En una entrevista extraordinaria transmitida el domingo en “Meet the Press” de NBC, Donald Trump proclamó repetidamente que, como presidente de los Estados Unidos, no tiene que defender la Constitución.

“No lo sé”, dijo Trump en respuesta a la pregunta: “¿No necesitas defender la Constitución de los Estados Unidos como presidente?”. Cuando la presentadora Kristen Welker lo presionó preguntándole si “todas las personas” en los Estados Unidos tienen derecho al debido proceso según la Constitución, Trump respondió nuevamente: “No lo sé. No soy, no soy abogado”.

En este intercambio, Trump está declarando en efecto una dictadura presidencial. Estados Unidos está dirigido por un criminal político que ve la Constitución, y con ella todos los derechos democráticos, como algo que él puede otorgar y quitar a gusto.

¿Cuáles son esos derechos en la Constitución? Incluyen la Carta de Derechos, también conocida como las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Estas enmiendas detallan las protecciones a libertades individuales con respecto al poder del Gobierno. Entre ellas se encuentran la libertad de expresión y reunión, la libertad de conciencia, el derecho del individuo a conocer los cargos presentados contra sí mismo en un caso penal, el derecho a un juicio público rápido ante un jurado de pares, el derecho a estar seguro en el hogar de las redadas policiales y arrestos, y la libertad de la tortura.

La Constitución también incluye las grandes enmiendas de la guerra civil que prohíben la esclavitud (13ª Enmienda), garantizan las protecciones del debido proceso de los regímenes estatales y garantizan la ciudadanía por derecho de nacimiento (14ª Enmienda) y protegen el derecho al voto (15ª Enmienda).

Al declarar que no está obligado a atenerse a la Constitución, Trump está diciendo que el pueblo estadounidense no tiene ninguno de los derechos que cree haber ganado durante 250 años de luchas y que cree que puede torturar a voluntad, desterrar a opositores políticos e incluso deshacer la derogación de la esclavitud.

Para tomar solo un ejemplo, la cláusula del debido proceso, con la que Welker comienza su entrevista, aparece en la Quinta Enmienda. Limita drásticamente los poderes policiales del Gobierno, afirmando que “Ninguna persona será ... privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal”. El lenguaje no distingue entre los derechos básicos de debido proceso de los ciudadanos y los no ciudadanos.

Pero una elección de palabras tan cuidadosamente estudiada como la de Madison y los otros redactores de la Constitución no significa nada para Trump. Está tramando activamente la deportación a campos de concentración de El Salvador de no solo inmigrantes no naturalizados, a quienes se les debe expresamente el debido proceso bajo la Quinta Enmienda. También está conspirando para deportar sumariamente a los nacionales. De hecho, Trump ya ha deportado a niños pequeños ciudadanos, incluido uno que lucha contra un cáncer de estadio 4.

Contrariamente a las reflexiones de Trump, no hay duda alguna de que el presidente está obligado a defender la Constitución. El Artículo II establece en un lenguaje sencillo que el propio cargo se fundamenta en dicha prenda. Trump mismo juró defender el Artículo II tan recientemente como el 20 de enero en su toma de posesión. Declaró, con la mano en la Biblia:

“Juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo del presidente de los Estados Unidos y, de la mejor manera posible, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos...”

Todos los presidentes estadounidenses han prestado el mismo juramento desde el 20 de abril de 1789, cuando George Washington asumió su primer mandato. Trump piensa que es una farsa. Como declaró ya en 2019: “Tengo un Artículo II, donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”.

La Revolución estadounidense, que dio origen a la Constitución, estableció justo el principio opuesto. Estableció el concepto de que las personas nacen con derechos “inalienables” que ni los monarcas ni sus magistrados les dan ni les quitan. De hecho, es solo para defender tales derechos que “los Gobiernos se instituyen entre los hombres”, según Jefferson, “derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. En la visión de Trump de las cosas, los derechos se otorgan o se quitan a voluntad del rey, a la manera del absolutista Luis XIV de Francia, con quien Trump estaría totalmente de acuerdo: ¡ L'État, c'est moi! El Estado soy yo.

En una monarquía, el poder soberano reside en última instancia en la corona, investida por la sanción divina de la Iglesia. Pero las revoluciones estadounidense y francesa terminaron con el dominio de los reyes: en la primera, cortando los lazos de subordinación de las colonias a Jorge III; en la segunda, cortando la cabeza de Luis XVI.

La dictadura que Trump está construyendo no solo es un peligro para el pueblo estadounidense. Como comandante en jefe del ejército de los EE.UU., el presidente posee una autoridad sin control en materia de guerra y armas nucleares. El mundo entero está amenazado por el ascenso de un Führer estadounidense.

Los comentarios de Trump en el programa “Meet the Press” no son su primera declaración de dictadura. El 25 de febrero, publicó en las redes sociales: “El que salva a su país no viola ninguna ley”, haciéndose eco de sus ídolos históricos: Hitler (“La autoridad del Führer no está limitada por las leyes”), Mussolini (“Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.), Pinochet (“Las fuerzas armadas han actuado ... para salvar al país”) y Franco (“Soy el único que puede salvar a España”).

La República estadounidense, que se acerca a su 250º aniversario, está siendo consumida paso a paso por una cábala fascista que actúa de acuerdo con un plan elaborado. Las luces de advertencia parpadean en rojo:

· La entrevista de Trump el domingo coincide con su anuncio de que está considerando nombrar al asesor fascista Stephen Miller como asesor de Seguridad Nacional. En un reciente pódcast de derecha, Miller amenazó a los jueces tildándolos de “izquierdistas radicales” y advirtió que Trump podría pasar por alto incluso a la Corte Suprema, controlada por la extrema derecha. “Hay muchas otras opciones en las que no entraré aquí sobre cuáles son las autoridades y poderes inherentes del presidente”, dijo Miller.

• Trump y sus asesores han dejado claro que seguirán las sentencias judiciales solo cuando les convenga, un rechazo explícito a la independencia judicial.
• Trump también ha consolidado la subordinación del poder legislativo al ejecutivo, gobernando por decreto, incluyendo un récord de 142 órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días. Estas órdenes han impuesto recortes sociales radicales y han destruido derechos democráticos fundamentales.
• Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional ahora operan como las tropas de choque personales de la Casa Blanca, atacando a inmigrantes y residentes legales. Cuando la jueza de Wisconsin Hannah Dugan desafió a ICE para defender a un inmigrante, el director del FBI de Trump, Kash Patel, ordenó su arresto.
• Agentes de ICE enmascarados están secuestrando a residentes legales a plena luz del día, negándoles el debido proceso, incluso cualquier contacto con abogados y familiares. Un memorando del Departamento de Estado del secretario Marco Rubio exigía la deportación del residente permanente legal Mahmoud Khalil por sus “creencias pasadas, actuales o esperadas”, específicamente por oponerse al genocidio en Gaza (énfasis nuestro).

No resulta menos importante que las declaraciones de Trump el hecho de que no ha habido ninguna respuesta seria del Partido Demócrata, que teme mucho más las implicaciones revolucionarias de decir la verdad a la clase trabajadora que lo peor que podría hacer el posible dictador Donald Trump. Trump es consciente de la complicidad del “partido de la oposición” y se apoya en esto. En la práctica, los demócratas son parte de una conspiración de largo alcance contra los derechos de la población. Los intentos de hacer llamados a tal formación política son peor que inútiles.

Una respuesta apropiada del Partido Demócrata al anuncio de Trump el domingo de que no está obligado a defender la Constitución sería: “Estas son las declaraciones de un criminal político. Ahora la cuestión es su destitución inmediata del cargo”. Pero ningún líder del Partido Demócrata ha exigido la renuncia de Trump. Ninguno pidió un juicio político para destituirlo, ni mucho menos cargos penales. Para ser franco, si la declaración abierta del presidente de que no está obligado a acatar la Constitución no constituye “delitos y faltas graves”, entonces nada lo es.

En cambio, la respuesta general en los medios de comunicación y entre los principales demócratas fue la indiferencia. El líder de los demócratas del Senado, Charles Schumer, solo tenía esto que decir:

Es difícil imaginar algo más antiestadounidense que Donald Trump, el presidente en funciones, diciendo que “no sabe” si necesita defender la Constitución.

Cualquier creencia de que la Corte Suprema actuará para salvar la República ignora toda su historia reciente, que se remonta a su orden de detener el conteo de votos en el caso Bush vs. Gore en el año 2000, entregando la elección a Bush. También está su impresionante expansión del poder ejecutivo el verano pasado en el caso Trump v. Estados Unidos, en el que dictaminó que el presidente tiene un poder ilimitado cuando “actúa en una capacidad oficial”, cuyos parámetros él mismo puede definir.

Donald Trump surge de un prolongado proceso de degeneración política. Dentro de la clase dominante en su conjunto, no existe ninguna base de apoyo significativa para la defensa de los derechos democráticos básicos. Como explicó el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, en el Acto Internacional en Línea del Primero de Mayo este fin de semana:

En términos objetivos, el ataque de la Administración de Trump a la democracia significa el realineamiento violento de las formas políticas de gobierno de acuerdo con las relaciones de clases que existen en la sociedad. La Casa Blanca flota sobre un apestoso montón de estiércol fraudulento. Trump, el tosco vendedor ambulante y maestro de la estafa, no es más que la personificación de una oligarquía criminal.

Los marxistas nunca han visto la Constitución estadounidense con lentes color rosa. Fue un producto de su tiempo y como tal solo pudo haber tenido un carácter contradictorio. Al surgir de la Ilustración, consagró los principios republicanos y democráticos, especialmente en su gran Declaración de Derechos y las enmiendas de la guerra civil. Avanzó enormemente la causa de la liberación humana universal. Pero la Constitución también estableció el marco por el cual la clase capitalista estadounidense no solo gobernaría y se expandiría por todo el continente y luego por el mundo, con todos los crímenes sangrientos que eso ha implicado, sino que ocultaría su dominio de clase real detrás de la apariencia de la legalidad.

La clase dominante estadounidense, encabezada por Trump, ahora está incendiando el marco por el cual ha gobernado durante un cuarto de milenio. Hay vastas implicaciones revolucionarias. La clase obrera estadounidense, a diferencia de los capitalistas, sigue teniendo una mentalidad democrática. Ahora está descubriendo, a medida que avanza hacia la oposición a la guerra de clases que se libra desde la Casa Blanca, que para defenderse se verá obligada a defender también las grandes tradiciones y logros democráticos de las dos primeras revoluciones estadounidenses, de 1775-1789 y 1861-1865.

Más que eso, lo que Trump demuestra es que la defensa de los derechos democráticos se ha vuelto inseparable del derrocamiento de la oligarquía y del sistema capitalista que él representa. Que está ligada al desarrollo de un movimiento de la clase trabajadora por el socialismo, la expropiación de la clase dominante y el establecimiento del control democrático sobre la vida económica.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2025)