La administración de Trump ha lanzado una ofensiva implacable contra Medicare, una de las políticas sociales centrales del capitalismo estadounidense que alguna vez sirvió como un baluarte mínimo, pero vital, contra la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento en la vejez.

Durante los últimos tres meses, en particular, la escala e intensidad de este ataque han alcanzado nuevos niveles. A través de órdenes ejecutivas, sabotaje regulatorio y una reestructuración encubierta, la administración ha avanzado agresivamente hacia la privatización y el desmantelamiento de lo que queda de este ya deteriorado programa de salud pública.

Las bases de esta ofensiva fueron sentadas por el Partido Demócrata—especialmente durante las administraciones de Obama y Biden—que facilitaron un giro gradual pero decisivo hacia la privatización mediante la expansión y promoción del programa Medicare Advantage (MA). La complicidad bipartidista entre los demócratas y los republicanos ha sido esencial para transformar Medicare de un beneficio público garantizado en una mina de oro para las aseguradoras privadas, que buscan lucrarse con los fondos públicos mientras ofrecen a los jubilados menos opciones de atención médica y menos protecciones.

Lo que ha hecho Trump—abierta y descaradamente—es empujar al programa aún más hacia la privatización total. Las decisiones de su administración reflejan una estrategia calculada de la oligarquía financiera para desmantelar la supervisión federal, recompensar los intereses corporativos y dejar a millones de personas mayores y discapacitadas a merced de empresarios privados.

El mecanismo central de destrucción de Trump es el programa MA, una alternativa privatizada al Medicare tradicional. Los planes MA ya reciben hasta un 20 por ciento más en pagos federales por afiliado que Medicare tradicional, una disparidad impulsada por prácticas fraudulentas como la “codificación incrementada” (upcoding), donde las aseguradoras inflan los diagnósticos de los pacientes para obtener mayores reembolsos, y la “selección favorable”, mediante la cual seleccionan personas más sanas mientras facturan al gobierno como si se tratara de pacientes crónicos.

Lejos de frenar estos abusos, la administración Trump los amplió. En abril, aprobó un incremento del 5,06 por ciento en los pagos a MA para el año 2026, canalizando aún más dinero público hacia manos corporativas. También tomó medidas para hacer del MA la inscripción predeterminada para nuevos beneficiarios—una maniobra escandalosa que socava el consentimiento informado y carga la balanza contra Medicare público.

Además, la administración Trump promovió agresivamente los planes MA a través de correos oficiales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que se asemejaban claramente a anuncios publicitarios. Los agentes de seguros fueron incentivados secretamente con bonificaciones no divulgadas para inscribir personas mayores en MA, muchas veces sin explicar claramente las consecuencias.

Muchos de estos planes limitan el acceso a proveedores, requieren autorizaciones previas para tratamientos y niegan servicios necesarios, afectando desproporcionadamente a quienes tienen necesidades de salud más complejas. Esto no se trata de una “elección”, como afirma cínicamente la administración. El efecto inevitable será empujar a los jubilados hacia esquemas con fines de lucro disfrazados de política pública.

Simultáneamente, Trump supervisa el desmantelamiento de las propias agencias federales encargadas de administrar y asegurar la integridad del programa Medicare. En marzo, los CMS, institución responsable de regular los planes MA y asegurar la calidad del cuidado, perdió 300 trabajadores. Al mismo tiempo, oficinas clave como la Oficina de Coordinación de Medicare y Medicaid y la Oficina de Salud de las Minorías fueron reducidas profundamente. En abril, se cerró la mitad de todas las oficinas regionales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

La Administración del Seguro Social (SSA) fue igualmente atacada, con 7.000 despidos sobre la mesa en febrero y propuestas en abril para imponer exigencias de identificación que dificultarían el acceso a beneficios—especialmente para los jubilados más vulnerables. La Oficina del Secretario Adjunto de Planificación y Evaluación (ASPE), un ente asesor crucial para la política de salud, vio despidos del 70 por ciento de su personal en mayo. Incluso la Oficina del Inspector General—encargada de investigar fraudes en Medicare—sufrió interrupciones en su liderazgo en enero.

La supervisión del ya corrupto sistema MA fue debilitada. La detección de fraudes se deterioró. La orientación pública desapareció. Y los adultos mayores quedaron a merced de un sistema hostil con menos recursos, menos orientación y creciente dependencia en actores privados con fines lucrativos.

En abril, Trump también desmanteló la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), recortando el 40 por ciento de su personal. Entre los programas eliminados estaban el Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) y la Patrulla de Medicare para Mayores (SMP), que proporcionaban orientación crítica e imparcial y prevención contra el fraude. Su eliminación deja a los jubilados vulnerables a la desinformación y la explotación financiera, representando además un giro consciente del apoyo colectivo hacia la supervivencia individual en un mercado depredador.

Mientras se avanzaba agresivamente con la privatización de Medicare, la guerra paralela de Trump contra Medicaid propinó un segundo golpe devastador a millones de jubilados de bajos ingresos y personas con discapacidades que dependen de ambos programas. El centro de este ataque fue la Ley de Una Gran y Hermosa Factura, aprobada por la Cámara en mayo de 2025, que propone recortar hasta 793.000 millones de dólares de Medicaid en diez años.

La ley impone exigencias punitivas de trabajo, requisitos documentales engorrosos y revisiones frecuentes de elegibilidad—todo bajo el falso estandarte de la “reforma”. En realidad, estas medidas están calculadas para obstruir el acceso, abrumar a los beneficiarios con trámites e impedir su inscripción, despojando así de atención médica vital a los sectores más vulnerables de la población.

Las consecuencias serían inmediatas y catastróficas. Se estima que dos millones de personas, en su mayoría adultos mayores que califican tanto para Medicare como para Medicaid, perderían el acceso a Medicaid—quedando excluidas de la ayuda para pagar primas de Medicare, copagos, y servicios esenciales como el cuidado a largo plazo. Para estas personas, el impacto combinado de la privatización de MA y el retroceso de Medicaid es devastador: mayores gastos de bolsillo, deudas médicas crecientes y empeoramiento del estado de salud.

Algunas de estas ofensivas buscan revertir mejoras modestas implementadas bajo Biden, como la agilización de la inscripción en Medicaid para los llamados “doblemente elegibles”. Sin embargo, el hecho de que estas mejoras puedan ser desmanteladas con tanta facilidad subraya el fracaso del Partido Demócrata en consolidarlas legalmente o movilizar a la población contra la privatización. En su lugar, ambos partidos han tratado el sistema de salud como una ficha de negociación política, independientemente de sus diferencias tácticas.

En un intento de presentarse como un reformador populista, Trump firmó órdenes ejecutivas que supuestamente reducirían el costo de los medicamentos recetados—como la norma de la “nación más favorecida”, que pretendía igualar los precios de los fármacos estadounidenses con los de otros países. Pero estas órdenes eran simbólicas, carecían de respaldo congresional y fueron bloqueadas rápidamente por los tribunales. No fueron más que propaganda diseñada para desviar la atención de la verdadera agenda de salud de su administración: recortar gastos y trasladar cada vez más la carga a los pacientes individuales.

Los efectos de las políticas de Trump sobre Medicare ya se sienten a nivel nacional. En términos financieros, los sobrepagos a los planes MA han inflado las primas de la Parte B en 13.000 millones de dólares anualmente. Los recortes propuestos a Medicaid eliminarían la asistencia para millones de beneficiarios de bajos ingresos. Estas cargas financieras se traducen directamente en visitas médicas omitidas, atención atrasada, enfermedades no tratadas y muertes prematuras.

Médicamente, los planes MA reducen las redes de proveedores y retrasan la atención mediante barreras burocráticas como autorizaciones previas. Las personas mayores con enfermedades crónicas o graves enfrentan cada vez mayores dificultades para acceder a especialistas o continuar tratamientos con sus proveedores de toda la vida. Al mismo tiempo, los programas públicos que ayudaban a los mayores a entender sus opciones han sido desmantelados, dejándolos dependientes de aseguradoras que prosperan gracias a la confusión y la desinformación.

A largo plazo, la agenda de privatización es insostenible. Se espera que el Fondo Fiduciario de Medicare se quede sin fondos para 2033, una crisis exacerbada por el desvío de fondos públicos hacia los planes privados MA. Con una proyección de afiliación al MA que alcanzará el 60 por ciento para finales de la década, el Medicare tradicional corre el riesgo de convertirse en una reliquia olvidada—subfinanciada, infrautilizada y disponible solo para quienes no puedan “optar” por la atención privada.

Esta trayectoria apunta hacia la formación de un sistema de salud de dos niveles: un sistema privado rentable y de acceso selectivo para quienes puedan pagarlo, y una opción pública depauperada e insuficiente para todos los demás. Tal futuro no es inevitable—pero sí es el resultado lógico de políticas bipartidistas que tratan la salud como un activo corporativo y no como un derecho social.

El ataque de la administración Trump a Medicare constituye nada menos que una agresión contra la clase trabajadora y la población mayor de Estados Unidos. Está impulsado por las exigencias de Wall Street y de la industria de la salud, que ven en Medicare una fuente lucrativa de ingresos—no un salvavidas para decenas de millones. Mientras tanto, los fondos públicos son ilimitados para la guerra y la represión por parte de una alianza bipartidista.

Trump no actuó solo. Sus políticas fueron posibles gracias a décadas de complicidad demócrata. La administración de Obama aceleró la expansión del MA, no combatió el fraude y promovió modelos de atención “basados en el valor” que borran las fronteras entre sistemas públicos y privados. La administración de Biden, aunque revirtió algunas medidas del primer mandato de Trump, ha seguido promoviendo “innovaciones” privatizadas en lugar de una verdadera expansión pública.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de junio de 2025)