El Partido Socialista por la Igualdad denuncia la proscripción de Palestine Action por parte del gobierno de Starmer como un ataque fundamental contra los derechos democráticos de la clase trabajadora. A partir de la medianoche de hoy, ser miembro de esta organización o expresar cualquier tipo de apoyo será un delito penal.

Como partido que aboga por la movilización política masiva de la clase trabajadora, el Partido Socialista por la Igualdad no respalda los métodos de protesta individual llevados a cabo por Palestine Action, los cuales son incapaces de poner fin al genocidio en Gaza o de combatir la complicidad del imperialismo británico en este crimen. No obstante, hacemos un llamado a los trabajadores y jóvenes en Reino Unido y en todo el mundo a tomar una postura contra esta represión estatal.

Definir como terrorista a una organización de jóvenes que se oponen pacíficamente al asesinato en masa y la limpieza étnica de Gaza por parte de Israel, y a la complicidad del Reino Unido, tiene como objetivo criminalizar a los millones en Gran Bretaña e internacionalmente que han salido a las calles para protestar contra este crimen histórico.

El Reino Unido ha enviado armas y ha realizado vuelos de vigilancia de la RAF para ayudar al Estado israelí a matar a decenas de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Ahora, los verdaderos criminales —el gobierno laborista y todos los principales partidos de oposición— quieren silenciar a los opositores al genocidio y al ataque contra empleos, salarios y servicios esenciales necesarios para financiar sus planes de guerra en Medio Oriente y más allá.

El Estado se está otorgando el poder de encarcelar en masa a sus oponentes políticos, con muchos ya compareciendo ante los tribunales.

Al menos 56 miembros de PalAction están siendo juzgados actualmente por delitos relacionados con sus protestas pacíficas en fábricas de armas e instalaciones militares, como daños criminales y allanamiento. Al menos 13 miembros han sido arrestados desde el 20 de junio. En varios de los casos, la fiscalía ya ha alegado una “conexión terrorista”.

Relatores especiales de Naciones Unidas, juristas, grupos de derechos civiles y decenas de figuras públicas han señalado el “efecto amedrentador” sobre la libertad de expresión que implica declarar a PalAction como grupo terrorista.

La Ley contra el Terrorismo (2000) convierte en delito penal el pertenecer, invitar a apoyar, expresar apoyo de manera imprudente o convocar una reunión en apoyo de una organización proscrita, todo ello con penas máximas de hasta 14 años de prisión. También es delito vestir ropa o portar artículos que generen una sospecha razonable de pertenencia o apoyo, o publicar una imagen de un artículo como una bandera o logotipo que indique afiliación o respaldo.

PalAction cuenta con un cuarto de millón de seguidores en su cuenta de X/Twitter. Y millones más han manifestado su oposición al ataque contra el grupo, mostrando frecuentemente su solidaridad con la consigna “¡Todos somos Palestine Action!”. Tras la proscripción, esto constituirá un acto ilegal. Sin protección para los periodistas, incluso informar sobre campañas de defensa de la organización podría abrir la puerta a acciones legales.

Las negaciones del gobierno sobre su intención de criminalizar más ampliamente las protestas pro-Gaza carecen de valor. Entre los otros objetivos potenciales de encarcelamiento se encuentra la estudiante de SOAS, Sarah, por defender públicamente el derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación, así como Mo Chara, del grupo irlandés de hip-hop Kneecap. También se ha iniciado una investigación contra el rapero punk Bob Vylan tras realizar comentarios contra el genocidio en Glastonbury .

El lunes 7 de julio, dos líderes de la Coalición Detengamos la Guerra, Chris Nineham y Ben Jamal —quien también dirige la Campaña de Solidaridad con Palestina— enfrentarán cargos por delitos de Orden Público por participar en una protesta pacífica contra el genocidio en Gaza. Ambos estaban entre los 77 arrestados el 18 de enero, luego de que la Policía Metropolitana impusiera restricciones a una marcha previamente autorizada. Los diputados Jeremy Corbyn y John McDonnell también fueron llamados a declarar ante la policía.

Como advirtió el Partido Socialista por la Igualdad, “[s]i el sabotaje no violento por parte de manifestantes individuales es calificado como terrorismo, entonces ¿qué pasará con las huelgas de marinos y trabajadores portuarios, o trabajadores de fábricas y logística que boicotean el envío de armas y otros equipos a la maquinaria de guerra israelí, como ya lo han hecho estibadores franceses, griegos e italianos?”

Los derechos democráticos no pueden ser defendidos por partidos capitalistas ni por los tribunales

El gobierno recurre al autoritarismo porque su agenda de enriquecimiento de la oligarquía financiera y de guerra no puede imponerse de forma democrática. Esto quedó demostrado con la crisis del Gobierno de Starmer en torno a la reforma del sistema de prestaciones sociales, tras haber revertido los pagos invernales de combustible. Labour se vio forzado a reducir sustancialmente los recortes por 5.000 millones de libras para frenar una rebelión de algunos de sus diputados motivada por el temor a una reacción popular.

La escalada de la represión policial tras esta embarazosa derrota de Starmer busca asegurar a la élite gobernante que no habrá más retrocesos en el ataque contra la clase trabajadora, necesario para elevar el gasto militar al 5 por ciento del PIB mientras se canaliza la riqueza social hacia los bancos y grandes corporaciones.

Este ataque histórico a los derechos democráticos de la clase trabajadora no puede ser detenido apelando a representantes políticos o instituciones del orden capitalista.

Solo 26 diputados votaron contra la proscripción de PalAction, y solo 11 lo hicieron en la Cámara de los Lores. El viernes, el juez Chamberlain confirmó la ausencia total de una base de apoyo a los derechos democráticos dentro de la clase dominante al negarse a conceder a los abogados de Palestine Action una suspensión temporal de la orden mientras se tramita una revisión judicial más adelante este mes.

Tampoco la pequeña izquierda laboralista, sola o junto a los Verdes, puede montar una defensa política de los derechos democráticos y sociales de la clase trabajadora. Un día después de la votación parlamentaria, la diputada rebelde Zarah Sultana anunció su renuncia al Labour para unirse a los cinco independientes vinculados a Jeremy Corbyn y convertirse en copresidenta de un nuevo partido de izquierda .

Se viene hablando de tal partido desde que Corbyn fue destituido como líder del Labour en 2020, pero siempre se ha pospuesto, ya que Corbyn está desesperado por evitar cualquier acción que pueda dar cauce a una lucha política genuina de los trabajadores contra el Labour y la burocracia sindical, en lugar de intentar en vano empujarla hacia la izquierda.

De formarse tal partido, estaría dirigido por las mismas fuerzas que se negaron a luchar contra la derecha blairista y los tories, incluyendo su omisión en oponerse a la caza de brujas por el supuesto “antisemitismo de izquierda”, que sentó las bases para la actual criminalización de la oposición al genocidio. Su función sería encauzar hacia inofensivas apelaciones parlamentarias la vasta oposición a la guerra y la austeridad.

La transformación histórica del Partido Laborista y la lucha por un partido socialista de la clase trabajadora

La lucha necesaria contra el gobierno de Starmer no puede responderse con nostalgias por un pasado reformista ni con la creación de una versión reducida del Partido Laborista Mark II.

En 1901, la lucha por la formación del Partido Laborista comenzó como respuesta al fallo de Taff Vale, que hacía responsables a los sindicatos por las pérdidas sufridas por las empresas durante una huelga, dejando a los trabajadores indefensos ante la dictadura del gran capital. Hoy, el Labour, apoyado en la burocracia sindical, es el que impone ataques a los derechos democráticos y a la clase trabajadora incluso peores que los del gobierno tory al que reemplazó.

Esta transformación histórica no puede atribuirse a unos cuantos dirigentes malos. Starmer, ex abogado de derechos humanos convertido en fanático derechista, y su gobierno son el producto final de un giro fundamental en las bases mismas del capitalismo mundial.

El desarrollo de la producción globalizada ha acabado con toda posibilidad de que la burocracia sindical, históricamente enraizada en el Estado nación, combine la defensa del sistema de ganancias capitalistas con la obtención de reformas mínimas que garanticen la paz social. Eliminar todos los logros anteriores de la clase trabajadora e imponer la austeridad se ha vuelto condición indispensable para librar exitosamente la guerra comercial y militar del imperialismo británico.

Por eso, la defensa de los derechos democráticos fundamentales, el nivel de vida de los trabajadores y la lucha contra el genocidio y la guerra sólo son posibles adoptando un nuevo eje de lucha: el internacionalismo socialista.

El capitalismo está entrando en una crisis existencial por sus contradicciones internas, entre un sistema interconectado de producción y la división del mundo en Estados nacionales antagónicos basados en la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Para mantener su dominio y sus inmensos privilegios, la burguesía de cada país imperialista debe librar guerras comerciales y militares en el exterior y una guerra de clases en casa, para asegurar su competitividad frente a sus rivales. Esto encuentra su expresión más desarrollada en el establecimiento de una dictadura presidencial por Donald Trump en Estados Unidos.

Pero, como lo demuestra el estallido de oposición masiva a Trump, esas mismas contradicciones están empujando a millones a la lucha y crean la base objetiva para una contraofensiva unificada de la clase trabajadora a nivel internacional contra el descenso de la élite gobernante en cada país hacia la dictadura y la guerra.

El Partido Socialista por la Igualdad llama a los trabajadores a defender los derechos democráticos mediante la lucha de clases. Esto requiere una movilización industrial y política sistemática contra el gobierno de Starmer, llevada a cabo por organizaciones de base independientes de la burocracia sindical, y la formación urgente y necesaria de un nuevo partido obrero sobre bases genuinamente socialistas: el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de julio de 2025)