Las fuerzas de ultraderecha peruana, representadas por sus bancadas en el totalmente desacreditado congreso y su títere-presidenta Dina Boluarte, están en las fases finales de implementar un marco legal que otorga amnistía total para violadores de derechos humanos y separarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El SIDH es el órgano legal para los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Perú y todos los países sudamericanos pertenecen. Hasta la fecha, solamente los gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela, al cual la ultraderecha peruana denuncia como una dictadura, se han separado efectivamente de la SIDH.

El 9 de julio del 2024, congresistas de los partidos de derecha Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros, votaron en una sesión de la Comisión Permanente (órgano que se reúne cuando el Congreso está fuera de sesiones) por la Ley 32107 que establece un nuevo plazo de prescripción para los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio del 2002.

La ley ha provocado la condena y la indignación de abogados, organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas, quienes correctamente la han denunciado como una puerta abierta a la impunidad del estado policial. Esto se confirmó pocos días después de su entrada en vigor, cuando tres miembros del otrora grupo paramilitar Colina solicitaron invocar la nueva ley para aplicar una prescripción de sus condenas.

Colina fue creado por el régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) durante el denominado Conflicto Interno de los años 80 y principios de los 90, en el que las fuerzas armadas libraron una guerra sucia contra la insurgencia de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y, en menor medida, el castrista MRTA. Miembros del grupo Colina fueron condenados en varios tribunales por dos masacres de civiles ocurridas en aquel tiempo: Barrios Altos y La Cantuta. En 2009, el propio Fujimori fue declarado culpable de 'autoría inmediata' por estos crímenes y sentenciado a 25 años de prisión. Fujimori fue indultado en 2017 como parte de un acuerdo corrupto con el entonces presidente de derecha Pedro Pablo Kuczynski, pero fue enviado a prisión nuevamente en octubre de 2018 cuando el poder judicial anuló el indulto. Fujimori fue finalmente liberado por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2023 con el apoyo de la presidenta Boluarte. Falleció de cáncer en septiembre del año pasado.

Keiko Fujimori, su hija y heredera política, es la principal aliada y soporte político de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia después de que el entonces presidente pseudo-izquierdista Pedro Castillo fuera derrocado en un golpe parlamentario en diciembre de 2022. Ella consolidó su poder ordenando una represión letal, matando a 50 manifestantes desarmados en las regiones andinas del sur, donde Castillo tenía un fuerte apoyo.

Desde entonces, Boluarte no ha sido más que una marioneta de las fuerzas de derecha lideradas por Fujimori y su agenda capitalista, anti-obrera y anti-derechos humanos. A cambio, Fujimori asegura que los 24 congresistas de su partido y sus aliados políticos apoyen a Boluarte, sus ministros y funcionarios frente a cualquier crimen, acusación o escándalo que pueda surgir.

La simpatía de Boluarte por las leyes de impunidad promulgadas por el Congreso indudablemente está impulsada por sus propios temores de enfrentar un proceso judicial una vez que deje el cargo por crímenes de lesa humanidad debido a la sangrienta represión que supervisó mientras el régimen buscaba asegurar al capitalismo internacional que tenía a la nación bajo control.

Boluarte y las facciones de extrema derecha con las que está alineada han implementado las políticas y leyes más reaccionarias desde la caída del régimen de Fujimori, de las cuales las leyes de impunidad son uno de los paquetes más esperados y planificados.

Actualmente, Boluarte, con un 3 por ciento de aprobación, y el Congreso, con un 2 por ciento de aprobación, son la presidenta y el Congreso más impopulares del mundo.

El 13 de marzo de este año se aprobó la llamada Ley APCI, que fortalece el control, la sanción y la supervisión de las ONG activas en Perú. La ley fue criticada por Amnistía Internacional porque establece que todo lo que las ONG hagan con fondos de cooperación internacional debe ser aprobado previamente por el estado.

Dos meses después, en junio, el Congreso votó 61 a 44, con tres abstenciones, a favor del Proyecto de Ley 7549, que fue creado específicamente para otorgar amnistía directa a militares y policías acusados o enjuiciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno. Los principales promotores de esta nueva ley fueron Fernando Rospigliosi, un acérrimo fujimorista y veterano agente de la embajada de EE. UU. –una acusación que nunca ha intentado negar–, y Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, un reaccionario y racista almirante retirado de la Marina, que se desempeñó como jefe del comando de las fuerzas armadas y que es la voz directa de las facciones más fascistas de las Fuerzas Armadas.

En una entrevista, Rospigliosi afirmó que existen “interminables procesos judiciales que no buscan justicia, sino venganza”, refiriéndose a los juicios contra militares y policías. Montoya, por su parte, Rospigliosi afirmó que existen “un sinfín de procesos judiciales que no buscan justicia sino venganza”, refiriéndose a los juicios contra militares y policías. Montoya, por su parte, subrayó que el personal militar y policial que luchó contra el “terrorismo” no debería ser procesado. “Se abrieron juicios interminables. Esto es manipulación de la justicia”, declaró.

Montoya es también un exmiembro del partido de extrema derecha y ultraconservador Renovación Popular, cuyo líder, Rafael López Aliaga, es el actual alcalde de Lima y candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Es probable que López, empresario y miembro de la secta católica Opus Dei, se convierta en el líder de toda la derecha, ya que, según informes, las élites corporativas están abandonando a Keiko Fujimori en favor de su candidatura. Recientemente, afirmó que “resolvería” la creciente ola de delincuencia enviando a los presos a la infame prisión CECOT en El Salvador.

Al igual que con la Ley 32107, esta nueva legislación fue criticada porque anularía efectivamente más de 600 procesos judiciales en curso y 156 casos en los que ya se han dictado condenas por crímenes como desaparición forzada, tortura o ejecución extrajudicial, casi todos ellos cometidos durante el Conflicto Interno. Delia Espinoza, la fiscal de la nación, afirmó que la nueva ley contradiría las normas de la CIDH, de la cual Perú es signatario: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido clara. Las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles”.

El día después de la aprobación de la ley, el primer ministro Eduardo Arana anunció en un discurso ante el Congreso que propondría la creación de una comisión de alto nivel para evaluar el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se han proporcionado más detalles, pero el retiro de la CIDH es un plan que cuenta con un fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas, el gobierno, las empresas extractivas e incluso la Iglesia Católica. Muchas víctimas del Conflicto Interno han recurrido a la CIDH como último recurso para demandar al estado peruano y a las Fuerzas Armadas por su papel en crímenes de lesa humanidad. La CIDH también ha mostrado su apoyo a ambientalistas y pueblos indígenas en conflictos con corporaciones extractivas, así como a los derechos LGBT.

Apenas un mes antes de la propuesta de Arana, se celebró una audiencia en la CIDH en San José, Costa Rica, en el caso de Celia Ramos, una trabajadora peruana que murió después de ser coaccionada para someterse a una esterilización quirúrgica bajo una campaña de 'planificación familiar' impuesta durante el segundo mandato de Fujimori.

El caso se refiere a las 'Esterilizaciones Forzadas'. Fue presentado por el Ministerio de Salud de la época como el 'Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar', cuyo objetivo era reducir la tasa de natalidad, pero en realidad fue una campaña cuasi-eugénica en la que mujeres de origen pobre, rural e indígena fueron deliberadamente seleccionadas y coaccionadas o engañadas para ser esterilizadas con el fin de reducir su población. Se estima que 270,000 mujeres (y un menor número de hombres) fueron esterilizadas durante este período.

Según documentos publicados bajo la Freedom of Information Act, la recientemente cerrada agencia USAID participó o dirigió este programa.

La hija de Celia, Marisela Monzón Ramos, logró llevar este caso ante la CIDH después de que el sistema judicial peruano archivara los casos de las esterilizaciones; y en 2021 la CIDH declaró al estado peruano responsable de la muerte de Celia y recomendó reparaciones comprensibles.

Sin embargo, este caso, como miles de otros, sería nuevamente archivado y olvidado bajo la nueva ley de amnistía, que busca proteger los crímenes más atroces cometidos por el estado burgués peruano y así allanar el camino para futuros crímenes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de julio de2025)