Las principales centrales sindicales españolas han traicionado a los trabajadores del metal de Cantabria al forzar un acuerdo destinado a poner fin a su potente huelga de 22.000 trabajadores lo antes posible.

Su objetivo es impedir una lucha estatal unificada de decenas de miles de trabajadores metalúrgicos, un movimiento que inevitablemente entraría en confrontación directa con el gobierno del Partido Socialista (PSOE) y de Sumar y la Unión Europea (UE), a medida que la lucha de clases se profundice en todo el país.

Desde el primer momento, las principales centrales sindicales implicadas —UGT, CCOO y USO— no tenían intención de librar una lucha seria. A principios de mayo, al iniciar las negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo con la patronal regional de empresarios del metal, PYMETAL, entraron en conflicto con los trabajadores decididos a recuperar las pérdidas salariales reales sufridas desde la última traición en 2022, en medio de una inflación creciente impulsada por la crisis de la COVID-19 y la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania.

Bajo una creciente presión, anunciaron dos jornadas de huelga aisladas para los días 3 y 5 de junio, con un mes entero de antelación, utilizando esta larga espera no para generar fuerza ni para vincular la lucha con otros trabajadores del metal que también pelean por nuevos convenios a nivel provincial —y con otros sectores de trabajadores que luchan por mejores salarios y condiciones—, sino para desactivar la indignación y preparar una nueva traición.

Los sindicatos se preparaban para repetir el papel que habían desempeñado en 2022, cuando, tras 21 días de huelga de decenas de miles de trabajadores, desconvocaron la huelga y firmaron un acuerdo entreguista que imponía aumentos salariales por debajo de la inflación. La huelga culminó con la mayor manifestación en la capital de Cantabria, Santander, en décadas, el 15 de junio de 2022, con el apoyo masivo de la población trabajadora de la ciudad. Pero las burocracias sindicales finalmente desmovilizaron el movimiento, dando la victoria a los empresarios, sembrando la indignación por su represión de la oposición militante y su aplicación de las demandas de la patronal PYMETAL.

Sin embargo, la poderosa respuesta a las jornadas de huelga del 3 y 5 de junio, marcada por una participación abrumadora que aumentó del 90 al 95 por ciento, sacudió a la dirección sindical, a la patronal y al gobierno. En otras regiones, los trabajadores del metal comenzaban a movilizarse y a prepararse para acciones de huelga en torno a sus próximos convenios colectivos.

En Cádiz, bajo una presión creciente, los mismos sindicatos implicados en la huelga de Cantabria convocaron a 27.000 trabajadores a la huelga los días 18 y 19 de junio, con una huelga indefinida prevista a partir del 23 de junio, una maniobra calculada para garantizar que no coincidiera con la huelga en Cantabria del 3 y 5 de junio. En Cartagena, 20.000 trabajadores están iniciando negociaciones, mientras crece el malestar en A Coruña y en los astilleros de Navantia en Cartagena.

Más allá del sector del metal, la lucha de clases se está intensificando en todo el país: 9.500 trabajadores del gigante energético Iberdrola secundaron una histórica primera huelga; más de 30.000 docentes en Asturias protagonizaron grandes protestas, con miles en huelga indefinida, lo que obligó a dimitir al consejero autonómico de Educación. Durante el fin de semana, miles de médicos se unieron a una huelga nacional contra un proyecto de ley propuesto por el gobierno que empeorará sus condiciones de trabajo y dañará el sistema de salud pública.

En todas partes, los trabajadores luchan por recuperar los salarios perdidos durante años de austeridad y traiciones. Las excusas utilizadas por la clase dominante y la burocracia sindical —primero la pandemia, luego la guerra— se han agotado.

El desempleo oficial ha caído por debajo de los 2,5 millones por primera vez desde 2008, antes de la crisis capitalista mundial, lo que demuestra que los trabajadores están en una posición más fuerte para luchar. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida. Los salarios siguen estancados mientras los costes de la vivienda se disparan y las hipotecas son inaccesibles para millones de personas. Desde 2018, la inflación se ha comido el 89 por ciento de las subidas salariales, haciendo que el trabajador medio pierda alrededor de 1.410 euros de poder adquisitivo debido al aumento de los precios y al impacto de los impuestos sobre la renta no indexados.

El objetivo principal de la burocracia sindical era desactivar la huelga de Cantabria antes de que pudiera catalizar una movilización más amplia y coordinada de la clase trabajadora en toda España. Un movimiento así habría coincidido con el creciente descontento social y habría dejado al descubierto la profundización de la crisis del gobierno del PSOE–Sumar.

Luchando por aprobar un presupuesto, envuelto en escándalos de corrupción que involucran a altos cargos del PSOE, y enfrentando una posible derrota electoral por parte del derechista Partido Popular y Vox, el gobierno depende cada vez más de los sindicatos para contener la indignación popular. Al mismo tiempo, sigue adelante con un aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB en 2027 que tiene una amplia oposición, mientras que la OTAN pide cada vez más llegar hasta el 5%.

El 6 de junio, al día siguiente de que la última huelga recibiera un apoyo masivo, los sindicatos consumaron su traición firmando un 'preacuerdo' fraudulento con los empresarios. Establece un nuevo convenio colectivo para 2025-2028, que ofrece un aumento salarial del 3,5 por ciento en el primer año, seguido de ajustes anuales del IPC más un 0,7 por ciento. También contiene un aumento gradual de las bonificaciones por vacaciones, pagos de seguros ligeramente mejores y un modesto incremento en el pago del turno de noche.

Estas pequeñas concesiones estaban destinadas sobre todo a desactivar a los trabajadores antes de que su huelga pudiera cruzarse con una ofensiva mucho más amplia. Estas cifras, sin embargo, no compensan el 4 por ciento estimado en pérdidas salariales reales sufridas bajo el acuerdo anterior impuesto en 2022 por las mismas burocracias sindicales.

Si bien el nuevo acuerdo fija los salarios por encima de la inflación, se debe advertir a los trabajadores que si la inflación, actualmente en el 2 por ciento, vuelve a aumentar —por ejemplo, debido a una escalada de la guerra imperialista en Oriente Medio con un ataque de Israel y la OTAN contra Irán— los empresarios y los sindicatos no dudarán en incumplir el acuerdo.

El acuerdo fue sellado a través de otro mecanismo clave utilizado por la clase dominante española para suprimir la lucha de clases: una votación en una asamblea de delegados estrictamente controlada. Pasando por alto cualquier consulta genuina con las bases, 241 delegados sindicales votaron a favor del acuerdo, 27 en contra y 1 nulo.

Los sindicatos aclamaron cínicamente el resultado como una victoria colectiva y una muestra de la fuerza de la clase trabajadora. Una vez más queda claro que la unidad del sector y la acción sindical coordinada son factores esenciales para avanzar en derechos, mantener la dignidad y conseguir un convenio justo”.

Pero este voto manipulado no es una expresión de la voluntad democrática de los trabajadores, y mucho menos una victoria resultante de la unidad, sino una maniobra calculada para desmovilizar y reprimir una rebelión creciente.

La naturaleza del sistema de delegados es totalmente antidemocrática y sirve para que los sindicatos ejerzan un control policial sobre la lucha de clases. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, hay 320.882 delegados sindicales registrados en todo el país, que incluyen representantes de personal, miembros de comités de empresa y juntas de personal del sector público. La gran mayoría, alrededor del 70 por ciento, está afiliada a los dos sindicatos dominantes, UGT y CCOO. Estos delegados gozan de amplios privilegios legales, que incluyen horas pagadas cada mes para llevar a cabo asuntos sindicales, protección contra el despido, prioridad en los procedimientos de despido y acceso a la información de la empresa.

Este marco burocrático sirve como un mecanismo para cooptar a los elementos militantes y crear una capa más privilegiada de trabajadores que articulen los intereses de los rangos inferiores de la burocracia sindical. Integra a los trabajadores no afiliados en la estructura sindical a cambio de algunas migajas y los utiliza para imponer acuerdos como el de Cantabria, todo ello evitando votaciones abiertas o asambleas masivas. Los sindicatos presentan a estos delegados como la voz legítima de la plantilla, pero en realidad son instrumentos para suprimir la toma de decisiones democrática e imponer ataques desde arriba.

Esta cooptación está respaldada materialmente por el Estado español, que financia a los sindicatos para que actúen como policías laborales. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una cifra récord de 32 millones de euros en financiación para los sindicatos en 2025, lo que supone un aumento del 88% con respecto a los 17 millones de euros asignados en 2024. La provisión de estos fondos fue encabezada por la ministra de Trabajo pseudoizquierdista y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para contener y reprimir la lucha de clases.

Hay que sacar lecciones. Los acontecimientos de Cantabria han confirmado que los trabajadores quieren luchar, pero que para hacerlo de manera efectiva necesitan sus propias organizaciones no vigiladas por la burocracia sindical. Los trabajadores de Cantabria deben reiniciar su huelga y coordinar acciones combinadas e indefinidas con las de Cádiz, Cartagena y el resto de provincias para conseguir reivindicaciones decididas democráticamente por el conjunto de las bases.

Esta estrategia requerirá que los trabajadores establezcan comités de base como centros de oposición a los esfuerzos de la burocracia para contener y desmovilizar su lucha. Estos comités pueden vincular a los trabajadores de todos los lugares de trabajo, regiones y sectores, así como a nivel internacional a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. Pueden proporcionar la base para un movimiento político de la clase obrera que no luche por concesiones menores, sino por una alternativa socialista al capitalismo, la guerra y la austeridad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de junio de 2-25)