Tras la publicación de un demoledor informe que detalla la implicación de grandes empresas internacionales en el genocidio en Gaza, se canceló a último momento una conferencia en Berna, Suiza, en la que iba a hablar la funcionaria de la ONU Francesca Albanese.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, tenía previsto realizar una serie de tres conferencias en Suiza, comenzando por un acto el lunes en la Universidad de Berna. A último momento, y claramente bajo presión de funcionarios sionistas y suizos, se revocó el permiso para el evento. La universidad argumentó que se retiró la autorización por una “falta de equilibrio” por parte de la ponente.

Albanese fue invitada a Suiza por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que sostiene que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio. En respuesta a la decisión de la universidad, el portavoz de Amnistía Internacional, Beat Gerber, declaró: “Parece que la Universidad de Berna ha cedido ante presiones externas y está dejando de lado la libertad de expresión.”

Como ocurrió hace algunos meses en Alemania, tras la cancelación de una conferencia programada en una universidad, se consiguió una sede alternativa en Berna en poco tiempo y Albanese pudo dirigirse a unas 400 personas el lunes por la noche.

Francesca Albanese es una experta ampliamente respetada en derecho internacional, quien, en su función oficial ante la ONU, declaró en marzo de 2024 que veía “fundamentos razonables” para suponer que las acciones militares de Israel en Gaza constituían un genocidio. Albanese amplió y concretó esta afirmación en un informe para la ONU en octubre pasado, donde afirmó que las acciones del gobierno israelí tras su invasión de Gaza cumplían con todos los criterios establecidos por el derecho internacional para el crimen de genocidio.

A comienzos de mayo de este año, Albanese pidió que se persiguiera judicialmente a los principales funcionarios de la Unión Europea, en particular a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, por su complicidad con los crímenes de guerra de Israel.

Como ocurrió también en Alemania, antes de su visita a Suiza, Albanese —quien ha recibido múltiples amenazas de muerte— fue blanco de una oleada de ataques violentos por parte de medios sionistas y del principal diario derechista del país, el Neue Zürcher Zeitung, que la acusó de apoyar el terrorismo y el antisemitismo. Previsiblemente, el semanario Jüdische Allgemeine tituló su artículo: “El show de horror de Francesca Albanese”.

Pese a su reputación de neutralidad política, Suiza mantiene relaciones de larga data con el Estado de Israel y ha seguido la línea de Tel Aviv y Washington al respaldar la guerra israelí contra los palestinos en Gaza.

Condenando el papel del país en facilitar el genocidio en Gaza, 55 exdiplomáticos suizos firmaron una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis, el pasado domingo. En la carta, los diplomáticos denuncian el “silencio y pasividad” de Suiza frente a los “crímenes de guerra” de Israel en Gaza y urgen al gobierno a rechazar de inmediato el plan israelí de “expulsar a la población civil de Gaza y volver a ocupar el territorio militarmente”. Tales acciones por parte del gobierno y el ejército israelí no son más que “formas de limpieza étnica y procesos genocidas”, escriben los embajadores.

La carta también exige la suspensión de toda cooperación científica y académica con Israel que viole el derecho internacional, así como también el fin de toda cooperación, financiamiento e inversión en los sectores militar y de inteligencia de ambos países.

Los recientes intentos de silenciar a Albanese se producen tras la publicación del contundente informe que elaboró y que revela la magnitud de la implicación de grandes empresas de Estados Unidos y otros países en el suministro de armamento a la maquinaria de guerra israelí.

Titulado “De la economía de ocupación a la economía de genocidio”, el informe declara que el objeto de su investigación es “el papel de las entidades corporativas en el sostenimiento de la ocupación ilegal de Israel y su actual campaña genocida en Gaza… cuyo objetivo es despojar y borrar a los palestinos de sus tierras”.

El informe enumera una gran cantidad de empresas y corporaciones internacionales de los siguientes sectores: “fabricantes de armas, empresas tecnológicas, compañías constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y ONGs.” Según el informe, las empresas activas en estos sectores “facilitan la negación de la autodeterminación y otras violaciones estructurales en el territorio palestino ocupado, incluyendo ocupación, anexión y crímenes de apartheid y genocidio, así como una larga lista de delitos auxiliares y violaciones de derechos humanos, desde la discriminación, la destrucción arbitraria y el desplazamiento forzado, hasta la ejecución extrajudicial y el hambre”.

El informe afirma que “el complejo militar-industrial” es el pilar económico del Estado israelí, siendo dos empresas en particular —Elbit Systems y la empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI)— las que suministran la mayor parte del armamento para el asalto israelí contra Gaza, obteniendo además beneficios astronómicos a través de la exportación de sus armas.

El colaborador más importante de la maquinaria de guerra israelí es Estados Unidos. El informe señala que “Israel se beneficia del mayor programa de adquisición de defensa de la historia—para el caza F-35 liderado por Lockheed Martin, con sede en EE.UU., junto a al menos otras 1.600 empresas, incluida la fabricante italiana Leonardo S.p.A, y ocho Estados más”. Al utilizar los cazas F-35 y F-16 proporcionados por Lockheed Martin, la fuerza aérea israelí ha adquirido “un poder aéreo sin precedentes que le ha permitido lanzar unas 85.000 toneladas de bombas, matar y herir a más de 179.411 palestinos y arrasar Gaza”.

Como ocurre siempre con las guerras capitalistas, se generan enormes fortunas. El informe señala que “para empresas israelíes como Elbit y IAI, el genocidio en curso ha sido un negocio lucrativo. El aumento del 65 por ciento del gasto militar de Israel entre 2023 y 2024—equivalente a 46.500 millones de dólares, uno de los más altos per cápita en el mundo—supuso un alza significativa en sus beneficios anuales. Las empresas extranjeras de armamento, especialmente las productoras de municiones y explosivos, también obtienen ganancias.”

El extenso informe, que debería ser estudiado cuidadosamente, incluye también una sección titulada: “Vigilancia y carceralidad: el lado oscuro de la ‘nación start-up’.”

Esta sección describe el auge masivo de start-ups en Israel tras el 11 de septiembre. Gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Alphabet, Amazon y Palantir participan intensamente en estas start-ups, cuyo objetivo es desarrollar servicios de vigilancia utilizados por las fuerzas armadas, de seguridad y agencias de inteligencia israelíes en su guerra genocida en Gaza.

El informe publicado por Albanese constituye una acusación detallada y demoledora del papel desempeñado por las grandes empresas capitalistas en la “solución final” que está llevando a cabo Israel. Está previsto que se presente este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 miembros.

El informe concluye de forma tibia pidiendo acciones legales internacionales contra las empresas mencionadas, pero tales apelaciones caen en oídos sordos en países que cada vez más ignoran e incumplen instituciones como la Corte Penal Internacional, supuestamente creada para prevenir genocidios y crímenes de guerra. Tanto Israel como Estados Unidos se retiraron del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a principios de este año, alegando parcialidad contra Israel.

La figura más famosa asociada con Berna es el brillante físico Albert Einstein, quien trabajó durante años en la oficina de patentes de la ciudad, a pocos kilómetros de la universidad que prohibió la conferencia de Albanese el lunes. No cabe duda de que si estuviera vivo hoy, Einstein saldría en defensa de Albanese y condenaría a los fascistas que dirigen la política estatal en Washington y Tel Aviv.

Einstein, quien solo reconoció su identidad judía plenamente tras llegar a Alemania en 1914, apoyó la creación de un hogar para el pueblo judío después del asesinato de 6 millones en los campos de concentración nazis. Al mismo tiempo, se oponía ferozmente a un Estado-nación judío que oprimiera a los árabes.

Pocas semanas antes de la fundación del Estado de Israel en 1948, Einstein escribió:

Cuando una verdadera y definitiva catástrofe nos sobrevenga en Palestina, los primeros responsables serán los británicos y los segundos, las organizaciones terroristas surgidas de nuestras propias filas. No estoy dispuesto a ver a nadie asociado con esas personas descarriadas y criminales.

El principal de esos criminales al que se refería Einstein era Menajem Begin, dirigente del grupo terrorista Irgún, posteriormente primer ministro de Israel y copresidente del partido Likud, encabezado hoy por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu.

Con gran clarividencia, también en 1948, Einstein escribió que Begin lideraba “un partido político muy parecido en su organización, métodos, filosofía política y atractivo social a los partidos nazis y fascistas”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2025)