertemente armados, con equipos tácticos de estilo militar, detuvieron y arrestaron a cuatro trabajadores de un restaurante italiano en el área de South Park. La operación provocó indignación inmediata.

Los sandieguinos y solicitantes de asilo secuestrados por la Gestapo migratoria desde sus lugares de trabajo y hogares terminan confinados en el centro de detención Otay Mesa, una cárcel con fines de lucro. Operado por la empresa privada CoreCivic, el centro mantiene frecuentemente a los detenidos incomunicados durante semanas.

La negación de derechos democráticos y la detención ilegal de inmigrantes ha generado un enorme aumento en las ganancias para estas corporaciones penitenciarias privadas. En su informe financiero del segundo trimestre de 2025, CoreCivic reportó ingresos totales de 538,2 millones de dólares, un aumento del 9,8 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

El director general de CoreCivic, Damon T. Hininger, reconoció abiertamente el interés común de la compañía con la campaña de deportación masiva. Explicó que “el aumento en la demanda de las soluciones que ofrecemos, particularmente por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contribuyó a un sólido segundo trimestre, ya que la población detenida a nivel nacional bajo custodia de ICE alcanzó un nivel máximo histórico”.

Cínicamente, añadió: “Esperamos que el incremento sustancial en el financiamiento gubernamental, aprobado en julio, se traduzca en una mayor utilización de nuestra capacidad existente. A la luz de la solidez de nuestros resultados financieros del segundo trimestre y nuestras proyecciones para el resto de 2025, estamos aumentando nuestra proyección financiera anual”.

La instalación, plagada de condiciones insalubres, es esencialmente una prisión sin ventanas. Los detenidos reportan estar hacinados en celdas, dormir en el suelo y recibir atención médica diferida que ha resultado en hospitalizaciones. El centro mantiene a los detenidos bajo vigilancia constante, rodeados por cercas de alambre de púas y guardias armados.

Lejos de estar repleto de “criminales” y “violadores”, los datos de ICE muestran que 954 de los 1.104 hombres y 241 de las 258 mujeres actualmente detenidos en Otay están clasificados como “detenidos no criminales”.

Lo que ocurre en San Diego es apenas un microcosmos de un proceso mucho más amplio que tiene lugar en todo Estados Unidos. Como muestra del enojo social explosivo contra los ataques de Trump a los inmigrantes y sus planes dictatoriales, el 14 de junio en San Diego—dos semanas después de la redada en South Park—más de 60.000 personas marcharon por el centro de la ciudad bajo la consigna “No Reyes”.

San Diego, al igual que el estado de California en su conjunto, es un bastión del Partido Demócrata. Sin embargo, las más brutales redadas antiinmigrantes se han llevado a cabo allí sin prácticamente ninguna oposición organizada por los demócratas, ni a nivel estatal ni local.

La complicidad de los demócratas en estos ataques es reflejada también por los sindicatos, que no han hecho nada ante estos ataques violentos contra los trabajadores. A pesar de que más de 2,3 millones de trabajadores en California están sindicalizados, ni un solo sindicato ha convocado una huelga contra las redadas, aunque estas han apuntado explícitamente a la clase trabajadora.

Esto ha sido particularmente evidente en los casos del arresto de David Huerta, presidente de SEIU California, durante una redada migratoria en Los Ángeles, y durante las redadas violentas en granjas del sur de California, que resultaron en la muerte de un trabajador. Incluso mientras agentes enmascarados atacan salvajemente a trabajadores, los supuestos “líderes” sindicales se niegan a movilizar a la clase obrera en defensa de los derechos democráticos.

Retóricamente, la respuesta de las burocracias sindicales ha sido una combinación de condenas vacías a las tácticas dictatoriales de Trump y apelaciones inútiles al Partido Demócrata.

Tras la redada del 30 de mayo frente al restaurante Buona Forchetta, Christian Ramírez, el director de políticas públicas de SEIU Local 221, suplicó a “los líderes electos que están en el Congreso… que hagan más que solo dar una rueda de prensa”.

Ramírez concluyó afirmando que “esta demostración de poder busca enviar un mensaje, pero nuestro mensaje es claro: lucharemos con todo lo que tengamos”. Sin embargo, desde la redada, la burocracia de SEIU se ha negado conscientemente a movilizar a sus trabajadores para llevar a cabo cualquier acción laboral seria que enfrente esta crisis.

En cambio, el SEIU ha organizado protestas simbólicas en colaboración con el Partido Demócrata, con el objetivo de desviar la creciente oposición promoviendo ilusiones en la política sin salida de presionar a los demócratas para que defiendan a la clase obrera.

La defensa de los inmigrantes es, en esencia e inevitablemente, una cuestión de clase. Los ataques actuales serán ampliados y utilizados contra todos los sectores de la clase trabajadora que resistan la dictadura del capital. La negativa de los sindicatos y del Partido Demócrata a oponerse realmente a estas redadas no es un error, sino un reflejo de sus intereses de clase.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2025)