El presidente Gabriel Boric pronunció su cuarto y último discurso anual televisado ante el Congreso Nacional de Chile a principios de junio y está previsto que entregue el poder en marzo del próximo año.

Gran parte de la prensa internacional se centró en las llamativas iniciativas de Boric, descritas en el llamado discurso de 'Cuenta Pública', como un proyecto de ley para cerrar la prisión de lujo que alberga a criminales militares de la era de Pinochet, una propuesta para prohibir las importaciones de los territorios palestinos ocupados por Israel y un proyecto de ley sobre el aborto. Se hablará más sobre estas medidas; basta con decir que han sido presentadas por un presidente saliente.

Los medios liberales y progresistas, alineados con la coalición Apruebo Dignidad de Boric, hicieron mucho ruido sobre los supuestos grandes logros que enumeró en su discurso de tres horas: la reforma de las pensiones, el aumento del salario mínimo, las reformas de emergencia en materia de vivienda y salud, etc. Ninguna de estas medidas aborda siquiera las graves condiciones que enfrenta la clase trabajadora.

Lo verdaderamente sorprendente de su discurso es el giro a la derecha que ha tomado su gobierno de coalición pseudoizquierdista a lo largo de sus tres años de mandato.

La trayectoria derechista de la coalición gobernante, compuesta por la alianza pseudoizquierdista Frente Amplio, el Partido Comunista estalinista y el burgués Partido Socialista-Partido para la Democracia, corrobora la caracterización que hace el Comité Internacional de la Cuarta Internacional de las organizaciones pseudoizquierdistas como tendencias políticas que reflejan las aspiraciones de las capas medias altas a una distribución más equitativa de la riqueza solo dentro del 10 por ciento más rico.

Este estrato político renunció hace décadas incluso a la pretensión de luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad. Se adaptó a la financiarización de la economía y a las necesidades del Estado-nación capitalista, con todo lo que esto implicaba: el regreso a las guerras coloniales y al saqueo, la desindustrialización y el empobrecimiento de la clase trabajadora, y la creciente brecha entre ricos y pobres.

En momentos críticos del resurgimiento de la lucha de clases en los últimos 15 años, han repetido frases izquierdistas solo para atrapar mejor a jóvenes, estudiantes y trabajadores radicalizados, disipar sus luchas y desviarlos hacia los cauces seguros del parlamentarismo burgués y el control de los despreciados partidos del establishment.

Con cada traición, buscan no solo promover la desmoralización y la desorientación, sino también cultivar los sentimientos más reaccionarios y retrógrados entre la población en general, lo que, en este período de profunda inestabilidad económica y sociopolítica global, ha resultado en el fortalecimiento de tendencias ultranacionalistas, militaristas, xenófobas y fascistas.

Todo esto se ha desarrollado prácticamente según lo previsto en los tres años que la pseudoizquierda chilena ha ejercido el poder político ejecutivo.

El discurso de Boric comenzó con la siguiente evaluación política del capitalismo chileno durante una aguda crisis de dominio burgués:

“Asumimos el cargo tras una de las mayores movilizaciones de la historia reciente de Chile… El estallido social de 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un acelerado proceso de modernización de nuestra sociedad que expresó en esos meses todas sus contradicciones”.

Boric procedió a difamar a la población desarmada por “episodios de violencia inaceptables e injustificables, como la quema del Metro, la destrucción del patrimonio público y privado y la agresión contra Carabineros”, episodios en los que existen pruebas contundentes que apuntan a que los intramarchas (agentes estatales infiltrados) cometieron provocaciones para criminalizar las protestas y justificar detenciones masivas.

Se esforzó por defender al ejército y a la policía antidisturbios, alegando que solo estaban 'respondiendo' a la violencia civil, aunque admitió que 'se cometieron graves e inexcusables violaciones de derechos humanos que incluso resultaron en muertes y lesiones muy graves, muchas de las cuales aún esperan justicia'.

Cabe destacar que, tras las protestas, se presentaron 11.925 denuncias de violencia institucional, incluyendo mutilaciones, tortura, violación y otros abusos. Para septiembre de 2024, solo 44 de esos casos habían resultado en condenas. Más del 90 por ciento de las denuncias se han archivado, la mayoría sin castigo ni juicio, debido a la prescripción. Durante su campaña electoral, Boric prometió llevar a estos criminales ante la justicia y brindar reparación y asistencia a las víctimas. El historial habla por sí solo.

Al mismo tiempo, Boric afirmó que la convulsión de 2019 expresaba el “innegable progreso de las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en la dimensión material como en el ejercicio de libertades que no hace mucho estaban vetadas”, y que su sector había “intentado ignorar una historia de progreso, tanto colectiva como individual, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginables hace tan solo un tiempo”.

Desigualdad social y convulsión social

Estas líneas omiten el factor más importante que contribuyó al estallido social sin precedentes: la desigualdad social extrema. Constituyen un intento de reescribir la historia de acuerdo con el “milagro chileno” proclamado por los partidos de la restauración civil, sus aliados imperialistas y las principales instituciones financieras.

El Informe Mundial sobre la Desigualdad, publicado en 2022 por los destacados economistas Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucmana, demostró niveles extremos de desigualdad social en aumento a nivel mundial. Lo sorprendente es su informe sobre Chile:

Las estimaciones disponibles sugieren que la desigualdad en Chile ha sido extrema durante los últimos 120 años, con una participación del 10 por ciento más rico en ingresos que se mantiene constantemente entre el 55 por ciento y el 60 por ciento, y la del 50 por ciento más pobre, entre el 9 por ciento y el 10 por ciento.

Cabe reiterar que la desigualdad en Chile ha sido extrema durante los últimos 120 años. Las manifestaciones, protestas y huelgas masivas de 2019, que involucraron a millones de personas, fueron una respuesta a esta arraigada desigualdad social, que se volvió insoportable durante una década de estancamiento económico tras la crisis financiera mundial de 2008.

Esta movilización masiva, parte de un estallido de luchas de la clase trabajadora en todo el mundo, fue una expresión de la oposición contenida a las políticas extremas de libre mercado impuestas por la junta militar e intensificadas por los gobiernos de centroizquierda y derecha tras la transición a un 'gobierno democrático'. Las instituciones estatales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el ejército, la policía y todos los partidos políticos del establishment son vistos con desprecio por la población.

El sentimiento de los millones de participantes era explícitamente anticapitalista y se había ido gestando durante décadas en forma de importantes estallidos sociales contra el sistema educativo privatizado, el sistema de salud de dos niveles, las miserables prestaciones de los fondos de pensiones privados y una multitud de otras quejas sociales.

El carácter explosivo del movimiento fue, además, una respuesta a la violencia ejercida por un aparato estatal asesino y al margen de la ley, que nunca rindió cuentas por los asesinatos, la tortura y la represión generalizados perpetrados durante los 17 años de dictadura del general Augusto Pinochet, por no mencionar los crímenes continuados durante el gobierno civil.

Esta es la floreciente democracia chilena sobre la que Boric se deshizo en elogios al iniciar su último discurso anual.

Boric luego describió cómo la pseudoizquierda salvó a la asediada burguesía chilena.

“A pesar de todas las tensiones y rivalidades, Chile logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana. Sin embargo, la semilla de las interpretaciones reduccionistas quedó sembrada y se expresó claramente en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo rotundo a ambas propuestas… fue un recordatorio de que Chile no quiere ni necesita vanguardias que escapen al sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país fue construido por todos, sin negar a quienes piensan diferente”.

Contrariamente a la fantasía de Boric de una nación unida, los antagonismos irreconciliables e irresolubles no son producto de ideas erróneas. La realidad política y social de Chile, como la de cualquier otra nación capitalista, se define por contradicciones materiales, sobre todo entre la naturaleza socializada del proceso productivo y la propiedad privada de los medios de producción. Dicho de otro modo, la desigualdad social surge orgánicamente de la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado, única fuente de ganancias que se apropia exclusivamente de una clase dominante oligárquica parasitaria, y es esto lo que da lugar al conflicto de clases.

La función específica de la alianza del Frente Amplio, el Partido Comunista y los sindicatos corporativistas que dominan fue desarticular la oposición anticapitalista masiva y neutralizarla. Boric, el exestudiante radical, se destacó como el único miembro de su alianza en sumarse al pacto anunciado por el gobierno de derecha del fallecido multimillonario Sebastián Piñera (2018-2022), conocido como el 'Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución'. Posteriormente, fue firmado por todos los partidos parlamentarios.

El Partido Comunista (PCCh), uno de los partidos más antiguos y con mayor experiencia de Chile, jugó un papel crucial. Si bien afirmó oponerse al pacto, a través de los sindicatos que controla, detuvo todas las huelgas, lo que en la práctica abrió una brecha entre la clase trabajadora y la juventud, el grupo demográfico predominante en las manifestaciones anticapitalistas.

Al mismo tiempo, la 'izquierda' parlamentaria trabajó arduamente para ayudar a Piñera a fortalecer el aparato estatal y erigir las bases de un estado policial.

Se desató una campaña de orden público que calificó de delincuentes a los manifestantes estudiantiles y criminalizó toda manifestación de oposición social. Esto se sumó a una sucia campaña xenófoba que culpaba a los migrantes desesperados recién llegados y a las comunidades indígenas mapuche, sumidas en la pobreza, de una supuesta ola de delincuencia que azotaba al país.

Se presentaron proyectos de ley ante el Congreso para que el ejército desempeñara funciones policiales y para someter las regiones mapuches a jurisdicción militar. La clase política también aprovechó la pandemia de COVID-19 para declarar el estado de catástrofe, lo que implicó desplegar al ejército en las calles y decretar un toque de queda en el país. Todo esto contribuyó a diluir las protestas.

Más importante aún, en ausencia de un auténtico partido socialista que aporte perspectiva, orientación y liderazgo, la clase trabajadora por sí sola no puede contrarrestar la influencia de agendas políticas contrarias a sus intereses. Así fue como la pseudoizquierda y los estalinistas, con la ayuda de grupos morenistas, el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) y el Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT), llegaron a dominar.

Promovieron con vehemencia el desacreditado lema reformista de que es posible transformar la naturaleza del Estado modificando la constitución y siendo elegido para un cargo. Toda la actividad se centró ahora en promover la convención constitucional y, a través de las organizaciones sociales y comunitarias del PCCh, en dirigir a la clase trabajadora a apoyar a un grupo de académicos y profesionales 'progresistas' alineados, todos compitiendo por un escaño en la asamblea. El MIT y el PTR presentaron sus propios candidatos para la Convención Constitucional, dotándola así de legitimidad 'izquierdista'.

Mientras tanto, una vez que el Apruebo Dignidad de Boric recibió en secreto el apoyo electoral del odiado bloque tradicional de centroizquierda a cambio de puestos en el gabinete, se montó una campaña de intimidación en nombre de la unidad para mantener fuera al fascista José Antonio Kast, el candidato predilecto de la clase dominante chilena. Sin restarle importancia al verdadero peligro que representa, lo cierto es que Boric, desde el poder, implementó la agenda antiinmigrante, antiobrera y militarista de Kast y los sectores más extremos de la derecha.

Para septiembre de 2022, cuando la constitución 'más progresista del mundo' fue derrotada rotundamente, Boric llevaba seis meses en el poder. En ese breve período, la coalición gobernante estalinista/pseudoizquierdista había destrozado las ilusiones creadas entre los trabajadores, la clase media y la juventud.

Las reformas sociales que había prometido en la campaña electoral se desvanecieron. Mario Marcel, ministro de finanzas de Boric y figura predilecta del mundo corporativo y financiero, recortó drásticamente el gasto público y aumentó las tasas de interés a su nivel más alto en cuatro décadas, en un contexto de desempleo oficial del 8 al 9  por ciento y una tasa de inflación anual del 12 por ciento.

Sin la intención real de satisfacer las necesidades apremiantes de la población, el gobierno de Boric implementó una serie de leyes de estado policial y dotó a la policía de fondos y equipo para demostrar el compromiso del gobierno con la ley y el orden, así como su mano dura contra la delincuencia. Instituyó un estado de excepción permanente en el sur para reprimir a la población indígena mapuche y encarceló a líderes comunitarios involucrados en confiscaciones de tierras y acciones militantes bajo falsos cargos de terrorismo. Utilizó al ejército para impedir la entrada de refugiados al país a través de las fronteras con Bolivia y Perú y comenzó a expulsar a migrantes indocumentados.

Continuará.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de julo de 2025)