Esta semana, el Congreso brasileño comenzó a discutir una Propuesta de Enmienda a la Constitución sobre Seguridad Pública redactada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). De ser aprobada por una mayoría calificada de dos tercios, implicará una significativa concentración del poder policial a nivel nacional.

El proyecto de ley prevé la integración y coordinación de las Policías Civil y Militar y las Guardias Municipales entre el gobierno federal, los estados y los municipios a través del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), ampliando el papel del gobierno federal en la elaboración de políticas y en el combate al crimen organizado. También amplía los poderes de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y las Guardias Municipales, y eleva el financiamiento de la seguridad nacional al nivel constitucional para garantizar recursos específicos.

Haciendo eco de la retórica de políticos de ultraderecha que abogan por una política de “tolerancia cero” incluso para delitos menores, Lula declaró en marzo: “No vamos a permitir que los delincuentes se apoderen de nuestro país. No vamos a permitir que se cree una ‘república de ladrones de celulares’ que empiece a asustar a la gente en la calle”. Añadió: “Por eso estamos presentando una Enmienda Constitucional de Seguridad para que podamos decir que el Estado es más fuerte que los criminales”.

La administración de Lula también ve la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) como una forma de responder a la creciente preocupación de la población brasileña frente a la violencia, expresión de la creciente desigualdad social en el país, para la cual el gobierno capitalista del PT no tiene solución. Una encuesta de Quaest realizada en abril mostró que el 29 por ciento de los brasileños señala la violencia como su principal preocupación. En octubre de 2024, esta cifra era del 16 por ciento.

Numerosos expertos en seguridad pública han criticado el carácter violento y reaccionario del proyecto de ley del gobierno de Lula. Gabriel Feltran, profesor de sociología de la Universidad Federal de São Carlos, advirtió a comienzos de este año en una entrevista con el Instituto Humanitas Unisinos que el proyecto refuerza “nuestro modelo de seguridad pública, que está militarizado… produce una guerra militar contra el crimen, produce una tasa muy alta de letalidad policial”. Feltran llamó particularmente la atención sobre el hecho de que el texto “convierte a la Policía Federal de Carreteras en la policía federal ostensiva, que recibiría muchos más recursos de ahora en adelante y se convertiría en una policía militar federal”.

A pesar de su carácter reaccionario, la tramitación del proyecto ha estado marcada por disputas entre el gobierno federal y políticos aliados del expresidente fascista Jair Bolsonaro. El gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), declaró en noviembre: “[El proyecto de ley] es inaceptable, es una usurpación de poder, es una invasión de una prerrogativa que ya nos está garantizada a nosotros, los gobernadores.”

El gobierno del PT respondió a esas críticas de “usurpación de poder” desde los estados haciendo concesiones significativas a la ultraderecha. En enero, el gobierno enmendó la propuesta, manteniendo el poder de los estados para legislar en “normas generales de seguridad pública, defensa social y sistema penitenciario”. Pero estos cambios no redujeron la resistencia de la oposición política fascistizante.

Las disputas en torno al proyecto de ley tienen también un componente claramente electoral. Caiado y otros gobernadores, como Tarcísio de Freitas en São Paulo, están preocupados por perder una base electoral crucial entre las fuerzas de seguridad a poco más de un año de las elecciones de 2026. Ambos se posicionan como alternativas presidenciales de ultraderecha frente a Bolsonaro, quien está inhabilitado para postularse, y compiten por los votos del expresidente.

Sobre todo, las fuerzas fascistas ven la campaña de Lula para fortalecer el aparato represivo como una apropiación de una bandera política que les pertenece.

Caiado, Tarcísio y otras figuras en el entorno bolsonarista se inspiran abiertamente en la política fascista del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bajo el pretexto de combatir las pandillas criminales, Bukele ha promovido un aumento brutal de la represión y el encarcelamiento masivo de la población, sin debido proceso, en campos de detención que violan los derechos humanos más básicos. Sus medidas de Estado policial han servido como plataforma para subvertir el régimen constitucional y avanzar hacia el establecimiento de una dictadura presidencial en El Salvador.

Los enfrentamientos en torno al proyecto de Seguridad Pública se producen en medio de la publicación del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, dado a conocer en julio, que revela una situación de violencia comparable a la de países en guerra. En 2024, Brasil registró 44.127 muertes violentas intencionales, de las cuales 6.243 fueron causadas por fuerzas policiales, una cifra unas cinco veces superior a la registrada en EE. UU. Si bien el número total de muertes violentas disminuyó un 31 por ciento entre 2017 y 2024, las muertes causadas por la policía aumentaron un 21 por ciento durante el mismo período.

En São Paulo, la letalidad policial aumentó un asombroso 61 por ciento entre 2023 y 2024, pasando de 504 a 813 muertes. El año pasado, la Policía Militar comandada por el gobernador Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro, fue responsable de una de las operaciones policiales más sangrientas de los últimos años en Brasil.

Freitas utilizó la muerte de un agente de fuerzas especiales, ocurrida el 27 de julio de 2023 en Guarujá, como pretexto para iniciar una matanza en la Baixada Santista, la zona costera más cercana a la capital estatal, São Paulo.

La primera fase, llamada Operación Escudo, fue lanzada un día después de la muerte del agente y concluyó oficialmente con el fin de la Operación Verano en abril de 2024. La brutalidad de la operación, que resultó en 56 muertes, fue denunciada por el defensor del Pueblo del Estado de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, quien explicó a Agência Brasil: “Entre los muertos había personas con discapacidad, personas que usaban muletas, personas ciegas y una madre de seis hijos”.

Sin embargo, la Policía Militar de São Paulo no es la más letal del país. Según el Anuario, los asesinatos policiales en Bahía, un estado del noreste gobernado por el PT desde 2007, casi duplican a los de São Paulo, alcanzando los 1.556 el año pasado. Según un informe publicado en julio por Intercept, como resultado de políticas como el infame “Premio al Desempeño Policial”, que otorga recursos a batallones según su actuación y favorece a unidades especiales con historial de alta letalidad, “la proporción de muertes causadas por policías se ha triplicado desde 2014, pasando del 5 por ciento a más del 25 por ciento en 2023”.

Lo que ocurre en Bahía es el resultado de un largo proceso de intensificación de la represión supervisado por los gobiernos federales y estatales del PT. Durante sus primeros mandatos (2003-2010), Lula libró una “guerra contra las drogas” que provocó una explosión de la población carcelaria en Brasil. Actualmente, es la tercera más grande del mundo. Durante el gobierno de la presidenta del PT Dilma Rousseff (2011-2016), se aprobaron leyes sobre organizaciones criminales y terrorismo que fueron utilizadas para procesar a manifestantes políticos y desplegar al ejército para reprimir protestas sociales.

En Ceará, estado del noreste gobernado durante una década por el PT, en octubre de 2023 la Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentó una solicitud oficial para destituir a Luís Mauro Albuquerque Araújo del cargo de secretario de Administración Penitenciaria y Resocialización. La asociación justificó su pedido denunciando “las ilegalidades y abusos de las medidas adoptadas en las unidades penitenciarias del estado”, que incluyen malos tratos y torturas a prisioneros. Sin embargo, el gobernador Elmano de Freitas defendió sus acciones y lo mantuvo en el cargo.

La denuncia de la OAB no resulta sorpresiva. En 2018, un año antes de que Albuquerque Araújo asumiera en Ceará, las torturas en cárceles bajo su mando en el estado de Rio Grande do Norte ya habían sido comparadas por una agencia del Ministerio de Justicia con “crímenes cometidos por tropas estadounidenses” en Abu Ghraib, Irak.

En Río de Janeiro, el alcalde de Maricá (RJ) y uno de los vicepresidentes del PT, Washington Quaquá, ha estado trabajando en el área de seguridad pública en estrecho contacto con el gobernador de dicho estado, Claudio Castro, un aliado cercano de Bolsonaro. A principios de abril, Quaquá declaró que pretende armar a la Guardia Municipal y crear un grupo especial para combatir el crimen organizado. Repitiendo la retórica de los fascistas brasileños, Quaquá afirmó que “los criminales en Maricá no tendrán ninguna oportunidad” y que “van a ir a la tumba”.

La postura de Quaquá es aún más alarmante considerando que el gobernador Castro supervisó una masacre brutal en 2021 en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la capital de Río de Janeiro. En ese operativo, la Policía Civil asesinó a 27 personas, 11 de las cuales no tenían antecedentes penales, y solo se cumplieron tres órdenes de arresto de las 21 utilizadas como pretexto para la incursión. En 2022, Castro calificó a las víctimas como “vagos”.

La creciente alineación del PT con la defensa de la violencia policial en términos anteriormente restringidos a los fascistas declarados es una manifestación del giro a la derecha de todo el establishment capitalista brasileño. Este giro incluye a los satélites pseudoizquierdistas del PT, cuyo principal representante es el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Encubriendo cada paso reaccionario del gobierno del PT, el PSOL se encargó de fabricar argumentos para presentar el proyecto de Seguridad Pública de Lula como una medida progresista. El día de su aprobación por la comisión legislativa, la diputada estatal Talíria Petrone del PSOL en Río de Janeiro elogió la PEC, afirmando que “Brasil necesita procedimientos estandarizados, el uso de cámaras corporales y límites al uso de la fuerza”. El diputado estatal Pastor Henrique Vieira, del mismo partido, defendió las oficinas de defensoría del pueblo previstas en la propuesta, pidiendo únicamente mayor precisión en la definición de “defensoría” y “asuntos internos”.

Como explicó el Grupo Socialista por la Igualdad (GSI) después de las últimas elecciones municipales en Brasil, que marcaron un salto en la adopción consciente por parte del PT y el PSOL de las banderas políticas de la ultraderecha:

[A]l promover la agenda común de la burguesía de austeridad y represión contra la clase trabajadora bajo la falsa bandera de la “unidad por la democracia”, el PT y los pseudoizquierdistas están abriendo vías políticas para que la ultraderecha capitalice el descontento de masas con las condiciones existentes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2025)