La primera parte de este artículo puede leerse aquí.
En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2021, la gama de partidos de oposición, incluyendo el despreciado bloque tradicional de centroizquierda que fue aniquilado en la primera vuelta, se unieron para impulsar el voto a Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, como única vía para frenar a la extrema derecha y sus llamados al autoritarismo.
Esta señal de alarma y la movilización en torno a Boric fueron resumidas por El Clarín:
Una izquierda unida es necesaria para que Boric llegue a la presidencia y, posteriormente, gobierne el país. Porque acabar con el neoliberalismo requiere desafiar a fuerzas poderosas: grupos económicos nacionales e internacionales, economistas neoliberales, el duopolio mediático y la derecha tradicional. No será fácil reestructurar el aparato represivo ni acabar con la corrupción en el ejército y la policía… Sin embargo, las disputas dentro de Apruebo Dignidad y, eventualmente, con otros sectores más radicales podrían facilitar la victoria de la derecha y evitar la muerte del neoliberalismo.
El Clarín fue el periódico alineado con la Unidad Popular, el gobierno de coalición de Salvador Allende. Entre 1970 y 1973, tuvo una circulación diaria de hasta 350.000 ejemplares y un número de lectores mucho mayor. Esta línea similar sirvió entonces para desarmar políticamente a la clase trabajadora, afirmando que no podría ser derrotada si permanecía subordinada a la 'izquierda unida'.
Sin embargo, la 'izquierda unida' chilena, aglutinada dentro y en la periferia del gobierno de la Unidad Popular —los partidos Comunista y Socialista, las burocracias sindicales, la Izquierda Cristiana, el MAPU y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria—, era, de hecho, hostil al desarrollo de una estrategia socialista revolucionaria dentro de la clase trabajadora.
El estalinismo, la socialdemocracia y sus satélites centristas, como agentes primarios y secundarios del capitalismo dentro del movimiento obrero, temían la movilización independiente de la clase obrera más que la amenaza del fascismo. Demostraron su compromiso con el estado capitalista chileno desplegando al ejército y la policía para aplastar las iniciativas de la clase obrera, especialmente las acciones de base y los comités de defensa formados para combatir el cierre patronal, la violencia fascista y la evidente preparación para un golpe militar exitoso tras el fallido intento de Tanquetazo de junio de 1973.
El Clarín y sus similares siguen la misma línea hoy, a pesar del transcurso de cinco décadas y la evidente transformación de la izquierda chilena en partidos abiertamente burgueses. Mientras tanto, Boric, cuya alianza del Frente Amplio nunca tuvo una base real en la clase obrera, para la segunda vuelta electoral ya había impulsado varias revoluciones hacia la derecha.
Apruebo Dignidad no solo había prometido secretamente puestos gubernamentales para los partidos de centroizquierda, sino que también se comprometió a “dialogar” con la extrema derecha y los fascistas para demostrar a sus amos capitalistas e imperialistas que Boric encabezaría un gobierno que brindara certeza de cambio y estabilidad a nuestro país.
“Tenemos el deber de hablar con todos y de convocar a todos, y en este sentido, (incluso) las grandes empresas deben ser parte de este proceso de transformación”, aseguró Boric.
A medida que se acercaba su toma de posesión, Boric dejó de lado cualquier mención de “enterrar el neoliberalismo” y sus otras frases radicales, adoptando abiertamente una agenda xenófoba, de orden público y antiinmigrante que había permeado el discurso de la administración anterior. Para calmar los temores del capital financiero y los mercados, que habían favorecido al candidato fascista a la presidencia, Boric anunció como su candidato a ministro de Hacienda al monetarista Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile.
Boric utilizó su último discurso de Cuentas Públicas el mes pasado para justificar la trayectoria de Apruebo Dignidad, que ha virado más a la derecha que cualquier otro gobierno desde el retorno al poder civil.
Cabe recordar que Boric prometió defender los derechos humanos y exigir el castigo de los crímenes cometidos por las autoridades. Dirigiéndose al presidente en ejercicio, dijo: “Señor Piñera, ha sido advertido: será procesado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato”.
Su plataforma electoral establecía que Apruebo Dignidad reformaría integralmente a Carabineros, la policía militar responsable de graves abusos contra los derechos humanos, “promovería leyes que reconocieran el derecho a la protesta y derogara leyes represivas, como las que regulan los controles preventivos de identidad, la ley antibarricadas y la Ley de Seguridad del Estado”.
Sin embargo, casi inmediatamente después de llegar al poder, abandonó esta retórica y, con el apoyo de legisladores pseudoizquierdistas y estalinistas, comenzó a sentar las bases para el Estado policial, una agenda históricamente asociada al pinochetismo y a los partidos de derecha.
Boric se jactó en su discurso de Cuenta Pública de que estas medidas de Estado policial son un logro clave de su gobierno.
“La delincuencia y la inseguridad son la principal preocupación de los chilenos. Es un fenómeno mundial del que nuestro país no ha estado exento”, afirmó, sin explicar cómo se había fomentado esta “preocupación”.
pTras las protestas anticapitalistas de 2019, los medios corporativos, predominantemente derechistas, saturaron las ondas con escenarios de pesadilla: ciudades asediadas por la delincuencia y un país que enfrentaba una crisis de seguridad extrema. Asociaron explícitamente esta crisis con la lucha por los derechos democráticos y sociales, vilipendiando las movilizaciones masivas como un estallido de criminalidad.
Las huelgas estudiantiles y las ocupaciones de escuelas contra el deterioro de las infraestructuras y la falta de recursos se calificaron de delincuencia, mientras que los barrios marginales construidos por inmigrantes desesperados y personas sin hogar en terrenos ocupados estaban supuestamente infestados de narcotráfico y bandas criminales.
El propósito deliberado de esta ofensiva mediática, respaldada por la derecha, era intimidar a la juventud y a los trabajadores para que se sometieran, a la vez que agitaban a los sectores más atrasados de la población con demandas xenófobas de expulsión de los migrantes y de mano dura contra la delincuencia. Esto facilitó la aprobación por parte del gobierno de Piñera de leyes que criminalizaban las protestas, como las leyes 'antibarricadas' y 'antisaqueos', y el fortalecimiento del aparato estatal, una agenda que Boric intensificó.
En un entorno tan reaccionario, la delincuencia ha aumentado desde los niveles de la pandemia, impulsada por la pobreza, la desigualdad y la desesperanza.
En la posguerra, socialdemócratas y reformistas promovieron la ilusión de superar gradualmente los brutales excesos del capitalismo elevando el nivel de vida general. Boric, el 'progresista', evitó tales apelaciones e insistió en que su gobierno había 'actuado en consecuencia' en respuesta a una crisis de seguridad. 'Este Congreso aprobó más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas de delincuencia', se jactó Boric durante su discurso de Cuenta Pública, añadiendo que 'estas iniciativas contaban con apoyo bipartidista'.
“Logramos un aumento significativo de recursos para la policía”, dijo al presumir de nuevo equipo letal y mayor dotación de personal para las fuerzas represivas, y un “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria” que permitirá al estado encerrar a 15.000 presos más.
Concluyó su elogio a la seguridad rindiendo homenaje a las infames fuerzas represivas, que detuvieron, torturaron y desaparecieron a decenas de miles de víctimas hace tan solo 50 años: “La seguridad no es una bandera partidista, sino una condición básica para que la sociedad prospere y viva en paz... El sacrificio de los oficiales... es un homenaje a su compromiso diario, a menudo silencioso y siempre en riesgo, para protegernos... son mártires de Chile”.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública es prácticamente el único que recibe financiación ilimitada durante el gobierno de Boric. En 2023, el presupuesto para Carabineros aumentó un 6,2 por ciento con respecto al año anterior, y el presupuesto general para seguridad pública se incrementó en un 40 por ciento, un aumento sin precedentes, lo que elevó el gasto en seguridad pública a su nivel más alto en 35 años, desde el retorno al gobierno civil en 1990.
Según el “Plan Nacional contra el Crimen Organizado” de Boric, anunciado meses después de su gobierno, el personal policial se incrementará gradualmente en un 40 por ciento. Carabineros será equipado con material militar, incluyendo vehículos blindados de transporte de personal Arquus Bastion, helicópteros y drones de vigilancia.
Proyectos de ley autoritarios
Es en los proyectos de ley iniciados por Piñera, impulsados por Boric y aprobados por el Congreso donde se evidencia con mayor claridad la tendencia hacia el estado policial y el autoritarismo.
Si bien se justifican en nombre de la lucha contra la delincuencia, se utilizarán contra la clase trabajadora. Cabe destacar que en Chile, el uso de las leyes de seguridad como arma explícitamente política para intimidar a la oposición popular masiva se remonta a principios del siglo XX, tras la Revolución Rusa y su efecto electrizante en el proletariado internacional.
Las leyes actuales surgen de la crisis extrema que enfrentó el Estado en 2019 y preparan el terreno para la próxima explosión revolucionaria que inevitablemente estallará en Chile a medida que el capitalismo mundial, en declive histórico, adopte abiertamente los métodos del fascismo, la dictadura y la guerra global.
La Ley n.° 21.577, promulgada en junio de 2023, amplía considerablemente las facultades ya existentes para el espionaje. Los organismos de seguridad podrán escuchar, leer la correspondencia privada y vigilar no solo a individuos, sino a grupos enteros de personas mediante los dispositivos de interceptación más modernos. Sus operaciones se mantendrán prácticamente secretas y protegidas de demandas civiles.
En el artículo 218, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) puede exigir a cualquier proveedor de servicios que 'proporcione la información que tenga almacenada relativa al tráfico de llamadas telefónicas, correspondencia o datos de Internet de sus suscriptores', así como los 'datos que tenga sobre sus suscriptores, así como información sobre las direcciones IP utilizadas por estos'.
El artículo 226A permite a los agentes 'utilizar medios tecnológicos para captar, grabar y registrar subrepticiamente imágenes o sonidos en lugares cerrados o de libre acceso al público'.
Los artículos 226N a 226V están dedicados a proteger la identidad de agentes, informantes y testigos protegidos. Las disposiciones del artículo 226 B permiten a un juez rechazar total o parcialmente los registros que le hayan proporcionado y prohibir su contrainterrogatorio.
Esta ley entra en vigor en un contexto en el que las agencias de inteligencia de las fuerzas armadas y la policía han intervenido durante años a periodistas, jueces, abogados de derechos humanos, estudiantes y figuras políticas, y han atacado especialmente a las organizaciones anarquistas. Agentes encubiertos se han infiltrado en grupos comunitarios de la clase trabajadora con fines de poner trampas o para elaborar listas de activistas que serían vigilados.
La Ley n.° 21.542, promulgada en enero de 2023, modifica la Constitución de Pinochet para permitir que las fuerzas armadas protejan la “infraestructura crítica” indispensable para la “generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de servicios e insumos básicos para la población”, como “energía, gas, agua o telecomunicaciones, conexiones viales, aéreas, terrestres, marítimas, portuarias o ferroviarias” y “servicios públicos, como los sistemas de salud o asistencia sanitaria”.
El presidente designa por decreto a un general de las Fuerzas Armadas para comandar la protección de todas las áreas designadas como infraestructura crítica, y las fuerzas armadas tendrán la responsabilidad de salvaguardar el orden público durante noventa períodos de 90 días, prorrogables indefinidamente con la aprobación del Congreso. Esto se ajusta a las doctrinas autoritarias de seguridad nacional que consideran a la población como el enemigo interno.
Según el Código Laboral de 1980, diseñado por el ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, los trabajadores de sectores considerados estratégicos tenían prohibido hacer huelga. Esta medida reaccionaria sigue vigente hasta la fecha. En 2024, los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Trabajo y Defensa se reunieron para reincorporar a 100 empresas de los sectores de servicios de salud, distribución y transmisión de electricidad, distribución de gas, terminales de regasificación de gas natural licuado y transporte de gas natural, excluidas legalmente de la huelga durante la negociación colectiva. También se añadieron a la lista los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, así como el Banco Central y algunas empresas de transporte.
Ahora bien, en caso de una 'amenaza a la seguridad pública interna', por ejemplo, el resurgimiento de la lucha de clases donde los trabajadores inician huelgas o toman instalaciones estratégicas como hicieron en la década de 1970, se enviará a las fuerzas armadas, equipadas con armas letales y amparadas por la ley, para enfrentarla. La ley fue reformada para incluir también las zonas fronterizas, por donde ingresan a Chile refugiados y migrantes económicos desesperados, como áreas que las Fuerzas Armadas protegerán en cooperación con Carabineros.
La Ley 21.560, también conocida como Naín-Retamal o Ley del Gatillo Fácil, se aprobó en tiempo récord en abril de 2023 tras una oleada de asesinatos policiales en circunstancias turbias. Dos aspectos de esta ley ya se han aplicado retroactivamente a casos surgidos en 2019.
El primero es punitivo, aumentando drásticamente las penas para los civiles acusados de presuntamente poner en peligro la vida y la integridad física de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Gendarmería, las Fuerzas Armadas y sus dependientes. El segundo otorga al aparato estatal un estatus privilegiado en los casos en que sus agentes empleen fuerza letal o no letal.
Un total de 36 personas fueron asesinadas por militares y Carabineros durante las protestas de 2019, de más de 11.000 denuncias de violencia institucional, incluyendo mutilaciones, torturas, violaciones y otros abusos. Si bien la mayoría de estas denuncias se han archivado sin castigo ni juicio, las pocas que terminaron en procesamiento y aún menos las que terminaron en penas de prisión fueron demasiado para el alto mando.
La cúpula militar quiere recuperar la impunidad que disfrutaban bajo la Ley de Amnistía de Pinochet. La Ley n.° 21560 es un paso más hacia ese nivel de impunidad.
Los fiscales ahora deben presumir la legítima defensa y el uso racional de la fuerza letal/no letal en los casos en que agentes del Estado causaron muerte, mutilaciones o lesiones en el ejercicio de sus funciones. Además, las instituciones del Estado se investigarán a sí mismas.
Finalmente, el tribunal considerará a un policía acusado como una 'circunstancia atenuante' —incluso cuando se haya recurrido a ' coacción ilícita u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes '— y 'reducirá la pena' en consecuencia (énfasis añadido).
El Reglamento para el Uso de la Fuerza (RUF) se presentó al Congreso en abril de 2023 y la legislación está en su fase final, estableciendo normas jurídicas generales para la policía y las fuerzas armadas que, en apariencia, se ajustan a los principios jurídicos internacionales destinados a proteger a los civiles del uso excesivo de la fuerza.
Según relatores especiales de la ONU y organizaciones de derechos humanos, las enmiendas presentadas por el Senado no solo eliminan las protecciones de los civiles, sino que otorgan al aparato estatal el derecho a usar fuerza excesiva y les otorgan protecciones legales adicionales a las estipuladas en Naín-Retamal. Entre otras medidas reaccionarias, las enmiendas eliminan las restricciones al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, anulan las instrucciones de no disparar armas no letales al torso y la cara, permiten el uso de fuerza letal para proteger la 'infraestructura crítica' en ausencia de cualquier amenaza a la vida y dejan las investigaciones en manos de las instituciones que ejercen la fuerza.
El ministro de Seguridad Pública de Boric, Luis Cordero, aprobó tácitamente muchas de las enmiendas del Senado en una sesión de la Cámara. El proyecto de ley pasará a una comisión conjunta a finales de este año, donde se decidirá su versión final.
La Ley 21.732, o nueva ley antiterrorista, establece nuevas regulaciones que definen y castigan los delitos de terrorismo, reemplazando el marco antiterrorista de la dictadura militar. Lo que no ha sido derogado sino fortalecido con la nueva ley es el artículo 9 de la Constitución de Pinochet de 1980, que impone prohibiciones de 15 años a los responsables de terrorismo para ocupar o postularse a cargos públicos, trabajar como educadores o en cualquier tipo de medio de comunicación u ocupar puestos de liderazgo en asociaciones estudiantiles, sindicatos u otras organizaciones.
El hecho es que toda la Constitución fue formulada conscientemente por las doctrinas más contrarrevolucionarias. Su objetivo explícito es ilegalizar y reprimir la lucha por el socialismo.
La Ley Antiterrorista n.° 18.314 de Pinochet se impuso en 1984 en un período de agitación social que sacudió al régimen hasta sus cimientos. Si bien se impuso con el pretexto de combatir las acciones aventureras y fallidas de las guerrillas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR) que resurgieron durante este período, el verdadero foco de la represión fueron las amplias masas de jóvenes trabajadores y estudiantes radicalizados que se habían movilizado para desafiar al régimen en un contexto similar a la depresión.
La alianza de centroizquierda que salvó al capitalismo chileno al llegar al poder en 1990 utilizó la ley antiterrorista de Pinochet y la igualmente represiva Ley de Seguridad del Estado (LSE) de 1958 para continuar la represión.
Toda la clase política chilena trabajó para establecer la nueva ley antiterrorista. Cabe destacar que fue presentada mediante una moción presentada por la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, junto con un senador del fascistoide Partido Republicano, senadores de la UDI pinochetista y Renovación Nacional, y un independiente de derecha. Se promulgó en febrero de este año tras su aprobación en el Congreso con una rapidez récord y un apoyo casi universal.
La Ley 21.732 fortalece la Constitución de Pinochet, al afirmar categóricamente que los delitos de terrorismo incluyen aquellas acciones dirigidas a “socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático” o “inhibir una decisión de una autoridad estatal democrática”.
Su alcance es extraordinario, y se dirige contra individuos, grupos, asociaciones u organizaciones cuyos fines son definidos por el Estado como terroristas, así como contra cualquiera que brinde apoyo material a dichos grupos, incluyendo fondos e incluso declaraciones públicas en su defensa.
Durante décadas, estas medidas de estado policial se han puesto a prueba contra grupos indígenas mapuche que buscan recuperar tierras ancestrales que fueron confiscadas por la fuerza por los grandes terratenientes y gigantes forestales Arauco y CMPC. Este sector extremadamente oprimido de la población ha sido difamado por todos los gobiernos civiles, de izquierda y derecha, como terroristas e insurgentes financiados por el crimen organizado.
También en esto, el gobierno pseudoizquierdista de Boric ha sobresalido, declarando en mayo de 2022 el estado de emergencia para las regiones del Biobío y la Araucanía, en el sur de Chile, que el Congreso ha renovado hasta la fecha. Boric ha mantenido las zonas bajo un estado de excepción permanente, con el ejército al mando, restricciones de movimiento y reunión, y las comunidades indígenas prácticamente bajo la ley marcial.
Bajo el gobierno de Boric, 86 líderes mapuche se consumen en las cárceles chilenas por uno o más cargos, y algunos enfrentan décadas de prisión. En un claro acto de persecución política, la infame Ley de Seguridad del Estado (LSE) se ha utilizado para arrestar al líder mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, bajo el argumento de que sus discursos políticos constituyen 'delitos de incitación y apología a la violencia'.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, del socialdemócrata Partido por la Democracia, ha liderado esta agenda de seguridad. Tohá fue una de las cuatro candidatas a las primarias presidenciales de la coalición gobernante para las elecciones de noviembre. Durante el debate de las primarias, hizo la siguiente escalofriante declaración sobre sus prioridades de ser elegida:
Voy a solicitar al Parlamento facultades especiales para desplegar personal militar en zonas con violencia crítica sin tener que declarar el estado de excepción mediante un decreto con fuerza de ley. Chile necesita MANO FIRME para tomar decisiones difíciles, y yo la tengo.
Hay poca diferencia entre su declaración y los escritos fascistizantes de Carl Schmitt sobre los estados de excepción, o las acciones de Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos. Toha perdió las primarias ante la candidata del Partido Comunista, Jeanette Jara, ministra de Trabajo de Boric, quien está igualmente comprometida con continuar su legado.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de julio de 2025)