Desde marzo, han estallado protestas a nivel nacional en Panamá, incluyendo movilizaciones de pueblos indígenas y sindicatos que se oponen a una nueva ley de pensiones. Las manifestaciones contra la Ley 462, que incluye reformas al Seguro Social, comenzaron a bloquear caminos en la provincia de Bocas del Toro a finales de abril. Los bloqueos surgieron en varios puntos de Changuinola y Chiriquí Grande, a lo largo de la ruta entre David y Almirante, y en la concurrida carretera Panamericana.

“Nadie entra y nadie sale de la provincia de Bocas del Toro”, reportó Pedro Bautista de Pulso Informativo el 6 de mayo en TVN.

Los autobuses entre Ciudad de Panamá y David suspendieron operaciones, aunque algunos seguían en funcionamiento bajo la condición de que los pasajeros descendieran, cruzaran la línea de piquete a pie con sus pertenencias y abordaran otro autobús al otro lado del bloqueo. También estallaron protestas en Ciudad de Panamá, aunque allí no se bloquearon las carreteras.

Funcionarios gubernamentales, incluyendo al presidente José Raúl Mulino y al diputado de Bocas del Toro Benicio Robinson, llamaron al diálogo con los grupos protestantes, enfatizando el daño que se le hacía a la educación, salud, turismo y economía del país. El llamado de los políticos era a que los manifestantes fueran “razonables” y se sometieran a los intereses empresariales sin abordar las preocupaciones legítimas de los trabajadores respecto al robo de sus jubilaciones bajo la nueva ley.

El supuesto objetivo de la Ley 462 es “mantener [la] viabilidad financiera” del sistema de pensiones, particularmente para el programa de invalidez, vejez y muerte (IVM). Esto se traduce en una reducción de beneficios para los trabajadores panameños en los próximos años. Este tipo de modificaciones suelen implementarse con fechas futuras para sus consecuencias negativas, con el fin de evitar que estallen protestas como las que hoy tenemos ante nosotros.

La legislación fue presentada como fruto de “discusiones con la sociedad civil, representantes del sector privado y especialistas actuariales”, lo que significa que los intereses corporativos están detrás de este ataque contra los trabajadores con el fin de obtener mayores ganancias. Aunque las empresas comenzarán gradualmente a aportar más al sistema, se beneficiarán de que los trabajadores trabajen por más tiempo manteniendo ahorros de jubilación atados a intereses empresariales, lo que beneficiará a la clase dominante en el largo plazo.

Bajo las disposiciones de la Ley 462, los trabajadores que se jubilen en los próximos siete años conservarán el antiguo sub-sistema de beneficios definidos (pensión SEBD), mientras que quienes se jubilen después pasarán a formar parte del nuevo sistema de Fondo Único Solidario.

En este nuevo sistema, los bancos públicos administrarán el 90 por ciento de los fondos, mientras que el 10 por ciento restante quedará en manos de gestores de activos internacionales. Los nuevos activos de pensión serán invertidos en bonos del gobierno de Panamá, bonos del Tesoro de EE.UU., depósitos gubernamentales, acciones preferenciales, préstamos de seguros y otros préstamos corporativos cotizados en los mercados panameños y estadounidenses con una calificación mínima.

El Gobierno panameño espera que el nuevo sistema genere mayores rendimientos (5 por ciento frente al 3,87 por ciento) al vincular los ahorros jubilatorios de los trabajadores a los mercados bursátiles.

El Gobierno promete que los trabajadores no se verán afectados por las reformas. La edad de jubilación nominal se mantiene en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, pero el plan establece que la edad aumentará en tres años dentro de los próximos seis, para evitar que el sistema entre en déficit.

Los trabajadores, en particular los empleados del gigante bananero Chiquita, vieron claramente las implicaciones y comenzaron a protestar contra un plan que, según ellos, les hará trabajar más por menos. Las protestas se concentraron en la zona bananera, dejando un saldo de una persona muerta y decenas de heridos, incluidos 14 policías, según fuentes oficiales. Más de 300 trabajadores fueron detenidos.

Los trabajadores de Chiquita iniciaron una huelga a finales de abril, lo que llevó a la empresa a despedir a miles y forzar el fin de la huelga para renegociar los términos laborales. Otros sectores, como el magisterio, continuaron con los bloqueos de carreteras en la región y enfrentamientos con la policía. Cerca del 30 por ciento de las escuelas permanecen cerradas por las huelgas.

Las autoridades han afirmado que los manifestantes fueron violentos, saqueando negocios, vandalizando el aeropuerto local e incendiando un estadio de béisbol con policías adentro. “Saqueos y violencia” son palabras clave utilizadas habitualmente por la clase dominante para intentar volcar a la población local contra los trabajadores en lucha, a menudo sin base en la realidad.

La semana pasada, el presidente Mulino declaró un estado de emergencia de cinco días e instituyó la Operación Omega, que suspendió varios artículos de la constitución panameña relativos al derecho de reunión y libre tránsito, a la prevención de registros e incautaciones ilegales, al derecho de no ser detenido indefinidamente sin cargos, y a otros derechos humanos fundamentales. El estado de emergencia, que debía expirar el 25 de junio, fue posteriormente prorrogado hasta el 29 de junio. Más de 2.500 policías han sido desplegados para reprimir brutalmente a los trabajadores.

El gobierno ha asignado 40 millones de dólares a la Operación Omega, dinero que prefiere usar para reprimir la protesta social en vez de responder a las legítimas demandas de los trabajadores e invertirlo en sus jubilaciones.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo a la prensa este lunes que “logramos tomar control de la situación”. Señaló que las protestas y saqueos se han detenido, pero “la amenaza persiste”.

Además de restringir los derechos constitucionales, el gobierno cortó las telecomunicaciones locales el jueves pasado, aislando a muchas comunidades ya de por sí remotas del acceso a internet, a contactar a familiares o incluso hacer llamadas de emergencia. El apagón comunicacional continúa, sin un final claro a la vista.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, exoficial de fuerzas especiales formado por la Escuela de las Américas de EE.UU., culpó del descontento a la instigación de pandillas locales, alegando vagamente que cuentan con respaldo político en la región bananera de Bocas del Toro.

Los despidos masivos de Chiquita, que le costaron a la empresa 75 millones de dólares incluyendo productos perdidos, enardecieron aún más a los trabajadores de la región, quienes con razón vieron estos despidos como un ataque abierto a sus derechos laborales.

La crisis en Panamá se desarrolla en medio de una creciente presión por parte de Washington. La administración de Trump ha amenazado con apoderarse del Canal de Panamá para Estados Unidos. Durante una visita a Panamá la semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, reiteró la exigencia del gobierno estadounidense de que el Canal de Panamá garantice que “los buques de guerra y embarcaciones auxiliares estadounidenses puedan transitar libremente” por el canal.

La vía de agua de 82 kilómetros (51 millas) es una fuente masiva de ingresos para Panamá, además de generar miles de empleos. Tras un intento fallido por parte de Francia en 1881 debido a problemas de ingeniería y alta mortalidad entre los trabajadores locales, Estados Unidos se hizo cargo del proyecto en 1904, concluyéndolo en 1914.

Estados Unidos controló el canal hasta los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que dieron paso al control conjunto entre EE.UU. y Panamá, el cual finalizó en 1999 cuando el gobierno panameño asumió el control total a través de la Autoridad del Canal de Panamá.

Las esclusas originales miden 33,5 metros (110 pies) de ancho, permitiendo el paso de buques Panamax y reduciendo drásticamente el tiempo y el riesgo del tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. En mayo de 2016, luego de casi nueve años de construcción llevada a cabo por panameños, la Autoridad del Canal inauguró sus nuevas esclusas que permiten el paso de buques Neopanamax mucho más grandes.

El tránsito por el canal ha aumentado de manera dramática de unos 1.000 barcos en 1914 a más de 14.000 en 2012. En ese año, los principales países usuarios fueron Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur.

El imperialismo estadounidense prácticamente se relame ante la perspectiva de apoderarse del canal, garantizando el paso libre de sus propios buques y negando lo mismo a su rival geopolítico principal, China. Un ataque de esta magnitud contra los intereses financieros de rivales de Estados Unidos como China inevitablemente aceleraría la marcha hacia una guerra mundial. Esta locura es precisamente lo que desea la burguesía estadounidense, que busca un nuevo reparto del mundo en su favor utilizando el poderío militar de Estados Unidos y sus aliados.

Panamá ha vivido más de 100 años de presión constante y grados variables de control directo por parte de Estados Unidos. Incluso el dólar estadounidense se usa junto con la moneda local, el Balboa, con tipo de cambio 1:1, como moneda oficial del país. La burguesía panameña se ve simultáneamente sofocada por el coloso imperialista del norte, a la vez que cumple órdenes suyas.

Los ataques contra los trabajadores panameños se alinean con las estrategias e intereses de la burguesía estadounidense en su trato con la clase trabajadora dentro del propio EE.UU. La relación entre el imperialismo estadounidense y la burguesía nacional panameña está plagada de complicaciones nacionalistas que derivan de intereses de lucro en competencia y cooperación forzada.

Pero la clase trabajadora de Panamá y la clase trabajadora de Estados Unidos no comparten esa relación compleja. Los intereses de la clase trabajadora en todo el mundo son los mismos: la capacidad de vivir una vida digna sin explotación, guerras ni represión.

Los trabajadores estadounidenses y los trabajadores internacionales deben apoyar a los trabajadores panameños en su lucha por salarios dignos, jubilaciones con dignidad y contra los esfuerzos del imperialismo estadounidense por someter a Panamá a una opresión colonial.

La suspensión del habeas corpus en Panamá en respuesta a las protestas obreras es una severa advertencia a los trabajadores en todas partes, ya que la clase dominante de cada país espera su oportunidad de hacer lo mismo con los trabajadores en sus respectivos países.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 29 de junio de 2025)