En una decisión con implicaciones de gran alcance para los derechos democráticos y la educación pública, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el lunes que la Administración de Trump proceda con despidos masivos en el Departamento de Educación.

En una votación de 6-3, el tribunal anuló un fallo del 22 de mayo del juez distrital estadounidense Myong Joun en Massachusetts que había bloqueado temporalmente los despidos.

La orden de emergencia, que no fue firmada ni incluyó argumentos o explicaciones, permite a Trump despedir a 1.400 trabajadores del departamento, acelerando el objetivo de larga data de su Gobierno de desmantelar la agencia establecida por el Congreso en 1979.

El Departamento de Educación de EE.UU. supervisa una amplia gama de programas que atienden las necesidades de 70 millones de estudiantes. Cada año proporciona más de 120.000 millones de dólares en ayudas financieras a más de 13 millones de estudiantes de todo el país. Solo en el curso escolar 2020-2021, distribuyó más de 100.000 millones de dólares directamente a las escuelas públicas, lo que equivale aproximadamente al 11 por ciento de toda la financiación de las primarias y secundarias públicas en todo el país.

Más allá de la cuestión inmediata de la educación pública, el fallo del lunes marca otra importante expansión del poder ejecutivo por parte de la Corte Suprema, autorizando el impulso de Trump para establecer una dictadura presidencial. En una disidencia de 19 páginas, la jueza Sonia Sotomayor –a la que se unieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— citó la promesa de larga data de Trump de eliminar el Departamento de Educación, señalando que hacerlo es inconstitucional, ya que solo el Congreso tiene la autoridad para crear o abolir departamentos federales.

Sotomayor advirtió que la decisión del Tribunal otorga al presidente un poder irrestricto para anular leyes promulgadas por el Congreso. “Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego ejecuta esa promesa”, escribió, “es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”. La sentencia, prosiguió, “otorga al Ejecutivo el poder de derogar leyes despidiendo a todos aquellos que sean necesarios para llevarlas a cabo”, y añadió que “la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”.

La sentencia del alto tribunal hace caso omiso de las protecciones estatutarias promulgadas por el Congreso contra la reorganización ejecutiva de los departamentos federales, viola el requisito constitucional de que el presidente “vele por la fiel ejecución de las leyes” y socava legislación clave, como la Ley de Educación Primaria y Secundaria, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación de Personas con Discapacidad.

La última sentencia forma parte de una serie de decisiones de la banda de fascistas que controla el tribunal destinadas a desmantelar derechos democráticos fundamentales. En julio de 2024, el tribunal respaldó el reclamo de Trump de “inmunidad penal absoluta” por las acciones tomadas bajo sus “poderes constitucionales”. En abril de 2025, evisceró aún más la supervisión judicial y el debido proceso al confirmar las deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En el caso Trump vs. CASA de junio de 2025, la Corte Suprema despojó a los tribunales federales de la autoridad para dictar medidas cautelares a escala nacional contra las acciones inconstitucionales del Gobierno, incluida la campaña de Trump para abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda.

La decisión de esta semana, que llega tras el fallo de la semana pasada que permitía el despido masivo de trabajadores federales, expone claramente el carácter de clase del giro hacia la dictadura: el desmantelamiento de las protecciones democráticas básicas para hacer valer los intereses de la oligarquía financiera.

La existencia y expansión de la educación pública en Estados Unidos es el producto de la Revolución estadounidense, la Guerra Civil, el impacto global de la Revolución rusa de 1917, el movimiento por los derechos civiles y las batallas obreras masivas del siglo XX. Los derechos democráticos y sociales no se concedieron desde arriba, sino que se conquistaron mediante la lucha frente a la feroz resistencia de la clase dominante capitalista.

El desmantelamiento de la educación pública es un elemento clave de la contrarrevolución social bipartidista llevada a cabo durante décadas tanto por demócratas como por republicanos. Bajo Trump, este asalto ha entrado en una nueva etapa mucho más avanzada.

Trump ha convertido a los estudiantes, las universidades y la cultura en general en un blanco fundamental. Se han recortado miles de millones de las subvenciones federales que apoyan las ciencias, las artes y los estudios sociales. El proyecto de ley de gastos firmado por Trump a principios de este mes, que recorta Medicaid y la asistencia alimentaria, también recorta 300.000 millones de dólares en ayudas federales a estudiantes durante la próxima década.

Impone calendarios de amortización draconianos, deniega préstamos a miles de futuros estudiantes e impone nuevos impuestos a las universidades.

La decisión de la Corte Suprema allana el camino para intensificar el asalto a todos los niveles de la educación pública y el saqueo de sus recursos por la oligarquía financiera mediante la privatización. Su objetivo es hacer que la clase trabajadora no pueda acceder a una educación significativa. La exposición a las culturas del mundo, la historia, las artes y la ciencia debe ser destripada y sustituida por una estrecha formación profesional. La clase dominante busca canalizar a la juventud por dos vías: la brutal reindustrialización de EEUU en casa y el servicio militar en las guerras depredadoras del imperialismo estadounidense en el extranjero.

Aunque Trump lidera este asalto, está totalmente respaldado por todo el establishment político. Los demócratas no están haciendo nada para oponerse al desmantelamiento de los programas sociales porque lo apoyan. En ciudades de todo el país, los propios alcaldes demócratas están aplicando recortes radicales a los servicios sociales y la educación pública.

Su oposición a Trump no se basa en ninguna defensa de principios de los derechos democráticos o sociales, sino que se centra en diferencias tácticas sobre política exterior, sobre todo, la guerra contra Rusia. Los demócratas han celebrado la decisión de la Casa Blanca de reanudar los envíos de armas a Ucrania.

El fallo de la Corte Suprema también expone la bancarrota de las afirmaciones de los sindicatos de que Trump y la oligarquía financiera que representa pueden ser frenados a través de los tribunales. En respuesta al fallo, el sindicato American Federation of Teachers (AFT) emitió una declaración superficial advirtiendo que “los niños se verían especialmente perjudicados”, e insistiendo en que el sindicato “nunca dejaría de luchar”.

De hecho, el aparato sindical nunca “empezó a luchar”. La AFT y el National Education Association (NEA) han bloqueado sistemáticamente la movilización de educadores, estudiantes y trabajadores contra el desmantelamiento de la educación pública. En su lugar, ofrecieron falsas garantías de que los desafíos judiciales y las apelaciones a los políticos demócratas prevalecerían de alguna manera.

A los profesores se les dijo que participaran en “días de presión” simbólicos y en “manifestaciones”, que se pusieran camisetas rojas y que esperaran pasivamente mientras les arrebataban sus derechos. Hay que abandonar cualquier ilusión que quede en organizaciones dirigidas por enemigos probados de la clase trabajadora, como la presidenta de la AFT, Randi Weingarten.

El Partido Socialista por la Igualdad insta a los educadores, estudiantes, padres y a todos los trabajadores a crear comités de base en cada escuela, lugar de trabajo y barrio como parte de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB). Estos comités deben unir a todos los sectores de la clase obrera en una decidida contraofensiva contra la contrarrevolución social que está llevando a cabo la oligarquía financiera.

La defensa de la educación pública no puede dejarse en manos de los tribunales, los demócratas ni el aparato sindical. Requiere un movimiento masivo e independiente de la clase obrera. El derecho a la educación, junto con cualquier otro derecho democrático y social, incluyendo la salud, la vivienda, el empleo seguro y un planeta habitable, depende de poner fin a la dominación de la sociedad por una élite gobernante parasitaria.

Esto significa luchar para expropiar la riqueza de los oligarcas, desmantelar su dictadura y reorganizar la sociedad sobre la base del socialismo: el control democrático de la economía por la clase trabajadora en interés de las necesidades humanas, no del lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de junio de 2025)