El gobierno peruano ordenó la suspensión de la actividad minera e impuso un toque de queda nocturno de 12 horas en la provincia de Pataz, en la región norteña de La Libertad, tras la masacre de trece mineros de oro en un socavón minero.

Los asesinatos, perpetrados por una banda en la mina de oro La Poderosa, han provocado indignación en todo Perú. Los secuestradores exigieron un rescate de 4 millones de soles (aproximadamente US$ 1,1 millones), que los dueños de la mina ignoraron, condenando a los mineros a muerte.

Sus cuerpos, desnudos y atados, fueron encontrados el 4 de mayo, con signos de tortura, tras haber sido ejecutados con disparos en la cabeza y el cuello. Han circulado videos impactantes en redes sociales que muestran a los hombres recibiendo disparos a quemarropa. Fueron vistos con vida por última vez el 25 de abril.

La Poderosa describió Pataz como “un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente”. Si bien la empresa afirma que los secuestrados trabajaban para una empresa de seguridad, es responsable de arrendar sus galerías a Libmar S.A.C. La tendencia a la subcontratación de mano de obra en el sector minero ha debilitado a los sindicatos mineros y reducido los costos para los empleadores.

Familiares denunciaron la desaparición de los 13 mineros el 26 de abril. Sin embargo, sus denuncias fueron ignoradas por las autoridades, lo que levantó sospechas de posible complicidad policial en el crimen.

Patricia Carranza Ramírez, pareja de uno de los mineros desaparecidos, expresó su frustración: “Antes al menos salía y me llamaba. Ahora no hay nada. Nadie nos dice qué está pasando. La empresa se ha desentendido por completo'. Entre lágrimas y exigencias de justicia, las familias exigieron una intervención urgente en la zona y criticaron el silencio de Libmar S.A.C. y La Poderosa, las empresas implicadas.

La inacción e indiferencia de las autoridades ante el sufrimiento de las familias pone de manifiesto una crisis más amplia en Perú, donde la delincuencia ha aumentado, con entre cuatro y seis asesinatos diarios.

Según La Poderosa, la masacre de los 13 eleva a 39 el número total de asesinatos de sus trabajadores y contratistas atribuidos a grupos criminales desde 2020. La violencia continúa a pesar de que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024, lo que permite a las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, ejercer control sobre la zona.

Tras un ataque previo en Pataz, La Poderosa emitió un comunicado en el que afirmaba: 'Los mineros ilegales, luego del periodo de lluvias, han regresado a Pataz a sembrar el terror”. … 'Exigimos al gobierno que actúe inmediatamente para reestablecer el orden”, decía el comunicado de la minera.

La Poderosa es propiedad de la familia Arias, cuyo patrimonio neto se estima en US$ 1.800 millones, lo que los convierte en una de las familias más ricas del país. La Poderosa, su mina principal, está valuada en aproximadamente $800 millones, con Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren como accionista mayoritaria. La familia Arias vive con lujo en Lima, lejos de la pobreza y los peligros que enfrentan los mineros de Pataz.

Una fuente anónima cercana a la familia Arias afirmó que la situación se asemeja a una guerra entre compañías mineras en la sierra de La Libertad. Para protegerse, La Poderosa mantiene un cuerpo de seguridad de hasta 1.000 hombres, incluyendo contratistas. Temiendo por su seguridad, los dueños de La Poderosa se han abstenido de viajar a Pataz durante años, incluso antes de la pandemia.

Desde 2020, La Poderosa ha reportado 21 ataques a la infraestructura eléctrica en su zona de operaciones, que incluyen 17 explosiones en torres y la muerte de 18 trabajadores. Además, al menos 25 túneles han sido ocupados por mineros ilegales.

Las familias de las víctimas creen que la demora de 10 días en localizar los cuerpos de los mineros asesinados, cuyos restos se encontraban en estado de descomposición severa, lo que indica que fueron ejecutados poco después de ingresar a la mina, fue resultado de la complicidad policial. Un familiar declaró en radio Exitosa: “La Policía sabía esto. Les decíamos dónde se encontraban y nunca hacían caso”.

Las autoridades han identificado a Miguel Rodríguez Díaz, también conocido como «Cuchillo», como el autor intelectual de la masacre. Está vinculado a otros atentados mortales y ha acumulado una fortuna de 80 millones de soles (aproximadamente US $22 millones) mediante el comercio ilegal de oro. A pesar de su notoriedad, «Cuchillo» no enfrenta actualmente ninguna orden de captura y ha huido a Colombia, buscando refugio gracias a sus vínculos con organizaciones del narcotráfico.

Con su considerable riqueza, «Cuchillo» puede comprar el silencio y la cooperación de policías corruptos. El alcalde de Pataz ha asegurado que el “Estado es cómplice” de su fuga y ha denunciado el estado de excepción de Boluarte como “inútil”.

La prensa local ha reportado sospechas de participación policial en la masacre de Pataz. La Fiscalía investiga las denuncias de que dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) están asociados con la empresa de seguridad informal R&R, que contrató a las víctimas para ingresar a las galerías de la mina La Poderosa.

El gobierno peruano y las empresas mineras clasifican tres tipos distintos de minería bajo el término 'minería ilegal': artesanal, informal e ilegal. En conjunto, estas tres categorías representan el 97 por ciento de las operaciones mineras en Perú. El 90 por ciento de las empresas mineras consideradas 'ilegales' son en realidad artesanales e informales.

Las empresas mineras artesanales suelen estar compuestas por trabajadores autónomos, muchos de los cuales son agricultores que han abandonado sus tierras en busca de mejores oportunidades de ingresos. En contraste, las empresas mineras informales e ilegales suelen involucrar a capitalistas que emplean a mineros y utilizan costosa maquinaria para la extracción y refinación de oro.

Una minoría de los mineros ilegales son los que participan en actividades delictivas. Con el precio del oro disparándose hacia US$ 3.500 la onza, el afán de lucro que impulsa el aumento de la minería ilegal ha aumentado consecuentemente.

La masacre ha puesto aún más en evidencia la profunda impopularidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esta anunció el despliegue de más de 1.000 agentes de la Policía Nacional y planes para establecer una base militar en la zona. Sin embargo, Pataz ha estado bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, con escasos resultados. Durante este período, se suponía que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional mantendrían el control interno, pero las bandas criminales han seguido dominando la región.

Mientras tanto, el presupuesto para combatir la minería ilegal se ha recortado un 34 por ciento desde 2019, con solo 81 millones de soles asignados para 2025, una disminución del 10 por ciento con respecto a 2024.

Boluarte anunció la eliminación de 14 programas relacionados con proyectos de infraestructura en diversos sectores estatales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta medida supondrá un ahorro aproximado de 4.000 millones de soles (US$ 1.100 millones) para 2026. Perú sigue la tendencia de otros países, reasignando fondos de programas sociales para aumentar el gasto militar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Tan solo tres días después del hallazgo de los mineros asesinados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso duplicar el salario de la presidenta a 35.000 soles mensuales (unos US$ 9.500). Este aumento duplicaría su salario actual de 16.000 soles y, según el MEF, está en línea con los salarios de otros presidentes sudamericanos.

Esta propuesta refleja una flagrante hostilidad hacia los trabajadores peruanos. La presidenta, con un 94 por ciento de desaprobación, recibirá un nuevo salario equivalente a 31 veces el salario mínimo peruano.

Dos días después del hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros, micro y pequeños empresarios del centro comercial Gamarra en La Victoria, un distrito obrero de Lima, se reunieron para organizar un paro general el 14 de mayo. El paro busca abordar el aumento de la delincuencia en los barrios obreros de Lima, El Callao y otras ciudades peruanas.

Sin embargo, la reunión se centró en la masacre minera de Pataz. Si bien los líderes insistieron en un paro apolítico, un participante señaló que solo los sectores de bajos ingresos son blanco de las bandas criminales. Otro asistente culpó a la presidenta por el asesinato de los 13 mineros, haciendo referencia a sus órdenes de 'disparar a matar' contra los manifestantes tras su toma de posesión presidencial en lo que equivalió a un golpe de Estado parlamentario en diciembre de 2022.

Los asistentes criticaron a los congresistas corruptos por su complicidad con organizaciones criminales que aterrorizan distritos habitados por familias de clase trabajadora e inmigrantes de zonas rurales, mientras que dejan intactos barrios adinerados como San Isidro y La Molina. Expresaron su indignación por la incapacidad del gobierno para rescatar a los mineros secuestrados. Los cánticos de '¡Dina, asesina! ¡Congreso corrupto!' fueron seguidos por un minuto de silencio por las víctimas de Pataz.

Se espera que la huelga del 14 de mayo exija la renuncia de Boluarte y de los legisladores corruptos.

La clase trabajadora, con la excepción de los trabajadores del transporte que han sufrido violencia y asesinatos a manos de bandas extorsionadoras, ha estado notablemente ausente de la reciente ola de huelgas de 24 horas en Perú. Para liderar eficazmente a las masas oprimidas en Perú, la clase trabajadora debe romper todos los vínculos con los desacreditados líderes sindicales estalinistas, maoístas y burocráticos. Debe mirar más allá de las fronteras nacionales, estableciendo comités de base y forjando una lucha unida con los trabajadores de toda América y más allá. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional lidera la iniciativa para construir la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB). Este es el camino a seguir.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1de mayo de 2025)