El jueves 10 de julio, la administración de Trump anunció una nueva norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que prohíbe la inscripción de niños indocumentados en Head Start, el programa de primera infancia financiado con fondos federales. El ataque contra niños de tres y cuatro años y su derecho a la educación pública gratuita forma parte de un esfuerzo multiagencial para despojar a los inmigrantes de todos los servicios sociales financiados por el gobierno federal.

Aunque Head Start no recopila información sobre el estatus migratorio y no se conoce el número exacto de niños afectados, al menos hay 600.000 estudiantes indocumentados entre kínder y secundaria en Estados Unidos. Es probable que una parte significativa de ellos esté en edad preescolar y sea elegible para Head Start.

Las nuevas reglas de la administración Trump también excluirán a jóvenes indocumentados de oportunidades de matrícula doble en preparatoria y colegio comunitario, así como de cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE). Cifras recientes indican que hay alrededor de 408.000 estudiantes indocumentados en educación superior, muchos de los cuales participan en programas de matrícula doble o CTE.

Los cambios a las reglas fueron anunciados mediante comunicados coordinados de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Agricultura, Trabajo y Justicia. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., utilizando el lenguaje xenófobo y despiadado que caracteriza la agenda fascistizante de la administración, declaró: “Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los impuestos de los estadounidenses trabajadores para incentivar la inmigración ilegal”. De forma similar, la multimillonaria secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que los fondos públicos “deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales”.

La Asociación Nacional de Head Start emitió un comunicado expresando “alarma” ante la decisión. “Esta decisión socava el compromiso fundamental que el país ha hecho con la niñez y desprecia décadas de evidencia que demuestran que Head Start es esencial para nuestro futuro colectivo”, dijo Yasmina Vinci, directora ejecutiva de la asociación. “Los programas Head Start se esfuerzan en hacer sentir a cada niño bienvenido, seguro y respaldado, y rechazan la caracterización de cualquier niño como ‘ilegal’”.

Para justificar legalmente la prohibición, la administración Trump emitió una reinterpretación de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés), promulgada por el demócrata Bill Clinton. La nueva interpretación redefine los programas educativos financiados federalmente como “beneficios públicos federales”, tratándolos como si fueran asistencia social.

La infame ley PRWORA de Clinton puso fin a toda asistencia federal en efectivo e impuso requisitos laborales y límites de tiempo para recibir ayudas a los pobres. La medida de Clinton para “poner fin al asistencialismo tal como lo conocíamos” fue una pieza clave en la destrucción de una red de seguridad social ya limitada, heredada del New Deal y los programas de la Gran Sociedad.

El periódico Washington Post señala que las nuevas normas del HHS recategorizan una serie de programas de subvenciones como beneficios públicos, incluyendo miles de millones de dólares destinados a reforzar clínicas de salud conductual, asistir a personas sin hogar y tratar la adicción y los trastornos de salud mental.

Katie Hamm, exsubsecretaria interina de desarrollo de la primera infancia en el HHS, explicó en EdWeek que: “Caracterizar esto como un beneficio público y un programa de asistencia social es un cambio, ya que Head Start ha sido por mucho tiempo considerado un programa educativo para la preparación escolar, enfocado en preparar integralmente al niño para la escuela”.

El fallo histórico de 1982 de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe estableció el derecho de todos los niños a una educación pública gratuita, sin importar su estatus migratorio, con base en la cláusula de “igual protección” de la Decimocuarta Enmienda. Trump ha restringido de manera explícita la interpretación establecida por Plyler, al tiempo que emprende otros ataques brutales contra menores inmigrantes, como autorizar arrestos de ICE en escuelas y retener miles de millones de dólares destinados a servicios para el aprendizaje del inglés y educación para migrantes.

No cabe duda de que la administración ve esta prohibición como un trampolín para impugnar directamente Plyler ante la Corte Suprema, con el objetivo de eliminar el acceso a la educación pública para todos los niños indocumentados.

Normalmente, los cambios de reglas basados en nuevas interpretaciones legales se publican en el Registro Federal, lo que brinda 30 días para comentarios del público. En cambio, la administración Trump anunció arbitrariamente el cambio mediante un comunicado de prensa.

El ataque contra Head Start es un asunto grave. Como parte de la “guerra contra la pobreza” del gobierno de Johnson, el programa ha atendido a un total de 40 millones de niños de bajos ingresos en todo Estados Unidos.

“Revierte un enfoque de 60 años en Head Start, que consistía en atender a todos los niños y darles la bienvenida, brindarles un lugar seguro para aprender, crecer y prepararse para la escuela”, dijo Katie Hamm al Chicago Sun-Times. “No es solo un cambio sobre quién recibe el servicio, se siente como un cambio en la misión de Head Start, porque siempre ha sido un programa bipartidista”.

El programa, inmensamente popular, proporciona educación integral en la primera infancia, servicios de salud, nutrición y apoyo familiar a niños de familias de bajos ingresos. Ofrece educación preescolar para fomentar el desarrollo cognitivo y socioemocional, así como revisiones médicas, vacunaciones, comidas y referencias a recursos comunitarios. Su enfoque holístico está diseñado para asegurar que los niños ingresen al kínder preparados para aprender, al tiempo que se promueve la estabilidad y el bienestar familiares.

Pese al pretexto de “reducción de costos” invocado por la administración, implementar los nuevos requisitos de verificación de ciudadanía se espera que añada costos adicionales. Funcionarios federales estiman que el proceso de recopilar documentos y verificar el estatus migratorio supondrá al menos 21 millones de dólares adicionales anuales en gastos administrativos.

Como explicó Julie Sugarman del Migration Policy Institute en EdWeek:

La principal consecuencia que buscan —y es muy probable, considerando otras acciones similares— es que tenga un efecto disuasorio. Afecta la percepción de si Estados Unidos es un lugar acogedor al cual migrar.

En términos prácticos, la prohibición crea un laberinto de obstáculos administrativos para los proveedores de Head Start. Las organizaciones sin fines de lucro, que operan alrededor del 70 por ciento de los centros Head Start, no están legalmente obligadas bajo la ley federal actual a verificar el estatus migratorio. La carga de papeleo y los costos de cumplimiento amenazan con interrumpir los servicios para todas las familias, incluso aquellas que no se ven afectadas por la prohibición, al tiempo que siembran miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.

El ataque generalizado de la administración Trump contra los niños inmigrantes y la educación pública ha sido respondido con un silencio ensordecedor por parte del Partido Demócrata y los principales sindicatos de la educación. Lejos de ofrecer cualquier oposición seria, los dirigentes demócratas se han limitado a presentar demandas legales, emitir declaraciones simbólicas y hacer maniobras electorales.

Esta negativa a luchar refleja su complicidad en la creciente guerra contra los inmigrantes, la educación pública y los programas sociales en general. Incluso mientras Trump despoja a millones de personas de derechos y servicios básicos, los demócratas se niegan a movilizar a la clase trabajadora contra estas políticas, dejando al descubierto su acuerdo fundamental con la austeridad, la privatización y el uso de los inmigrantes como chivos expiatorios de las crisis del capitalismo.

Para enfrentar estos ataques, es necesario construir un movimiento de masas independiente de ambos partidos de la clase dominante y de los sindicatos procapitalistas que han abandonado toda defensa de los derechos de los inmigrantes y de la educación pública.

Trabajadores, educadores y estudiantes deben formar comités de base en cada escuela y comunidad para unificar las luchas de docentes, padres y familias inmigrantes contra estas políticas. Solo mediante la organización independiente de la clase trabajadora, luchando por el socialismo y por el derecho a la educación para todos, se puede detener y revertir el creciente asalto contra los inmigrantes y el desmantelamiento de la educación pública.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 13 de julio de 2025)