El domingo 13 de julio, un trabajador de 19 años murió en un fatal accidente laboral en la planta de alimentos congelados Tina’s Burritos en Vernon, California, a las afueras de Los Ángeles. El adolescente, cuyo nombre aún no ha sido revelado, formaba parte del equipo de limpieza nocturno encargado de desinfectar el equipo industrial tras el último turno del día.

Según los primeros informes, el joven se encontraba limpiando una trituradora de carne y preparándola para la producción del día siguiente cuando la máquina se encendió repentinamente. Sus compañeros escucharon sus gritos, pero no pudieron detener el aparato ni sacarlo antes de que fuera aplastado fatalmente.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, el joven ya había fallecido. La escena era de horror y trauma, con trabajadores visiblemente conmocionados reunidos fuera de la planta. Tina’s Burritos —una marca económica de alimentos congelados que comercializa sus productos con el eslogan “Made in California”— no ha emitido ninguna declaración pública sobre la muerte de su empleado.

El departamento de policía de Vernon clasificó de inmediato la muerte como un “accidente industrial”, incluso antes de que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) iniciara una investigación formal.

Existen muchas preguntas que deben responderse sobre cómo y por qué este joven trabajador perdió la vida. Llamarlo “accidente” sólo sirve para ocultar la brutal realidad que existe en las fábricas y centros de trabajo de Estados Unidos. En realidad, se trata de una consecuencia totalmente predecible y evitable de un sistema impulsado por las ganancias que considera prescindibles las vidas de los trabajadores.

En cualquier sociedad que respetara normas mínimas de seguridad, sería físicamente imposible que maquinaria peligrosa siguiera operativa mientras se realizan tareas de limpieza o mantenimiento. Sin embargo, los procedimientos LOTO (bloqueo/etiquetado), un requisito estándar para asegurar que el equipo industrial esté completamente apagado e incapaz de reiniciarse, son ignorados sistemáticamente por las empresas.

La investigación en curso iniciada por la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (IWA-RFC, por sus siglas en inglés) sobre la muerte del trabajador de Stellantis Ronald Adams Sr. ya ha revelado que tales violaciones son generalizadas en todo el país. Los trabajadores limpian, reparan y dan mantenimiento rutinariamente a maquinaria peligrosa sin ninguna protección, arriesgando sus vidas en cada turno. Las violaciones de los procedimientos LOTO ocurren cada hora en cada ciudad de Estados Unidos. No se trata de tragedias raras ni accidentes. Son crímenes producidos de forma sistemática.

El hecho de que un adolescente fuera enviado a una máquina industrial confinada para limpiarla sin medidas elementales de seguridad es una condena rotunda de las condiciones que enfrentan millones de trabajadores, especialmente los más jóvenes y vulnerables. Estos procedimientos de seguridad básicos se conocen desde hace décadas. El que no se aplicaran indica que la velocidad, el ahorro de costos y el desprecio por la vida humana fueron prioritarios. La ausencia de interruptores de emergencia, sistemas LOTO adecuados o una supervisión operativa básica sugiere no sólo negligencia gerencial, sino todo un sistema económico construido sobre un desprecio criminal por la vida de los trabajadores.

El caso en Tina’s Burritos sigue un patrón similar al de la explosión de fuegos artificiales en Esparto a principios de este mes, que costó la vida a siete trabajadores—muchos de ellos jóvenes con salarios bajos. Ambos incidentes ocurrieron en California, que, a pesar de su enorme riqueza y recursos, sólo está detrás de Texas en número de muertes laborales en Estados Unidos.

Debe exponerse el papel del Partido Demócrata en California. El gobernador Gavin Newsom y los demócratas se presentan falsamente como defensores de las “familias trabajadoras”, pero su historial es de complicidad con la oligarquía empresarial y financiera. California alberga a algunas de las personas y corporaciones más ricas del mundo, sin embargo, sigue siendo uno de los estados más peligrosos para trabajar. El aparato político estatal ha permitido la proliferación de lugares de trabajo inseguros, que los organismos reguladores se pudran y que desaparezca la supervisión, todo en beneficio de los intereses corporativos.

El hecho de que la víctima tuviera 19 años no es incidental. El capitalismo estadounidense considera cada vez más a la juventud trabajadora como carne de cañón. Ya sea enviándolos a morir en guerras imperialistas en el extranjero o triturados por máquinas en fábricas y almacenes dentro del país, sus vidas no valen nada a los ojos de la clase gobernante. La élite dominante no le ofrece ningún futuro a la juventud salvo deuda, servidumbre, explotación y muerte.

El asesinato en Vernon debe entenderse en el contexto del ataque masivo contra la seguridad laboral llevado a cabo por el gobierno de Trump, particularmente en 2025. Cada medida implementada desde enero ha buscado desmantelar el frágil marco regulatorio existente y brindar impunidad total a los empleadores para reducir costos, aumentar cargas de trabajo e ignorar peligros.

A pocas semanas de asumir, la administración Trump congeló todo gasto para la reglamentación de OSHA. Esto incluyó normas esenciales para prevenir enfermedades por calor y protocolos de respuesta a emergencias. El ataque se intensificó con una ofensiva devastadora contra el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), cuyo personal fue reducido en más del 90 por ciento, de 1.400 empleados a menos de 150, junto con un recorte presupuestal del 80 por ciento.

Trump emitió órdenes ejecutivas obligando a las agencias federales a eliminar 10 regulaciones por cada nueva regla que emitan, creando un entorno donde la seguridad del trabajador se considera una molestia burocrática. La supervisión de OSHA se ha derrumbado. El número de inspectores es el más bajo en la historia y la aplicación de leyes ha sido reemplazada por “asistencia para el cumplimiento”.

Incluso la Cláusula del Deber General, que exige a los empleadores mantener los lugares de trabajo libres de peligros conocidos, ha sido efectivamente anulada.

En otro acto de guerra de clases, Trump procedió a desmantelar la Junta de Investigación de Seguridad Química y Peligros, asegurando que futuros desastres—explosiones, fugas tóxicas, muertes por maquinaria—no se investiguen ni sancionen.

Al mismo tiempo, su administración lanzó una campaña para normalizar y expandir el trabajo infantil. Estados gobernados por republicanos en todo el país, envalentonados por el regreso de Trump, han desmantelado leyes de protección infantil y legalizado el empleo de menores en industrias peligrosas. El objetivo es preparar a los jóvenes trabajadores para vidas de explotación brutal. La muerte de un conserje de 19 años en una planta procesadora de carne no es una aberración. Es un adelanto de lo que prepara este sistema.

El organismo regulador de California, Cal/OSHA, también ha sido reducido a su mínima expresión. Muchas instalaciones peligrosas o de bajo perfil pueden pasar años sin ser inspeccionadas, a menos que haya una denuncia formal o un accidente grave, lo que aumenta el riesgo de lesiones prevenibles. Se han expuesto vacíos graves en la identificación proactiva de peligros, especialmente en industrias emergentes, empresas pequeñas o sectores con alta proporción de trabajadores inmigrantes o temporales que dudan en presentar denuncias.

Según un exinspector de cumplimiento de Cal/OSHA, la agencia ha sido “castrada”, privada deliberadamente de poder. Exejecutivos petroleros ahora ocupan altos cargos en la agencia, regulando las mismas industrias de las que antes lucraban. Directores de Cal/OSHA, según informes, han dicho a los inspectores que no impongan violaciones intencionales ni multas superiores a 100.000 dólares “a menos que haya cuerpos o partes de cuerpos en el suelo”.

Además, existe una campaña sistemática de intimidación y silenciamiento para impedir que los trabajadores expongan estas condiciones. En el caso de Ronald Adams, varios trabajadores han sido amenazados y se les ha ordenado “mantener la boca cerrada”.

No se trata de un caso aislado. Salima Jandali, una trabajadora en JBS USA —la mayor empacadora de carne del mundo— informó que la gerencia la presionó para falsificar registros de seguridad. Los trabajadores, dijo, “perdían dedos y extremidades de forma regular” debido a la falta de capacitación y negligencia deliberada.

Este muro de silencio se aplica especialmente contra los trabajadores inmigrantes, quienes son de los más explotados y vulnerables. Estos trabajadores son ubicados en los puestos más peligrosos y luego amenazados con la deportación o el despido si se atreven a hablar.

Tina’s Burritos es una planta no sindicalizada. Pero la existencia de un sindicato no habría cambiado fundamentalmente el desenlace. La AFL-CIO y sus sindicatos afiliados se han convertido en herramientas de la patronal, trabajando no para proteger a los trabajadores, sino para suprimir luchas y defender las ganancias.

El presidente del sindicato United Auto Workers, Shawn Fain, y el aparato del UAW han respondido a la muerte del trabajador de Stellantis Ronald Adams Sr. coludiéndose con la gerencia para ocultar su responsabilidad compartida sobre las condiciones mortales en la planta. Fue la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (IWA-RFC) la que asumió la tarea de exigir una investigación independiente a cargo de los propios trabajadores.

El sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) supuestamente “representa” a los trabajadores de la planta empacadora de carne de JBS en Greeley, Colorado, donde los trabajadores sufren regularmente amputaciones y otras heridas. Las burocracias sindicales —ya sea en el UAW, Teamsters, UFCW u otras— sirven a las corporaciones y al Estado. No moverán un dedo para detener estas muertes porque son cómplices del mismo sistema que las produce.

La muerte de este joven de 19 años no debe quedar silenciada. Llamamos a los trabajadores de Tina’s Burritos, del corredor industrial de Vernon y de todo el país a que inicien la lucha por la construcción de comités de base, que empoderen a los trabajadores de planta y organicen acciones colectivas para defender sus vidas e imponer estándares estrictos de seguridad. Estos comités deben iniciar una investigación independiente sobre la muerte del joven trabajador en Tina’s Burritos.

Solo mediante la reorganización socialista de la sociedad—sobre la base de la propiedad pública de las industrias y una producción centrada en las necesidades humanas, no en las ganancias privadas—puede la clase trabajadora poner fin de una vez por todas a estas atrocidades.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de julio de 2025)