El 28 de abril, Erika Mateo, una mujer guatemalteca de 24 años con nueve meses de embarazo, fue encontrada deambulando sola en el desierto de Arizona tras cruzar la frontera mexicana en busca de asilo en Estados Unidos.

Mateo fue detenida inmediatamente y, tras entrar en trabajo de parto a la mañana siguiente, fue hospitalizada en el Tucson Medical Center (TMC) bajo custodia armada del Departamento de Seguridad Nacional. Se le aplicó de inmediato un proceso de deportación expedita, diseñado para expulsarla rápidamente sin derecho a presentar su caso ante un juez.

Después de dar a luz, Mateo fue trasladada sin demora a la custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes montaron guardia fuera de su habitación hospitalaria. Durante su recuperación, se le negó el acceso a su abogado, familia y amistades. Mateo afirmó que se negó a soltar a su recién nacida, Emily, por temor a que se la quitaran.

Mateo había recorrido 3.200 kilómetros para escapar de una situación de violencia e inseguridad en Guatemala, donde temía por su vida y la de su bebé por nacer. Después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, se separó accidentalmente de su grupo y terminó perdida en el desierto de Sonora. Mateo contó al diario USA Today que temía morir: “Caminaba y caminaba, pero todo se veía igual”, dijo. “Era como caminar en el mismo lugar. Me echaba a llorar, rogándole a Dios que me ayudara a encontrar el camino o que alguien me encontrara”.

El abogado de Mateo, Luis Campos, declaró a la prensa que cuando intentó visitarla en el TMC, los agentes de ICE le bloquearon el acceso a su habitación, alegando que estaba bajo su custodia y no podía recibir visitas. Le dijeron que necesitaba un formulario G-28 firmado, nombrándolo formalmente como su representante legal, para poder verla. Campos explicó que traía el formulario, pero necesitaba su firma; aun así, los agentes le negaron la entrada.

El 3 de mayo, cientos de personas de la comunidad se congregaron frente al hospital para protestar por el trato dado a Mateo y su inminente deportación. Tras la ola de indignación pública exigiendo su liberación de la custodia de ICE, las autoridades federales revirtieron su decisión de deportar inmediatamente a la madre. Mateo fue liberada y, junto a su hija recién nacida, se encuentra ahora en Phoenix, a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración para presentar su solicitud de asilo.

Las protestas en defensa de Mateo destruyen el mito, promovido por el gobierno de Trump, de que las y los trabajadores nacidos en Estados Unidos en su conjunto son hostiles y resentidos hacia los inmigrantes que buscan vivir y trabajar en el país. El apoyo unificado a Mateo también contradice el esfuerzo de sectores de la clase dominante estadounidense por fomentar divisiones insalvables basadas en raza y nacionalidad para enfrentar a la clase trabajadora entre sí.

Trabajadores sanitarios han expresado su preocupación ante los ataques contra pacientes y colegas inmigrantes. A finales de marzo, el gerente de cadena de suministro de un hospital, Aditya Harsono, fue detenido en su lugar de trabajo en Marshall, Minnesota, por agentes de ICE, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional revocara su visa estudiantil en secreto. En los días siguientes, manifestantes se reunieron frente al hospital para expresar su rechazo a la detención de Harsono.

Aunque la clase trabajadora está dispuesta a luchar contra los ataques a inmigrantes, esta lucha debe salirse del control de la burocracia sindical. En el caso de Harsono, la Asociación de Enfermeras de Minnesota emitió únicamente una tibia declaración y no hizo ningún esfuerzo por movilizar a sus 22.000 afiliadas en su defensa.

El sindicato National Nurses United (NNU), el más grande de su tipo con más de 225.000 miembros, no ha hecho ningún intento serio de luchar contra los ataques del gobierno de Trump hacia inmigrantes y el público en general. En una patética declaración en enero, después de que Trump levantara la prohibición de redadas migratorias en hospitales, el NNU dijo: “Las enfermeras llaman al gobierno de Trump a mantener seguros los hospitales y otros centros de salud, así como otras áreas previamente protegidas como escuelas y lugares de culto, para todas las personas” [énfasis añadido].

En lugar de suplicar a los administradores de hospitales, los demócratas o incluso al propio Trump que cambien de postura, las enfermeras y otros trabajadores deben unirse y lanzar una campaña nacional contra las políticas de Trump. Este esfuerzo exige la creación de una red de comités de base, independientes de los dos partidos del gran capital y de la dirección tradicional de los sindicatos.

Los trabajadores deben liberarse del yugo del aparato sindical y de falsos representantes de izquierda como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes han permanecido en silencio ante las deportaciones masivas que se están llevando a cabo por todo el país. Estos personajes actúan como instrumentos del Estado capitalista y buscan encaminar a la clase trabajadora hacia el callejón sin salida de la política burguesa.

Ningún sector del aparato político ofrece una salida progresista. El Partido Demócrata no es una oposición al autoritarismo: es su habilitador. En los últimos 100 días, los demócratas han aprobado el presupuesto de Trump para mantener funcionando su gobierno y se han comprometido a “trabajar juntos” con el aspirante a führer. Cuarenta y seis demócratas en la Cámara de Representantes y 32 en el Senado votaron a favor del fascistoide proyecto de ley Laken Riley, que obliga a la policía migratoria federal a detener a inmigrantes –sin derecho a fianza– si son condenados o incluso simplemente acusados de robo con allanamiento, hurto o cualquier delito relacionado con robo en tiendas.

Como demuestra el caso de Erika Mateo, la tarea urgente es la construcción de una dirección revolucionaria en la clase trabajadora que oriente las luchas que se avecinan. Los trabajadores deben estar armados con una perspectiva socialista e internacionalista con el objetivo de abolir el sistema capitalista. La construcción de comités de defensa en las bases de cada lugar de trabajo, fábrica, escuela y vecindario es lo que se requiere para defender los derechos democráticos de inmigrantes, trabajadores y estudiantes que están siendo atacados.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2025)