Apenas ha pasado una semana desde que las principales centrales sindicales españolas paralizaron la huelga de los trabajadores del metal en Cantabria y ya se está produciendo un nuevo estallido de la lucha de clases.

Los días 18 y 19 de junio, más de 26.000 trabajadores metalúrgicos de la provincia de Cádiz están llamados a una huelga. El paro, convocado por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), es la última expresión de la explosiva indignación que se está acumulando en la clase trabajadora industrial española. Forma parte de una ola de huelgas más amplia, mientras los trabajadores luchan por recuperar los salarios hundidos tras años de aumentos salariales por debajo de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el aumento de los precios de los alimentos.

La huelga gaditana tiene como objetivo forzar un nuevo convenio colectivo con la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), que sustituya al impuesto en 2021. Las demandas sindicales incluyen la regulación de los contratos 'fijos discontinuos', la mejora de las bajas por enfermedad y la indexación de los salarios a la inflación con fecha retroactiva del 1 de enero de 2024 a 2026. No se proponen aumentos salariales por encima de la inflación.

Una de las principales demandas es el restablecimiento del bono de trabajo tóxico para todos los trabajadores. Esto se eliminó del acuerdo en 2013, con la aprobación de los sindicatos, durante las negociaciones en medio de una profunda crisis en el sector. Aunque se volvió a plantear en 2021, los sindicatos volvieron a retirarlo. Los trabajadores denuncian el resultado: como un 'sistema salarial de dos niveles', en el que las contrataciones anteriores a 2014 reciben el bono, mientras que a los trabajadores más nuevos, a pesar de ocupar los mismos puestos, se les niega.

Si no se llega a un acuerdo, la huelga se convertirá en una huelga indefinida a partir del 23 de junio.

El acuerdo afecta a miles de pequeñas y medianas subcontratas vinculadas a gigantes como Navantia, Airbus, Acerinox o Dragados. Cubre a unos 17.000 trabajadores permanentes y hasta 9.000 fijos en 3.500 empresas. También participan trabajadores de micro y pequeñas empresas de carpintería metálica, plomería, aire acondicionado y talleres de reparación de automóviles. Todos se enfrentan a bajos salarios, contratos precarios y acuerdos violados sistemáticamente con impunidad.

Esta huelga supone una contundente denuncia de la traición sindical de la huelga de 2021. Durante nueve días, los trabajadores paralizaron la producción con una participación casi total, bloquearon carreteras y se enfrentaron a la represión policial. Los barrios obreros estallaron en solidaridad, con caceroladas nocturnas, pancartas en los balcones y manifestaciones espontáneas.

Aterrorizado de que esta militancia inspirara a los trabajadores de todo el país, el gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos, en el que la actual líder de Sumar, Yolanda Díaz, se desempeñaba como ministra de Trabajo, un papel en el que continúa hoy, respondió con la fuerza bruta. Cientos de policías antidisturbios y vehículos blindados fueron desplegados en los barrios obreros para aplastar la huelga. A medida que crecía la movilización, CCOO y UGT intervinieron para sofocar el movimiento, firmando un acuerdo a puerta cerrada con la patronal que representó una traición total.

El acuerdo implicó un recorte del salario real del 7 al 8 por ciento y no abordó ninguno de los problemas estructurales del sector: precariedad, subcontratación sin control, trabajo peligroso, largas jornadas y extrema flexibilidad laboral.

Incluso los términos de este miserable convenio colectivo son ampliamente ignorados por los patronos. Una de las principales reivindicaciones de 2021 era la aplicación de los derechos básicos. Sin embargo, los sindicatos se aseguraron de que no se introdujera ningún mecanismo de control. Hasta el día de hoy, hacen la vista gorda ante las violaciones, actuando como garantes del poder empresarial.

El resultado ha sido catastrófico. En julio de 2022, Público informó de que entre 2.000 y 5.000 metalúrgicos gaditanos se habían visto obligados a emigrar. Uno de ellos describía contratos que duraban solo días, trabajando turnos de 12 horas durante un mes completo sin descanso.

“En Cádiz no hay control de las horas extraordinarias nunca,”, dice. “Así es como está el 60% del metal en la Bahía de Cádiz” Otro explicaba que algunos empresarios les quitan a los trabajadores parte del dinero que les corresponde para aumentar sus beneficios y 'que o tragas o haces la maleta y te vas'. Si tu exiges “te dicen que hay sesenta en la puerta esperando que te vayas'. Otro trabajador afirmaba que CCOO y UGT, 'están comprados y están a favor de los empresarios'

Si bien las demandas sindicales en 2025 siguen estando muy por debajo de lo que se perdió desde 2021 o nunca se ganó ese año, las condiciones para una lucha seria son mucho más favorables. La carga de trabajo está casi a pleno rendimiento, a diferencia de 2021, cuando el COVID-19 seguía limitando la actividad industrial. Empresas como Navantia y Dragados Offshore se están expandiendo, respaldadas por la inversión estatal en el marco del programa de rearme del gobierno del PSOE Sumar.

Pero para avanzar en la lucha, los trabajadores deben sacar las lecciones de la traición de 2021 y de la reciente en Cantabria. Allí, los sindicatos echaron abajo un poderoso movimiento al imponer un nuevo acuerdo que ofrecía aumentos salariales ligeramente por encima de la inflación. El objetivo era desactivar la huelga antes de que pudiera catalizar una movilización más amplia y coordinada con los trabajadores de Cádiz y los 20.000 metalúrgicos de Cartagena que entraban en negociaciones, y que coincidiera además con el creciente descontento en A Coruña y los astilleros de Navantia.

Además, el sector metalúrgico es sólo un frente en una ola nacional más amplia de lucha de clases: 9.500 trabajadores del gigante energético Iberdrola están en huelga; los médicos y las tripulaciones de vuelo de EasyJet se están movilizando en todo el país para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo; los docentes asturianos exigen mejoras salariales; y los trabajadores de la cadena de supermercados Alcampo y de Caixabank luchan contra los recortes de empleo.

Una lucha unificada amenazaría directamente la agenda militarista del gobierno del PSOE Sumar, muy dependiente del sector metalúrgico. Se enfrentaría a una administración profundamente impopular, asediada por escándalos de corrupción y una creciente resistencia de la clase trabajadora a años de austeridad y deterioro salarial.

Por eso, los sindicatos, recompensados con una cifra récord de 32 millones de euros de fondos públicos por el gobierno PSOE-Sumar en 2025, están aislando cada lucha, desgastando las resistencias y garantizando que los trabajadores negocien desde una posición de debilidad. Funcionan como policías laborales, encargados de reprimir la lucha de clases.

Para muchos trabajadores, el papel traicionero de CCOO y UGT es evidente. Es por eso que los trabajadores de base fundaron la Coordinadora de Trabajadores del Mewtal (CTM) en 2020 como una alternativa. CTM ha apoyado la huelga al tiempo que ha advertido de que ' Lo que está sobre la mesa es insuficiente, pero lo más grave es todo lo que ni siquiera se está negociando'.

Su declaración denuncia abusos desde hace años ignorados por los sindicatos: contratos precarios de “fijos discontinuos permanentes”, horas extra forzosas bajo amenaza de despido, violaciones de los días de descanso y trabajo durante las olas de calor del verano. Condenan además las subcontratas paralelas para personal de limpieza y andamios, que fragmentan a la plantilla y ofrecen peores condiciones laborales.

La CTM insiste en que la asamblea de trabajadores, y no los acuerdos tras bambalinas, debe ser el centro de la toma de decisiones'. Como hicimos en 2021', escriben, “CTM llamamos al conjunto de los trabajadores a la huelga para reivindicar, como en 2021, lo que está y lo que no está sobre la mesa pero sí sobre las cabezas de los que sufrimos el metal de verdad. El miércoles volvemos a las barricadas hasta ganar tanto lo que está sobre la mesa como lo que no.”

Sin embargo, para que los trabajadores decidan lo que está sobre la mesa y lo que no, deben tomar la lucha en sus propias manos mediante la creación de comités de base, independientes de la burocracia sindical. A través de estos comités, los trabajadores pueden tomar el control de la huelga, formular sus propias demandas, incluidos aumentos salariales por encima de la inflación, contratos estables, condiciones de trabajo seguras y el fin de la subcontratación, y coordinar una ofensiva común en todo el sector metalúrgico y la clase trabajadora en general.

La CTM denuncia a la burocracia sindical, pero al igual que los sindicatos circunscribe la lucha a Cádiz. Los órganos independientes y democráticos de los trabajadores de base pueden unir a los trabajadores metalúrgicos a través de las empresas, contratos y funciones, y forjar vínculos con otros trabajadores en toda España e internacionalmente.

Un movimiento de este tipo debe estar armado con una perspectiva política. La lucha por condiciones, salarios y derechos decentes no puede librarse aisladamente de la lucha más amplia contra el capitalismo. La lucha de los metalúrgicos es un choque directo con el programa de guerra y austeridad del gobierno del PSOE-Sumar, basado en recortes sociales y represión.

Para derrotar esta ofensiva, los trabajadores deben luchar por el socialismo: el control democrático y la propiedad pública de las principales empresas metalúrgicas, astilleros, bancos y corporaciones, y la organización de la producción basada en las necesidades humanas, no en el beneficio privado.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2025)