El gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, está envuelto en un escándalo de corrupción cada vez más profundo que amenaza con hacer caer a la administración
La creciente crisis está planteando la posibilidad de elecciones anticipadas que, según la mayoría de las encuestas, probablemente entregarían el poder al derechista Partido Popular (PP) y al ultraderechista Vox.
En el centro de las acusaciones se encuentra Santos Cerdán, uno de los aliados más cercanos del presidente Pedro Sánchez y, hasta la semana pasada, secretario de Organización del PSOE. Cerdán dimitió tras verse involucrado en una creciente investigación de corrupción dirigida por la Guardia Civil, que destapó una red de sobornos, tráfico de influencias y especulación con contratos públicos.
El caso está estrechamente vinculado al 'caso Koldo', centrado en el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García. Los investigadores los acusan de desviar millones en comisiones ilícitas a través de empresas fantasma durante la pandemia, incluyendo contratos sobrevalorados de mascarillas e infraestructuras.
Las garantías de Sánchez a sus aliados parlamentarios de que el escándalo se limita al “triángulo tóxico” de Cerdán, Ábalos y García no han convencido. El líder nacionalista catalán de ERC, Gabriel Rufián, advirtió de una “sensación de fin de ciclo”. El Partido Nacionalista Vasco se negó a decir si la mayoría gobernante puede mantenerse. Su vocera, Maribel Vaquero, advirtió: 'cada día amanecemos con un dato más; vamos a ver qué explicaciones da en la Cámara, vamos a actuar con prudencia y humildad '. Incluso el pseudoizquierdista Sumar tomó distancia, con su ministro Pablo Bustinduy declarando que las explicaciones del PSOE eran 'claramente insuficientes'.
Esto no es simplemente un caso de corrupción, sino parte de un proceso más amplio mediante el cual la clase dominante está reconfigurando su estrategia política. El escándalo que envuelve al gobierno de Sánchez está siendo utilizado no solo para resolver disputas internas dentro de la clase política, sino también para preparar el terreno para un realineamiento destinado a imponer una austeridad más profunda, una represión intensificada de la clase trabajadora y un giro a gran escala hacia el militarismo.
En 2018, el PSOE llegó al poder mediante una moción de censura respaldada por Podemos, utilizando el escándalo de corrupción de Bárcenas en el PP —otro esquema de sobornos que involucraba a empresas constructoras— para derrocar a Mariano Rajoy y estabilizar el régimen. El verdadero objetivo era reorientar el Estado tras el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, que había sumido al capitalismo español en una crisis. La brutal represión del PP el 1 de octubre, que dejó más de 1.000 heridos, y el encarcelamiento de líderes catalanes rompieron el equilibrio político que había sostenido el orden posfranquista. El PSOE fue llevado al poder para desactivar la crisis catalana y restaurar el control político.
Hoy se está repitiendo la misma lógica. La clase dominante española se enfrenta a una crisis existencial, presionada por crecientes tensiones internacionales y una intensificación de la lucha de clases en el ámbito interno.
La guerra comercial mundial liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado a la economía española en una posición vulnerable. Según la Cámara de Comercio, los nuevos aranceles estadounidenses podrían afectar a 22.000 millones de euros en el comercio bilateral, infligiendo pérdidas de hasta 4.300 millones de euros. Cerca de 28.000 empresas podrían verse directamente afectadas, especialmente en sectores clave como la infraestructura, la maquinaria, la metalurgia, los productos farmacéuticos, los productos químicos, la agroindustria y los textiles.
Al mismo tiempo, la OTAN está intensificando sus demandas de aumentos sin precedentes en el gasto militar. En una carta enviada la semana pasada, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a todos los estados miembros que aumenten el gasto en defensa a un asombroso 5 por ciento del PIB.
Para España, esto significaría desviar anualmente 80.000 millones de euros adicionales —casi la mitad del presupuesto total de pensiones del país— hacia preparativos de guerra. Sánchez ya ha impuesto profundos recortes a las pensiones, reformas laborales regresivas y ha aprobado los mayores presupuestos militares de la historia reciente de España. Pero para la clase dominante y sus patrocinadores imperialistas, esto es solo el comienzo, lo que ha llevado a Sánchez a oponerse al objetivo obligatorio calificándolo de “No es razonable y es contraproducente” y una amenaza para la economía de España.
Cualquiera que sea el resultado, la campaña de rearme de la Unión Europea y la campaña de guerra global de la OTAN dirigida a sus tres frentes interconectados —Rusia en Europa del Este, China en el Pacífico y también la violenta remodelación de Oriente Medio— exigen una austeridad más profunda, privatizaciones e intensificación de la represión interna. La guerra de Israel con Irán podría impulsar los precios del petróleo un 20 por ciento por encima de las previsiones de referencia, desencadenando una nueva ola inflacionaria que erosionaría aún más los niveles de vida de los trabajadores en toda Europa.
La clase dominante ya ha mostrado su voluntad de priorizar las demandas de la OTAN sobre el gasto social, pero teme que la coalición PSOE-Sumar, la más débil en la era postfranquista, que depende del apoyo de cinco partidos en el parlamento, sea lo suficientemente fuerte como para imponer la próxima ola de recortes sin provocar una revuelta incontrolable.
La escalada de la crisis social, impulsada por la espiral de alquileres, hipotecas inasequibles y salarios estancados, ya ha provocado una ola nacional de protestas y huelgas. En Cantabria, 22.000 trabajadores metalúrgicos iniciaron una huelga que los sindicatos cerraron rápidamente, temiendo su convergencia con una huelga de 26.000 trabajadores del metal en Cádiz que comenzó semanas después. En Cartagena, otros 20.000 trabajadores metalúrgicos están entrando en una nueva ronda de negociaciones, en medio de la creciente agitación entre los trabajadores de A Coruña y de los astilleros de Navantia.
El sector metalúrgico es solo un frente de una ofensiva de clase más amplia: 9.500 trabajadores del gigante energético Iberdrola están en huelga, las tripulaciones de vuelo y los médicos de EasyJet se están movilizando en todo el país para obtener mejores salarios y condiciones, los docentes en Asturias exigen aumentos salariales, y los trabajadores de la cadena de supermercados Alcampo y de Caixabank resisten a los recortes masivos de empleo.
De momento, el PP, el único partido en el Parlamento con suficientes escaños para presentar una moción de censura, ha optado por no hacerlo. El portavoz, Borja Sémper, argumentó que una medida de este tipo solo ofrecería un 'balón de oxígeno al sanchismo' y 'desviaría el foco', señalando que el PP en este momento prefiere una estrategia de desgaste. En lugar de forzar una votación que no puede ganar porque carece de suficiente apoyo parlamentario, el PP pretende organizar ataques mediáticos y movilizaciones callejeras, presionando a Sánchez para que convoque elecciones anticipadas por su cuenta. — Sánchez ha elegido una agonía lenta —admitió Sémper—, pero va a ser mucho más dolorosa.
El PSOE también podría iniciar una moción de confianza. Con una ajustada mayoría parlamentaria de 152 escaños en manos del PSOE y Sumar en el Parlamento de 350 escaños, Sánchez lo arriesgaría todo asumiendo que los cinco partidos que lo respaldan en el Parlamento mantendrán la posición.
En el seno del PSOE crecen los llamamientos para la celebración de elecciones anticipadas. Esto ha sido defendido por el ex presidente del gobierno Felipe González, que gobernó de 1982 a 1996, y Emiliano García-Page, el influyente presidente regional de Castilla-La Mancha. González respaldó públicamente el llamamiento de Page a elecciones anticipadas antes de las elecciones municipales y regionales programadas para mayo de 2027.
González jugó un papel central en la destitución de Sánchez como secretario general del PSOE en 2016, orquestando un golpe interno que permitió al partido abstenerse en una votación parlamentaria y permitir que el PP llegara al poder. Esta operación, llevada a cabo en interés de la burguesía española después de dos elecciones inconclusas y nueve meses de bloqueo político, pisoteó las reglas del partido y la voluntad popular y fue impulsada por una campaña mediática a gran escala contra Sánchez.
Ahora González ha vuelto a ser el centro de atención, utilizando el escándalo de corrupción para presionar por un gobierno más alineado con las crecientes demandas de la OTAN. 'Algunas personas piensan que la mejor política de defensa es no gastar nada en defensa o seguridad... Nosotros vamos a declararle la paz al mundo... y quien no nos crea que se joda. Que nos ataque, que no nos vamos a defender. Ese debate es ridículo', dijo.
El lunes, Sánchez se comprometió a apoyar las medidas anticorrupción exigidas por sus partidarios parlamentarios para mantenerse en el poder y evitar, en sus palabras, 'entregar el poder a la derecha y a la extrema derecha'. Describió su administración como un 'logro histórico' y declaró: 'No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro el buen rumbo de España. No vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea'.
Esta retórica no puede ocultar que el gobierno PSOE-Sumar ha implementado una austeridad radical, reformas laborales represivas y un gasto militar récord mientras apoya la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania y mantiene su complicidad con el genocidio de Israel en Gaza.
La cuestión decisiva que enfrenta la clase trabajadora española es que, aunque está comenzando a movilizarse, sigue sin una voz política. Las huelgas y protestas que estallan en todo el país están dirigidas por las mismas centrales sindicales traicioneras, CCOO y UGT, alineadas con el gobierno. Estas burocracias actúan como policía laboral, reprimiendo la rabia, aislando las luchas y protegiendo al estado capitalista.
En las elecciones de 2023, el WSWS advirtió que no se debía apoyar al PSOE y a Sumar en nombre de la oposición a la extrema derecha. Insistimos en que sólo un movimiento político independiente de la clase obrera podía luchar contra la austeridad, el militarismo y la dictadura. Esa advertencia ha sido reivindicada. Los mismos partidos aclamados como una 'alternativa progresista' han pasado dos años despejando el camino para que la extrema derecha regrese al poder.
Este patrón no es exclusivo de España. En Estados Unidos, los demócratas prepararon el terreno para el regreso de Donald Trump. En Alemania, los socialdemócratas, los verdes y el Partido de la Izquierda allanaron el camino para el gobierno más militarista y de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial bajo Friedrich Merz. En Gran Bretaña, el Partido Laborista de Starmer es indistinguible de los conservadores. El giro de la clase dominante hacia el fascismo y la dictadura proviene de un sistema económico azotado por la profundización de la desigualdad, la decadencia social y la guerra mundial.
Los trabajadores y los jóvenes que buscan un camino hacia adelante deben dirigirse al Comité Internacional de la Cuarta Internacional. La tarea consiste en estudiar su historia y su programa y construir una sección en España para preparar la dirección necesaria para luchar por un futuro socialista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de junio de 2025)