En su informe anual, el Banco de Pagos Internacionales (BPI, o BIS en inglés), la organización paraguas de los bancos centrales, presenta un panorama de una economía mundial y un sistema financiero cada vez más fracturados, llenos de contradicciones, conflictos y vulnerabilidades, en el contexto de una desaceleración económica global de largo plazo.

El informe contrasta notoriamente con el relativamente optimista presentado un año atrás.

Según la evaluación de este año: “Las perspectivas para la economía mundial se han vuelto mucho más inciertas e impredecibles en los últimos meses, lo que representa un marcado alejamiento del relativo optimismo del año anterior, cuando se vislumbraba un aterrizaje suave. Las interrupciones del comercio ahora amenazan con redibujar el paisaje global, al cuestionarse relaciones políticas y económicas de larga data”, según las frases iniciales del primer capítulo del informe publicado el domingo.

El enfoque inmediato se dirige a la política comercial de Estados Unidos y las perturbaciones provocadas por los aranceles impuestos por Trump, con su “alcance e impacto final desconocidos”. Estos han “elevado los indicadores de incertidumbre económica a niveles típicamente asociados con las crisis y desatado una gran volatilidad en los mercados financieros”.

Sin embargo, incluso antes de la guerra económica de Trump, el mundo ya “lidiaba con vulnerabilidades significativas”.

Estas tienen raíces en los propios fundamentos de la economía mundial, que según el informe “enfrenta desafíos persistentes y emergentes. El crecimiento de la productividad ha venido desacelerándose durante décadas en muchas economías avanzadas y más recientemente en varios mercados emergentes, lo que actúa como un lastre para el crecimiento económico general”.

Las economías se han vuelto más vulnerables a la inflación debido al envejecimiento poblacional y a la aparición de escasez de mano de obra, junto con la fragmentación del comercio que “podría reducir aún más la flexibilidad de la oferta”.

A esto se suma que “la alta deuda pública en varias jurisdicciones vuelve vulnerable al sistema financiero ante subidas en las tasas de interés, al tiempo que reduce la capacidad de los gobiernos de responder a desarrollos adversos”.

El uso de la palabra “varias” representa una subestimación significativa de la situación, ya que la creciente crisis de la deuda está concentrada en las principales economías.

Estados Unidos tiene una deuda de 36 billones de dólares, creciendo a una tasa calificada universalmente como “insostenible”. En el Reino Unido, que experimentó una importante crisis en 2022, se han lanzado advertencias sobre una posible venta masiva de bonos debido a los altos niveles de deuda. Los países europeos, particularmente Francia e Italia, están agobiados por sus deudas, mientras que el primer ministro japonés ha comparado la situación financiera de su gobierno con la de Grecia en la década de 2010.

El informe señala que si bien los niveles más altos de deuda pública son “sostenibles en escenarios de fuerte crecimiento de ingresos y bajas tasas de interés, las condiciones actuales y futuras no parecen favorables”.

De nuevo, esto es una subestimación, ya que el propio informe continúa señalando que “se espera que el crecimiento económico siga siendo moderado en el futuro previsible” y que las tasas de interés “pueden no retornar a los bajos niveles observados en la década anterior a la pandemia”.

Estos problemas crecientes se ven agravados por los cambios sustanciales en los mercados financieros derivados del aumento del crédito privado—las llamadas instituciones financieras no bancarias (IFNB). Su papel creciente en la financiación de la deuda pública “ha intensificado los riesgos de liquidez en los mercados de bonos, elevando la posibilidad de que los riesgos a la estabilidad financiera emerjan fuera del sistema bancario tradicional”.

Detallando estos riesgos, el informe destaca que “una proporción creciente del crédito a largo plazo para empresas pequeñas, medianas o altamente endeudadas es proporcionado por fondos de crédito privados”, que, a su vez, están financiados por fondos de pensiones y compañías de seguros. Las conexiones en este tipo de financiación son “notoriamente opacas”.

El resultado general es que “las condiciones financieras, así como los riesgos para la estabilidad financiera, son influenciados cada vez más por actores fuera del sistema bancario tradicional”. Pero los bancos siguen involucrados debido al apoyo que brindan a los mercados privados.

La crisis financiera de 2008, según apunta el informe, fue principalmente una crisis bancaria centrada en los mercados hipotecarios. Pero hoy el panorama tiene “los mercados de bonos gubernamentales en el centro y a gestores de activos de diversos tipos como intermediarios clave”.

Esto es especialmente relevante en el mercado repo, o de recompra, donde los fondos especulativos (hedge funds) utilizan bonos del Estado como garantía para obtener préstamos a muy corto plazo de los bancos, con el fin de financiar operaciones altamente apalancadas.

“Al utilizar valores del gobierno como colateral en los mercados repo para pedir prestado dinero destinado a adquirir valores adicionales, estas estrategias aumentan el rendimiento pero también son vulnerables a perturbaciones en la financiación, el efectivo o los mercados de derivados. Esta vulnerabilidad ha aumentado aún más a medida que las condiciones de financiación se han vuelto cada vez más laxas”.

Los acreedores, concluyó el informe, han “dejado de imponer cualquier restricción significativa al apalancamiento de los fondos especulativos”.

Esto deja al mercado más expuesto a perturbaciones, ya que “incluso leves aumentos en los descuentos [pérdidas] pueden provocar ventas forzadas y amplificar la inestabilidad financiera”. Esto se evidenció tanto en la agitación del mercado en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, como en la turbulencia de abril de este año.

En respuesta a la magnitud inesperada de los aranceles “recíprocos” anunciados por Trump en el “día de la liberación”, el 2 de abril, las tasas de interés de los bonos del Estado se dispararon. Pero contrario a lo que suele suceder, el dólar estadounidense cayó en los mercados internacionales de divisas y durante varios días se escuchó en los mercados la consigna de “vender América”.

El informe señaló los efectos complejos de los aumentos de aranceles bajo las condiciones vigentes.

“La economía global no es un conjunto de islas; consiste en una densa red de interconexiones entre proveedores, clientes, consumidores y los intermediarios financieros que los enlazan. La actividad cruza las fronteras, de modo que los bienes comercializados experimentan muchas rondas de valor agregado antes de llegar al consumidor final”.

Y la interrupción de las cadenas de suministro conllevaría nuevamente a “sorpresas inflacionarias al alza”.

El tema de la inflación plantea ante el BSI y todos los bancos centrales—guardianes de los intereses del capital financiero—una de sus mayores preocupaciones: la respuesta de la clase trabajadora.

El informe en sí utilizó un lenguaje cuidadosamente medido al señalar que los “hogares… podrían mostrar menos tolerancia hacia la caída del salario real tras el pronunciado aumento del costo de vida luego de la pandemia”.

En cambio, el director general del BPI, Agustín Carstens, fue algo más directo.

“Si surge evidencia de una desanclaje de expectativas [palabra clave para una ola de luchas obreras por aumento salarial en previsión de nuevas subidas en los precios], los bancos centrales deben responder enérgicamente a los choques inflacionarios”.

Esto significa que las tasas de interés deben subir incluso si ello lleva a la economía a una recesión. De hecho, el informe del BPI veía positivamente ese posible desarrollo en términos de la lucha contra la inflación, al sugerir que una desaceleración mundial podría ayudar a contenerla.

El BPI también mostró su verdadero rostro de clase cuando abordó la cuestión del estancamiento general y la creciente crisis fiscal, reflejada en el incremento de la deuda pública.

Insistió en que las llamadas “reformas estructurales” eran la clave para enfrentar los “persistentes desafíos del bajo crecimiento económico y de productividad experimentado por muchas economías en las últimas décadas”, y que tales reformas eran el único medio para superarlo.

“Ni la política monetaria expansiva ni la política fiscal expansiva pueden ser un motor duradero del crecimiento a largo plazo”.

En la economía capitalista, donde la “productividad” se basa en última instancia en la tasa a la cual se extrae plusvalía—la base del beneficio—de la clase trabajadora, la “reforma estructural” se reduce a reducir la participación del trabajo en el ingreso nacional y a empeorar las condiciones laborales.

La misma dinámica de clase se evidencia en las recetas del BPI para reducir la deuda pública, a la que identifica como causa principal de la inestabilidad financiera.

El informe sostiene que los países que enfrentan “grandes déficits fiscales y limitaciones en el espacio fiscal deben buscar una consolidación fiscal”. Pero rechaza lograr esto mediante un aumento de impuestos a las empresas o a los ricos, afirmando que “depender en gran medida de una consolidación basada en impuestos podría obstaculizar aún más el crecimiento”.

Bajo condiciones en las que todos los gobiernos incrementan el gasto militar a niveles récord desde la posguerra, la “consolidación fiscal” significa profundizar los ataques contra los servicios sociales como salud, educación y pensiones, impactos que recaen sobre la clase trabajadora y que exceden ya los niveles actuales de recortes.

El informe del BPI constituye una advertencia sobre la gravedad y creciente intensidad de la crisis de la economía capitalista mundial y sobre la preparación de la clase dominante y sus agencias estatales para enfrentarla.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de julio de 2025)