El establecimiento del marco de una dictadura por parte del gobierno de Trump alcanzó una nueva y ominosa etapa el viernes, cuando el alto asesor Stephen Miller anunció que la Casa Blanca está “considerando activamente” suspender el recurso de habeas corpus, una garantía fundamental contra la detención arbitraria que se remonta a la Carta Magna de 1215.
Miller declaró a los periodistas fuera de la Casa Blanca:
El privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en tiempos de invasión. Así que es una opción que estamos considerando activamente. Miren, mucho de esto depende de si los tribunales hacen lo correcto o no.
Los comentarios de Miller se produjeron en medio de la creciente indignación dentro del gobierno de Trump por una serie de decisiones judiciales que han bloqueado o retrasado la deportación de personas no ciudadanas, en particular aquellas acusadas —a menudo sin pruebas— de estar vinculadas con la banda venezolana Tren de Aragua.
Dos jueces federales distintos, incluidos uno designado por Trump, dictaminaron recientemente que el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos por parte del gobierno para justificar estas deportaciones era ilegal, y que no existe evidencia creíble de que Estados Unidos esté siendo “invadido” por dicha banda.
Miller afirmó que la decisión del gobierno sobre si suspender el recurso de habeas corpus dependerá de si los tribunales “hacen lo correcto o no”.
En otras palabras, la Casa Blanca amenaza abiertamente con suspender protecciones constitucionales fundamentales si el poder judicial no deja de fallar en su contra.
La amenaza del gobierno de Trump de suspender el habeas corpus se enmarca en una campaña más amplia para acelerar la deportación de personas no ciudadanas con escaso o nulo proceso legal.
El habeas corpus se ha convertido en una herramienta crucial para los migrantes y quienes los apoyan para impugnar estas detenciones y deportaciones. Numerosos casos judiciales que enfrentan los esfuerzos del gobierno por deportar migrantes indocumentados se basan en demandas de habeas corpus.
La importancia del habeas corpus, así como la hostilidad del gobierno hacia la supervisión judicial, se subrayó esta semana con el caso de Rümeysa Öztürk, una estudiante turca de doctorado en la Universidad Tufts.
Öztürk fue detenida por ICE en marzo tras publicar un artículo de opinión crítico del Estado de Israel en el periódico estudiantil. Su arresto en video, llevado a cabo por agentes federales enmascarados, marcó un punto de inflexión en la ofensiva del gobierno contra los estudiantes extranjeros por su activismo pro-palestino.
El juez federal William Sessions III ordenó la liberación inmediata de Öztürk, dictaminando que su detención era ilegal y parecía una violación de sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso. “Su detención continuada no puede sostenerse”, escribió Sessions, enfatizando que no existía evidencia contra Öztürk más allá de su autoría del artículo.
El juez advirtió que la persecución gubernamental contra Öztürk podría tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión de “millones y millones” de personas no ciudadanas. Sessions también señaló que Öztürk enfrentaba graves riesgos para su salud mientras estaba bajo custodia de ICE, debido a su asma crónica, la cual se había agravado tras su detención.
El Departamento de Justicia argumentó que Sessions no tenía autoridad para ordenar la liberación de Öztürk, insistiendo en que la ejecución de la política migratoria pertenece exclusivamente al poder ejecutivo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, repitió esta posición, afirmando: “Hemos sido muy claros en que jueces de nivel inferior no deberían estar determinando la política exterior de Estados Unidos”.
El secretario de Estado Marco Rubio, quien había revocado la visa de Öztürk, afirmó que su presencia en el país era contraria a los intereses de la política exterior estadounidense, a pesar de la absoluta ausencia de evidencia de conducta delictiva o vínculos con el terrorismo.
El caso de Öztürk ilustra precisamente por qué el gobierno de Trump está tan decidido a limitar el habeas corpus y la revisión judicial. Los abogados de Öztürk presentaron una petición urgente de habeas corpus, argumentando que su detención era ilegal y violaba sus derechos constitucionales. El fallo del juez Sessions a su favor representa una refutación directa a la afirmación del gobierno de que puede detener y deportar a personas no ciudadanas a su antojo, sin ninguna supervisión judicial significativa.
La invocación de una “invasión” como pretexto para suspender el habeas corpus es especialmente reveladora. No existe tal “invasión” de Estados Unidos. El uso de poderes de emergencia por parte del gobierno se está justificando con base en una crisis completamente fabricada, como medio para eludir las restricciones legales y constitucionales sobre su autoridad y sentar las bases para arrestar a cualquiera, incluidas personas ciudadanas, por hacer declaraciones o por oponerse activamente a sus políticas.
Al presentar al poder judicial como enemigo de los poderes ejecutivo y legislativo, Miller y el gobierno están sentando las bases de un régimen autoritario en el que el presidente no rinde cuentas ante nadie.
Las consecuencias para el gobierno democrático y constitucional son profundas. La suspensión del habeas corpus no solo permitiría al gobierno detener y deportar a personas no ciudadanas sin revisión judicial; establecería un precedente para la detención arbitraria de cualquier persona considerada una amenaza al régimen.
El gobierno de Trump enfrenta una crisis económica cada vez más profunda y una creciente oposición social, y está preparando el aparato represivo no solo contra los inmigrantes, sino contra toda la clase trabajadora.
La defensa de los derechos democráticos no puede dejarse en manos del Partido Demócrata ni de los tribunales, los cuales una y otra vez han demostrado ser incapaces —o no dispuestos— a resistir el embate del autoritarismo y los fascistas en la Casa Blanca. Solo la movilización independiente de la clase trabajadora, unificada más allá de todas las divisiones de raza, nacionalidad y estatus migratorio, puede frenar la marcha hacia la dictadura y defender los principios fundamentales de los derechos democráticos.
El World Socialist Web Site llama a los trabajadores y jóvenes de todo el mundo a oponerse al ataque del gobierno de Trump contra el habeas corpus, la independencia judicial y el estado de derecho. La lucha por defender los derechos democráticos es inseparable de la lucha contra el capitalismo y por el socialismo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de mayo de 2025)