El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre y padre afroamericano de 46 años, fue asesinado por la policía de Minneapolis, que lo inmovilizó en el suelo con un oficial arrodillado sobre su cuello durante más de nueve minutos mientras los espectadores horrorizados les suplicaban que se detuvieran.

Las imágenes de los teléfonos celulares del asesinato provocaron una indignación masiva y desencadenaron una ola de protestas en los Estados Unidos y en todo el mundo.

En las imágenes, Floyd gritó pidiendo a su madre, suplicó que iba a morir y les dijo a los oficiales más de 20 veces: “No puedo respirar”. Derek Chauvin, un veterano de 19 años del departamento y el oficial superior en la escena, respondió a las súplicas desesperadas de Floyd manteniendo la rodilla sobre el cuello y burlándose del moribundo: “Deja de hablar, deja de gritar, se necesita mucho oxígeno para hablar”.

La muerte de Floyd a manos y con las rodillas de la policía desató una poderosa oleada de ira social entre la clase trabajadora y la juventud. Se estima que 26 millones de personas en los Estados Unidos participaron en protestas multirraciales y multiétnicas contra la violencia policial.

Las protestas se extendieron mucho más allá de las principales ciudades, con miles de manifestaciones en todos los estados del país. Entre el 24 de mayo y el 22 de agosto de 2020, el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados registró más de 7.750 protestas solo en los Estados Unidos. Las manifestaciones contra la violencia policial tuvieron lugar en todos los continentes habitados y en más de 60 países, lo que subraya la naturaleza global y de clase de la represión policial.

El asesinato de Floyd fue el desencadenante inmediato de las protestas masivas, pero su escala y persistencia reflejaron condiciones sociales más profundas. Décadas de violencia policial sin control, la creciente desigualdad y la indiferencia gubernamental ante el creciente número de muertos por COVID-19 habían creado un polvorín.

La respuesta de la clase dominante estadounidense a las protestas masivas tomó dos formas complementarias: represión violenta y la promoción de políticas racialistas destinadas a dividir y descarrilar el movimiento.

Bajo el primer Gobierno de Trump, la policía se desató en todo el país para aplastar las manifestaciones, con el respaldo de los Gobiernos estatales y locales demócratas y republicanos. Durante el verano de 2020, más de 10.000 personas fueron arrestadas por participar en protestas abrumadoramente pacíficas. Miles más resultaron heridos cuando la policía desplegó unidades militarizadas, gases lacrimógenos, balas de goma y otras tácticas brutales contra manifestantes desarmados.

En Minnesota, el alcalde demócrata Jacob Frey impuso un toque de queda en Minneapolis, mientras que el gobernador demócrata Tim Walz desplegó la Guardia Nacional contra los manifestantes. En última instancia, más de 30 estados promulgaron toques de queda y varias unidades de la Guardia Nacional se activaron en un intento coordinado para reprimir las protestas.

Aterrorizado de que el movimiento de masas escapara al control de la policía, el ejército y la institucionalidad política, el Gobierno de Trump intentó organizar un golpe de Estado. En un discurso del 1 de junio desde la rosaleda de la Casa Blanca, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones y anunció el despliegue de “miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y fuerzas del orden público” para reprimir las protestas.

Políticamente, sin embargo, el papel central en el descarrilamiento de las protestas masivas lo desempeñaron el Partido Demócrata y sus organizaciones afiliadas, incluidos los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), que promovieron la política racial para desviar el movimiento hacia canales inofensivos y esencialmente reaccionarios.

Este fue el ápice del “Proyecto 1619”, publicado por el New York Times, un órgano del Partido Demócrata, en septiembre del año anterior. Su narrativa racialista, que presentaba la historia estadounidense como una lucha entre “blancos” y “negros” en lugar de una lucha de clases, negaba cualquier explicación de clase para los asesinatos policiales, en cambio calificándolos como otra manifestación de “racismo sistémico” y “supremacía blanca”.

“Las vidas negras importan” fue la consigna adoptada por el Partido Demócrata, las corporaciones estadounidenses y los medios de comunicación y promovida con cientos de millones de dólares.

La campaña tenía como objetivo encubrir el hecho de que la mayoría de las personas asesinadas por la policía en todos los países son de clase trabajadora, pobres o que sufren una crisis de salud mental. Si bien las actitudes racistas y fascistas son cultivadas y promovidas dentro de los departamentos de policía, y por la clase dominante de los Estados Unidos, la policía funciona como un instrumento de dominio de clase. El Estado capitalista les otorga poderes extraordinarios para matar impunemente en defensa de la propiedad privada y del dominio de la oligarquía financiera.

En un intento de sabotear el movimiento de masas contra la violencia policial, la campaña racista liderada por el Partido Demócrata centró su atención en la Revolución estadounidense y la Guerra Civil, exigiendo que, como parte de un “ajuste de cuentas racial”, se derribaran las estatuas de Thomas Jefferson, George Washington e incluso el propio Gran Emancipador, Abraham Lincoln.

La oposición a la violencia policial y la desigualdad se canalizó detrás de la campaña presidencial de Joe Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, exfiscala y amiga de la policía, cuya candidatura fue aclamada como “histórica” por los medios de comunicación y los agentes del Partido Demócrata debido a su raza y género.

Después del fallido intento de golpe fascista de Trump el 6 de enero de 2021, Biden llegó al poder como jefe de un gobierno de militarismo y guerra. La violencia policial ha aumentado constantemente.

Floyd fue una de las más de 1.160 personas asesinadas por la policía en los Estados Unidos en 2020. Este número aumentó constantemente durante los próximos cuatro años. En 2024, el último año del Gobierno de Biden, la policía mató al menos a 1.226 personas, un aumento de casi el 6 por ciento, según las cifras compiladas por Mapping Police Violence.

Bajo el presidente Joe Biden, la riqueza de los multimillonarios estadounidenses se disparó, mientras que más de 300 millones de dólares se canalizaron a los departamentos de policía. Los esfuerzos simbólicos de la “reforma” y la “rendición de cuentas” de la policía se abandonaron rápidamente, incluso cuando se construyeron “ciudades policiales' militarizadas a pesar de las objeciones de los residentes locales.

Tras los ataques del 7 de octubre y las protestas masivas contra el genocidio israelí respaldado por Estados Unidos, estas mismas fuerzas policiales se utilizaron contra los manifestantes pacíficos que exigían el fin de la masacre. Biden y los demócratas se unieron a sus colegas republicanos para calumniar a toda la oposición a los asesinatos en masa como “antisemitismo”.

El carácter de la Administración de Biden sentó las condiciones para el regreso de Trump. Mientras supervisaban una transferencia histórica de riqueza a la élite gobernante y expandían la guerra en el extranjero, los demócratas promovieron la política reaccionaria de raza y género para dividir a la clase trabajadora. Esto proporcionó un terreno fértil para la demagogia reaccionaria de Trump.

Ahora de vuelta en la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que su Gobierno de, por y para la oligarquía tiene la intención de desmantelar incluso las investigaciones y reformas más limitadas del Departamento de Justicia en los departamentos de policía. Al mismo tiempo, planea expandir masivamente los poderes de la Gestapo de inmigración para llevar a cabo deportaciones masivas, no solo de inmigrantes y estudiantes, sino también de los llamados “nativos”, es decir, ciudadanos estadounidenses que se oponen a las políticas del régimen.

En la erección de una dictadura política, Trump pretende completar en su segundo mandato lo que comenzó en el verano de 2020.

Cinco años después del asesinato policial de George Floyd, la lección central de esa experiencia es que el descarrilamiento de la oposición masiva por parte del Partido Demócrata y sus satélites ha demostrado ser políticamente fatal. Lo que comenzó como una protesta masiva se redirigió al callejón sin salida de la política racial, proporcionando una apertura política para el regreso de Trump y la extrema derecha.

Los acontecimientos de la última media década han confirmado que la lucha contra la violencia policial es inseparable de la lucha contra la dictadura, el Estado capitalista y la oligarquía financiera que gobierna Estados Unidos.

La lucha contra la violencia policial debe librarse como parte de la lucha más amplia de la clase trabajadora para defender los derechos democráticos, oponerse al fascismo y la guerra, y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas. Esto requiere la construcción de una dirección revolucionaria. Instamos a todos los trabajadores y jóvenes que estén de acuerdo con esta perspectiva a unirse al Partido Socialista por la Igualdad y asumir la lucha.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2025)