El 15 de mayo de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo una audiencia en el caso Trump vs. CASA, que representa una amenaza extraordinaria para los derechos democráticos donde el Gobierno de Trump reclama poderes ejecutivos esencialmente ilimitados para anular leyes y fallos judiciales.

El caso proviene de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día en el cargo que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, desafiando abiertamente la Decimocuarta Enmienda a la Constitución. Esa enmienda fue ratificada después de la Guerra Civil y redactada para cancelar la notoria decisión de la Corte Suprema de 1857 en el caso Dred Scott vs. Sandford, que sostenía que las personas de ascendencia africana nunca podrían convertirse en ciudadanos. La enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense (excluyendo solo a los hijos de diplomáticos).

La ciudadanía por derecho de nacimiento está estrechamente vinculada a las cláusulas del debido proceso e igualdad de protección, que protegen los principios democráticos básicos. En su conjunto aseguran que el estatus de ciudadanía y los derechos democráticos fundamentales sean universales y estén protegidos contra la injerencia de las autoridades federales y estatales.

Thaddeus Stevens, el republicano radical, explicó que la Decimocuarta Enmienda

permite al Congreso corregir cualquier legislación injusta de los estados, en la medida en que la ley que rige sobre una persona operará por igual sobre todas.

La oposición a la enmienda estaba arraigada en puntos de vista abiertamente antidemocráticos. El legislador Andrew Rogers de Nueva Jersey argumentó que privaría al Gobierno del poder de decidir quién merecía los “privilegios e inmunidades” de la ciudadanía, insistiendo en que el voto, el matrimonio e incluso el derecho a ocupar cargos no eran de hecho derechos sino “privilegios”, sujetos a la aprobación o denegación arbitraria del Gobierno.

Estas cuestiones básicas están en el centro del caso de la Corte Suprema que se escuchó ayer. El tema específico que se argumentaba no era la ciudadanía por derecho de nacimiento en sí. Más bien, la administración Trump pidió a la Corte Suprema que declarara que las órdenes judiciales federales contra sus órdenes ejecutivas no pueden aplicarse más allá de los individuos o estados que presentaron las demandas.

Este caso tiene implicaciones que van más allá de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Ha habido docenas de órdenes judiciales a nivel nacional de los tribunales federales de distrito desde el comienzo del segundo mandato de Trump, un reflejo de la ilegalidad generalizada y masiva del Gobierno.

En respuesta a estos fallos, la Administración de Trump argumenta que los tribunales solo deben “proteger” a los demandantes nombrados en una demanda. Esto significaría que incluso cuando una orden ejecutiva que ataca un derecho fundamental se declara inconstitucional, aún podría aplicarse en la mayor parte del país.

En la audiencia del miércoles, el procurador general D. John Sauer sostuvo que las medidas cautelares a nivel nacional no tienen fundamento en la Constitución y restringen el deber constitucional del presidente de “ejecutar fielmente” la ley. Los argumentos legales del Gobierno, presentados con un tono de demagogia cínica, se basan en la afirmación de que “un juez no electo” no debería tener el poder de bloquear las acciones presidenciales en todo el país.

En primer lugar, hay que señalar que el Gobierno está exigiendo que cinco jueces no electos de la Corte Suprema tengan derecho a abolir los derechos democráticos de todo un país. Su intención no es garantizar la “fiel ejecución” de la ley, sino permitir que el presidente la viole “fielmente”.

Lo que resulta más fundamental es que el Gobierno está pidiendo la eliminación efectiva de cualquier supervisión judicial sobre el poder ejecutivo. Bajo el marco propuesto por los abogados de Trump, el presidente podría declarar legal la esclavitud mediante una orden ejecutiva, e incluso si un juez federal la declarara inconstitucional, esa orden permanecería vigente en todas partes fuera de la jurisdicción de ese tribunal en particular.

Es decir, el ejecutivo podría emitir decretos con impacto nacional, mientras que cualquier oposición se vería obligada a luchar condado por condado, estado por estado, demandante por demandante. Los desafíos, además, se limitarían a aquellos con los medios financieros para contratar costosos litigantes federales o los medios para buscar representación pro bono de bufetes de abogados que no han capitulado ante Trump. Los derechos se convertirían en “privilegios” temporales.

La jueza Elena Kagan declaró durante los argumentos que limitar las medidas cautelares haría que los derechos fundamentales fueran “una cuestión de casualidad”, dependiendo de la riqueza o la geografía. La jueza Ketanji Brown Jackson respondió al argumento de Sauer señalando:

Es un concepto muy común que el tribunal prohíba a un acusado realizar un comportamiento ilegal en particular. Lo que ahora nos está pidiendo que hagamos es exigir que el tribunal tenga una limitación adicional en su orden que diga que solo se tiene que dejar de hacer esto con respecto al demandante.

Trump vs. CASA no se trata solo de los derechos de los inmigrantes o la Decimocuarta Enmienda. Es un asalto directo al concepto de revisión judicial. El juez John Marshall declaró famosamente en el caso Marbury vs. Madison :

La opinión de Marshall afirmaba que “es enfáticamente la competencia y el deber del departamento judicial decir cuál es la ley”.

La Administración de Trump está atacando este axioma fundamental esencial para la separación de poderes, que, en la mente de los revolucionarios estadounidenses, sobre todo apuntaba a restringir el poder del ejecutivo.

El Gobierno ha tratado repetidamente los fallos judiciales adversos como opcionales, respondiendo con amenazas y rechazos. Ahora busca legalizar esta práctica despojando a los tribunales del poder de detener la extralimitación ejecutiva. Incluso si un tribunal federal de apelaciones de circuito anulara dicha política, Sauer dijo durante los argumentos que la política del Gobierno es “generalmente” cumplir.

La posición de Sauer ante la Corte Suprema tradujo en la jerga legal lo que Trump ya había declarado en febrero:

Quien salva a su país no viola ninguna ley.

El Gobierno está contando con la pandilla de fascistas en la Corte Suprema para que bendiga su asalto a los derechos democráticos. El año pasado, la mayoría de jueces dictaminó en el caso Trump vs. Estados Unidos que el presidente es inmune a un juicio penal por cualquier acción tomada bajo su cargo.

Sin embargo, independientemente de lo que decida el tribunal, el Gobierno de Trump está procediendo a erigir una dictadura. Las mismas teorías legales que ahora se utilizan para atacar a los inmigrantes pueden utilizarse contra cualquier expresión de disidencia política. Las protestas podrían ser prohibidas, la libertad de expresión restringida y los opositores políticos encarcelados, todo justificado bajo los “poderes de emergencia” ejecutivos que ya no están sujetos a la restricción judicial a nivel nacional.

Trump, que representa a las capas más grotescas y rapaces de la oligarquía financiera, está construyendo un régimen ejecutivo permanente que no tiene que rendir cuentas a nadie. Su agenda social de deportaciones masivas, violencia estatal, censura, guerra y destrucción de programas sociales requiere la destrucción de los derechos democráticos y la consolidación de todo el poder en el ejecutivo.

El Partido Demócrata ha allanado el camino. A pesar de las diferencias cosméticas, los demócratas se niegan a montar una defensa seria de los derechos democráticos. El ataque a la ciudadanía por derecho de nacimiento comenzó en el primer mandato de Trump y continuó sin oposición bajo Biden.

Solo la clase trabajadora puede detener este descenso a la barbarie fascista. La defensa de los derechos democráticos no puede confiarse a los tribunales, instituciones o partidos políticos que sirven a la clase capitalista. Debe arraigarse en la movilización independiente y masiva de los trabajadores, basada en un programa socialista.

El Partido Socialista por la Igualdad insiste en que la lucha contra la dictadura es inseparable de la lucha contra el propio capitalismo. Hacemos un llamado a los trabajadores, estudiantes y todos los defensores de los derechos democráticos para que saquen las conclusiones necesarias. Construir un movimiento revolucionario de masas para abolir el dominio capitalista y asegurar los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de mayo de 2025)