El número de muertos por inundaciones repentinas en Texas sigue aumentando, ahora por encima de 100, y muchos siguen desaparecidos y se presume que se ahogaron. Entre los muertos se encuentran al menos 27 niñas y personal que asistían a un campamento de verano en el condado de Kerr, con 10 menores y un miembro del personal aún desaparecidos. Mientras tanto, más lluvias torrenciales se han trasladado al centro de Texas, lo que representa nuevas amenazas para la seguridad de la población.

A medida que continúa el sombrío trabajo de búsqueda y recuperación, la evidencia deja en claro que esto no es un desastre “natural”, sino un crimen del capitalismo, un orden social en el que todos los aspectos de la vida, incluidas las precauciones de seguridad más básicas, están subordinados a las ganancias y los intereses de una oligarquía corporativo-financiera.

En todos los niveles gubernamentales —de condado, estatal y federal— los intereses lucrativos de las grandes empresas y las preocupaciones estratégicas del imperialismo estadounidense han bloqueado cualquier esfuerzo para proteger a la población de tormentas e inundaciones mortales.

A nivel local, los funcionarios del condado de Kerr, ubicado a 95 km al noroeste de San Antonio, rechazaron repetidamente las propuestas para establecer un sistema de alerta temprana para inundaciones repentinas. Esto, a pesar del hecho de que el condado se encuentra en lo que se ha denominado “Callejón de las Crecidas Repentinas” debido a las frecuentes y repentinas cabezas de agua que se producen desde Texas Hill Country hacia el golfo de México.

En enero de 2017, el condado de Kerr solicitó una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, sigla en inglés) para financiar un sistema de alerta temprana estimado en $980.000. Los funcionarios locales se negaron a buscar fondos de los contribuyentes del condado, citando el gasto, y en una discusión bromearon diciendo que el plan de protección contra inundaciones estaría “muerto en el agua” si FEMA no lo aprobaba. La Administración entrante de Trump finalmente no otorgó la subvención.

Bajo el mandato del gobernador republicano Greg Abbott, el estado de Texas ha gastado $11 mil millones en los últimos cinco años en la “Operación Estrella Solitaria”, un esfuerzo evidentemente inconstitucional para usurpar la autoridad federal sobre la migración durante el Gobierno de Biden. Esto ha incluido la construcción de una base permanente para el Departamento Militar de Texas sobre el río Bravo, el transporte en autobús de decenas de miles de solicitantes de asilo a ciudades como Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles, y la construcción de 135 km de muro fronterizo.

Abbott y la legislatura republicana han gastado generosamente para perseguir a los inmigrantes con el pretexto de defender a Texas de una supuesta “invasión” extranjera, mientras pellizcan centavos cuando se trata de amenazas reales para la población.

A principios de este año, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la HB-13 para establecer un plan de respuesta de emergencia en todo el estado, pero el proyecto de ley fue archivado en el Senado estatal en abril después de que los legisladores de derecha denunciaran su costo de $500 millones.

“Esto no se trata de nada más que el hecho de que son 500 millones de dólares”, dijo un legislador republicano durante un debate en el pleno el 1 de abril, según el Texas Tribune. “Este es probablemente uno de los votos más simples que deberíamos poder tomar hoy”.

Las medidas propuestas en HB-13 no pudieron implementarse a tiempo para prevenir el desastre de la inundación del 4 de julio. Pero la falta de acción de las autoridades estatales fue solo un eslabón en una cadena de décadas de abandono de la infraestructura social.

A nivel federal, el Gobierno de Trump ha tratado de ocultar su propia responsabilidad por el desastre, alegando que los recortes al Servicio Meteorológico Nacional impuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk no impidieron que la agencia emitiera advertencias oportunas en las horas previas a la inundación repentina.

No hay duda de que el personal del Servicio Meteorológico Nacional reconoció el peligro e hizo todo lo posible para hacer sonar la alarma. Trump ahora se esconde detrás de la dedicación y el autosacrificio de los mismos trabajadores que él y Musk denunciaban como parásitos y burócratas hace solo unos meses.

Pero los esfuerzos de los trabajadores se vieron gravemente obstaculizados por los recortes presupuestarios, que habían obligado a la jubilación anticipada del meteorólogo de coordinación de alertas en la oficina de San Antonio, cuya función principal era servir de enlace con las agencias locales de gestión de desastres. En el momento de la inundación, la oficina de San Antonio tenía seis vacantes de 26 puestos, y la oficina de San Angelo tenía cuatro puestos vacantes de 23.

Trump ya ha expulsado al 20 por ciento de los empleados profesionales en FEMA y anunció planes para disolver la agencia después de la temporada de huracanes de 2025, transfiriendo sus funciones a los estados. Ha denunciado el cambio climático como un “engaño” impulsado por China y ha librado una guerra contra prácticamente todas las agencias federales relacionadas con la ciencia, el ambiente y la salud pública.

El próximo mes se cumplirán 20 años desde que el huracán Katrina azotó el golfo de México, devastando las costas de Alabama, Mississippi y Louisiana. La tormenta rompió los diques de Nueva Orleans, inundando la icónica ciudad y cobrando la vida de más de 2.000 personas.

En ese momento, el WSWS condenó la indiferencia criminal de la Administración republicana de George W. Bush y la irresponsabilidad de los demócratas, que constituían su oposición nominal y controlaban tanto el gobierno de la ciudad de Nueva Orleans como el Gobierno estatal de Luisiana. Escribió

Los componentes decisivos de la tragedia actual son sociales y políticos, no naturales. La élite gobernante estadounidense ha estado desmantelando durante las últimas tres décadas cualquier forma de regulación gubernamental y bienestar social que se haya instituido en el período anterior. La catástrofe actual es el terrible producto de este retroceso social y político.

Las últimas dos décadas han sido años de una contrarrevolución implacable. Bajo Bush, Obama, Trump, Biden y ahora Trump nuevamente, la clase dominante estadounidense ha transferido asombrosas sumas de riqueza a la oligarquía financiera. El patrimonio neto de los multimillonarios estadounidenses se ha disparado de poco más de 1 billón de dólares en 2005 a más de 6 billones de dólares en la actualidad. Durante el mismo período, Estados Unidos ha gastado más de 14 billones de dólares en sus fuerzas armadas, construyendo un vasto aparato de violencia y represión para librar guerras en todo el mundo.

Tanto los mandatarios demócratas como los republicanos han presidido desastre tras desastre, cada uno exponiendo la decadencia de la infraestructura social. Bush vio incendios forestales masivos en California; Obama el derrame de Deepwater Horizon, el huracán Sandy y el tornado de Joplin, Missouri; Trump, el huracán María, que mató a miles de personas en Puerto Rico; y Biden, el huracán Ida, inundaciones catastróficas en California, y el huracán Helene, la tormenta más mortífera en el territorio continental de Estados Unidos desde Katrina. En todos los casos, la población tuvo que valerse por sí misma y no se hizo nada para evitar la próxima catástrofe.

Además, a pesar de las crecientes advertencias de los científicos sobre las consecuencias catastróficas del cambio climático, incluidas las tormentas más frecuentes, intensas y mortales, no se ha hecho nada para abordar la crisis. Al igual que con la actual pandemia de COVID-19, que ha matado e incapacitado a decenas de millones de personas, una respuesta racional y coordinada es imposible en el marco del sistema capitalista de Estados nación.

Ahora este proceso ha llegado a su culminación. La Administración de Trump está desechando lo que queda de la infraestructura social y canalizando todos los recursos disponibles a los bolsillos de los ultrarricos. El proyecto de ley de impuestos y gastos aprobado la semana pasada, que recorta más de $1 billón de dólares en salud, asistencia alimentaria y educación para financiar recortes masivos de impuestos para los ricos, es solo el último ejemplo de un Gobierno en guerra con su propia población.

Ningún sector de la élite política tiene una respuesta a la crisis a la que se enfrentan los trabajadores. La respuesta a desastres como las inundaciones de Texas debe incluir una inversión masiva en infraestructura, sistemas de alerta de inundaciones y tormentas, preparación para emergencias y una campaña global coordinada para detener y revertir el cambio climático. Esto requiere una planificación a escala mundial que es imposible mientras la sociedad permanezca subordinada a los intereses privados de los multimillonarios y las divisiones nacionales del sistema capitalista.

El Partido Socialista por la Igualdad lucha por la expropiación de la oligarquía financiera y la transformación de los bancos y las grandes corporaciones en servicios públicos, controlados democráticamente por la clase trabajadora. El giro drástico hacia el fascismo en la élite gobernante es una respuesta a su creciente temor a la radicalización masiva de la clase trabajadora. La tarea que enfrentan los trabajadores es profundizar su comprensión de las raíces sociales e históricas de esta crisis y construir la dirección revolucionaria necesaria para llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de julio de 2025)