Panamá está experimentando un creciente movimiento de huelga nacional contra los recortes de pensiones, las concesiones a Trump sobre el canal y bases militares estadounidenses y las propuestas para reabrir una mina de cobre ambientalmente dañina. 

Amplios sectores de la clase trabajadora han continuado uniéndose después de que los docentes lanzaran una huelga indefinida el 23 de abril. 

El 28 de abril, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se unieron a la huelga. Los estudiantes y profesores de la Universidad de Panamá también se unieron al movimiento de huelga, mientras que las enfermeras de los hospitales públicos han llevado a cabo protestas y han advertido de un paro nacional a partir del 19 de mayo. Un gran número de trabajadores agrícolas y jóvenes, varias asociaciones de padres y grupos vecinales también han participado en bloqueos de carreteras y marchas en todo el país. 

Cuando las cámaras empresariales han instado al Gobierno a actuar contra la huelga y evitar nuevos bloqueos de carreteras, el presidente José Raúl Mulino ha respondido con represión policial, despejando por la fuerza los bloqueos de carreteras y arrestando a manifestantes, incluidos al menos 30 miembros de Suntracs y 11 trabajadores de la Línea 3 del Metro. 

Las protestas fueron provocadas por una serie de acciones tomadas por el Gobierno de derecha de Mulino en las semanas anteriores. Primero, el 18 de marzo, promulgó la Ley 462, que modifica la Caja de Seguro Social (CSS), la institución estatal que supervisa la atención médica y las pensiones.

La ley mantiene pensiones miserables, aumenta la edad de jubilación, aumenta las cuotas de los trabajadores y crea cuentas individuales separadas del fondo colectivo. Los manifestantes advierten que estos son pasos hacia su privatización.

Los huelguistas también se opusieron a la capitulación del Gobierno de Mulino ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de que “recuperará” el canal de Panamá. Exigen la revocación del Memorando de Entendimiento firmado durante una visita de tres días a Panamá del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a principios de abril. 

Panamá se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China e inició auditorías de las concesiones portuarias en el canal a una empresa con sede en Hong Kong, lo que llevó a su propuesta de venta a la firma de inversión estadounidense BlackRock.

El memorando de entendimiento permite al personal militar de los EE.UU. desplegarse en instalaciones cercanas al canal para entrenamiento, ejercicios y otras actividades, mejorando el acceso estratégico de los EE.UU. sin establecer formalmente bases permanentes. Incluye disposiciones para el tránsito prioritario y efectivamente gratis de buques de guerra estadounidenses a través del canal. El documento tiene fotos aéreas de tres bases militares en el país donde se describe la “instalación de propiedad estadounidense”. 

Cabe notar que la versión en español de la declaración conjunta reconoció explícitamente la soberanía inalienable de Panamá sobre el canal y las áreas circundantes, una cláusula omitida en la versión en inglés. 

Los acuerdos de Torrijos-Carter de 1977 que entregan el canal a Panamá prohíben el mantenimiento de fuerzas militares extranjeras dentro de Panamá y el tratamiento preferencial del uso del canal. Las bases estadounidenses en el país se cerraron en 1999, cuando se completó la transferencia.

Después de haber obtenido luz verde para instalar tropas estadounidenses a lo largo del canal y determinar el acceso a otros países, Trump simplemente ha desestimado las afirmaciones de Mulino de la “soberanía” panameña. Hablando en “Meet the Press” de NBC el domingo, Trump declaró: “Mira, el canal de Panamá fue tomado por China. Ahora China parece haberse ido”. 

Según los informes, Mulino rechazó los borradores anteriores del memorando de entendimiento que indicaban el paso libre y completo de barcos militares y comerciales estadounidenses y bases militares permanentes, declarando que tal acuerdo “incendiaría el país”.

Más allá del creciente movimiento de protesta, Mulino ya enfrenta números negativos en las encuestas, con dos tercios desaprobando las acciones de su Gobierno y una demanda por “crímenes contra la personalidad internacional del Estado”. 

Mulino dirigió la principal asociación patronal del país y actúa como sucedáneo del exiliado expresidente Rircardo Martinelli (famoso por masacrar a trabajadores bananeros y activistas indígenas que protestaban). El mandatario defiende brutalmente los intereses de una élite gobernante panameña corrupta y dependiente del imperialismo estadounidense. 

Pero la clase dominante no está ciega a los profundos sentimientos antiimperialistas entre los trabajadores panameños y sectores más amplios. Las protestas anticoloniales masivas, que comenzaron con los disturbios de 1964 provocados por una disputa sobre el derecho a enarbolar la bandera panameña en la zona del canal, fueron un factor clave detrás de los Tratados Torrijos-Carter. La posterior invasión de la Marina de los Estados Unidos en 1989 para capturar a Manuel Noriega que resultó en cientos y posiblemente miles de muertes de civiles sigue siendo un tema político vivo en Panamá.  

Un tercer tema planteado por los manifestantes son las negociaciones entre Mulino y First Quantum Minerals sobre la reapertura del sector minero. Al igual que el canal, Mulino ha recurrido a la retórica nacionalista, insistiendo en que “la mina pertenecerá a Panamá, a nadie más”.

Desde octubre hasta diciembre de 2023, los maestros volvieron a liderar la carga para exigir la terminación del contrato de minería de cobre con First Quantum Minerals después de que la Corte Suprema lo considerara inconstitucional por peligros ambientales. Las protestas paralizaron gran parte de la economía durante varias semanas e implicaron grandes enfrentamientos con la policía. Cinco manifestantes murieron antes de que el presidente Laurentino Cortizo anunciara el cierre de la mina, que representaba el 5 por ciento del PIB y el 75 por ciento de las exportaciones.

A pesar de las repetidas afirmaciones en los medios corporativos sobre el “milagro económico” y la estabilidad política de Panamá, el fermento subyacente para las huelgas masivas y las protestas callejeras son niveles obscenos de desigualdad social y pobreza persistente. 

Desde que el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016 reveló niveles masivos de evasión fiscal, un presidente tras otro ha fracasado a la hora de suprimir el sentimiento ardiente de que Panamá es un patio de recreo para las multinacionales y los ricos del mundo para ocultar su riqueza, administrar sus operaciones comerciales, extraer recursos naturales y explotar a la clase trabajadora, al tiempo que deja a la mayoría de la población privada de cualquier seguridad económica. 

El desempleo sigue siendo persistentemente alto (9.5 por ciento), y el empleo informal (sin salario mínimo ni prestaciones sociales) es generalizado (49.3 por ciento). El investigador René Quevedo señala que entre 2019 y 2024, la mayoría de los nuevos empleos fueron en los sectores informales o públicos, mientras que el número de empleos formales no agrícolas disminuyó.

En julio de 2022, las protestas nacionales obligaron a Cortizo a congelar los aumentos de precios del combustible y 10 productos de la canasta básica. Las corporaciones fueron denunciadas por aprovechar la pandemia de COVID-19 junto con el Gobierno para dejar a miles de trabajadores desempleados a través de despidos, al tiempo que aumentaban los precios de los alimentos, las medicinas y los servicios básicos. 

En octubre de 2024, miles de personas hicieron huelga y marcharon contra las amenazas de recortes de pensiones y la posible privatización de la CSS.

Suntracs organizó grandes protestas en febrero pasado contra una versión anterior del proyecto de ley sobre la CSS, además de oponerse a las amenazas de Trump contra Panamá.

La élite gobernante panameña ha respondido consistentemente a la oposición masiva y las huelgas con represión propia de un Estado policial.

Mulino ha calificado a Suntracs como una “organización terrorista” y en febrero la policía reprimió a los manifestantes, arrestando a casi 500 e hiriendo al menos a 100. Suntracs presentó un informe ante la Organización Internacional del Trabajo denunciando la tortura de sus miembros detenidos. 

Si bien es necesario oponerse firmemente a tales medidas descaradamente dictatoriales, se deben extraer conclusiones urgentes de la larga lucha contra la opresión imperialista ahora que la élite gobernante estadounidense busca a modo hitleriano convertir a Panamá y a la región en general en protectorados estadounidenses en preparación para una guerra mundial. 

Sobre todo, la élite gobernante panameña ha demostrado su incapacidad para resistir la dominación del país por parte del imperialismo estadounidense y el capital financiero extranjero. Hoy en día, la “izquierda” política nominal está en gran medida dominada por la dirección sindical de Suntracs y sus aliados. Desde la década de 1970, Suntracs ha canalizado la oposición detrás de llamados a una u otra sección de la élite gobernante, incluida una estrecha alianza con Noriega durante la década de 1980. 

El brazo político de la burocracia sindical, el Frente Amplio para la Democracia (FAD), pertenece al Foro de Sao Paulo, que se alía con el movimiento de la “marea rosa”, incluidos Lula da Silva en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y los peronistas en Argentina. Todas estas fuerzas han sido responsables de imponer brutales medidas de austeridad y una fuerte represión policial al servicio del capital financiero. Como otro partido nacionalista común que defiende el capitalismo, si llegara al poder, el FAD no avanzaría una alternativa a las políticas exigidas por el mercado capitalista global y el imperialismo. 

Los trabajadores en Panamá deben ver sus luchas conscientemente como parte de una creciente ofensiva de la clase obrera internacional contra las décadas de contrarrevolución capitalista y el peligro de la guerra mundial, el colonialismo y el fascismo. La única alternativa es el socialismo mundial. 

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de mayo de 2025)