Con una votación de 7 contra 2 el 30 de mayo, la Corte Suprema de EE. UU. concedió a la administración Trump la solicitud de suspender una orden judicial de tribunales inferiores que impedía la terminación del programa de permiso humanitario CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela). El fallo otorga en la práctica luz verde al gobierno de Trump para deportar a más de medio millón de personas hacia países actualmente bajo sanciones o restricciones comerciales por parte de EE. UU.

Las personas ahora amenazadas con la deportación viven legalmente en EE. UU. a través del programa CHNV, lanzado por la administración de Biden en enero de 2023. Para 2025, unos 211.000 haitianos habían ingresado a EE. UU. gracias al programa, seguidos por 160.000 venezolanos, aproximadamente 87.000 cubanos y 73.000 nicaragüenses.

Para calificar al programa, los solicitantes debían tener un pasaporte vigente, un patrocinador financiero en EE. UU., someterse a exámenes de seguridad biográficos y biométricos invasivos, y no ser residentes ni tener doble nacionalidad de otro país.

Los patrocinadores de inmigrantes del programa CHNV también debían cumplir con una serie de requisitos, incluidos ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales, y presentar documentación financiera para demostrar ingresos suficientes.

Con este programa, los inmigrantes podían vivir y trabajar legalmente en EE. UU. durante dos años y solicitar un número del Seguro Social. Aunque no proporciona una “ruta a la ciudadanía”, quienes obtenían el estatus de permiso humanitario CHNV podían solicitar otras formas de protección, como el asilo.

En la disidencia emitida el viernes, escrita por la jueza Ketanji Brown Jackson y respaldada por la jueza Sonia Sotomayor, Jackson declaró que los abogados de los inmigrantes demostraron que “es probable que sufran daños tangibles, inminentes y significativos si esta Corte concede la solicitud y emite la suspensión”.

Jackson señaló que los inmigrantes que utilizan el programa “se han integrado en vecindarios y comunidades en todo Estados Unidos con la esperanza de eventualmente asegurar un estatus legal a largo plazo”.

Jackson escribió que el gobierno no mostró qué daño se causaría con levantar la medida cautelar del tribunal inferior, mientras que los abogados de los inmigrantes demostraron que sería un “daño irreparable” si se otorgaba la suspensión.

“Esta Corte ha determinado ahora, aparentemente… que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamos legales”, escribió.

Concluyó:

Aun asumiendo que es probable que la ley permita al Gobierno terminar los permisos de este modo, yo dejaría que los tribunales decidieran primero sobre este tema legal de gran trascendencia… En cambio, la Corte permite que el Gobierno haga lo que quiera de todos modos, volviendo irrelevantes las limitaciones legales y desatando la devastación en el proceso.

Hablando en la Casa Blanca el viernes junto al multimillonario fascista Elon Musk, el presidente Donald Trump celebró el fallo de la Corte, diciendo que era “muy importante, en inmigración, que podamos sacar a la gente sin tener que pasar por un largo juicio”.

El aspirante a dictador dejó claro que pretendía usar el fallo del viernes para seguir aplastando el derecho de todos al debido proceso legal: “No podemos retenerlos aquí durante años mientras van a juicio, tenemos que sacarlos rápidamente”.

Agregó: “Y sabemos quiénes son, y somos muy cuidadosos con quiénes son”.

El programa de permiso humanitario CHNV fue una expansión de una iniciativa anterior, llamada Estatus de Protección Temporal (TPS), creada por la administración de Biden en octubre de 2022 para los venezolanos. A principios de este mes, la Corte Suprema suspendió una orden de un tribunal inferior que bloqueaba a la administración Trump de revocar las protecciones de TPS para unos 350.000 inmigrantes venezolanos. Al igual que en la solicitud de emergencia del viernes, la mayoría del tribunal no dio explicación alguna de su decisión.

Para asegurar los votos republicanos para casi 100.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel, Ucrania y Taiwán el año pasado, Biden y los demócratas intentaron negociar un “paquete fronterizo” que ampliaría enormemente el aparato de deportación migratoria sin brindar protecciones adicionales para los inmigrantes bajo CHNV o TPS.

Ahora, a menos de 150 días del inicio del gobierno de Trump, unos 900.000 trabajadores y sus familias están en riesgo de ser secuestrados por una Gestapo migratoria militarizada, detenidos en cárceles privadas con fines de lucro y enviados a países a los que no han regresado en años—o a los que nunca han estado—donde podrían enfrentar persecución política, violencia de pandillas o represión militarizada respaldada por EE. UU.

Al momento de esta publicación, ningún demócrata prominente, incluyendo a la representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez o al senador de Vermont Bernie Sanders, ha emitido una declaración condenando el más reciente fallo antiinmigrante de la Corte.

Si bien los planes de deportaciones masivas de Trump cuentan con amplio respaldo en la Corte Suprema y en ambos partidos de la gran patronal, millones de personas en todo Estados Unidos están indignadas por las injusticias, desapariciones y secuestros diarios de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.

El arresto del joven de 20 años Dylan Josue López Contreras a principios de este mes ha provocado una gran indignación en la ciudad de Nueva York. El joven, originario de Venezuela, ingresó legalmente con su madre y dos hermanos menores a Estados Unidos usando la aplicación CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) One durante la administración de Biden.

A pesar de haber seguido correctamente el procedimiento legal, Dylan fue arrestado cuando se presentó a una audiencia obligatoria de inmigración el 21 de mayo.

“Parece un juego sucio de su parte”, dijo Raiza, la madre de Dylan, al medio Chalkbeat. “Cuando alguien se presenta ante un juez, es porque no tiene antecedentes, quiere hacer lo correcto”, expresó, agregando: “Lo único que él quiere es estudiar”.

Dylan asistía a la escuela secundaria en Ellis Prep Academy y estaba en proceso de solicitar asilo. Aunque ya había terminado la secundaria en Venezuela, se matriculó en Ellis para mejorar su inglés con la esperanza de ir a la universidad.

Tras su arresto, unos 500 estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York abandonaron las clases el martes para protestar por su detención. El miércoles, 23 personas fueron arrestadas frente al Tribunal de Inmigración de EE. UU. en el Bajo Manhattan mientras protestaban por la detención de Dylan y otros inmigrantes.

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Todos los trabajadores deben pronunciarse en contra de esta campaña bipartidista de deportaciones masivas. Las medidas militarizadas y la violación del derecho al debido proceso utilizadas hoy contra los inmigrantes serán empleadas mañana contra los trabajadores en huelga y quienes protesten contra el dominio de la oligarquía financiera.

La defensa de los inmigrantes requiere una ruptura completa con ambos partidos de la gran patronal y con el sistema capitalista, que se basa en el marco del Estado-nación, obsoleto e históricamente fracasado. En un mundo de producción globalizada, los trabajadores deben tener el derecho de vivir y trabajar donde elijan, con plena ciudadanía.

Las afirmaciones de la clase dominante de que “no hay dinero” para brindar alimentación, vivienda y educación para todos son mentiras descaradas. Los billones de dólares en recortes fiscales propuestos por Trump y los republicanos—y el presupuesto de guerra de 1 billón de dólares respaldado por ambos partidos—deben ser redirigidos a satisfacer las necesidades sociales de la población. Esto solo puede lograrse mediante un movimiento masivo de la clase trabajadora, organizado sobre la base del socialismo internacional y la construcción de una economía mundial orientada a satisfacer las necesidades de las masas, y no los privilegios de unos pocos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2025)