El lunes, 90 tropas de la Guardia Nacional y decenas de agentes federales irrumpieron en MacArthur Park, en Los Ángeles, en una operación de estilo militar que marca un punto de inflexión en el uso de la fuerza armada contra la clase trabajadora estadounidense.

Con el nombre código Operación Excalibur, el asalto fue un despliegue militar interno coordinado y ensayado. Documentos internos del ejército, filtrados y publicados por el periodista Ken Klippenstein, revelan el uso creciente por parte del gobierno federal de fuerzas militarizadas para intimidar y reprimir a comunidades inmigrantes y trabajadoras bajo el pretexto de la “seguridad” y el “orden público”. Los documentos filtrados incluían una evaluación sobre posibles daños colaterales, dada la alta densidad de población del área.

Videos tomados por testigos y miembros de la comunidad indignados mostraban a agentes federales fuertemente armados, con apoyo policial, bloqueando calles alrededor del parque mientras escuadrones de inmigración enmascarados y militarizados marchaban, provocando el pánico de niños y cuidadores. Se vio a soldados del 1.er escuadrón del 18.º regimiento de caballería de la Guardia Nacional de California a pie, a caballo y en vehículos militares.

Según los documentos filtrados, al menos 11 agencias federales y estatales participaron en la operación, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo la división de Ejecución y Deportaciones (ERO); la Administración para el Control de Drogas (DEA); la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); el Servicio Federal de Protección (FPS); Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Servicio de Alguaciles de EE.UU.; el Servicio de Rentas Internas (IRS); el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD); y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los acontecimientos en Los Ángeles representan un frente crucial en una operación a nivel nacional. La conspiración sistemática para establecer una dictadura presidencial en Estados Unidos avanza rápidamente, con Trump utilizando las fuerzas de seguridad federales para remodelar el panorama político.

Lo que está ocurriendo es un golpe de Estado calculado y en marcha: un intento de reemplazar el orden constitucional existente con un marco autoritario de dominio de clase, impuesto a través de la represión, el miedo y la normalización de la intervención militar en la vida civil.

MacArthur Park—frecuentemente comparado con una Ellis Island de la costa oeste—es un símbolo de la vida y resistencia inmigrante en Los Ángeles. El área alberga a miles de trabajadores, muchos indocumentados, que huyeron de la devastación causada por las guerras imperialistas de EE.UU. y las operaciones contrainsurgentes respaldadas por la CIA en Centroamérica. No es casualidad que este barrio obrero, impregnado de la herencia del intervencionismo estadounidense y la migración masiva, haya sido elegido como escenario de una importante operación federal de seguridad.

Según los informes militares filtrados, la misión del 1.er escuadrón del 18.º regimiento de caballería era “proveer seguridad estática interinstitucional en el sitio, seguridad móvil montada y apoyo como reserva del Componente Terrestre de la Fuerza Conjunta (JFLCC) a la Patrulla Fronteriza (CBP) y agencias federales de apoyo”.

El objetivo declarado no era hacer cumplir una ley específica ni responder a una amenaza concreta, sino simplemente demostrar “la capacidad y libertad de movimiento de las fuerzas del orden federales dentro del Área de Operaciones Conjuntas de Los Ángeles (JOA)”. En otras palabras, se trataba de una demostración de fuerza, una advertencia, un ensayo.

La administración Trump está trabajando para socavar la Ley Posse Comitatus de 1878, la ley clave que impide el uso del ejército en tareas policiales internas sin aprobación constitucional o del Congreso. Diseñada para preservar la autoridad civil, esta ley está siendo desmantelada a medida que funcionarios federales califican las protestas en Los Ángeles y otras ciudades como una “insurrección”, sentando las bases ideológicas para la intervención militar—aunque hasta ahora no hayan invocado formalmente la Ley de Insurrección de 1807.

A pesar de que los medios presentaron la operación como una “redada fallida” y atribuyeron injustamente su final a la intervención de la alcaldesa Karen Bass, cada elemento fue concebido y coordinado militarmente entre nueve agencias federales.

Camiones militares de 5 toneladas rodearon el parque. Se establecieron líneas de fase y protocolos de comunicación. Se emitió un nivel de amenaza “ALTO”, citando la supuesta presencia de la MS-13, a la que los documentos describen como considerando el parque su “territorio”.

El rol del imperialismo en el surgimiento mismo de la MS-13 fue un factor determinante. La pandilla no nació en El Salvador, sino en Los Ángeles en los años 80—en particular en los barrios alrededor de MacArthur Park—como respuesta a la violencia de pandillas dirigida contra inmigrantes salvadoreños recién llegados.

Estos inmigrantes huían de una guerra civil alimentada y financiada por más de 1.000 millones de dólares en ayuda militar estadounidense, incluyendo armas, entrenamiento y apoyo político a una dictadura militar sangrienta.

Aunque la Operación Excalibur fue finalmente interrumpida—“Estuvimos en el objetivo durante 24 minutos”, admitió un miembro de la Guardia Nacional—el hecho sigue siendo que se desenvolvió como un ejercicio militar coreografiado en suelo nacional, a pesar de que algunas de las “líneas de fase” no se ejecutaron debido a fallos de comunicación.

Pero la planificación misma refleja un giro en la postura del Estado estadounidense: de redadas policiales a operaciones militares coordinadas dentro de las principales ciudades. La arquitectura de contrainsurgencia militar utilizada en Kabul, Bagdad o Gaza se está preparando ahora en Los Ángeles, Nueva York, Chicago.

Es significativo que las autoridades locales recibieran solo dos horas de aviso antes de la llegada de las tropas. Aún más reveladoras fueron las respuestas de los propios soldados de la Guardia Nacional. Muchos describieron la operación como “idiota”, “vergonzosa” y “motivada políticamente”. Cuestionaron órdenes, protestaron ante la idea de usar máscaras al estilo ICE, y se opusieron a establecer una “base de operaciones avanzada” permanente en el parque—una propuesta que el mando militar había considerado en informes previos.

Estos comentarios no deben subestimarse. Representan las primeras grietas en el aparato represivo del Estado. Como en la revolución rusa de 1917, cuando los soldados comenzaron a romper filas con el régimen zarista y tomaron partido por obreros y campesinos, la insatisfacción de hoy entre los soldados estadounidenses apunta al potencial de rupturas más profundas. Revela un sistema en decadencia, obligado a usar al ejército contra su propia población, y cada vez menos capaz de contar con la obediencia ciega de la tropa.

El papel del Partido Demócrata en esta crisis debe ser expuesto sin rodeos. El gobernador Gavin Newsom declaró: “Quiero que la gente sepa que los respaldamos y que haremos lo que podamos para proteger a nuestras comunidades diversas”, y que “combatiremos estas crueldades”. La alcaldesa Karen Bass hizo un espectáculo al correr al parque y exigir que las fuerzas federales se retiraran, calificando la operación como “inaceptable”.

Pero tanto Newsom como Bass son cómplices. Ambos se han presentado como defensores de los derechos de los inmigrantes mientras supervisan políticas que criminalizan a los inmigrantes y desfinancian servicios esenciales. El más reciente presupuesto de California recorta miles de millones a Medi-Cal, despojando a los adultos indocumentados del acceso a la atención médica. Las leyes estatales de “santuario” están llenas de lagunas que permiten la continua colaboración con ICE. Su fingida indignación es un intento cínico de preservar credibilidad política mientras siguen siendo fieles servidores del capital.

La redada del lunes tuvo lugar tan solo días después de que el presidente Trump firmara un presupuesto federal que asigna miles de millones a la aplicación de leyes de inmigración y detención. Ya han sido arrestados más de 1.600 inmigrantes solo en Los Ángeles entre el 6 y el 22 de junio. Estas acciones forman parte de una campaña nacional de intimidación diseñada para aterrorizar a los trabajadores inmigrantes y movilizar a capas fascistizantes de la población.

Sin embargo, la resistencia ya está surgiendo, como queda demostrado por las protestas de “No Reyes” del 14 de junio, que contaron con 11 millones de manifestantes. Además, en la mañana de la operación, los residentes fueron advertidos por adelantado y empapelaron el vecindario con volantes para alertar a los trabajadores inmigrantes. Docenas de manifestantes siguieron a las tropas, ondeando banderas mexicanas y salvadoreñas. Su presencia no solo indicó oposición al ICE, sino al régimen militarizado que ahora toma forma.

La defensa de los trabajadores inmigrantes no puede dejarse en manos del establishment político, que ha demostrado repetidamente su hostilidad hacia la clase trabajadora. Debe ser asumida por la propia clase trabajadora. El trabajador inmigrante no es un “interés especial” a proteger, sino el hermano y la hermana de todo trabajador en Estados Unidos. Su represión es el terreno de prueba para ataques más amplios contra los derechos democráticos, los salarios y las condiciones laborales.

Lo que se requiere ahora no son apelaciones al Partido Demócrata ni a sus aliados pseudoizquierdistas, ni confianza en los tribunales, sino el desarrollo de un movimiento político consciente e independiente de la clase trabajadora, basado en principios socialistas y solidaridad internacional. El ataque contra los inmigrantes forma parte de una ofensiva global de los gobiernos capitalistas para descargar la crisis del sistema sobre las espaldas de los trabajadores. Desde Los Ángeles hasta París, desde Santiago hasta Johannesburgo, el enemigo es el mismo.

El primer paso debe ser la organización de comités de base en los centros de trabajo, vecindarios, escuelas y hospitales para denunciar y oponerse a las operaciones represivas del Estado. Estos comités deben sentar las bases para una huelga general nacional, uniendo a todas las capas de la clase trabajadora—inmigrantes y ciudadanos, sindicalizados y no sindicalizados, del sector público y privado—en una lucha colectiva contra la austeridad, la guerra y el autoritarismo.

La Operación Excalibur es una advertencia. La pregunta no es si la clase dominante se está preparando para la guerra contra la clase trabajadora. Esa preparación ya está en marcha. La pregunta crucial es cómo responderá la clase trabajadora con la organización, conciencia y liderazgo político necesarios para contraatacar.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 9 de julio de 2025)