El 30 de junio, la administración Trump emitió un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM, por sus siglas en inglés) que endurece aún más las sanciones contra Cuba, país que se encuentra al borde del colapso tras décadas de embargo por parte del imperialismo estadounidense. Al mismo tiempo, ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, que en su mayoría huyeron de la isla debido a las políticas del gobierno norteamericano, están siendo cada vez más objeto de detención y deportación en el marco de la ofensiva de Trump contra los migrantes.
El memorando revierte varias decisiones adoptadas por la saliente administración Biden durante su última semana en el cargo, destacando el restablecimiento de Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”. Asimismo, restituye la lista de “entidades restringidas” vinculadas al gobierno cubano, las cuales son objeto de sanciones adicionales más allá de las ya estipuladas por la legislación vigente.
Sin embargo, el nuevo NSPM de Trump va más allá de las medidas impuestas durante su primer mandato en 2017, y sugiere que Washington huele sangre en el agua y busca empujar a Cuba hacia el colapso total para allanar el camino a un cambio de régimen.
Una de las medidas más significativas sanciona a empresas de terceros países que brinden “apoyo directo o indirecto a empresas directa o indirectamente controladas por el ejército cubano”. Dado que gran parte de la economía de la isla, especialmente el sector turístico, está en manos del conglomerado militar GAESA, esto abriría la puerta a sanciones contra empresas extranjeras como la cadena hotelera española Meliá.
España es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela. Otros países con actividad económica significativa en la isla incluyen China, Canadá, México, Rusia y Brasil.
La administración Trump también planea reforzar aún más las restricciones de viaje a Cuba, prohibiendo el turismo para ciudadanos estadounidenses y limitando los viajes a un número reducido de categorías permitidas, incluyendo visitas familiares. No obstante, como señala el memorando, se exigirá “auditorías regulares y mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años”, lo cual someterá todos los viajes a un alto grado de escrutinio y posibles sanciones económicas.
El NSPM también reitera de manera gratuita que la política de “Pies secos, pies mojados” permanece derogada. Una de las últimas acciones del gobierno de Obama fue poner fin a dicha política, la cual permitía a casi cualquier cubano que llegara a Estados Unidos convertirse en residente legal permanente. Como señaló el WSWS entonces:
Los cubanos ahora estarán sujetos a las mismas políticas monstruosas que afectan a otros inmigrantes y refugiados, las cuales han dado lugar a alrededor de tres millones de deportaciones desde 2008 y a cientos de miles de personas encarceladas cada año en una vasta red de más de 200 centros de detención.
Esto se ha hecho realidad. Agentes de ICE detienen rutinariamente a cubanos y los envían a centros de detención y a campos de concentración recién construidos. Alrededor de 42.000 cubanos están bajo órdenes de deportación, y más de 110.000 se encuentran ahora en situación de vulnerabilidad tras la reciente decisión de la Corte Suprema que permitió a Trump poner fin al estatus de protección temporal (TPS) de alrededor de 532.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que llegaron a EE.UU. desde octubre de 2022.
El artista cubano de reguetón Leamsy La Figura (nombre real Leamsy Izquierdo), residente legal permanente, llamó recientemente la atención sobre las condiciones del campo de concentración “Alcatraz de los Alligators” en Florida donde se encuentra detenido.
La Figura le comentó a su pareja, Katia Hernández, quien difundió el mensaje por Instagram: “No me he bañado en cuatro días, no hay agua, ni pasta dental, no te dejan salir ni un minuto. Estamos en una jaula de barras metálicas con las luces encendidas las 24 horas del día, y los mosquitos parecen elefantes”. Señaló también el frío extremo, afirmando que el lugar está “a unos menos dos grados”, y agregó: “Todos andan en camisetas, temblando, gritando. Esto es el infierno. No hay oficiales latinos, sólo chicos afroamericanos o mujeres súper racistas”.
Un cubano de 75 años, Isidro Pérez, se convirtió en la quinta persona en morir bajo custodia de ICE este año tras sufrir un infarto en el centro de detención de Krome en el sur de Florida. Pérez, quien vivía en EE.UU. desde 1966, fue detenido por dos condenas por posesión de marihuana en los años 80.
El 5 de junio, una docena de cubanos detenidos en Krome organizaron una protesta por sus largas detenciones, alineándose en el patio de recreo para formar las letras “SOS” con sus cuerpos y “Cuba” con telas blancas. Según informes, los detenidos temían ser enviados fuera de Florida o a un tercer país como Sudán del Sur.
Dos cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, fueron deportados recientemente a Sudán del Sur, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que alardeó de la operación apelando a los antecedentes penales de los dos hombres. Sin duda, la administración Trump busca sentar un precedente con estos casos como preparación para una deportación más generalizada de cubanos a terceros países, ya que el gobierno cubano actualmente no acepta deportados que hayan salido de la isla antes de 2017 y sólo permite el ingreso de un vuelo mensual con deportados.
Aún más cubanos quedarán sin estatus legal tras la imposición de una nueva prohibición de viajes por parte de la administración Trump. Esta medida impide el ingreso de prácticamente todos los ciudadanos cubanos, salvo aquellos con familiares directos que sean ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la amenaza de ser detenidos o deportados probablemente no detendrá a muchos. En los últimos cinco años, entre 1 y 2 millones de cubanos han huido del país, al menos el 10 por ciento de la población, con aproximadamente 850.000 arribando a EE.UU. en los tres años previos a septiembre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Las sanciones estadounidenses han golpeado duramente a la isla. Las restricciones impuestas inicialmente por la primera administración Trump y mantenidas por Biden han empujado a la economía al borde del colapso, agravado por el impacto económico de la pandemia de COVID-19 y el desplome del turismo, que se ha reducido un 30 por ciento adicional solo este año. La falta de divisas extranjeras debido al colapso del turismo y las exportaciones ha provocado una caída en las importaciones de bienes esenciales, incluidos alimentos y combustibles. La escasez de este último ha causado varios colapsos del sistema eléctrico e interrupciones rotativas que en algunas zonas duran la mayor parte del día.
En el reciente pleno del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el presidente Miguel Díaz-Canel subrayó la profundidad de la crisis sin ofrecer una solución concreta: “Cuando tenemos esta situación electroenergética, casi todo se detiene: no hay suministro de agua, no hay producción material, no se pueden ofrecer servicios, porque prácticamente no hay horas disponibles de electricidad. En semanas recientes, algunas provincias solo han tenido electricidad tres o cuatro horas al día. Otras han estado completamente apagadas todo el día”.
Según un informe reciente de la AFP, la otrora renombrada industria farmacéutica cubana ya no puede importar las materias primas necesarias para producir medicamentos esenciales. Otros suministros hospitalarios, como gasas, desinfectantes, oxígeno y suturas, también escasean.
En diciembre, el gobierno anunció que permitiría la circulación del dólar estadounidense en algunos sectores de la economía, incluyendo ventas al por mayor y al por menor, así como servicios de comercio exterior. Esta dolarización ha profundizado la desigualdad, con tiendas en dólares llenas de alimentos y productos básicos que la mayoría de los cubanos no pueden adquirir, a menos que trabajen en el turismo o reciban remesas del extranjero.
La indignación entre los trabajadores y otros sectores sociales sigue en aumento debido a los apagones, la escasez y el ensanchamiento de la desigualdad. Estudiantes universitarios han boicoteado clases e incluso se han declarado en huelga frente al reciente anuncio de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA de aumentar los precios del internet móvil.
(Artículo originalmente publicado en inglés el 10 de julio de 2025)