El 10 de junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó una sentencia de seis años de cárcel contra la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Junto con otros acusados, fue declarada culpable de fraude el 6 de diciembre de 2022, después de un largo juicio por contratos de construcción de carreteras adjudicados ilegalmente durante varios años a una empresa propiedad del multimillonario empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El tribunal también prohibió a CFK postularse para un cargo por el resto de su vida, luego de su anuncio de planes para buscar un puesto legislativo en la provincia de Buenos Aires.

Fernández fue declarada culpable de aceptar sobornos y direccionamiento de contratos de construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, durante el mandato de su difunto esposo Néstor Kirchner y los dos mandatos de CFK. Néstor Kirchner murió en 2010, después de una larga carrera política en Santa Cruz y la presidencia.

La Corte Suprema otorgó a CFK varios días para entregarse en la sede del Tribunal Penal Federal en Buenos Aires, el edificio Comodoro Py, para su procesamiento final.

En las observaciones finales de esta audiencia, Fernández describió el largo proceso y la decisión del tribunal como “ lawfare ”, el abuso intencional del sistema legal con fines políticos. Más que una guerra legal, la expresidenta declaró: “Este es un pelotón de fusilamiento”.

La prohibición política de Fernández, que sigue siendo la jefa política de la tendencia política burguesa más importante del país, el peronismo, representa una importante escalada en el giro de la clase dominante argentina y el Gobierno del presidente fascista Javier Milei hacia la criminalización de la oposición política y el establecimiento de una dictadura de Estado policial. Milei defiende abiertamente los crímenes de la última dictadura militar.

Esta operación está siendo dirigida junto al Gobierno de Trump, que ya había prohibido a CFK ingresar a los Estados Unidos en marzo, acusándola de estar involucrada en una “corrupción significativa”.

Ya en septiembre de 2022, un pistolero brasileño de extrema derecha vinculado a círculos de extrema derecha conectados al movimiento de Milei intentó asesinar a CFK.

El predecesor peronista de Milei, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, CFK, supervisaron un brutal régimen de austeridad dictado por el Fondo Monetario Internacional, lo que allanó el camino para que Milei ganara las elecciones a pesar de prometer una “terapia de choque” económica aún más agresiva. Como “oposición” nominal, los legisladores, gobernadores y burocracias sindicales peronistas han votado su legislación y negociado algunos de sus ataques más radicales a las instituciones sociales y los derechos democráticos.

Frente a una agitación constante de huelgas de masas y protestas que el aparato sindical dirigido por los peronistas encuentra cada vez más difícil de contener, la decisión de la clase dominante de volverse contra CFK no es porque vea al peronismo como una amenaza a su ataque contra la clase trabajadora, sino que busca intimidar y criminalizar toda oposición desde abajo.

El miércoles 18 de junio, un tribunal federal de Buenos Aires aceptó la petición de CFK de cumplir su condena en su casa, bajo estrictas condiciones; además de las restricciones sobre quién puede visitarla, aún no está claro si podrá pisar el balcón de su apartamento de US$300.000 en Buenos Aires. La ley argentina permite que los mayores de 70 años cumplan su condena en casa.

El tribunal, sin embargo, confirmó su prohibición de postularse para un cargo político.

En la mañana del fallo, miles de personas comenzaron a reunirse en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar. Grupos organizados por el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U) marcharon desde el Obelisco y el centro de Buenos Aires. También hubo protestas masivas en la ciudad industrial de Córdoba, el puerto de Rosario y otras ciudades importantes.

Burócratas de las federaciones sindicales CGT y CTA, simpatizantes del Movimiento Peronista Cámpora (liderado por el hijo del expresidente Máximo Kirchner), el Partido Justicialista de CFK y otros grupos peronistas se movilizaron junto a un número significativo de trabajadores y estudiantes.

El fallo y la prohibición contra CFK han sido explotados por los apologistas del peronismo desde hace mucho tiempo en los partidos pseudoizquierdistas de la clase media para presentarla como una mártir política. Como escribió el WSWS en ese momento, la elección de Milei demostró que, “en lo que respecta a los trabajadores, el aparato peronista está compuesto por una turba de funcionarios corruptos y matones burócratas sindicales que conspiran para hacer cumplir los dictados de las corporaciones y los bancos”. Ahora, los socios pseudoizquierdistas del peronismo están aprovechando todas las oportunidades posibles para ayudar a reconstruir la credibilidad y el apoyo a este partido burgués.

Dicho francamente, estos esfuerzos solo pueden ayudar a desarmar políticamente a la clase trabajadora en la lucha contra el fascismo y la dictadura, de manera similar a cómo estas mismas tendencias desarmaron a los trabajadores antes de la brutal dictadura del general Rafael Videla (1976-83).

Myriam Bregman, legisladora del morenista Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), que lidera el FIT-U, ha emitido varias declaraciones que comunican un apoyo político incondicional a CFK. Hablando con reporteros de los medios corporativos, dijo:

En una democracia capitalista tan restrictiva como la que vivimos, la Corte Suprema se arroga aún más derechos, el derecho a decidir quién puede ser candidato o no. Nosotros creemos que hay que hacer movilizaciones masivas en todo el país, que hay que tomar medidas de lucha que nadie se puede hacer el distraído porque esto excede al propio caso. Esto es un mensaje político de avance antidemocrático que como todo avance antidemocrático nos ha enseñado la historia de nuestro país termina indefectiblemente siendo contra el pueblo.

Las declaraciones de CFK en la audiencia fueron respaldadas por Jorge Altamira, fundador del pseudoizquierdista Partido Obrero y líder de su facción disidente Política Obrera, en una entrevista reciente. Altamira rechazó la sentencia, describiéndola como un montaje político similar al del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en 2014, fue condenado por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht (Operaçāo Java Jato), facilitando la elección del fascista Jair Bolsonaro.

También fue entrevistado en un programa de radio el líder del Partido Obrero, Gabriel Solano, que también pertenece al FIT-U. Solano habló en la misma línea, aceptando que CFK era culpable de fraude, pero insistiendo en que “todos cometen fraude” y que el ataque contra ella es político. “Es evidente que este es un caso de persecución política”, dijo Solano. Solano luego explicó que el PO no apoya a Kirchner, citando la complicidad de miembros del Gobierno de CFK en el asesinato del miembro del PO Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores ferroviarios contingentes del Ferrocarril Roca atacados por matones del sindicato ferroviario, protegidos por la policía. Ferreyra y otros dos fueron heridos. Él murió en un hospital.

La privatización parcial de las líneas ferroviarias argentinas, que habían sido nacionalizadas bajo el primer régimen de Perón, tuvo lugar bajo el Gobierno de Néstor Kirchner con la colaboración de los sindicatos y las empresas privadas. Permitió la contratación de trabajadores “temporales” y contingentes s bajos salarios y en condiciones de feroz sobreexplotación. De esto se benefició el sindicato ferroviario, socio de pleno derecho en el Ferrocarril Roca que contrató a los matones que atacaron a los trabajadores el 20 de octubre de 2020.

La muerte de Mariano Ferreyra desencadenó protestas masivas. Hace nueve años, la película ¿ Quién Mató a Maryano Ferreira? (¿Quién mató a Mariano Ferreyra?) expuso el crimen y la complicidad de los Kirchner. En el minuto 1:06:00 hasta la 1:10:00 de la película, el líder del sindicato ferroviario, Pedraza, el organizador de los escuadrones de matones, habla de su relación con el Ministerio de Trabajo y con Néstor y Cristina Kirchner.

Solano declaró: “Tenemos ‘negocios pendientes’ con CFK ... sin embargo, defenderemos su derecho a postularse”.

Altamira y Solano insisten en que la participación de su tendencia en estas marchas no significa apoyo político a CFK o al peronismo. Eso es un fraude: si el expresidente de derecha Mauricio Macri o el fascista Milei hubieran estado en los zapatos de Cristina, el FIT-U se abstendría de protestar en su nombre. Estos movimientos promueven a CFK como una alternativa capitalista “menos mala” para la clase trabajadora.

Detrás de la negativa criminal del FIT-U a crear una verdadera alternativa de clase trabajadora está su orientación de clase pequeñoburguesa hostil a la clase trabajadora, lo que explica su fácil adaptación al culto a la personalidad de los más famosos enemigos de la clase trabajadora: Juan Domingo Perón, su primera esposa Evita, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, haciendo todo lo posible para alejar a la clase trabajadora argentina de la revolución social y de los programas burgueses y nacionalistas de los anteriores y su falso antiimperialismo.

Hay pocas dudas de que los Kirchner participaron y se beneficiaron de un esquema de payola que involucra obras públicas junto con otros.

En verdad, el fraude y la corrupción han sido un sello distintivo de los Gobiernos capitalistas y son intrínsecos al funcionamiento del capitalismo, ya que los funcionarios gubernamentales aprovechan la información privilegiada y las conexiones corporativas para enriquecer a los accionistas, a los directores ejecutivos corporativos y a ellos mismos (como en el infame escándalo de Enron de 2001). Estas prácticas corruptas continúan hoy en día en todo el mundo, bajo Milei, quien eliminó a la agencia que investigaba su participación en una estafa cripto, o para ese caso, las administraciones de Netanyahu, Trump y Pedro Sánchez de España, todos ahora envueltos en crecientes escándalos de corrupción.

La amenaza de una dictadura fascista, con el caso CFK sentando las bases para ataques mucho más amplios contra los derechos democráticos, no puede subestimarse, pero la lucha contra estos ataques solo puede basarse en una evaluación sobria del papel desempeñado por los peronistas y la pseudoizquierda para desarmar cualquier resistencia viable en la clase obrera basada en un programa revolucionario, socialista e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de junio de 2025)