Una ola de huelgas docentes de México a Panamá, Colombia, Argentina y Brasil pone de manifiesto el comienzo de una contraofensiva ante los ataques a la educación pública y otros derechos sociales en la región.

Una huelga iniciada el 15 de mayo por más de 20.000 maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha intensificado en una movilización nacional de docentes marcada por bloqueos, la ocupación del Zócalo, la paralización temporal del aeropuerto de Ciudad de México y la represión policial.

El movimiento desafía la continuación por parte la presidenta Claudia Sheinbaum de las políticas implementadas por sus predecesores abiertamente derechistas, particularmente la ley de 2007 sobre el ISSSTE que entregó la gestión de las pensiones a firmas privadas e introdujo un aumento gradual de la edad de jubilación. Los maestros están exigiendo la eliminación de la ley, la reducción y congelamiento de la edad de jubilación y un aumento salarial del 100 por ciento.

Los huelguistas argumentan que esta reforma de 2007, mantenida por los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Sheinbaum, prioriza a las élites financieras por encima de los trabajadores.

Sheinbaum ha insistido en que no hay dinero para regresar al viejo sistema. Los negociadores del Gobierno apenas han ofrecido congelar la edad de jubilación—es decir, tomar la “palabra” de la clase gobernante de que no buscará aumentarla en el futuro—un aumento salarial de solo un 9 por ciento, una semana de vacaciones y las tradicionales “comisiones” atascadas para discutir mejoras al sistema previsional.

“Quitar la reforma tiene problemáticas diversas,” declaró Sheinbaum durante una mañanera, citando “límites presupuestarios”.

El significado de esto es claro: el Gobierno populista de izquierda del partido Morena no quiere afectar las actividades lucrativas de las firmas de pensiones, ni aumentar los impuestos a las corporaciones o los ricos (Sheinbaum hizo campaña oponiéndose a tales impuestos), ni desviar fondos para pagar a los buitres capitalistas en Wall Street y Ciudad de México que controlan la deuda pública.

El sábado, tras 17 dúas de protestas, la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, que llevaron el mayor contingente al Zócalo, casi finaliza la ocupación de la plaza y las calles aledañas basándose en tales “ofertas” del Gobierno.

Durante discusiones de la dirección sindical, cientos de maestros de base irrumpieron en la ubicación. Al menos 200 tomaron el micrófono para pronunciarse. Como reportó La Jornada: “Pese a la intensa lluvia, los educadores permanecieron en los accesos del inmueble, los cuales fueron bloqueados. No queremos una dirigencia traidora. Aquí está la base que quiere seguir luchando por una pensión digna, gritaban los inconformes”.

Los maestros que pusieron sus vidas en espera para viajar desde lejos para unirse a la protesta interpretaron claramente la convocatoria de votos para irse como una señal de que la dirección se niega a librar una lucha real y simplemente busca mantener su lugar en la mesa con el gobierno. 

El enfrentamiento con el Gobierno alcanzó un punto álgido el 23 de mayo, cuando los maestros bloquearon el principal aeropuerto internacional de la Ciudad de México y cerraron varias terminales. Sheinbaum canceló las negociaciones y desplegó a militares y policías con equipo antidisturbios.

A medida que los aranceles de Trump estrangulan el crecimiento económico de México, Morena ha priorizado los incentivos corporativos, particularmente los impuestos bajos y la mano de obra y prestaciones baratas, para competir por las inversiones de capital. En otras palabras, como representante de los intereses de los clientes multimillonarios locales del imperialismo estadounidense, el Gobierno de Sheinbaum y sus contrapartes en toda la región están obligando a los trabajadores a pagar por la profundización de la crisis del capitalismo global marcada por los aranceles de Trump y las primeras etapas de una tercera guerra mundial. 

Mientras las negociaciones fracasaban el lunes en la Ciudad de México, Panamá se encontraba en las garras de una huelga multisectorial de diez semanas iniciada por los maestros el 23 de abril contra el Gobierno derechista de José Raúl Mulino. Los trabajadores se oponen a los recortes de pensiones, otros ataques a otros derechos laborales, concesiones a Trump sobre el control del canal y negociaciones para reabrir una mina de cobre contaminante.

El sindicato panameño de trabajadores de la construcción Suntracs y el sindicato bananero Sitraibana se han sumado a la huelga indefinida, mientras que trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y personal han participado en las protestas. 

Mulino ha respondido declarando ilegales las huelgas, imponiendo un estado de emergencia y desplegando a la policía para reprimir violentamente los bloqueos de carreteras. 

La escalada más dramática tuvo lugar en el sector bananero, donde Chiquita Brands anunció el despido de toda su fuerza laboral en el país. La multinacional estadounidense, que controla el 90 por ciento de la producción bananera de Panamá, había despedido previamente a 4.900 empleados, y los 1.600 trabajadores restantes fueron despedidos esta semana. Desde el transporte hasta el comercio, la decisión amenaza con devastar la ya empobrecida provincia occidental de Bocas del Toro. 

En declaraciones a France24, el trabajador bananero Carlos Machado denunció las afirmaciones de que la huelga es “ilegal” y explicó: “La huelga afecta al obrero bananero de igual manera que afecta a las generaciones futuras de nosotros trabajadores, tanto educadores, tanto madres y padres de familia por lo cual hoy por hoy nosotros estamos en la calle”. 

En Argentina, investigadores, médicos y enfermeras están llevando a cabo una serie de huelgas y manifestaciones a lo largo de una semana para protestar por los recortes masivos a la salud y la ciencia por parte del Gobierno del presidente fascista Javier Milei. Estos trabajadores se unieron a los jubilados en su protesta semanal contra los recortes de pensiones fuera del Congreso Nacional. 

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de Argentina se enfrenta a una gran presión por parte de las bases para unirse al movimiento huelguístico y exigir financiamiento para la educación pública y aumentos salariales que compensen años de pérdidas en términos reales. Una huelga será el tema central de una sesión plenaria de liderazgo el jueves. 

El 28 y 29 de mayo de 2025, Colombia experimentó un importante paro nacional de 48 horas convocado por las principales federaciones sindicales en apoyo al referéndum nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro sobre reformas laborales y de salud limitadas, que han sido rechazadas repetidamente por un Congreso de derecha. Los manifestantes bloquearon calles clave, interrumpieron el transporte público y organizaron mítines en el centro de la ciudad.

En Brasil, la última ola de huelgas de docentes refleja un malestar cada vez mayor por la privatización, austeridad y el deterioro de las condiciones de trabajo. Desde el 15 de abril hasta el 6 de mayo, los maestros municipales de São Paulo lanzaron una gran huelga contra los recortes salariales impuestos por el alcalde de extrema derecha Ricardo Nunes, quien también está avanzando en la privatización, la militarización de las escuelas y la expansión de las instituciones cívico-militares en el sistema educativo. Si bien Nunes obtuvo una orden judicial que exige que el 70 por ciento de los maestros permanezcan en el trabajo y amenazó con medidas punitivas, la huelga fue finalmente traicionada por la burocracia sindical del SINPEEM. 

El martes, los maestros del Distrito Federal (Brasilia) fueron atacados con gas pimienta durante una manifestación en su segundo día de huelga indefinida para exigir aumentos salariales.

Desde el Río de la Plata hasta el Río Grande y más allá, los educadores de base enfrentan los mismos desafíos al entrar en lucha contra las crecientes amenazas a sus empleos, pensiones y condiciones de trabajo: Gobiernos cuya única respuesta a sus demandas es el gas lacrimógeno y/o los despidos masivos, mientras que las burocracias sindicales avanzan en la estrategia fracasada de mantener negociaciones y “presionar” a estos regímenes para aplacar tensiones.

Debe agregarse que los maestros en los Estados Unidos están luchando contra la destrucción del Departamento de Educación por parte de Trump y los esfuerzos de privatización masiva, ya que el capital financiero global exige los mismos ataques contra la educación pública y el gasto social en todas partes.

La respuesta criminal a la actual pandemia de COVID-19 demostró que la defensa de la vida y los medios de subsistencia de los maestros y todos los trabajadores requiere organizaciones que sean independientes del aparato sindical y rechacen todas las concesiones. Sin excepción, los sindicatos enviaron a los trabajadores y jóvenes a morir en las escuelas y lugares de trabajo para defender las ganancias de la élite gobernante. 

La organización necesaria que se debe construir es el Comité de Base de Educadores, una red internacional de organizaciones de base que pertenece a la Alianza Internacional de Trabajadores de Comités de Base.  

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de junio de 2025)