Los trabajadores metalúrgicos de Cantabria deben rechazar el preacuerdo de capitulación impuesto por los sindicatos, la patronal y el gobierno del PSOE–Sumar, como parte de una confrontación más amplia contra el Estado capitalista y sus agentes dentro de la burocracia sindical.

Las principales federaciones sindicales de España —CCOO, UGT-FICA y USO— han anunciado un preacuerdo con la patronal metalúrgica PYMETAL en un intento por poner fin a la huelga de 22.000 trabajadores del metal en Cantabria. El acuerdo será sometido a votación en una asamblea de trabajadores mañana. Se trata de un intento calculado de desactivar la huelga, aislarla de otras luchas laborales emergentes y evitar que evolucione hacia un desafío político más amplio contra la austeridad y la guerra.

Los burócratas sindicales intentan presentar esto como una victoria. En una declaración conjunta afirmaron: “El sector está viviendo un buen momento y el convenio tenía que ser acorde a ello” agregando “no nos íbamos a conformar si no se mejoraban las condiciones salariales y se mantenían los derechos ya adquiridos de las 22.000 personas que trabajan en el sector en Cantabria”.

Esto es una farsa. Bajo el acuerdo propuesto, los trabajadores solo recuperarían a lo largo de cuatro años el 3% del 4% del salario real perdido en 2022, mientras la inflación continúa deteriorando su nivel de vida. El acuerdo no recupera los salarios perdidos, sino que consolida los recortes reales de salario sufridos bajo el anterior convenio, impuesto por estas mismas cúpulas sindicales.

Ese acuerdo de 2022 fue un acto deliberado de sabotaje. La dirección sindical negoció un acuerdo siendo plenamente consciente de que implicaba una pérdida significativa de salario real. Hicieron todo lo posible para mantener aislada la huelga de Cantabria de otras luchas del sector del metal, como en Bizkaia y Araba, y de otros sectores de la clase trabajadora. Acorralados, los trabajadores se vieron finalmente obligados a aceptar el acuerdo, aunque un 35% votó en contra.

No obstante, los trabajadores demostraron una enorme determinación, sosteniendo una huelga de 19 días que culminó con una manifestación masiva en Santander. Al ver que la lucha ya no podía ser contenida, los sindicatos recurrieron al gobierno en busca de ayuda. Yolanda Díaz, entonces ministra de Trabajo por Podemos y hoy líder de Sumar, fue llamada para “mediar”. En realidad, su papel fue estrangular la huelga. Una fuente gubernamental de alto nivel admitió a El País que la huelga estaba “adquiriendo dimensiones importantes”, y que Díaz ofreció su experiencia en “diálogo social”.

Esto permitió que los empresarios siguieran obteniendo más de 400 millones de euros anuales en beneficios mientras los salarios de los trabajadores quedaban estancados. Los sindicatos y Podemos colaboraron en trasladar el coste de la respuesta capitalista a la pandemia —centrada enteramente en proteger la riqueza privada— a las espaldas de los trabajadores. Ahora, la coalición PSOE–Sumar recurre nuevamente a los mismos métodos, las mismas mentiras y los mismos instrumentos de represión para intentar aplastar la resistencia obrera.

Las supuestas “concesiones” del preacuerdo de 2025 son una maniobra desesperada para maquillar la derrota como un compromiso. El objetivo principal de las burocracias sindicales es preservar lo que los empresarios ganaron en 2022. Por eso el Gobierno PSOE–Sumar apoya entusiastamente el acuerdo.

Pedro Casares, secretario general del PSOE en Cantabria, lo calificó como “un gran ejemplo” y expresó “en nombre del PSOE, la felicitación y el agradecimiento a ambas partes por saber ponerse en el lugar del otro, por sentarse a dialogar, negociar y acordar”.

Hoy los trabajadores metalúrgicos están en una posición aún más favorable que hace tres años. Los trabajadores del metal en toda España están organizando huelgas o entrando en negociaciones por convenios colectivos como en Cantabria. El 18 y 19 de junio, 27.000 metalúrgicos en Cádiz irán a la huelga, con posibilidad de huelga indefinida a partir del 23. En Cartagena, 20.000 trabajadores del metal están comenzando a negociar un nuevo convenio. En A Coruña, crece el descontento mientras los trabajadores se preparan para renovar sus contratos.

También se preparan protestas y huelgas en los astilleros de Navantia en Cartagena, la mayor empresa militar-industrial de España.

Esto no se limita al sector del metal. La lucha de clases se intensifica en todo el país, con crecientes movilizaciones obreras en numerosos sectores. Hubo una histórica primera huelga en Iberdrola, empresa eléctrica transnacional que atiende a unos 30 millones de clientes, con una participación masiva de su plantilla de 9.500 trabajadores. En Asturias, más de 30.000 docentes se manifestaron y miles participan en una huelga indefinida que provocó la dimisión del consejero regional de Educación.

También han estallado protestas en ArcelorMittal, uno de los mayores productores de acero del mundo: la planta de Aboño lleva casi dos semanas en huelga tras el despido de dos trabajadores, aunque los tribunales fallaron a favor de estos. En Donostia, 280 trabajadores de CAF Power & Automation salieron a la calle para exigir condiciones justas.

Estas no son disputas aisladas. Reflejan una ola ascendente de resistencia de clase en España e internacionalmente. Si se coordinaran en una acción unificada, estas luchas podrían acabar con décadas de austeridad y explotación creciente. Eso es precisamente lo que teme la clase dominante, sus servidores políticos en Podemos y Sumar, y la burocracia sindical.

El contexto político más amplio no hace sino aumentar la urgencia. La Unión Europea se prepara para la guerra, planeando gastar billones de euros en un conflicto con Rusia en Ucrania y más allá. El rearme ya está en marcha, y el sector del metal es central en estos planes. Las huelgas en Cantabria, Cádiz y otros lugares amenazan con interrumpir la producción de armamento y la extracción de beneficios que de ella se deriva.

La riqueza producida por la clase trabajadora no debe destinarse a la guerra, sino a salarios, educación, sanidad y vivienda. La huelga puede ampliarse en una lucha para defender el nivel de vida de los trabajadores y golpear el corazón de la agenda militarista de la UE, deteniendo la producción de armas, interrumpiendo las cadenas de suministro y poniendo fin al envío de armas a las guerras de la OTAN y al genocidio israelí en Gaza.

El gobierno, los sindicatos y los grandes empresarios están unidos en su esfuerzo por evitar que se discutan estos temas y poner fin a la huelga. Ofrecen mentiras de “victoria”. Los trabajadores no deben dejarse engañar. Si aceptan este acuerdo, sus salarios seguirán hundiéndose bajo el peso de la inflación y la austeridad.

El declive social que enfrentan los trabajadores cántabros es una instantánea de la crisis más amplia que enfrenta la clase trabajadora europea. Según el Instituto Nacional de Estadística, los salarios reales en Cantabria cayeron un 12,2% entre 2008 y 2022, mientras se entregaban miles de millones a los bancos tras el colapso financiero de 2008 y la pandemia de 2020. Esto fue el resultado de una política deliberada, impuesta por burocracias sindicales que actúan como policía laboral para reprimir la resistencia y hacer cumplir las exigencias del gran capital.

Los trabajadores no pueden confiar en Podemos, que respalda al gobierno del PSOE-Sumar en el Congreso pero finge defender la huelga. El viernes, su coordinadora en Cantabria, Mercedes González, dijo que la represión policial de las huelgas “es propia de un estado autoritario”. Pero fue bajo Yolanda Díaz —primero en Podemos y ahora en Sumar— que el Estado español desplegó vehículos blindados y antidisturbios para reprimir a los metalúrgicos de Cádiz en 2022.

El camino a seguir pasa por la movilización independiente de la clase trabajadora. Los trabajadores deben formar comités de base independientes de los sindicatos para tomar el control de la lucha en sus propias manos. Estos comités deben coordinarse con trabajadores de otras regiones y sectores: desde los metalúrgicos de Cádiz y A Coruña, hasta los docentes de Asturias y los astilleros de Cartagena.

Y deben mirar más allá de España, construyendo lazos con trabajadores de toda Europa y del mundo que enfrentan la misma crisis capitalista y se están levantando para luchar. El envío de fuerzas armadas por la administración Trump a Los Ángeles para aplastar las protestas contra las deportaciones masivas de inmigrantes subraya esto de la forma más cruda.

Llamamos a los trabajadores a votar “no” al preacuerdo este martes. Pero el objetivo más amplio debe ser construir un movimiento de masas de la clase trabajadora contra la austeridad, la guerra, el genocidio y el sistema capitalista que les da origen.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2025)