Una reciente carta de investigación publicada el 9 de julio en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA), titulada 'El fracaso de la esperanza de vida para recuperarse por completo a los niveles prepandémicos', presenta un panorama alarmante de la crisis de salud pública en California, el estado más rico y poblado de Estados Unidos.

El estudio, elaborado por destacados investigadores de Northwestern, Yale, UCLA y la Universidad Commonwealth de Virginia, confirma que, a pesar del supuesto fin de la emergencia del COVID-19, la esperanza de vida en California se mantiene significativamente por debajo de los niveles prepandémicos, tras haberse recuperado solo dos tercios de lo perdido durante los primeros años de la pandemia.

Estudios previos mostraron que la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo en más de dos años entre 2019 y 2021 (de 78,8 a 76,4 años), pero comenzó a recuperarse ligeramente en 2022; para 2023, había repuntado a 78,4 años, tan solo 0,4 años por debajo del nivel prepandémico de 2019.

En California, disminuyó de 81,4 años en 2019 a 78,4 años en 2021. En 2024, los californianos vivían en promedio 0,86 años menos que en 2019. Esto indica una recuperación más lenta que el promedio nacional, que, si bien aún se encuentra por detrás de otros países capitalistas avanzados, casi ha regresado a los niveles prepandémicos.

Si bien los datos nacionales de 2024 aún no están disponibles, las estadísticas vitales de California, publicadas recientemente, proporcionaron a los investigadores un primer vistazo a la trayectoria de la recuperación, un dato preocupante.

Estos datos revelan una sociedad en profunda y acelerada decadencia. California, considerada durante mucho tiempo un modelo de innovación y progreso, se ha convertido en un lugar donde la clase trabajadora muere prematuramente, sufre más y no aprovecha ninguno de los beneficios de la ciencia médica ni del desarrollo económico. La brecha en la esperanza de vida es una catástrofe social arraigada en un sistema capitalista que subordina todos los aspectos de la vida, incluida la vida misma, al lucro privado.

Las causas identificadas en el informe de JAMA (sobredosis de drogas, enfermedades cardiovasculares, retraso en la atención médica y deterioro de la salud mental) exponen la incapacidad del sistema para garantizar el bienestar humano. Estas son expresiones sistémicas de una clase dominante que ha destruido deliberadamente la infraestructura de salud pública y ha permitido que las corporaciones se lucren con la enfermedad, la miseria y la muerte.

Las consecuencias son predecibles en una sociedad donde miles de millones de dólares se canalizan hacia Wall Street, la guerra y la represión policial, mientras que a millones de personas se les niega vivienda, alimentos nutritivos, atención médica preventiva y servicios de salud mental.

La crisis de esperanza de vida en California desmiente la narrativa de progreso que promueve la clase política estatal. El informe de JAMA expone un panorama de profunda desigualdad. La brecha de esperanza de vida entre los cuartiles más pobres y ricos se sitúa en la impresionante cifra de 5,77 años. Los californianos negros e hispanos, en su mayoría trabajadores e inmigrantes, que experimentaron las caídas más pronunciadas en su esperanza de vida durante la pandemia, ahora se mantienen más de 1,4 años por debajo de sus niveles de 2019.

La esperanza de vida siempre ha reflejado la brutal realidad de la sociedad de clases. Las personas mueren antes debido a la pobreza, el exceso de trabajo, la contaminación, la atención médica inaccesible y la negligencia sistémica.

Las sobredosis de drogas, en particular las relacionadas con el fentanilo, se encuentran ahora entre las principales causas de muerte prematura. La epidemia de opioides fue orquestada por corporaciones farmacéuticas como Purdue Pharma, que se lucraron enormemente mientras infligían muertes masivas con la protección y complicidad de los reguladores gubernamentales. La actual crisis de sobredosis es el resultado directo de esta criminalidad corporativa.

El ataque a los trabajadores inmigrantes expone aún más las grietas. A diario surgen informes de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan redadas en hospitales y centros de cirugía ambulatoria en todo el país, incluyendo California. Estas brutales operaciones tienen un efecto amedrentador que va mucho más allá de los objetivos directos.

Miles de familias indocumentadas y de estatus migratorio mixto ahora evitan por completo la atención médica —cancelando consultas médicas, omitiendo cirugías y negándose a buscar tratamiento para enfermedades crónicas o agudas— por temor a la detención o la deportación. Esta campaña terrorista, sancionada por el estado, tendrá consecuencias devastadoras para la salud pública, afectando de manera desproporcionada a los trabajadores inmigrantes que ya sufren la pobreza, el exceso de trabajo y las condiciones peligrosas.

El resultado será un aumento de enfermedades prevenibles, enfermedades no tratadas y muerte prematura entre algunos de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Es un claro ejemplo de cómo la maquinaria represiva opera en paralelo con la destrucción de la salud pública.

Las enfermedades mentales también se han convertido en un factor principal de muerte prematura. Casi el 30 por ciento de los californianos reportan síntomas de ansiedad o depresión. Estos síntomas se derivan del desarraigo social, la desesperación económica y la privación de derechos políticos.

El 'Gran y Hermoso Proyecto de Ley' de Trump marca una intensificación de los brutales ataques a Medicaid. El proyecto de ley provocará que millones de personas pierdan su seguro médico y representa la mayor reducción de la cobertura de seguro médico en la historia debido a cambios en las políticas federales.

Los efectos negativos serán devastadores: menor acceso a tratamientos de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, un impacto desproporcionado en niños, personas con discapacidades, personas con problemas de salud mental y adultos de bajos ingresos.

Las advertencias del informe sobre el envejecimiento de la población de California ilustran aún más la magnitud de la crisis. Para 2040, el número de residentes mayores de 65 años aumentará en un 59 por ciento. Este cambio demográfico ejercerá una enorme presión sobre el sistema de salud. La creciente necesidad de cuidados a largo plazo, servicios culturalmente sensibles e infraestructura médica contradice radicalmente la trayectoria actual de las políticas.

En lugar de expandir la atención médica, el estado la está recortando drásticamente. El presupuesto 2025-2026 del gobernador demócrata incluye US$ 5.000 millones en recortes, dirigidos a Medi-Cal y programas asociados. Estos recortes incluyen congelaciones de inscripciones, nuevas primas y la eliminación de la atención dental y a largo plazo para adultos indocumentados. Los servicios de los Servicios de Apoyo Domiciliario (IHSS) también se están reduciendo. Estos ataques perjudicarán desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos, acelerando el número de muertes y profundizando las disparidades ya existentes.

Este ataque bipartidista a la salud pública es una característica definitoria del sistema capitalista. El desmantelamiento de la infraestructura científica y las instituciones públicas se ha prolongado durante décadas bajo administraciones tanto republicanas como demócratas. La normalización de las muertes masivas bajo el gobierno de Biden —declarando el fin de la pandemia, poniendo fin a las pruebas y el rastreo, impulsando la política de 'COVID para siempre' y minimizando los efectos a largo plazo de la COVID-19— ha propiciado políticas peligrosas y reaccionarias.

Figuras como Robert F. Kennedy Jr. y el Dr. Mehmet Oz encabezan ahora la reacción anticientífica bajo el lema de la 'libertad sanitaria'. Sus políticas amenazan la vida de millones de personas, en particular de la clase trabajadora, que dependen de los sistemas de salud pública para obtener medicina preventiva, vacunación e información precisa. Su demagogia antivacunas ha alimentado crisis como el brote de sarampión, una enfermedad totalmente prevenible, que ahora alcanza su nivel más alto en tres décadas debido a la caída de las tasas de inmunización.

El propio COVID-19 continúa propagándose sin control. La reinfección se ha normalizado, a pesar de la creciente evidencia de daños cardiovasculares y neurológicos a largo plazo causados por el virus. Cada nueva infección aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, el estado ha desmantelado todos los mecanismos de concienciación pública, realización de pruebas y mitigación. Incluso la vacunación anual se está restringiendo .

California ejemplifica la respuesta del sistema capitalista a estos peligros: indiferencia y ocultamiento. Las políticas sanitarias han sido despojadas de su fundamento científico y entregadas a los grupos de presión corporativos. El resultado es una sociedad en la que millones de personas viven en un estado de enfermedades crónicas sin control, adicciones, sufrimiento mental sin tratamiento y muerte prematura.

La persistente brecha en la esperanza de vida refleja la profunda decadencia del capitalismo, que no ofrece una vía para una recuperación equitativa, sino que solo agrava la desigualdad y el sufrimiento masivo. Para revertir esta crisis, es necesario reconstruir la salud pública como parte de una reorganización socialista de la sociedad que garantice el acceso universal a la atención médica como un derecho social básico.

Esto exige una ruptura con ambos partidos capitalistas y la creación de un movimiento obrero masivo e independiente. La lucha por la salud pública es inseparable de la lucha más amplia contra la guerra, la explotación y el colapso ambiental. La humanidad se enfrenta a una dura disyuntiva: socialismo o barbarie. El futuro depende de actuar ahora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de julio de 2025)