Desde el 11 de julio, la policía antidisturbios ha estado despejando las carreteras bloqueadas por mineros artesanales e informales peruanos, quienes exigen la derogación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2025. Afirman que ha impuesto trabas burocráticas que impiden el registro legal, obligando a muchos a operar al margen de la ley.

Los violentos enfrentamientos han dejado al menos una persona muerta y numerosos heridos. Tras una semana de protestas frente al Congreso, los mineros artesanales e informales fueron reprimidos con violencia por la policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos de la avenida Abancay de Lima. Posteriormente, la policía cerró la avenida. Los mineros se han reubicado desde entonces en el Parque Universitario, a 800 metros de distancia, mientras continúan su protesta con pancartas.

Los bloqueos viales, que comenzaron el 4 de julio, han afectado importantes carreteras en los departamentos de La Libertad, Ica, Arequipa, Cuzco y Ayacucho, con más de 300 vehículos varados en Arequipa y alrededor de 2.000 autobuses atascados cerca de Nazca (Ica). Los manifestantes han utilizado neumáticos y piedras incendiadas para bloquear el tráfico, lo que ha provocado heridos, incluyendo a un niño y un hombre con heridas faciales.

Más de mil turistas cancelaron sus vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos precolombinos grabados en la arena del desierto, y una madre con sus hijos tuvo que caminar durante horas para continuar su viaje a Talara, ubicada en el extremo norte de Perú, pagando 300 soles. Un trágico incidente ocurrió el 8 de julio cuando un camionero se cayó por un precipicio al intentar sortear los bloqueos.

Las empresas de transporte interprovincial de Lima suspendieron sus servicios a las regiones afectadas, y los precios de algunos productos alimenticios aumentaron entre un 30 por ciento y un 60 por ciento debido a la incertidumbre en el suministro.

El enfrentamiento más violento con la policía ocurrió en Chala, Arequipa, donde los mineros inicialmente los dispersaron lanzandoles piedras y palos. Tras reagruparse, la policía despejó la carretera Panamericana Sur con gases lacrimógenos y balas de goma. Trágicamente, Alexander Checa, un civil de 27 años, murió a causa de disparos policiales.

Esta semana, el gobierno anunció un diálogo de 60 días con la esperanza de poner fin a los bloqueos de carreteras. La República informa que, a pesar de las declaraciones de buena voluntad de ambas partes, no se vislumbra un consenso.

La minería artesanal implica trabajo manual con herramientas básicas, a menudo en zonas empobrecidas. El trabajo informal elude algunos requisitos legales sin infringir las leyes, mientras que el trabajo ilegal opera al margen de la ley.

La minería de oro es vital para la economía peruana y representa el 32 por ciento de las exportaciones minerales del país. En 2024, las operaciones mineras formales representaron US$8.500 millones en exportaciones de oro (60 por ciento), mientras que la minería informal, artesanal e ilegal en conjunto representó US$6.800 millones (40 por ciento), principalmente provenientes de operaciones mineras ilegales.

A nivel nacional, casi 300.000 personas participan directa o indirectamente en el sector de la minería ilegal, artesanal e informal de oro. Las operaciones mineras ilegales de mayor envergadura suelen involucrar a redes criminales que evaden las regulaciones gubernamentales y utilizan la violencia para proteger sus intereses. Particularmente en Madre de Dios, un departamento remoto en la cuenca amazónica del sureste de Perú con extensos ríos ricos en oro, las zonas se han convertido en tierra de nadie, donde la minería no regulada ha causado graves daños ecológicos, contaminando los ríos con mercurio y otros materiales tóxicos. Los líderes indígenas denuncian que los grupos criminales secuestran a niños para trabajarlos y explotan a las niñas para la prostitución.

Los ingresos de los mineros artesanales/informales varían considerablemente, estimándose entre US$800 (2850 soles) mensuales y US$1200 (4250 soles), aproximadamente el salario de un obrero cualificado de la construcción. Los mineros informales trabajan sin ningún tipo de seguro médico ni de otro tipo.

Tras el fracaso de la prórroga del programa REINFO y el rechazo de la ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), una propuesta de última hora que beneficiaría únicamente a 86.000 mineros artesanales, la presidenta Dina Boluarte afirmó que «solo hay mineros ilegales en las calles» y afirmó falsamente que los manifestantes no buscan la legalización.

La criminalización de las protestas de los mineros artesanales forma parte de la agenda represiva más amplia de Boluarte, que la alinea cada vez más con líderes de extrema derecha, como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. Si bien invoca las bandas criminales y las preocupaciones ambientales para justificar la represión, las operaciones de extracción de oro dirigidas por bandas criminales gozan de la protección de poderosos funcionarios y la policía. Máximo Franco, presidente de la Confederación Minera (Confemin), declaró que «el gobierno ha tomado una medida que no comprende la realidad de los mineros artesanales».

Como de costumbre, el gobierno mostró una doble cara. El primer ministro Eduardo Arana hizo un llamado al diálogo, al mismo tiempo que amenazó con que 'no se permitirá que la protesta afecte el transporte aéreo ni el comercio en el país'. Seiscientos soldados ya habían sido desplegados en zonas de conflicto.

La situación pone de relieve el complejo panorama político de Perú, donde la minería representa casi dos tercios (63,9 por ciento) de las exportaciones del país, valoradas en US$75.900 millones. Si bien Perú es el tercer mayor exportador de cobre a nivel mundial y el mayor productor de oro de Sudamérica, el programa REINFO solo había registrado a unos 1.100 mineros para junio de 2025, lo que representa el 2 por ciento del total de solicitantes. El sector minero formal empleaba a más de 254,000 personas en abril de 2025.

El programa REINFO presenta numerosos obstáculos para los mineros, desde la imposibilidad de obtener contratos con los propietarios de tierras hasta la falta de regulaciones claras sobre minería a cielo abierto y gestión ambiental, y la dificultad de los mineros en zonas remotas para obtener la autorización del Ministerio de Energía y Minas en Lima.

A la complejidad de la situación se suma el alto nivel de desigualdad en Perú, especialmente en educación. Muchos mineros artesanales e informales son antiguos campesinos que buscan mejores ingresos en la minería y carecen de la educación necesaria para cumplir con las regulaciones de REINFO. Por lo tanto, en última instancia, REINFO actúa como un obstáculo.

La situación actual beneficia a los mineros formales y a las importantes inversiones realizadas por corporaciones multinacionales. Al mismo tiempo, empuja a los mineros artesanales e informales, que no cumplen con las cualificaciones requeridas, a la minería ilegal. Ante la creciente frustración entre estos mineros, decidieron actuar.

El intento fallido de aprobar la ley MAPE pone de manifiesto la incapacidad de la burguesía peruana para gobernar democráticamente y su temor a un levantamiento nacional, lo que la lleva a recurrir a la policía y el ejército para reprimir las protestas mineras.

La solidaridad con la difícil situación de los mineros es generalizada, como lo fue con las huelgas del transporte contra las mafias extorsionadoras y los asesinatos de conductores y otros trabajadores, y las condiciones son cada vez más favorables para una huelga general nacional. Sin embargo, en ambos casos, las protestas han incluido la ilusión de que se puede presionar al gobierno para que actúe en beneficio de los trabajadores, lo cual es falso. El Estado representa los intereses de la clase dominante, que incluye a las grandes empresas mineras. Históricamente, el gobierno ha ignorado las necesidades de los campesinos pobres y los pequeños mineros, especialmente de los que viven en los Andes del Sur y la selva.

El presidente Boluarte es una de las figuras políticas más impopulares del Perú, y con razón. Recientemente, aumentó su salario de 15.600 a 35.568 soles mensuales (US$10.020), a pesar de que el 27,6 por ciento de la población vive en pobreza: alrededor de 9,4 millones de personas. Una familia de cuatro miembros con bajos ingresos sobrevive con tan solo 1.784 soles (US$502) al mes, lo que significa que Boluarte gana lo mismo que 20 familias similares.

Mientras los mineros bloqueaban carreteras, los ciudadanos protestaron por su aumento salarial durante la inauguración de la escuela “9 de Julio” en Junín. En respuesta, Boluarte criticó a los mineros sin proponer soluciones, alegando que los manifestantes no buscaban la formalización, sino operar al margen de la ley.

Cuando Boluarte llegó a Iquitos para la clausura del VIII Consejo Regional del Estado, casi mil obreros de la construcción de la CGTP la confrontaron, expresando su descontento y sus quejas pendientes. Se produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil, que dejó dos heridos por balas de goma. El legado de Boluarte incluye la muerte de 50 personas durante las protestas en los Andes del Sur, de habla quechua, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que derrocó al presidente Pedro Castillo. Su política de 'tirar a matar' provocó la muerte de manifestantes principalmente jóvenes. Las familias de quienes murieron bajo sus órdenes se encuentran ahora entre los mineros acampados en Lima.

Criminalizar a los mineros solo aumentará el resentimiento hacia el Estado burgués. '¡Dina, asesina!' fue una de las pancartas más destacadas durante las huelgas de los transportistas. Otro lema popular fue '¡Que se vayan todos!', en referencia a los tres poderes del Estado, considerados intereses corruptos de la oligarquía gobernante y el capital extranjero.

La pregunta central sigue siendo: si 'se van todos', ¿quién los reemplazará? Los mineros artesanales e informales, como parte de la clase trabajadora, necesitan un liderazgo que no los subordine a las maquinaciones del Congreso y el Ejecutivo.

La Cámara de Comercio de Lima estima que los bloqueos viales causan pérdidas diarias de 622 millones de soles (US$175 millones). El cobre representa el 28 por ciento de las exportaciones totales, con un promedio de US$56,6 millones diarios, menos de un tercio de las pérdidas causadas por los bloqueos.

Calificar los 622 millones de soles como pérdidas refleja una práctica contable burguesa. En realidad, representa el valor diario generado por la clase trabajadora, lo que resalta el poder económico de los trabajadores y el potencial de un gobierno obrero para reorganizar la economía mediante una planificación científica y sobre bases socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de julio 2025)