La decisión del Gobierno de Trump de despojar a la Universidad de Harvard de su capacidad para inscribir estudiantes internacionales es un asalto fascistizante a los derechos democráticos y un intento de poner a todo el sistema universitario bajo el control político directo de un régimen mafioso en Washington. Hay que oponerse a este ataque a través de la movilización más amplia posible de la clase trabajadora para defender a los estudiantes internacionales, la libertad académica y el derecho a la libertad de expresión.

La acción de la Casa Blanca, anunciada el jueves, afectaría de inmediato a una cuarta parte del alumnado de Harvard, aproximadamente 6.800 personas de más de 100 países. Estos estudiantes se verían obligados a trasladarse, abandonar el país o enfrentar la deportación, junto con unos 300 dependientes. A nivel nacional, entre 1.1 millones y 1.36 millones de estudiantes internacionales están actualmente matriculados en universidades de los Estados Unidos.

El viernes, un juez federal emitió un recurso que bloquea la acción de la Casa Blanca en espera de una audiencia del 29 de mayo sobre si otorgar una orden judicial preliminar. Pero esta lucha no puede dejarse en manos de los tribunales, que la Administración de Trump ha desafiado repetidamente. La clase trabajadora debe oponerse a este asalto y defender a los estudiantes internacionales y el derecho a la libertad de expresión.

La acción de la Casa Blanca implica la terminación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) de Harvard, lo que impide que la universidad patrocine visas F y J para estudiantes internacionales y visitantes de intercambio en el año académico 2025–26. No hay precedentes para la revocación total de la certificación SEVP de una universidad, que se estableció como parte de las acciones antidemocráticas posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La Casa Blanca justificó la medida alegando que Harvard había permitido que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” amenazaran y agredieran a estudiantes judíos, creando un entorno “inseguro” en el campus. Esta calumnia contra las protestas por el genocidio de Gaza es obra de un régimen plagado de fascistas que supervisa y respalda la limpieza étnica sistemática y el exterminio del pueblo palestino a través de una hambruna masiva.

El ataque a Harvard se encuentra en la intersección de la campaña del Gobierno de Trump para establecer una dictadura política y sus preparativos para la guerra. La orden ejecutiva acusa explícitamente a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino, una acusación fabricada para calificar a todos los estudiantes y académicos chinos como espías y condicionar a la población estadounidense para la guerra con China.

Las medidas contra Harvard son parte de un esfuerzo por transformar las universidades de instituciones de aprendizaje en centros de vigilancia y brazos policiales del Estado.

Como señaló la presentación de Harvard solicitando un recurso temporal, el esfuerzo por revocar su capacidad de patrocinar a estudiantes internacionales es “una clara represalia” por el rechazo de la universidad el mes pasado de “las demandas del gobierno para controlar la gobernanza, el plan de estudios y la ‘ideología’ de Harvard de su facultad y estudiantes”.

En una carta enviada el jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó a Harvard entregar cinco años de registros de vigilancia, disciplinarios y políticos sobre estudiantes internacionales. Noem ordenó a la universidad que proporcionara “todos y cada uno de los registros, ya sean oficiales o informales”, relacionados con “actividad ilegal”, “actividad peligrosa o violenta”, “amenazas a otros estudiantes o personal universitario” o “privación de derechos de otros compañeros de clase”. También exigió todos los registros disciplinarios de los estudiantes internacionales y “todas y cada una de las imágenes de audio o video... de cualquier actividad de protesta que involucre a un estudiante no inmigrante”.

El ataque a Harvard es solo el comienzo. Los mismos métodos se extenderán a todas las demás universidades, y más allá de eso, a escuelas, lugares de trabajo e instituciones públicas de todo el país. El jueves, Noem amenazó con que la Casa Blanca estaba “absolutamente” mirando a otras instituciones y que la acción contra Harvard “debería ser una advertencia para todas las demás universidades”.

El mismo día, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos declaró que la Universidad de Columbia, que ha capitulado ante muchas de las demandas del Gobierno, violó la ley federal de derechos civiles al “actuar con indiferencia deliberada” ante las acusaciones de “acoso de estudiantes judíos”.

La clase trabajadora debe actuar. El ataque a los estudiantes internacionales de Harvard es parte de una campaña más amplia del Gobierno Trump para establecer un Estado policial y abolir los derechos democráticos más básicos. Es un frente en una campaña más amplia de deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, la revocación de cientos de visas de estudiantes internacionales por oponerse al genocidio en Gaza y la desaparición de inmigrantes en campos de prisioneros secretos en el extranjero.

Ante este asalto, la respuesta de la burocracia sindical, incluyendo el UAW y la AFL-CIO, ha sido de cobardía y complicidad.

Muchos de los estudiantes internacionales que ahora enfrentan la deportación son miembros del sindicato Harvard Graduate Students Union–UAW (HGSU-UAW). Sin embargo, el aparato del UAW no ha hecho nada para defenderlos, y ni el UAW ni su presidente, Shawn Fain, han emitido una declaración en respuesta al ataque contra estudiantes internacionales.

Fain ha apoyado personalmente el nacionalismo económico de Trump, abrazando la agenda de “Estados Unidos primero” y respaldando las medidas de guerra comercial que son inseparables del ataque más amplio a los derechos democráticos.

En cuanto al Partido Demócrata, es cómplice del asalto a los derechos democráticos. Allanó el camino para el ataque a Harvard al abrazar la mentira de que la oposición al genocidio es “antisemitismo” y encabezar la persecución de los manifestantes estudiantiles bajo Biden. Este es un partido de Wall Street y el aparato de inteligencia militar. Lo que aterroriza a los demócratas no es el autoritarismo de Trump, sino el crecimiento de la oposición desde abajo, sobre todo, desde la clase trabajadora.

Tampoco se puede confiar en la administración de Harvard, que ha buscado repetidamente un acuerdo con Trump, insistiendo en que está cumpliendo con las demandas del Gobierno y está profundamente vinculada al aparato corporativo-estatal.

Si bien la oposición de la universidad a la Casa Blanca ha sido bien recibida por los estudiantes, al igual que otras administraciones, ha participado en la represión de los manifestantes estudiantiles. La semana pasada, la Universidad de Nueva York tomó el vergonzoso acto de retener el diploma del estudiante de posgrado Logan Rozos por pronunciarse en contra del genocidio.

La defensa de los derechos democráticos depende de la intervención de la clase trabajadora. El Partido Socialista por la Igualdad y su movimiento juvenil, los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS), piden la organización de una acción industrial y política en apoyo de los estudiantes de Harvard y de todos los que están bajo ataque. Se deben establecer comités de base en todos los lugares de trabajo, incluso entre los miembros del UAW, para coordinar la resistencia en todas las industrias.

La defensa de los derechos democráticos más básicos es una cuestión de clase. El mismo Gobierno que está librando la guerra contra los derechos democráticos está preparando el asalto más radical a los programas sociales en la historia de Estados Unidos. La “gran y hermosa ley” de Trump recortaría cientos de miles de millones de dólares de Medicaid, Medicare y asistencia alimentaria para financiar recortes masivos de impuestos para los ricos, expandir el ejército y ensanchar aún más las ganancias corporativas.

El ataque a los derechos democráticos está dirigido sobre todo a la clase trabajadora, que la élite gobernante considera, correctamente, como la única fuerza social capaz de desafiar su dominación. La defensa de los derechos democráticos está ligada a la construcción de una dirección socialista consciente en la clase trabajadora para unificar y dirigir esta oposición en una lucha revolucionaria contra el capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2025)