Mientras comienza la semana, la conspiración sistemática para establecer una dictadura presidencial en Estados Unidos se está implementando a prisa. A través de un golpe de Estado calculado y en curso, Donald Trump está creando un régimen completamente nuevo de dominio de clase.

Los eventos en Los Ángeles son un punto focal de una operación a nivel nacional. El lunes, la Casa Blanca anunció que enviará 700 marines estadounidenses, la rama del ejército estadounidense históricamente asociada con la opresión colonial, a la segunda ciudad más grande del país. Esto sigue a la orden de Trump el sábado por la noche de federalizar la Guardia Nacional de California y desplegar 2.000 soldados con el pretexto de proteger edificios federales, incluida la prisión de ICE donde se encuentran los inmigrantes detenidos la semana pasada.

Los marines se están desplegando desde la base militar Twentynine Palms en el desierto de Mojave, a 225 km al este de Los Ángeles. El régimen de Trump también ha anunciado planes para duplicar el número de tropas de la Guardia Nacional a 4.000.

El despliegue de marines en servicio activo marca una importante intensificación del esfuerzo por normalizar el uso de la fuerza militar en las calles estadounidenses. Es una violación directa de la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de los militares para operaciones policiales. Si bien los funcionarios de Trump se han referido repetida y absurdamente a las protestas en Los Ángeles y otras ciudades como una “insurrección”, hasta ahora se han abstenido de invocar la Ley de Insurrecciones de 1807. En cambio, están afirmando la supuesta autoridad inherente del presidente para desplegar tropas dentro de los Estados Unidos.

La proclamación del sábado de Trump que federalizaría a la Guardia Nacional no menciona Los Ángeles o California. En cambio, ordena al secretario de Defensa Pete Hegseth que consulte con “los gobernadores de los estados” y le autoriza a desplegar “cualquier miembro de las Fuerzas Armadas regulares” según sea necesario para proteger la propiedad federal, “en cualquier número que se determine apropiado a su discreción”. En otras palabras, un número ilimitado de tropas en cualquier lugar del país.

Un artículo del New York Times publicado el lunes cita a Kori Schake, del derechista American Enterprise Institute, quien señaló: “La Administración de Trump está probando una nueva teoría legal de que puede eludir las restricciones en materia de operaciones policiales por parte del ejército estadounidense”.

Hoy, Trump tiene previsto visitar Fort Bragg, la enorme base del Ejército en Carolina del Norte, para pronunciar un discurso con motivo del 250 aniversario del Ejército de los EE. UU. Esta será la primera visita de Trump a la base desde que regresó al cargo en enero. Estará acompañado por Hegseth, una de las figuras más fascistas de su Gobierno que está ayudando a supervisar las operaciones golpistas.

Los actos conmemorativos del aniversario culminarán con una masiva movilización militar en las calles de Washington D.C., este sábado 14 de junio, cuando más de 7.000 efectivos, respaldados por cientos de tanques y vehículos blindados, participarán en un desfile coincidiendo con el 79 cumpleaños de Trump. Un convoy de tanques, transportados en tren, ya ha comenzado a llegar a la capital de la nación.

La coincidencia de la celebración personal del cumpleaños de Trump con el masivo desfile militar no es casual. Trump está tratando de establecer el Führerprinzip dentro del ejército estadounidense: una estructura de mando que no está arraigada en la Constitución ni en la supervisión civil, sino en la lealtad personal hacia él. El ejército, en este marco, se presenta como su ejército. En la Alemania nazi, se requería que los oficiales militares prestaran juramento directamente a Adolf Hitler, no al Estado alemán.

Se está estableciendo un nuevo marco político en Estados Unidos, en el que el Gobierno federal opera al margen de cualquier restricción legal, llevando a cabo acciones que no solo no tienen precedentes en su alcance, sino que son descaradamente ilegales e inconstitucionales. Aquellos que critiquen o se opongan a estas acciones, ya sea en cargos políticos, tribunales, bufetes de abogados, medios de comunicación o a través de protestas en las calles, se enfrentarán al poder represivo del Estado capitalista.

El arresto de David Huerta, presidente de SEIU California, un sindicato que representa a 700.000 trabajadores mayoritariamente latinos e inmigrantes del sector de servicios y Gobierno, revela el carácter fundamental de clase y fascistizante del golpe en curso. Huerta fue encarcelado durante el fin de semana y liberado con una fianza de $50.000. Enfrenta cargos por delitos graves por supuestamente intentar bloquear el paso de un vehículo de ICE. Esto no es simplemente una represión contra los inmigrantes o los manifestantes, sino una campaña para destruir los derechos democráticos de la clase trabajadora en su conjunto.

Sin embargo, a pesar de este ataque directo a un líder sindical, ni el SEIU ni la confederación AFL-CIO convocaron protestas masivas, ni mucho menos una huelga para exigir la liberación de Huerta y la eliminación de todos los cargos. La única respuesta oficial de la AFL-CIO ha sido emitir un lamentable llamamiento para que sus 14 millones de miembros escriban cartas al Congreso. Si los burócratas sindicales no hacen nada para defender a uno de los suyos, ¿qué pueden esperar los trabajadores de base si son víctimas del asalto policial-militar de Trump?

Trump y su círculo íntimo –Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, la secretaria del DHS, Kristi Noem, la fiscala general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel— conforman una junta fascista en ciernes.

Pero ni el Partido Demócrata ni los medios corporativos advertirán sobre lo que está sucediendo. Es un golpe de Estado, pero no se atreven a llamarlo por su nombre, incluso cuando Trump pide el arresto de demócratas prominentes como el gobernador de California, Gavin Newsom, por su supuesta resistencia.

El Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, dio la respuesta de los sectores dominantes de la oligarquía corporativa. En un editorial publicado el lunes, el Post se negó a identificar las acciones de Trump como un golpe de Estado, y en su lugar culpó a “ambas partes” por la escalada de tensiones. Si bien critica levemente el uso de los marines por parte de Trump, el editorial justifica el uso de las fuerzas federales para “restaurar el orden”, defiende la autoridad legal del presidente para enviar tropas a las ciudades estadounidenses e insta a “los manifestantes rebeldes a tomar la rampa de salida”.

Los eventos se rigen por una lógica implacable de escalada. Cuanto más lejos va Trump, más arriesga su presidencia y su propia supervivencia política en el éxito de la operación.

En esta situación, la política más abyecta y ruinosa sería confiar en que el Partido Demócrata, los tribunales o la burocracia sindical tomarán medidas para bloquear el golpe de Estado de Trump.

Dentro del Congreso, nadie demanda la destitución de Trump. El Partido Demócrata no está haciendo nada. Los demócratas ni siquiera dirán públicamente lo que todos saben en privado: los eventos en Los Ángeles representan un paso gigante hacia el establecimiento de una dictadura presidencial. Sus apelaciones no están dirigidas a la clase trabajadora sino a los miembros republicanos del Congreso, e incluso a los funcionarios dentro del Gobierno de Trump.

El gobernador Newsom, por su parte, ha respondido a las amenazas de Trump de arrestarlo personalmente prometiendo el despliegue de 800 policías más en las calles de Los Ángeles, donde actualmente están involucrados en una revuelta atacando a los manifestantes.

La embestida en curso es el mecanismo a través del cual la oligarquía gobernante pretende hacer valer sus intereses. Los vastos y cada vez mayores niveles de desigualdad social en Estados Unidos son incompatibles con las formas democráticas de gobierno. Mientras los inmigrantes están en la primera línea de este asalto, el ataque está dirigido a toda la clase trabajadora.

Existe una creciente oposición en todo el país al golpe de Estado de Trump. Pero hasta ahora, sigue siendo espontáneo y políticamente desorganizado. Esto tiene que cambiar.

La clase trabajadora, la gran mayoría de la población, tiene el poder de detenerlo. Como explicó ayer la declaración del Comité Nacional del Partido Socialista por la Igualdad y el Consejo Editorial del WSWS: “La necesidad de una huelga general se está volviendo cada vez más clara, pero tal acción no surgirá espontáneamente. Debe prepararse y dirigirse a través de la construcción de organizaciones democráticas y de lucha de la clase trabajadora”.

Las acciones de Trump en Los Ángeles ya han provocado acciones de protesta en todo el país y una ira generalizada entre decenas de millones de trabajadores. Lo que se necesita ahora es dar a estos crecientes sentimientos de masas una forma concreta y organizada.

Reiteramos el llamado emitido por el Partido Socialista por la Igualdad y el WSWS: ¡La iniciativa debe venir de abajo! Se deben establecer comités de base en cada fábrica, lugar de trabajo y vecindario para sentar las bases de una resistencia masiva. Se deben convocar reuniones de emergencia en plantas, escuelas y oficinas en todo el país para organizar la acción colectiva y construir una poderosa contraofensiva por parte de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de junio de 2025)