La Cámara de Representantes dio la aprobación final al proyecto de ley fiscal y de gasto del presidente Trump el jueves, con una votación de 218 contra 214 que se alineó casi completamente según las líneas partidarias. Los republicanos respaldaron la legislación con 218 votos a favor y solo 2 en contra, mientras que los 212 demócratas votaron en contra.

El proyecto reduce los impuestos a los ricos en 3 billones de dólares, recorta más de 1 billón del gasto social en Medicaid y cupones alimentarios, y destina 300.000 millones más a la violencia militar en el extranjero y a la represión interna, particularmente contra los inmigrantes.

Trump planea firmar la legislación el viernes en una ceremonia de estilo fascista empapada de espectáculo patriótico del Cuatro de Julio, rematada con un sobrevuelo de bombarderos B-2, los mismos aviones de guerra que ordenó usar para atacar Irán apenas diez días atrás.

El proyecto no fue modificado respecto a la versión aprobada por el Senado dos días antes, a pesar del clamor del fascistoide Freedom Caucus de la Cámara que denunciaba que no recortaba suficientemente el déficit federal, mientras que más de una docena de “moderados” republicanos deploraban los recortes, particularmente en Medicaid, por considerarlos demasiado drásticos.

Al final, sin embargo, casi todos los republicanos se alinearon con los dictados de la Casa Blanca, con Trump amenazando con purgar a cualquiera que votara contra su principal iniciativa legislativa al respaldar rivales en las primarias. Detrás del matonismo político estaba el aluvión de amenazas en línea contra quienes pudieran oponerse al proyecto, incluyendo amenazas de violencia.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pronunció antes de la votación un discurso anticomunista en el que declaró que Estados Unidos fue el primer país fundado sobre principios religiosos, señalando el lema “In God We Trust” inscrito en la pared del recinto (instalado no por los padres fundadores, sino por los cazadores de brujas macartistas de los años 50 y principios de los 60).

Como explicó el WSWS cuando el proyecto fue aprobado en el Senado :

El proyecto de ley representa una de las mayores transferencias de riqueza en la historia de Estados Unidos desde los trabajadores y los pobres hacia la oligarquía. Estipula recortes de 930.000 millones de dólares al programa Medicaid, lo cual, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, privará a 11,8 millones de trabajadores de bajos ingresos o discapacitados de atención médica.

También contempla 285.000 millones de dólares en recortes a los cupones alimentarios, una reducción del 20 por ciento en un programa del cual dependen 40 millones de estadounidenses para alimentarse a ellos y a sus familias. Casi 11 millones de personas, incluidos 4 millones de niños, podrían perder asistencia alimentaria.

Aunque el Partido Demócrata alegó oponerse al proyecto y todos sus miembros en la Cámara y el Senado votaron en contra, no hubo ningún esfuerzo serio por parte del liderazgo del partido para movilizar una oposición popular.

Los demócratas no convocaron ni una sola protesta en Washington ni informaron a la población estadounidense sobre el asalto a sus condiciones de vida y su derecho a acceder a servicios de salud autorizado por esta legislación. En su lugar, realizaron un puñado de gestos inútiles en el Capitolio.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, pronunció un “discurso” de ocho horas con 32 minutos contra el proyecto de ley de Trump, rompiendo el récord previo, pero esto solo retrasó su aprobación hasta la tarde del jueves. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, hizo aún menos, proponiendo una moción parlamentaria que cambió el nombre del proyecto, que los republicanos querían llamar “Ley de un Gran Proyecto Hermoso,” en tributo a los lemas trumpistas.

La verdadera actitud de estos caballeros hacia el fascista en la Casa Blanca se demostró en las semanas previas a la aprobación del proyecto de ley fiscal.

En el Senado, Schumer intervino para resolver un estancamiento parlamentario sobre una llamada Resolución Continua, legislación necesaria para financiar el funcionamiento del gobierno. Lideró a un grupo de demócratas que dieron a los republicanos la mayoría de 60 votos necesaria para su aprobación.

En la Cámara, Jeffries movilizó a la mayoría de los demócratas para votar contra una resolución que pretendía impugnar a Trump por ordenar ataques aéreos contra Irán sin autorización del Congreso, y mucho menos una declaración de guerra, como lo exige la Constitución.

Si la aritmética parlamentaria se invirtiera, con una estrecha mayoría demócrata en ambas cámaras, los demócratas ni siquiera habrían intentado aprobar sus supuestas prioridades frente a la oposición republicana.

Basta recordar, por ejemplo, que la administración Biden no fue capaz de aprobar ni un aumento al salario mínimo federal, ni una cancelación significativa de la deuda estudiantil, ni medidas para frenar la violencia policial tras las protestas nacionales contra el asesinato de George Floyd, debido a que uno o dos senadores demócratas de derecha bloquearon la legislación.

La cobardía del Partido Demócrata, por sí sola, no explica la aprobación de esta monstruosidad legislativa. Los demócratas respondieron a sus verdaderos electores: Wall Street y el aparato militar-inteligencia, no a la clase trabajadora que afirman defender.

Los oligarcas corporativos querían que se hicieran permanentes los recortes fiscales de Trump promulgados en 2017 y que expirarían a finales de este año. La legislación garantiza la tasa impositiva corporativa del 21 por ciento e incluye un sinfín de disposiciones proempresariales que permiten a las grandes corporaciones y a los multimillonarios pagar impuestos a tasas más bajas que los obreros o maestros de escuela.

Existe un descontento considerable en Wall Street respecto a que los recortes fiscales se financien mayormente a través del endeudamiento, ya que los recortes de gasto se implementarán progresivamente durante diez años y en cualquier caso no alcanzan los 4 billones de dólares entregados a los ricos. Pero está bien entendido que los recortes a Medicaid y a los cupones alimentarios son solo el primer pago, y que se preparan recortes aún más brutales en los próximos años, dirigidos contra el Seguro Social y Medicare, los dos programas de gasto social más grandes.

En cuanto a los aspectos militar-policiales de la legislación, se asigna una cifra similar de aproximadamente 150.000 millones de dólares tanto al Pentágono como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los fondos de este último se utilizarán para terminar la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México iniciado durante el primer mandato de Trump, así como para construir una red de campos de concentración para detener a los millones de inmigrantes que Trump y sus asesores fascistas, Stephen Miller y Tom Homan, planean capturar y deportar.

Los fondos del Pentágono se usarán al menos en parte para comenzar el desarrollo del programa antimisiles propuesto por Trump. No se trata de una medida “defensiva”, sino de una preparación directa para la guerra nuclear, ya que alentaría un ataque nuclear estadounidense con la ilusión de que sería posible sobrevivir a un contraataque.

Los demócratas no han dicho prácticamente nada sobre ninguna de estas medidas porque apoyan el fortalecimiento masivo tanto del aparato militar estadounidense como del aparato interno de represión dirigido contra los inmigrantes y la clase trabajadora en su conjunto. Han criticado a Trump solo por sus métodos más abiertamente fascistizante para atacar a los inmigrantes y por su cambio de enfoque en la política exterior estadounidense, alejándose de la guerra contra Rusia en Ucrania y centrando la atención en Medio Oriente y China.

La ley de 950 páginas incluye un aluvión de medidas antidemocráticas que el WSWS analizará en los próximos días. Una provisión destaca de inmediato: el proyecto autoriza a la administración Trump a eliminar toda financiación federal para los servicios de salud prestados por clínicas de Planned Parenthood. Esa ha sido durante mucho tiempo una demanda de la extrema derecha fascista, que busca arruinar a Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto, al cortar sus fondos para operaciones médicas no relacionadas al aborto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de julio de 2025)